Informe Final
(Investigación sobre el fraude
cualitativo ejecutado en el proceso electoral relacionado con
la revocatoria del mandato de Hugo Chávez Frías)
Caracas, 15 de octubre 2004
I
LA PERVERSIÓN DEL ARBITRAJE ELECTORAL Y EL VENTAJISMO OFICIAL
Sostenemos que el Consejo Nacional Electoral ha sido
secuestrado como institución y que, en el mismo, no existe
representación equilibrada sino una imposición unilateral de
mecanismos violatorios de
los principios axiomáticos que configuran el Estado de Derecho
Constitucional y los procesos electorales en un Estado
Democrático. Esta afirmación se compadece con una realidad
institucional en la que la “falta
de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la
libertad de expresión, el estado deliberativo en que se
encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de
polarización de la sociedad, el accionar de grupos de
exterminio, la poca credibilidad de las instituciones de
control debido a la incertidumbre sobre la constitucionalidad
de su designación y la parcialidad de sus actuaciones, la
falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad,
representan una clara debilidad de los pilares fundamentales
para la existencia del Estado de Derecho en un sistema
democrático en los términos de la Convención Americana”; en
los términos expuestos por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en su Comunicado de Prensa N° 23/02 del 10
de mayo del 2002, emitido al término de la visita a nuestro
país de Cesar Gaviria, en cumplimiento de la Resolución CP/RES.811
(1315/02).
La ilegitimidad del Consejo Nacional Electoral y la
consecuencial falta de credibilidad viene de mucho tiempo
atrás. Previamente
a los procesos electorales del año 2000, los factores que
apoyaban a Hugo Chávez Frías, procedieron a designar
discrecionalmente a los miembros del organismo rector con la
anuencia de la Sentencia del 30 de junio de 2000 emanada de
una provisoria Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia en la que se declara que la Comisión Legislativa
Nacional (suerte de parlamento nombrado unilateralmente por el
partido dominante en la Constituyente) “no tendría porqué
ceñirse a las disposiciones de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela”, dado que, en el caso respectivo,
había hecho la designación de los miembros del Consejo
Nacional Electoral con carácter provisorio”.
Esta decisión se inscribe en el esquema general de marginación
de la sociedad civil de los procesos de selección de los
titulares de los órganos de los Poderes Ciudadano y Judicial,
sustituyéndola por la discrecionalidad de la única voluntad
valida del proceso, y la violación de los criterios objetivos
que la Constitución de 1999 establece como condición para
ocupar dichos cargos.
Los actuales rectores del CNE representan los intereses de
Hugo Chávez Frías o de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia; en este último caso, por ser designados
mediante Sentencia del 4 de agosto de 2003 y no mediante el
proceso de selección que la Constitución define como
competencia de la Asamblea Nacional. Objetivamente, la
responsabilidad de las ejecutorias de ese Directorio se eleva
a una Sala Constitucional que les habría “prohibido
equivocarse”, en el momento de su juramentación. Fueron ellos
los que los nombraron y no los partidos políticos a través de
su representación en la Asamblea Nacional. Son ellos entonces
los responsables de la designación de un cuerpo electoral que
se ha dado a la tarea de obstaculizar el ejercicio de los
derechos ciudadanos y violentar las normas constitucionales
sobre participación política.
Este Directorio es el que tiene la responsabilidad directa por
la siguientes situaciones:
El fraude, cohecho y manipulación del Registro Electoral.
-
La
contratación de un sistema de automatización violando las
normas de control que establece la legislación.
-
Que los programas del sistema automatizado no hayan sido
actualizados de acuerdo con normas de seguridad que hubieran
garantizado la pureza de los mismos, la operación por las
personas exclusivamente autorizadas y la ejecución de
procedimientos de prueba apropiados.
-
Que el diseño y operación de la mesa de votación no
cumpliera con criterios de optimización y que, en
consecuencia, se sometiera al elector a los atentados que,
contra su dignidad, sufrió en la jornada electoral.
-
Que no se diera un apropiado resguardo de los equipos a fin
de evitar la manipulación y alteración de las que fueron
objeto.
-
Que hayan fracasado las pruebas de auditoria.
-
Que no se haya respetado el proceso de retorno del material,
resguardo de las urnas electorales y las actas para
garantizar su protección durante los noventa (90) días
posteriores a la jornada electoral, tal como establece la
ley.
-
El secuestro de las instalaciones en que se realizaban las
actividades fundamentales del proceso electoral prohibiendo
el ingreso de los factores de oposición y facilitando la
intervención de factores del oficialismo.
