A la tercera va la vencida. Después de dos intentos fallidos en 1996 y 2001, el Gobierno se decidió a ejecutar la medida. Es un hecho, Venezuela va a realizar una reforma monetaria con el objeto de quitarle tres ceros al bolívar. De esta manera lo que hoy cuesta mil bolívares pasará a costar un bolívar y quien gane un millón de bolívares ganará mil bolívares. Ello es así porque decisión de presidente Chávez y eso no se puede contravenir. Los argumentos que justifican la medida provienen de los ministros del área económica y de algunos parlamentarios quienes piensan que están dadas las condiciones en Venezuela para dicha reforma. Que la proposición haya surgido del Ministerio de Finanzas sugiere que tiene el respaldo presidencial. Seguramente ahora el Directorio del BCV le tocará emitir su opinión sobre el tema.

El argumento

Parte de las razones que esgrimen los voceros oficiales son de este tenor. Rodrigo Cabezas presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional argumenta que “La reforma monetaria no es sólo eliminarle ceros a la moneda como han dicho algunos opositores, sería acompañada de una política fiscal adecuada, tasas de interés en concordancia, consolidación del crecimiento económico y un ajuste de la política comercial para tener control del movimiento de las importaciones y evitar fuga de capitales, así como una nueva política laboral". “La lista de objetivos a alcanzar incluye un nuevo bolívar que mantenga su valor e inflación de 3% anual”. Lo que no especifica el diputado Cabezas es que entiende él por “una política fiscal adecuada”, porque la que ha seguido el Gobierno de Venezuela hasta el presente es insostenible, toda vez que en medio de un auge sin precedentes de los precios del petróleo las cuentas fiscales están en rojo al tiempo que ha aumentado significativamente el endeudamiento público.
En lo relativo a que una reforma monetaria en si misma contribuye a la disminución de la inflación, ello carece de sustento conceptual y estadístico por cuanto no es lo mismo una reducción del nivel de los precios que una declinación del ritmo al cual aumenta el nivel de los precios, que es precisamente la medida de la inflación. Para que Venezuela pueda registrar tasas de inflación de un dígito es necesario que el financiamiento del gasto no recurra a emisiones monetarias del BCV que no tengan respaldo en divisas. Pero es que la naturaleza de la creación de dinero en Venezuela por parte del BCV, por la monetización del ingreso petrolero es una fuerza permanente que empuja los precios al alza. Hay que insistir en que Venezuela la inflación está reprimida por los controles de precios y de cambio, y falta mucho trabajo todavía para abatirla.
Pero si la valoración anteriormente expuesta sobre la economía venezolana fuese insuficiente el diputado Cabezas soltó esta perla: “Los problemas macroeconómicos ya no existen, de tal forma que las condiciones para implementar la reforma están presentes. Las fortalezas de la economía y la sociedad hacen posible esta cirugía. Hemos instalado un proceso de desaceleración de la inflación mediante el crecimiento de la producción y de la productividad. Ha bajado la vulnerabilidad externa, la deuda total podría cerrar esta década en tan sólo 20% del PIB, el país cuenta con fortaleza por el ingreso petrolero y vamos a tener crecimiento a una tasa de 5% del PIB de forma sostenida". Un solo comentario merece esta afirmación: por una parte, los problemas macroeconómicos existen en todas las economías y seguirán existiendo, por ello es que Venezuela mantiene una economía totalmente controlada. Por la otra, actualmente el sector externo de la economía venezolana es más vulnerable que en el pasado reciente, para ello basta observar la ampliación del déficit de la cuenta comercial no petrolera.

¿Qué dice el BCV?

