Tal como se perfilan las cosas en este momento, el plan es muy claro. Aparentar un proceso legal. Hacerle la vida imposible a los dueños del fundo. Acusarlos de enemigos del proceso y organizadores de  shows mediáticos.  Entrar en una abierta descalificación de la titularidad  y mantener la acusación de latifundista hasta el infinito. Presionarlos, chantajearlos con propuestas de arreglos, “para que no lo pierdan todo”. Hostigarlos hasta los huesos, dilatar cualquier recurso legal, perder y extraviar documentos, mientras se prepara una sentencia que en nombre del “interés general”, ponga un despojador  punto final al asunto.  Este procedimiento rige y regirá  la conducta general en cada uno de los casos de expropiación, actuales y futuros.  

Sin  querer  desanimar al valiente Carlos Azpúrua, la pelea para los legítimos dueños de La Marqueseña,  se ve muy cuesta arriba  dado el excesivo poder que asiste al usurpador. La voluntad del autócrata está por encima de cualquier consideración o principio legal, razón por la cual mientras permanezca en el poder, toda causa justa estará a la medida de su capricho y siempre  en peligro de ser ahogada en un charco de ofensas y descalificaciones.

La percepción general sobre el tema de la propiedad  es que finalmente el gobierno sacó las uñas y  esto ha desatado un pánico que, por ahora, se manifiesta en susurros, pero ese pánico está recorriendo  el país y nada de extraño tiene que termine agitando la calle. Creo que a esa percepción obedecen las declaraciones  de José Vicente Rangel, cuando trató de moderar los términos de esta arremetida, prometiendo respeto absoluto por la propiedad privada y anunciando que todo aquello que sea materia de expropiaciones por demostrada utilidad pública, se hará según lo dicte  la ley. Sin embargo, este intento de ponderación, no logra generar tranquilidad ninguna cuando vemos a Chávez expresarse con sorna salvaje  sobre este asunto y  asistimos al comportamiento desbocado de altos funcionarios, que nos indican, claramente,  que el mecanismo contra la propiedad privada, ha sido ya accionado y que sólo espera que se cumplan los minutos reglamentarios para que estalle la bomba.

Ya Rangel anunció la reforma a la constitución para adecuarla a los nuevos propósitos del régimen. Por su parte,  Elías Jaua, uno de los más radicales talibanes de esta autocracia, el mismo a quien  el gobierno argentino, con sobrada razón,  se negó a aceptar como embajador en la tierra gaucha,  declaró que  “la propiedad privada no puede  estar por encima del  interés general”. El mismo concepto emitido por el fiscal general, el mismo que adoptarán los tribunales a la hora de una sentencia y la misma AN  a la hora de reformar la Constitución, para echarle mano a todo lo que  al “proceso” le haga falta. Para colmo, el director del INTI dijo, develando la premeditación y alevosía de esta esta farsa montada por el gobierno, que La Marqueseña sería repartida mediante cartas agrarias a 80 familias entre las cuales estaría la familia Azpúrua, en lo que viene a ser un  insultante escupitajo a la dignidad de una familia.   

No hay que llamarse a engaño, el cerco sobre la propiedad privada de cualquier tipo, está accionado  en términos groseros y prepotentes, en un país que ha vivido todos estos años bajo una conmoción puesta en marcha por uno de los gobiernos más arbitrarios que hayamos conocido en Venezuela.  Ya veremos si la respuesta de la gente que cree  en el estado de derecho, se manifiesta más allá del rumor y del cuchicheo que es exactamente lo que hace en estos momentos.

La pelea será muy dura, porque si de algo  está lleno este  proceso, es de personajes llenos de  maldad, desprecio  y resentimiento y contra eso no se ha descubierto ningún antídoto.