Muy importantes son las declaraciones del Fiscal General de la República, Dr. Isaías Rodríguez, sobre la aprobada reforma del  Código Penal, dichas en un comunicado oficial de la Fiscalía, como para darles más trascendencia. Algunos las consideran extemporáneas, pues debió decirlas cuando en la Asamblea Nacional se discutía el proyecto  de reforma. Otros se preguntan si el Dr. Rodríguez estará tratando de curarse en salud, habida cuenta de su actuación gravemente omisiva en muchísimas ocasiones en que debió actuar y no lo hizo, o de otras en que actuó en flagrante violación de la Constitución y leyes vigentes, además de principios generales del Derecho de importancia sustancial y de universal acatamiento, como el de cosa juzgada, por ejemplo. Todo ello puede ser cierto, pero no disminuye la importancia de lo dicho en esta ocasión por el Fiscal.

En cuanto a su extemporaneidad, aun admitiéndola como  cierta, me parece que haber dicho lo que dijo ahora, y no cuando el proyecto de reforma se discutía en la Asamblea Nacional, cobra  mayor relieve. Haberlo dicho entonces hubiese sido bueno, pero no habría pasado de ser una opinión o un dictamen de la Fiscalía,  que los asambleístas podrían haber aceptado o desechado. En cambio, decirlo en este momento supone, aunque no haya sido esa la intención del Fiscal, una denuncia contra la Asamblea, por haber procedido de manera arbitraria, demostrativa además de la irresponsabilidad y de la ignorancia del Derecho por parte de los diputados que aprobaron la reforma. Denuncia que, por otra parte, al menos de modo tangencial roza al propio Presidente de la República.

En efecto, dice el Fiscal que la reforma del Código Penal supone un “aumento desmedido de la represión” y agrega que “Resulta falso creer que a mayor represión habrá menor índice de criminalidad, ni que con más represión disminuirá el fenómeno criminal”. Es más, afirma categóricamente el alto funcionario que “…lo que se logra es destinar más esfuerzos y más recursos para perseguir a los más vulnerables socialmente, a los más pobres, mientras quedan impunes los grandes poderes económicos implicados en el delito. De esta manera, lo que se logra es sancionar a quienes tienen menor acceso y defensa de sus derechos, que son precisamente aquellas personas más expuestas a la arbitrariedad del sistema policial y judicial”.

Esta última afirmación del Fiscal es de una gravedad mayor, pues ya no se trata sólo de un error legislativo, sino también de una vulneración del principio, tan cacareado por el actual régimen, al que se supone son afectos los diputados que lo aprobaron, según el cual se trata del gobierno de los pobres, del soberano, de una revolución realmente popular.

Pero aún hay más. Agregó el Dr. Isaías Rodríguez: “…, lo que se logra es aumentar la desconfianza en la capacidad del Estado para atender el fenómeno criminal, se menoscaban los derechos humanos y se contribuye con el debilitamiento del Estado como estructura mediadora y pacificadora frente a la conflictividad social”. Dicho esto por tan alto funcionario, siempre bastante explícito en mostrar su entusiasta adhesión al régimen chavista, resulta verdaderamente insólito, pues desnuda nada menos que  la estructura ideológica que supuestamente sostiene a la Revolución  Bonita, y deja al descubierto lo que no puede verse, a la luz de estas palabras, sino como una falacia demagógica, clara e intencionalmente engañosa. Sobre todo se toca aquí un punto  neurálgico, como es el de la vulneración de los derechos humanos, a los que altos voceros del Gobierno dicen acatar y defender a todo trance.

Dijo igualmente el Fiscal que la Asamblea Nacional no acató plenamente el veto presidencial, pues no corrigió los defectos principales que el Presidente señaló en su veto, que a su juicio y al  del propio Fiscal son nada menos que violatorios de la propia  Constitución en sus artículos 19 y 272.

Esto pone en evidencia asimismo que el propio Presidente de la República también actuó contra la Constitución, pues al recibir la ley de reforma para su promulgación, en lugar de devolverla a la Asamblea con sus objeciones, puesto que se trataba de graves violaciones a la Constitución debió recurrir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que esta así lo declarase, que es el procedimiento que para estos casos pauta el artículo 214 de la misma Constitución.

No es esta la primera vez que Isaías Rodríguez dice cosas  como las que ahora ha dicho. A raíz del asesinato del fiscal Danilo Ánderson también denunció, en términos muy parecidos, cómo la  justicia venezolana ha sido marcada tradicionalmente, incluyendo  la etapa actual, por ventajas y prebendas para las clases poderosas, y maltratos e iniquidades contra los pobres, que no  tienen cómo pagarse buenos abogados, ni, agrego yo, cómo pagar jugoso sobornos.

Es natural que ante declaraciones como las que acaba de  dar el Fiscal General de la República mucha gente se pregunte  cómo se explica ese hecho. La interpretación es libre. Cada quien  tiene derecho a pensar lo que quiera sobre lo que esa actitud significa o lleva por dentro. Pero lo que nadie puede poner en duda es que se trata de un hecho muy importante, síntoma, uno más, de que algo está ocurriendo en el seno de la Revolución Bonita. En todo proceso hay inevitablemente contradicciones internas, máxime si, como en este caso, se trata de un movimiento amorfo, sin una ideología definida. Pero cuando las contradicciones se agudizan son señal inequívoca de que hay una crisis cuyo desenlace es difícil de predecir. Es entonces cuando cobra mayor  vigencia algo que he dicho en varias oportunidades: Aquí puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento.

Sea cual fuere la intención de Isaías Rodríguez cuando dijo lo  que dijo, en lo que sí tienen razón algunos de los críticos de su actitud es en que moralmente está obligado a no quedarse allí, sino que debe demandar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de la reforma del Código Penal, por contener graves vicios de anticonstitucionalidad. Hacerlo es su obligación, y para ello está ampliamente facultado, como garante que es de la legalidad y la recta aplicación de las leyes. De lo contrario, su  comunicado no pasaría de ser el clásico saludo a la bandera. Y él sería cómplice o encubridor de quienes, en el seno de la Asamblea Nacional, aprobaron una reforma del Código Penal flagrantemente violatoria de la Constitución.