Cuando los investigadores más acuciosos decidan escribir la historia de la
era chavista, no podrán obviar -como característica esencial de esa forma de
gobernar- su habilidad para echar tierra rápidamente sobre los crímenes más
aberrantes, los escándalos más oprobiosos y las actuaciones más vergonzosas de sus funcionarios y acólitos. Podrán agregar que los medios de
comunicación tuvieron mucho que ver con ese capítulo, pero la realidad es
que si la prensa escrita por ejemplo, quisiera mantener vivos en la memoria
colectiva los millares de casos de asesinatos, encarcelamientos arbitrarios,
atropellos, exabruptos, patadas a la Constitución más democrática del mundo,
hechos de corrupción, cursilerías y ridiculeces de esta era; tendría que
editar diariamente un cuerpo de unas cien páginas (por ahora) que podría
llamarse El Baúl de los Recuerdos o Prohibido Olvidar como la canción de
Rubén Blades.

Muy pocos deben recordar a estas alturas que hace seis años, apenas se
posesionaba de la presidencia y lo rodeaba un halo de “escoba nueva barre
bien”, el mismito Chávez se trasladó a la ciudad de Cumaná para enrostrarle
al gobernador de Acción Democrática, su intolerable violación de los
derechos humanos: había osado sacar a la calle a la Guardia Nacional para
reprimir un caos callejero de varios días. Allí no hubo un solo muerto o
herido grave, apenas algunos asfixiados por gases lacrimógenos y otros quizá
golpeados por un planazo. Pero eso no podía ocurrir en su gobierno, el más
democrático del mundo, dijo entonces el ahora Presidente y antes teniente
coronel que encabezó la asonada militar de febrero de 1992, en la que
murieron y resultaron heridas decenas de personas. La Guardia Nacional no
podía, de ahora en adelante, tocar un pelo a ningún habitante de este país.
No sabemos por qué suerte de injusticia, Chávez no recibió ese mismo año el
premio mundial de Amnistía Internacional.

No nos detengamos ahora en los manifestantes asesinados por pistoleros
chavistas el 11 de abril de 2002 ni en los que la Guardia Nacional liquidó o
hirió de gravedad el 27 de febrero de 2004; antes de ambas fechas y en el
ínterin comenzaron a conocerse los casos de escuadrones de la muerte
integrados por policías de varios Estados con gobernadores oficialistas, y
amparados por éstos. Uno de los primeros y más protuberantes, el del Estado
Portuguesa, quedó sepultado en el olvido: al fin y al cabo esa gobernadora
-más que leal al proceso- es muy popular en su terruño. Las denuncias
surgían en toda la geografía nacional pero las más graves fueron las
presentadas contra el gobernador del Estado Guárico, Eduardo Manuitt. Como
serían de espeluznantes que hasta los diputados chavistas en la Asamblea
Nacional investigaron y concluyeron con un informe condenatorio contra el
mandatario regional, cuyos antecedentes penales son públicos y notorios.
Pero no contaban con su astucia: movió la solidaridad de otros gobernadores
que pusieron sus barbas en remojo y logró que la máxima dirigencia de su
mini partido, maxi enchufado en el gobierno -el PPT- se cuadrara patria o
muerte con él. Hasta aquel maestro de escuela, el honestísimo Aristóbulo,
que vociferaba contra las injusticias, las violaciones de derechos humanos y
la corrupción, cuando era diputado de oposición; hizo las veces de mediador
para que el caso Manuitt y el informe parlamentario fuesen enterrados.
Reuniones fueron y vinieron y hasta el propio Chávez intervino para calmar
los ánimos y llamar a la reconciliación. Y así no solo se quedaron con los
crespos hechos los familiares de los asesinados por los hombres de Manuitt,
sino los parlamentarios chavistas y de oposición que firmaron el informe
condenatorio.

Un gobierno como éste necesita no solo de enemigos virtuales que quieran
matar a Chávez para así convertirlo en mártir de utilería, sino de héroes
que sacrifiquen sus vidas en el altar de la revolución. Hasta ahora los que
salen en los medios son los que adulan, los que actúan como robots y los que
roban. El asesinato del fiscal Danilo Anderson fue lo máximo, por fin un
mártir real. No habían concluido las exequias dignas de un general muerto en
el desembarco de Normandía, cuando explotó el escándalo de corrupción más
asqueante del régimen. El pleito entre la novia, hermanos y amigos por la
cuantiosa herencia del honestísimo fiscal hizo reventar la pústula. Pero
cuando todavía el gobierno aspiraba consagrar a Anderson como una víctima
del terrorismo golpista, ocurrió el asesinato del abogado Antonio López
Castillo. Si no fuera por ser quién era e hijo de sus padres que son quienes
son, el asunto hubiese sido despachado facilito: se enfrentó a la policía y
ciao. Pero en este caso había que involucrarlo en la muerte del fiscal,
sembrar armas en su casa, simular que disparó contra los policías, y alterar
el informe médico legal para que no se supiera que había sido sacado a
empellones de su vehículo y baleado en el piso, hasta con un tiro de gracia
en el rostro.

El ajusticiamiento de cuatro jóvenes estudiantes de ingeniería de la Universidad Santa María, este último martes por la noche, recuerda tanto el caso de Antonio López Castillo. Los policías que buscaban a los asesinos de un compañero, estaban encapuchados; desde las cuatro de la tarde de ese día sacaron a los vecinos de sus viviendas y los golpearon y amenazaron. La gente se encerró en sus casas y pudo escuchar el tiroteo nocturno, los gritos que pedían auxilio y al día siguiente ver el reguero de sangre por
todas partes. Luego alguien sembró armas en el sitio para simular un enfrentamiento. Uno de los jóvenes tenía un tiro en un ojo, señal de que fue
asesinado a mansalva. La policía dizque científica parece inclinada a revelar la verdad, aunque debemos esperar a que esa verdad no pise ningún callo revolucionario. Por ahora la única verdad es que los policías y los militares de este país descubrieron que tienen licencia para matar, porque hasta la impunidad es políticamente negociable.