El
ejercicio de Nelson Merentes al frente del Ministerio de
Finanzas de Venezuela ha tenido muchas vicisitudes pero
sobresalen dos aspectos fundamentales de su gestión. Por una
parte, la falta de transparencia en la información fiscal y
por la otra la proliferación de operaciones financieras
cuestionables, algunas de las cuales se han expresado en
daño al patrimonio público. Las estadísticas fiscales de
Venezuela presentan un atraso importante que dificulta la
labor de análisis en un contexto en el cual el seguimiento
de las variables presupuestarias resulta de vital
importancia para evaluar la coyuntura económica. Los datos
sobre el gasto público son absolutamente deficientes, lo que
dificulta al extremo la valoración adecuada de la política
fiscal y sus efectos sobre la economía.
A ello se
adiciona discrepancias entre las cifras del ministerio y las
del BCV, sin que se haya dado una explicación sobre las
metodologías de cálculo que originan datos diferentes sobre
variables semejantes. El caso de los recursos recibidos y
utilizados por el Fondo de Desarrollo Nacional
(Fonden)
es una muestra patética. Tras la reforma fraudulenta del la
Ley del BCV el 25 de julio de 2005 que posibilitó la
creación de ese fondo, hasta ahora en Venezuela se desconoce
sus estados financieros, de forma tal que se pueda
identificar los aportes realizados, el monto desembolsado y
el capital disponible. Adicionalmente, sería conveniente
conocer cuánto de lo erogado se ha dedicado al
financiamiento del componente local de los proyectos de
inversión. Todo ello está sumido en un profundo misterio
detrás del cual campea la discrecionalidad y la voluntad del
Presidente de la República como criterio último y definitivo
para la asignación de los recursos. Esta opacidad no es un
fenómeno nuevo atribuible a Nelson Merentes, viene de más
atrás pero él la ha exacerbado hasta convertir al despacho
de las finanzas públicas de Venezuela en un coto cerrado con
lo cual ha pasado a ser el lugar común de los comentarios
cuando se platica acerca de presuntas irregularidades
administrativas y del porcentaje corruptor.
Con relación a las operaciones que ha venido realizando el
Ministerio de Finanzas con los bonos argentinos y las
llamadas notas reestructuradas, si estuviésemos en una
nación con instituciones y no con caricaturas de ellas, ya
se hubiese iniciado una averiguación por parte del
parlamento o de la Contraloría General de la República. Como
es conocido, el Gobierno compró títulos de deuda pública de
Argentina por más de US$ 3.000 millones los cuales negoció
en el mercado local con algunas instituciones financieras.
Así, esos títulos fueron vendidos en dólares al tipo de
cambio oficial de Bs/US$ 2.150 a los bancos nacionales o
extranjero que operan aquí, por parte del Ministerio de
Finanzas, con una prima (un porcentaje sobre su valor de
adquisición al Gobierno de Argentina) de donde se derivó
obviamente una ganancia, montante a la diferencia de los dos
precios. Posteriormente, los bancos involucrados en la
operación liquidaron los bonos tanto internamente como en el
exterior y con las divisas obtenidas concurrieron al mercado
paralelo donde obtuvieron una tasa de cambio de
aproximadamente Bs/US$ 2.500 para el momento de la
operación. Ese subsidio cambiario no lo obtiene nadie en
Venezuela salvo quienes transan esos bonos con el Ministerio
de Finanzas. El Ministerio de Finanzas nunca convocó a
subasta pública para adjudicar esos bonos, sino más bien lo
hizo de forma discrecional.
