El
proceso de industrialización de Venezuela comenzó de manera
incipiente durante la segunda guerra mundial cuando las
hostilidades dificultaron el abastecimiento de productos
importados y el gobierno del General Isaías Medina Angarita
decidió poner en marcha algunas medidas para producir en
Venezuela mercaderías foráneas. Entre esas medidas
destacaron, los créditos baratos, incentivos fiscales, plan
de capacitación de la mano de obra y posteriormente el
establecimiento de elevados aranceles o prohibiciones a
determinadas importaciones. Las industrias que se asentaron
en Venezuela fueron aquellas destinadas a la elaboración de
bienes de consumo, principalmente.
No obstante las acciones
emprendidas por el gobierno medinista, fue con la
administración de Rómulo Betancourt en 1959 cuando comienza
en firme el proceso de sustitución de importaciones, como
una acción deliberada del Estado venezolano para instalar un
parque industrial capaz de proveer los bienes manufacturados
de consumo masivo para abastecer una demanda en crecimiento
sostenido. Se configuró así el eje centro norte costero de
Venezuela y florecieron las industrias en los estados
Aragua, Carabobo y Miranda. El plan consistía en promover
en una primera etapa la industria ligera, orientada hacia la
fabricación de productos alimenticios para luego avanzar
hacia fases de manufactura de bienes con mayor valor
agregado, lo que implicaría la creación de industrias
intermedias. Esa política contó con el apoyo del Estado a
través de la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco
Industrial de Venezuela, lo cuales otorgaban estímulos
financieros mientras que los antiguos ministerios de Fomento
y de Hacienda, diseñaban las políticas industrial, comercial
y fiscal para que la industria naciente encontrara un
entorno propicio al crecimiento. Tales políticas se
centraron básicamente en un mercado interno cerrado a la
competencia, mediante restricciones arancelarias y para
arancelarias y exoneraciones tributarias.
Se estructuró entonces un
plantel industrial de capital privado nacional y
extranjero y las pretensiones del Estado en materia
empresarial llegaban hasta lo que consideraba “las
industrias estratégicas”. Con esa política como brújula
navegó la industria nacional en un mar tranquilo signado por
la estabilidad política y económica, lo que permitió subir
la aportación de la industria nacional en el producto
interno bruto, hasta que el primer gobierno de CAP, quien
intentando dar un salto adelante, propició en realidad un
salto al vacío e incubó la crisis económica que comenzó en
1978 y que se manifestó en febrero de 1983 con el final de
la estabilidad cambiaria de Venezuela. Entre 1974 y 1978,
tratando de aprovechar los inmensos recursos que
proporcionaba el auge de los precios del petróleo, CAP
procuró acelerar la industrialización de Venezuela mediante
una intervención desbocada del Estado en la economía, que
se expresó en una ampliación sin precedentes del ámbito
empresarial del gobierno, para lo cual resultó insuficiente
el ingreso petrolero lo que motivó un incremento sustancial
del endeudamiento público, fundamentalmente externo. El
programa de gobierno conocido como el V Plan de la Nación
pretendió forjar una alianza entre el Estado y las empresas
transnacionales para localizar en Venezuela muchas de las
industrias que ya en el mundo desarrollado no tenían las
ventajas competitivas en virtud de los altos costos de la
mano de obra y de las materias primas. A ello se adicionó la
acción del sector público venezolano como empresario, en lo
que se llamó el capitalismo de Estado. Todo ello implicó la
erogación de ingentes recursos que parecían brotar de la
nada mientras las cotizaciones del petróleo se mantuvieron
elevadas. Entretanto, todo ese conglomerado industrial
estatal acumulaba pérdidas que hubo que financiar,
parcialmente con deuda pública, con lo cual se le restaba
fondos al gasto social. Así, el Estado abandonó su política
de promotor de la industria al meterse a empresario y salió
de esa aventura con las tablas en la cabeza.
Con la llegada de Chávez al
poder se presumía que se afianzaría el rol del Estado en la
economía, pero pocos imaginaron que traspasaría los límites
de lo admisible. Efectivamente, un gobierno como el de Hugo
Chávez que tiene políticas en todos los frentes ha carecido
de una estrategia industrial, ¿porqué? Porque Hugo Chávez no
tiene como propósito el desarrollo industrial de Venezuela,
sino la minimización del sector privado y para ello debe
golpear con fuerza a la industria manufacturera. De esta
manera es que se puede explicar, por una parte, la falta de
acciones de promoción e incentivos a un sector vital para la
economía de Venezuela y por la otra la proliferación de
unidades de producción propiedad del Estado venezolano, de
todo tipo y en todas las áreas, las cuales registran déficit
en su gestión financiera y son una carga muy pesada para el
fisco. No ha vacilado el gobierno en facilitar la
domiciliación en Venezuela de compañías de capital estatal o
privado de regímenes políticos que considera amigos,
mediante asociaciones en diversas áreas. Aquellos incentivos
que le ofrece al capital extranjero se los niega a los
venezolanos a lo que se añade tres políticas suicidas para
cualquier progreso industrial: la sobrevaluación de la
moneda para procurar bajar la inflación, el control de
precios, que destruye la rentabilidad y la falta de reglas
claras para la inversión. Por estas razones es que se
aprecia una tendencia a la disminución del aporte del sector
manufacturero venezolano a la producción no petrolera.
El balance del BCV
El directorio del ente emisor
publicó el balance general y estado de ganancias y pérdidas
correspondiente al primer semestre. El examen de esos
estados financieros sugiere que se han violado principios de
contabilidad generalmente aceptados, por instrucciones de
Sudeban. Así, por ejemplo, los traspasos de divisas a Fonden
con los cuales se ha ejecutado gasto público siguen
apareciendo como un activo en poder del BCV. Es curioso: un
activo que pertenece simultáneamente al BCV y a Fonden. Ello
sirve para disimular las pérdidas que registra el BCV
durante el primer semestre de 2006. Similarmente, ese
artificio contable encubre el hecho de que el BCV tiene un
patrimonio negativo, es decir tiene más deudas que
acreencias. También revela el balance del BCV la crítica
situación de endeudamiento de instituto, que al cierre de
junio de 2006 mantenía una deuda de US$ 17.150 millones, la
más alta de su historia. Esta deuda significa un costo muy
alto para el banco y conjuntamente con el traspaso de sus
activos al gobierno ha determinado el deterioro de su
posición patrimonial.
Las tasas de interés
Luego de haber aumentado las tasas de interés de manera
consecutiva diez y siete (17) veces, la Reserva Federal,
decidió hacer una pausa y esperar el comportamiento de la
economía para volver a decidir sobre el costo del dinero. Ya
el Banco Central de los Estados Unidos ha dado muestras de
que no le tiembla el pulso a la hora de apelar al uso de las
tasas de interés para conjurar presiones inflacionarias. Con
esa decisión, la tasa de interés marcadora se mantuvo en
5.25%, la más elevada en cinco años. En buena medida la
acción del Banco Central se justifica por la desaceleración
del ritmo de crecimiento de la economía estadounidense. Sin
embargo, el Banco de Inglaterra si optó por enviar una señal
más firme al mercado al incrementar la tasa de interés de
sus operaciones monetarias. Lo que está claro es que si la
inflación rebrota los bancos centrales van a continuar
propiciando alzas de tasas, encareciendo el costo del
financiamiento y enfriando la economía mundial. En esas
condiciones es probable que quienes en Venezuela tengan
depósitos se vean tentados a colocarlos en dólares o euros
aprovechando las mayores tasas y las expectativas de
devaluación del bolívar.
