Mordazas Venezolanas C.A.
 Lucy Gómez
 sábado, 11 diciembre 2004

Como seremos los periodistas criollos  de malos e inconscientes con la conservación de la paz pública, el bienestar de la patria y el futuro de nuestros niños, que  tres presidentes venezolanos, de distintísimo signo, han considerado necesario en épocas distintas, aplicarnos  un dispositivo controlador, dirigido a restaurar el orden y preservar la  moral popular.

En vista de la lata que sé que producen aquellos artículos que empiezan   " Era 1874 .y sin embargo llovía...» asunto que genera en todos innumerables bostezos y el inmediato abandono del documento en cuestión, me voy a restringir a recordar la similitud de circunstancias y decisiones que signaron la relación entre la prensa y los próceres Eleazar López Contreras, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, para los momentos que cito ministro de Relaciones Interiores y Hugo Chávez Frías.

Libertad de opinión con cuidadosa vigilancia

En época de López Contreras, la gente, que andaba fastidiadísima de los largos años de empolvamiento y desuso de las libertades públicas, se desentumecía haciendo gimnasia política con manifestaciones solicitando que se ampliaran cada vez más sus derechos. Pero había mucho gomecista acostumbrado a la paz de los sepulcros, que recordaba con fruición el palo, los grillos y aquel perfume de   adulación que exhalaba mucha prensa en aquella época.  Contra las manifestaciones violentas que se dieron en todo el país cuando López Contreras asumió el gobierno, contra los saqueos a propiedades gomecistas en Valencia y en Caracas y la progresiva pérdida de privilegios, se comienza a pedir desde el gomecismo que se suspendan las garantías, se disuelvan las nacientes organizaciones políticas y se calle a la prensa.   Los desórdenes continuaron hasta el 5 de enero del 36, cuando por fin se les hace caso y se suspenden las garantías constitucionales.

Entonces, el 28 de enero, el gobernador de Caracas, Félix Galavís, le envió una carta al director del diario Ahora (1), que concluye con un equivalente de nuestro «con copia" o C/c, diciendo "Igual a los demás periódicos de Caracas". Se trataba de una "recomendación"  para que no se  diese cabida en su "importante diario, a notas editoriales, sueltos de crónica, caricaturas o artículos que puedan servir de aprobación o aliento a los ataques individuales o colectivos contra las personas o intereses, que a pretexto de  sanciones o represalias sólo tienden a desviar el criterio popular y a encausarlo por los peligrosos senderos de las  prácticas extremistas que no pueden caber en nuestro pueblo valiente hasta el heroísmo, pero nunca cruel y sanguinario en pasadas contiendas".

Me encanta esa preocupación por el criterio popular. Y luego venía esta perla de amenaza: «El momento es de reparaciones, de libertad bien entendida, o sea equilibrada en derechos y deberes, tanto de parte de las autoridades como de sus gobernados y es por eso que los tribunales competentes, abiertos están con celo patriótico, al amparo de la justicia y con el imperativo de las leyes, para que sigan su curso las sanciones penales y civiles procedentes en cada caso concreto".

En la misma fecha, Galavís crea por decreto una oficina de censura con un director y dos oficiales auxiliares a quiénes debían someterse todos los escritos y las caricaturas, incluyendo los textos destinados a programas de radio. La razón está expuesta en el considerando número tres: «Es de urgente necesidad la formación de un organismo serio e imparcial que, respetando como se debe los tributos y derechos periodísticos, desarrollados dentro de la mas absoluta libertad de opinión respecto a los actos de los funcionarios públicos, ejerza cuidadosa vigilancia sobre la prensa, a fin de suprimir propagandas tendenciosas o que sean opuestas a la Constitución Nacional y las leyes de la república".

Todo el mundo lo que creía es que los gomecistas hablaban de todas estas libertades, preocupaciones y zarandajas como pretextos para aplicarle el ácido a los críticos y seguir con la vida y privilegios que llevaban en la época de Gómez, sin que nadie les hiciera nada. Así que la protesta creció hasta que una gran manifestación, la primera que marca la participación democrática de mayorías en nuestra vida pública, se produce en la plaza Bolívar de Caracas.

el 14 de febrero del 36. Tras la orden de Galavís de disparar contra la multitud, se producen muertos y heridos que no calman la protesta, sino que la multiplican, ahora con el apoyo explícito de la elite democrática del país.  La manifestación en la tarde, después de la represión de la mañana, iba encabezada por el rector de la UCV, Francisco Antonio Rísquez.  Los recibe López Contreras, le tuercen el brazo al gomecismo, botan y enjuician a Galavís y en respuesta, el Presidente presenta un plan de reformas llamado Programa de Febrero. Pero, a los meses, vuelven a sacar la cabeza las fuerzas del orden,   haciendo que el Jesse Chacón de entonces, Alejandro Lara, ministro de Relaciones Interiores, introdujese al Congreso la Ley de Orden Público, mejor conocida como Ley Lara.  Fueron tan fuertes las protestas que llevaron a una huelga general en La Guaira y Caracas.