Algo similar ocurre con las notas reestructuradas. Este
instrumento financiero es un producto derivado que se forma
a partir de un bono de deuda pública emitida por el Gobierno
de Venezuela. De esta manera, una institución financiera del
exterior que adquiere ese título emite una nota con base en
el papel de deuda original la cual transfiere al Ministerio
de Finanzas o al entre público correspondiente. En Venezuela
han estado muy activos en estas operaciones el Ministerio de
Finanzas y Bandes. Esas notas son asignadas sin que la
cartera de las finanzas públicas de Venezuela o Bandes sigan
un procedimiento conocido y claro para quienes concurren a
ese mercado. Una vez que el sistema bancario adquiere las
notas al tipo de cambio oficial, continúa con el
procedimiento anteriormente descrito: los vende en el
mercado paralelo y realiza una ganancia extraordinaria. De
esta manera, el mercado de divisas paralelo siempre está
desabastecido toda vez que esas notas no llegan al
demandante final, todo cual se traduce en presiones alcistas
de la cotización del dólar.
Otro tanto ocurre con operaciones financieras entre la
Oficina Nacional del Tesoro y parte de los bancos, donde la
colocación de los fondos públicos no se guía por un
procedimiento conocido al predominar la discrecionalidad,
ello es un incentivo para que comisionistas y agentes
financieros forcejeen por la disposición de tales fondos en
unos bancos y no en otros. Por tanto, determinados sectores
con influencia en las altas esferas del Gobierno habrían
obtenido cuantiosos beneficios de estas transacciones en
detrimento del patrimonio nacional.
El
caso Bandagro
El
cadáver insepulto del extinto Banco de Desarrollo
Agropecuario (Bandagro) todavía ronda por el Ministerio de
Finanzas. El caso es que aparentemente existen unos bonos
que emitió ese banco y que fueron cerificados por el
Ministerio de Finanzas cuando la gestión de Tobías Nóbrega y
sobre esa base la entonces procuradora general de la
República, Marisol Plaza, dictaminó que los bonos eran
legítimos y que había que pagarlos. Luego el Ministerio de
Finanzas reconsideró su decisión y con un nuevo dictamen que
anuló el anterior, lo que llevó a los acreedores a litigarse
con Venezuela en una corte del estado de Ohio, en Estados
Unidos, donde al parecer la un juez les ha dado la razón.
Cuando el tema retornó a la opinión pública nacional, una de
las involucradas, la ex procuradora, el viernes primero de
diciembre de 2006 en entrevista concedida al diario El
Nacional, se exime de responsabilidades e inculpa al ex
ministro Nóbrega, cuando afirma frente a una pregunta de la
periodista: “Entonces ¿la falla inicial viene del Ministerio
de Finanzas? Sí. Y yo debía confiar en lo que él me enviaba
porque no le puedo decir a un ministro que es mentira lo que
él dice”. Más adelante, para librarse de culpas, dice Plaza:
“¿A quién le correspondía determinar la validez de los
bonos? Al Ministerio de Finanzas con auxilio de los
organismos”. Lo cierto es que Venezuela ha tenido que pagar
por ese caso una suma importante en divisas por concepto de
gastos y costas procesales y lo que es peor de peder el
juicio deberá cancelar una suma que excede los US$ 1.000
millones.
Las memorias proscritas de CAP
La
publicación de un conjunto de relatos que Carlos Andrés
Pérez contó a Roberto Guisti y Ramón Hernández es una pieza
política de lectura obligatoria. Se ve a un CAP de
mentalidad progresista, desde el punto de vista conceptual,
y exhibe ciertas cualidades que no eran perceptibles en él.
Se define como un hombre del socialismo democrático. En
materia política muestra habilidad para defender su obra de
gobierno y la actuación que mantuvo cuando fue ministro del
Interior en la administración de Rómulo Betancourt. En lo
relativo a las inversiones extranjeras dice “teníamos temor
a las inversiones extranjeras; que vinieran a recolonizarnos
y tomar nuestra riqueza”. Acerca de su primer gobierno
plantea que lo correcto era devaluar el bolívar en 1974 para
impulsar las exportaciones pero le faltó decisión. Sobre el
rol del Estado en la economía suelta idea: “En Venezuela no
se entendía la necesidad de una profunda reforma de nuestra
economía, seguíamos dentro de los patrones del subsidio, del
proteccionismo”. En la defensa de su gobierno no reconoce el
problema en que metió al país con un endeudamiento
absolutamente injustificado y sobre la corrupción, la
descarga sobre algunos de quienes fueron sus ministros.