Aunque falta conocer la opinión oficial del BCV, ya el Dr. Maza Zavala adelantó que faltan condiciones para la aplicación de una reforma monetaria: “Todavía estamos en proceso de lograr que el crecimiento económico sea estable y continuo, todavía estamos en lucha contra la inflación, hay tantas cosas pendientes todavía que tomar una medida de esta naturaleza en este momento me parece que sería inoportuno, tendría que estabilizarse una política fiscal bien equilibrada”. Sin embargo, la experiencia indica que la opinión del BCV sigue los dictados emanados del Gobierno y que estas opiniones razonables son el ritual para que luego se cumpla la orden impartida desde Miraflores. Así ocurrió con el tema de las utilidades cambiarias y con el traspaso de las divisas al Fonden amagos de autonomía para luego ceder ante el Ejecutivo de forma lastimosa.
Un análisis más cuidadoso de la propuesta de reforma monetaria pone de manifiesto que el principal objetivo es electoral, al procurar transmitir al público sensación de fortaleza de la economía y que el bolívar se ha revaluado. Nada garantiza que esta reforma monetaria diseñada de forma apresurada, sin los estudios técnicos adecuados, solamente con fines políticos de corto plazo va a tener los resultados que esperan las autoridades. Conviene recordar que los fracasos de las reformas monetarias de Argentina con el Plan Austral en 1985 y en Brasil 1986 y 1988 con los Planes Cruzado y Cruceiro se debieron a la falta de ajuste fiscal que propició devaluaciones de los nuevos signos monetarios. Fallaron porque carecieron de lo que hoy adolece Venezuela: equilibrio de sus cuentas fiscales y eso no se compra exclusivamente con petróleo.

Subida de tasas

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), acordó la semana pasada un aumento de la tasa de interés utilizada en sus operaciones de mercado abierto. Esta tasa funge como referencia de las tasas del mercado financiero europeo. Con esa medida la tasa de interés de las operaciones monetarias se sitúa en 2,75%. Ese aumento se registra en un contexto de caídas significativas de las bolsas de valores del mundo, como resultado de una medida similar adoptada por el Banco Central de los Estados Unidos. Ya el presidente de este banco, Ben Bernanke, había indicado que seguirán subidas de los tipos de interés y, en consecuencia, un encarecimiento del financiamiento con el objeto de prevenir la agudización de las tensiones inflacionarias que se asoman en los Estados Unidos. También el alza de las tasas en los Estados Unidos podría moderar la depreciación del dólar respecto al euro, política que le ha permitido a los Estados Unidos atemperar su déficit exterior y estimular su crecimiento económico.

El balance de Fonden

En un país democrático donde la hacienda pública se maneja no como una pulpería personal sino con criterios de Estado, no ocurriría lo que pasa con el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Con la reforma de la Ley del BCV, se obligo al ente emisor a traspasar a ese fondo US$ 10.200 millones más los aportes de PDVSA, con lo cual esa institución mantiene más de US$ 13.000 millones. Hasta ahora las autoridades del fondo no han informado en qué se está invirtiendo montos tan elevados de dinero público. La opacidad administrativa es la norma de este Gobierno, bajo la cual pueden esconderse irregularidades administrativas como el desvío de recursos y la malversación. Ni siquiera la Asamblea Nacional ha solicitado que el Ministerio de Finanzas la presentación de las cuentas. Y no lo va a ser porque en realidad Fonden funciona como un presupuesto paralelo a la disposición del Presidente de la República, sin que tenga que presentar los resultados del manejo de esos recursos.

La corrupción permitida

Es un dicho popular: así paga el diablo a quien bien le sirve. El magistrado Luis Velásquez Alvaray impulsó la aprobación de la reforma de la Ley del TSJ y además había planteado que el presidente Chávez fuese presidente vitalcito de Venezuela. En un intento por salvarse habla del chavismo sin Chávez, como para que lo perdonara el jefe. Pero en su caída develó la podredumbre del Poder Judicial y la influencia de ciertos personajes que se han enriquecido a costa de patrimonio público. Sucede que el Consejo Moral Republicano lo condenó por el caso de Ciudad Lebrún, debido a adquisiciones sin licitación. Los montos involucrados en esa operación son una propina con relación a los de la deuda pública nacional contraída por Venezuela entre 2004 y 2005, sin ninguna justificación y que causaron un daño al patrimonio nacional de más de Bs. 500 millardos. Tampoco se indaga sobre las adjudicaciones directas de deuda pública a ciertos bancos en el pasado o los negocios con ciertas casas bursátiles. Pero eso no se investiga debido a la “calidad” de los involucrados. Pero ello se habla en Venezuela de la corrupción permitida.