Recién inhumado el señor Filippo Sindoni, el país vuelve a ser sacudido en sus fibras más íntimas por el brutal asesinato de los hermanos Faddoul y de quien los llevaba al colegio.

Todo el mundo está conmovido y conmocionado por el inmenso dolor que embarga a los padres y demás familiares de los infortunados adolescentes y de su acompañante. En un momento como este podemos hacer nuestras las palabras del ministro del Interior Jesse Chacón, cuyo llamado a la unidad del país para hacer frente a la tremenda calamidad social que significa la vertiginosa expansión de la criminalidad y de la delincuencia en general, no vacilaríamos en atender.

Pero es imposible no llamar la atención del propio Ministro sobre las cosas extrañas que están ocurriendo en los cuerpos policiales y en relación con éstos, a los cuales se les supone en la primera trinchera del combate contra el delito. Una policía corrompida es parte del problema y no parte de la solución.

Desde hace años se viene denunciando la existencia de los llamados grupos de “exterminio” en varias de las policías estadales. El único juicio adelantado contra integrantes de uno de tales grupos, el de Portuguesa, terminó con la libertad de los acusados.

La investigación que se intentó contra un grupo similar en Guárico quedó enredada en las mallas de la confrontación política entre partidos del gobierno y sin resultados. En varios otros estados, han sido señaladas operaciones de tales grupos criminales, que so capa de “eliminar” presuntos o reales delincuentes ( “justicia” que está expresamente prohibida por la Constitución), han devenido en grupos de extorsionadores y asesinos por encargo, sicarios al servicio de quien pague por sus servicios. En la Plaza Bolívar de San Cristóbal cualquiera puede “alquilar” los “servicios” de un sicario por un módico precio. Eso a la vista de las autoridades, en un estado donde sólo se puede desarrollar cualquier actividad económica si se paga “vacuna” y donde las llamadas FBL, a las cuales se señala como vinculadas a uno de los partidos del gobierno, actúan con total impunidad. En Aragua, la situación ha llegado a un punto tal que el propio gobernador ha solicitado la intervención de la policía estadal y existe la generalizada sospecha de que el secuestro de Sindoni fue realizado por funcionarios policiales.

Lo importante sería saber quién garantiza la idoneidad de los interventores. Hace pocos días Fermín Mármol León denunció la desprofesionalización de los cuerpos policiales y corren extraños y persistentes rumores sobre vínculos entre la División contra las drogas del Cicpc y el narcotráfico.

Lo que se ha hecho en la Policía Metropolitana y en la de Libertador, cubriendo muchas de sus plazas directivas y de sus filas con militantes políticos de algunos de esos grupos “duros” cuya acción se produce en esa zona grisácea entre la política y el hampa común, es de una gravedad que el gobierno no ha debido dejar pasar. Como no se ha debido dejar pasar esa distribución gratuita de motos, que circulan sin placas ni identificación alguna, tripuladas por matones armados, cuya función no aparece nada clara pero que no pocas veces andan como escoltas de altos funcionarios.

La existencia de policías paralelas en franca complicidad con funcionarios activos, y que operan como organizaciones al servicio del chantaje, del narcotráfico y de la guerra sucia contra políticos y otros hombres públicos, es también un dato que una real lucha contra el delito no puede dejar escapar. El Estado no puede permitir esta clase de organismos delictivos.

Quisiéramos creer en las palabras, obviamente sentidas, de Jesse Chacón, pero obras son amores, ministro.