El intento del gobierno por promover el llamado socialismo del siglo XXI, está llevando a una parodia de promoción de la socialización de la economía, mediante tres acciones. En primer lugar, el acorralamiento del sector privado de la economía nacional; cuya destrucción sería el fin ulterior de la política que adelanta el presidente Chávez, en segundo término, la constitución de un sistema de producción y distribución basado en las asociaciones cooperativas y finalmente en el establecimiento de las empresas de producción social (EPS), especie de núcleos incipientes de compañía no mercantiles. Aunque se ha discutido abundantemente sobre el tema, se argumenta con razón que la mejor caracterización del curso de la economía venezolana actualmente lo signa el fortalecimiento del capitalismo de Estado. 

La consolidación de ese esquema capitalista estatal pasa por una exacerbación de la intervención del gobierno en la economía, como no lo había atestiguado Venezuela, tanto en su rol de regulador como de productor. No obstante, el Estado está usando el poder de compra que le confiere un ingreso petrolero abundante para forzar a las pocas empresas manufactureras privadas grandes que subsisten en Venezuela para que se transformen en EPS, como requisito imprescindible para poder contratar con PDVSA. Con ese objetivo, a partir del 1 de octubre de este año, todas las empresas que participan en procesos de licitación o contratación que realice PDVSA deben estar inscritas en el Registro de Empresas de Producción Social, de otra manera no se puede celebrar ningún contrato. Similarmente, PDVSA instruyó que todas las facturas que emitan los contratistas deben indicar si la empresa es de producción social o una promotora de empresas de producción social.

Pero, ¿qué es una empresa de producción social?  En el “Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (EPS)”, se define la naturaleza de estas unidades económicas de esta manera “… las Empresas de Producción Social impulsarán la formación de un sistema comunal de producción y consumo, logrando que los excedentes generados por éstas se reinviertan en obras y actividades de interés social…”. De acuerdo con esa orientación, las EPS: “… representan uno de los mayores y más poderosos instrumentos para la superación de la economía rentista, capitalista y dependiente por la nueva economía del socialismo del siglo XXI…”.  Más claro no puede ser el propósito: el Estado pretende instaurar un esquema socialista para lo cual la constitución de nuevas formas de propiedad resulta fundamental. Que lo alcance es otro tema.  Cuando se examina con atención lo qué está haciendo el Estado venezolano en materia económica se encuentra que las actividades más importantes siguen estando en manos del gobierno y que la socialización de los medios de producción es un artificio para enmascarar la estatización de la economía. Ello remite al tema de la cogestión, lo que no significa la propiedad de los trabajadores sobre las empresas. De esta manera, la cogestión se está empleando como un instrumento adicional para imponer el modelo socialista, cuya expresión concreta es la reducción de la economía privada a su mínima expresión`, principalmente la de origen nacional, para amplificar así el papel del Estado en la economía. 

La prueba más evidente de ello es que en la principal industria de Venezuela, PDVSA, no se aplica la cogestión ni se ha transformado en una empresa de producción social. Si el modelo cogestionario es tan bueno o las EPS tienen tantas virtudes, habría que esperar que el ensayo socialista comenzara por PDVSA. Contrariamente, esta empresa se maneja como un cuartel al ser una compañía absolutamente vertical donde no se admite la disidencia y ni criterios técnicos diferentes a los establecidos por la cúpula de privilegiados que se hizo con el mando de la industria. ¿Por qué si el gobierno cree sinceramente en la socialización de los medios de producción no transforma a PDVSA en una empresa de producción social? Porque el gobierno en realidad no cree en la propiedad social, la de los ciudadanos como dueños de los bienes, sino en la propiedad estatal. Las medidas que ha adoptado PDVSA, las cuales procuran que sus contratistas sean EPS seguramente no se aplican a los suplidores internacionales de la industria petrolera, sino a los criollos. Allí se observa claramente   la naturaleza discriminatoria de esa política.  Mientras las EPS y las cooperativas se limitan a la recolección de basura, escombros, a la prestación de servicios de vigilancia, al ornato y a intentos fallidos de fabricar camisas y cuadernos, entre otras actividades, el Estado no suelta ni un milímetro el control ni abre la participación de los venezolanos a la industria petrolera.  De esta manera, en Venezuela el socialismo del siglo XXI degeneró tempranamente en lo que fue el sello de origen de lo que se denominó el socialismo real: el estatismo, es decir, el dominio del Estado sobre la economía y sobre la vida y destino de la gente.
 

¿Se sigue corrompiendo el Seniat?

Hizo bien el capitán Vielma Mora en solicitar un derecho a replica sobre nuestro comentario sobre la corrupción en el Seniat y mejor hizo Descifrado en la calle en concedérselo. Para la gente vinculada al mundo de la actividad económica es un secreto a voces que ciertos funcionarios del Seniat se presentan a los establecimientos para negociar y presionar con el cierre. El superintendente pide pruebas para poder actuar. Aquí tiene este dato: debido al atraso en la devolución de impuestos (drawback), hay varios reclamos entablados ante la administración tributaria. Funcionarios han propuesto arreglos por debajo de la mesa para resolver la disputa. ¿Quién se atrevería a denunciar un caso como este? El que esté dispuesto a no cobrar lo adeudado. ¿Por qué? Debido a que existe desconfianza en evidenciar los hechos porque desafortunadamente el Seniat se percibe como un instrumento político de este gobierno. Pruebas, dos por ahora: primera, la campaña abierta del Seniat en el referendo revocatorio, segunda, cuando el accidente de Jorge Rodríguez, la actuación envolvente del ente tributario y otros organismos del Estado contra la Clínica El Ávila.   Por ello, ahora nadie se atreve a concurrir para denunciar extorsión y abuso de autoridad. Es altamente valioso el esfuerzo del capitán Vielma Mora para reestablecer la credibilidad del organismo, pero debe dar testimonios de independencia institucional como un órgano del Estado y no al servicio del jefe de un gobierno, quién amenaza con enviar al Seniat cada vez que se desea intimidar al sector privado. 

¿Dólares o bolívares?

El presidente Chávez dictaminó que el dólar estadounidense es una moneda débil, en decadencia, que se va a devaluar, que no tiene respaldo y que por tanto los venezolanos ni los ciudadanos del mundo, a quienes él representa, no deberían invertir sus haberes en esa moneda. Veamos: en enero de 1999 la paridad estaba en Bs./US$ 568,84 mientras que al cerrar agosto de 2006, el tipo de cambio del dólar fue Bs./US$ 2.700, lo que implica que nuestra moneda se ha devaluado 374%. Es decir, quien no logró tener un rendimiento acumulado equivalente por su dinero mantenido en los bancos, acusó una pérdida. Además, fue el gobierno venezolano quien forzó una reforma de la Ley del BCV para quitarle respaldo a la moneda. Considérese esta situación: un venezolano que tiene sus fondos en una cuenta de ahorro gana 6,5% anual, mientras que quien los coloca en un depósito a plazo devenga 10%. Ese mismo venezolano puede comprar un título en dólares y ganar 6,0% anual. Si se espera que el bolívar se vuelva a devaluar frente al dólar en 2007, alguien que cuide su plata, ¿seguirá manteniendo bolívares? El gobierno ha propiciado una baja considerable de la tasa de interés para financiarse con dinero barato, al hacerlo está destruyendo el ahorro de los venezolanos.