Parte fundamental de esa ley es el capítulo IV, que habla de la propaganda política ilegal. Pena con prisión de 1 a 3 años en su artículo 33  a quién públicamente, de palabra, por escrito o por impresos, por medio de radiodifusión, dibujos, carteles, mítines u otros medios de publicidad o haciendo uso de algún servicio público haga propaganda  a favor de la abolición de la propiedad privada, lucha de clases, incitación de los obreros contra los patronos, extinción de la familia, desconocimiento de la Ley, dictadura del proletariado, así como las demás doctrinas o métodos que abarquen el ideario comunista, anarquista o terrorista. La pena aumentaba hasta 6 años, si como consecuencia de la propaganda se llegaran a verificar «hechos delictuosos o desórdenes".

Ese mismo gobierno hace una reforma constitucional, y deja intacto allí su concepto de libertad de prensa, en el llamado Inciso Sexto (2), mejor conocido porque ahí también deja fuera de la ley a los comunistas. "Garantiza" la libertad de pensamiento de palabra, por escrito, imprenta u otros medios de publicidad, pero quedan sujetas a pena las expresiones que constituyan injuria, calumnia, difamación, ultraje o incitación a delinquir. No es permitido el anonimato, ni se permite ninguna propaganda de guerra ni encaminada a subvertir el orden político o social".

Ustedes adivinan lo amplio que estiraba la liga a la hora de enjuiciar a alguien porque algún funcionario consideraba que lo estaban ultrajando, difamando o que se estaba subvirtiendo el orden social. En nuestro contexto, la cosa podía ir desde aplicarle el ácido a los escandalosos bailes televisivos que pasan por TV en horario infantil y tanto perturban a nuestras conventuales parlamentarias del MVR, pasando por la entrevista a un dirigente sindical en horario estelar o la explicación en un programa de entrevistas, de cómo usar un lanzallamas. No hemos inventado nada.

Pasaron otras olas democráticas y dictatoriales, hasta que llegó el gobierno de Rómulo Betancourt y otro ministro de Relaciones Interiores que tenía entonces preocupaciones parecidas al de López Contreras, Carlos Andrés Pérez. El periodo se inició el 13 de febrero de 1959.  Había continuos rumores de golpe de estado, de atentados, incluyendo el más serio el 24 de junio del 60 en Los Próceres, cuando un bombazo casi acaba con Betancourt. Se divide el partido de gobierno en varios toletes, se dan El Barcelonazo y otras intentonas. El gobierno ilegaliza el Partido Comunista y el MIR en el 62, año en que se producirían además el Carupanazo y el Porteñazo.

¿Y cual es el pensamiento del gobierno, tres años después de plena agitación política, en un decreto de restablecimiento de garantías constitucionales del 8 de enero del 62? (3). Que la culpa la tenía la libertad de prensa. Porque fue el único derecho que no fue restablecido. Las únicas limitaciones del decreto de Betancourt tenían que ver con  las autorizaciones  que se debían pedir para manifestar y las que  reglamentaban "los órganos de prensa, diarios, semanarios y  cualesquiera otras publicaciones periódicas" para  que toda publicación de carácter político llevara firma responsable, para que las transmisiones de programas políticos por radio o TV fueran  permisadas previamente por el gobernador respectivo, a quién debía llevársele el texto escrito o grabado, si lo solicitaba. Y  facultaba al gobierno para " impedir la circulación o difusión y ordenar la suspensión temporal o indefinida de publicaciones y transmisiones por radio y TV que inciten a la desobediencia de las leyes o a las autoridades, ofendan  a los representantes de los poderes públicos y menosprecien las instituciones democráticas; difundan noticias o comentarios sobre desórdenes políticos y actos de terrorismo  que no provengan de fuentes oficiales autorizadas o reproduzcan boletines, circulares y otros documentos militares de índole interna o confidencial y cuya publicación no hay a sido autorizada".

Y no es un asunto casual. CAP reforzó la cosa el año siguiente (4). Como evidentemente  los órganos de prensa y otras publicaciones reincidían en el error de hacer creer que existían las guerrillas  y   había en esa época en realidad  cinco frentes guerrilleros operativos dictó un decreto que  prohibió la circulación y difusión de cualquier periódico que contuviera propaganda para grupos "que insurjan contra el gobierno constitucional, traten de fomentar la lucha armada o la desobediencia de las leyes", llegando a la incautación y "pasando los recaudos a los tribunales de Justicia competentes". No puedo dejar de citarles   los considerándoos, son demasiado sabrosos:

"Por cuanto ...algunos órganos de prensa  y otras publicaciones, han incurrido reiteradamente en hacer tal clase de propaganda ( de guerra) , hasta el extremo de fomentar ficticiamente en la creencia pública  el funcionamiento de fuerzas armadas clandestinas en acciones de guerra contra las FAN y demás cuerpos armados de la república".

"Por cuando ese tipo de propaganda, además de proscrita por la constitución, puede crear en la ciudadanía la falsa creencia de un estado de guerra realmente inexistente en regiones del interior, fomentando asimismo intranquilidad ciudadana y el descrédito de Venezuela en el exterior..."

"Por cuanto al hacerse tal propaganda de guerra se incurre en la exaltación de pequeños grupos extremistas agavillados para cometer crímenes y se provoca la desobediencia de las leyes…” (5)

Por nuestro bien

Cuarenta años más tarde  un gobierno venezolano asume  que es absolutamente necesaria la aprobación de una ley  que se aplique a toda imagen o sonido cuya difusión y recepción tengan lugar dentro de su territorio, y sea realizada a través de los servicios de radio o televisión públicos o privados, " para establecer la responsabilidad social de los dueños de medios y de los periodistas",  a los fines de promover la justicia social y de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico de la Nación.... para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la cultura, la educación, la seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones"

Nada más aprobada, 5 emisoras tachirenses han decidido suspender sus espacios noticiosos y de opinión por temor a las sanciones y en la televisión privada en horario de entrevistas, lo único que falta es que lleven de invitada a la Abeja Maya, mientras buhoneros y policías se caen a tiros en el centro de Caracas.

¿Que tienen en común López Contreras, Betancourt y Chávez? Otros gobiernos han tenido intensos conflictos políticos, han sufrido acusaciones, ataques, manifestaciones, malacrianzas por parte de los periódicos, revistas, programas de TV. Los han caricaturizado inmisericordemente. Pero sólo estos tres han formalizado en leyes que limitan a la prensa, sus deseos de controlar y ordenar. Tal vez la clave esté en que todos sabían que la información en manos de todos era el gran enemigo a combatir. López y Chávez, marcados por su formación militar. Betancourt, como muy bien lo explica Manuel Caballero (6) construyó un partido al cual dotó de un lenguaje y una praxis militares.  Era la única forma de canalizar "los impulsos tumultuarios y hacerse del poder a través de la construcción de una agrupación organizada, centralizada". Venezuela, nos lo repiten cada vez desde el Ejecutivo, está ahora en plena revolución. Una ley de prensa es indispensable para conservarla y protegerla de los periodistas.

Notas

 

(1)  Gaceta Municipal No. 4929 del 30 de enero 1936. Estados Unidos de Venezuela. Gobierno del Distrito Federal. Dirección de Civil y Política. Por cierto, el editor de Ahora, era Juan de Guruceaga, fundador de Elite.

 

(2) Inciso 6º del artículo 32, del título II, de la Constitución de Los Estado Unidos de Venezuela, 20 de julio de 1936.

 

(3) Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 26746 del 08 de enero de 1962.

 

(4) Gaceta Oficial de la República de Venezuela. No. 27119 del 09 de abril de 1963.

 

(5) Los frentes guerrilleros registrados para 1963 son:

 

"José Leonardo Chirinos". Ubicado en Falcón, Yaracuy y norte de Lara.  Comandado por Douglas Bravo, Elías Manuitt Camero, Hipólito Acosta y el " Comandante Mariño". (Al parecer se supo esconder muy bien hasta hoy)

 

"Simón Bolívar" o " Frente Libertador". Sur de Lara y Portuguesa. Comandado por Argimiro Gabaldón. Nada menos que una semana antes de que saliera publicado el decreto de Carlos Andrés, atacó un depósito del MOP y mataron a 3 personas, 2 policías y un obrero.

 

"José Antonio Páez".  Actuó en Trujillo, Barinas y Portuguesa. Lo comandaba Juan Vicente cabezas o el Comandante Pablo, actual presidente del Centro Simón Bolívar. Mas tarde fue nombrado jefe del frente Fabricio Ojeda y lo acompañaron por breves periodos Luben Petkoff y Gregorio Lunar Márquez.

 

"Ezequiel Zamora". La primera noticia de la existencia de guerrilleros en la zona fue registrada por El Nacional el 3 de marzo de 1962, pero jóvenes comunistas ya se entrenaban ahí desde 1959. Ocuparon el pueblo de El Hatillo el 30 de setiembre de 1962. Lo comandaban Américo Martín y Moisés Moleiro.

 

"Antonio José de Sucre", posteriormente llamado igual que su comandante, muerto " de infarto" en las cárceles del régimen, Manuel Ponte Rodríguez, quién también fue jefe de la insurrección de Puerto Cabello en abril del 63 y comandante supremo de las FALN. Operaban en Anzoátegui, Monagas y Sucre, en el mismo escenario de la insurrección militar de Carúpano del 4 de mayo de 1962.  Lucharon ahí Alfredo Maneiro, Carlos Betancourt, Américo Silva y Gabriel Puerta.

 

Luigi Valsalice. La Guerrilla Castrista en Venezuela y sus protagonistas. 1962-1969. Ediciones Centauro/79. Caracas, Venezuela. P. 99-117.

 

 

(6) Manuel Caballero.  Rómulo Betancourt, Político de Nación. Alfadil-Fondo de Cultura Económica. 1ª. Edic. Nov. 2004. P. 146.