-
Que se haya utilizado un sistema de identificación de
huellas con el objetivo de identificar a los votantes, en
tiempo real, controlando el flujo oficialismo-oposición con
las bases de datos de ambos bloques.
-
Que la comunicación de la información y su procesamiento no
haya sido confiable y haya sido intervenida desde distintos
centros habilitados al efecto.
-
Que no existieran mecanismos de seguridad sobre el acceso a
la red.
No conformes con la ventaja que daba la sumisión absoluta del
árbitro electoral, desde el aparato dirigido por Hugo Chávez
Frías, se utilizan los recursos públicos y las instituciones
que debían estar al servicio de la Nación para determinar el
comportamiento de una población que se hace más dependiente de
los programas del Estado en virtud de sufrir los embates del
desempleo y la marginalidad. Este ventajismo grosero esta
combinado con agresiones violatorias de los derechos humanos y
el desconocimiento de las legítimas autoridades que detentan
diversas instancias del Poder local y estadal sometidas al
embargo de los recursos que, en virtud del proceso de
descentralización y la Constitución, les corresponden .
No es por azar que
las primeras consecuencias de la manipulación del resultado en
el proceso revocatorio del mandato de Hugo Chávez Frías sea la
utilización del
Ministerio Público como instrumento de persecución de la
oposición política y la activación en el seno de la Asamblea
Nacional, valiéndose de las irregularidades contenidas en un
Reglamento Interior y de Debates aprobado en contra del
principio de la representación de las minorías, de los
proyectos de leyes gubernamentales orientados a limitar la
libertad de expresión y “criminalizar” la disidencia política.
La oposición política venezolana merece el mismo tratamiento
que el CNE dispensó a Hugo Chávez Frías cuando este, desde la
ciudad de Buenos Aires, República Argentina, afirmó que las
firmas consignadas “son falsas” y agregó que durante el año no
se realizaría ninguna referendo en el país, a raíz de la
consignación de las firmas de 3.236.320 de venezolanos para
activar la solicitud de referéndum revocatorio del mandato, el
20 de agosto de 2003. Lo que exigimos es la verificación de
los hechos denunciados y el cumplimiento de la Ley.
En aquella oportunidad, el CNE no solo escuchó el canto de
fraude sino que obró en conformidad convocando para el 28 de
noviembre de 2003 un proceso de recolección de firmas para el
referendo revocatorio presidencial, esta vez bajo su control.
Insatisfecho aun con la actitud del CNE, Hugo Chávez Frías
declaró públicamente la consumación de un mega fraude en su
contra, sin haber concluido el acto electoral y sin esperar la
actuación del Poder Electoral. Y no se produjo el evento
comicial ese año, tal como fue predicho, porque presentada la
solicitud el 19 de diciembre de 2003, el CNE difirió el
proceso de verificación de las firmas que sirvieron de
respaldo a dicha solicitud en contravención de las normas que
ellos mismos habían aprobado.
Pero quizás el acto más artero de ventajismo y violación de
los derechos fundamentales de los ciudadanos haya sido la
libre utilización de la base de datos del CNE que contiene el
listado de aquellos que activaron el referendo revocatorio del
mandato de Hugo Chávez Frías y los resultados de la revisión
de las firmas, publicada en la página Web del organismo,
utilizándolos como instrumento objetivo para determinar los
lugares en los que, en forma selectiva, se ejecutaría la
manipulación del sistema automatizado. Ratificamos que, con el
simple dato de la cédula de identidad, al margen de los
estudios e investigaciones de tendencias y opinión pública, se
pudo determinar el mapa político de la oposición por centro de
votación. La aberración más espeluznante fue una acción que se
sigue ejecutando ya que, al identificarse los promotores del
referendo revocatorio, quedaron sujetos al proceso de
manipulación y chantaje individual; y aquí destacan las
presiones a determinados sectores de la población como los
funcionarios públicos y cualquier persona que se relacione o
contrate con el Estado y pretenda acceder a los servicios
públicos.
Estos actos bochornosos para cualquier sociedad democrática
tienen como emblema una página en la Web, apoyada y promovida
por un diputado en la Asamblea Nacional del partido MVR,
conocida como la página de Luis Tascón, de la que se sirven
los organismos públicos y otros sectores para limitar los
derechos políticos de los venezolanos y ejecutar el proceso de
chantaje al que hemos hecho referencia. Esta situación se
produce sin que la Fiscalía General de la República, la
Defensoría del Pueblo o el Tribunal Supremo de Justicia tomen
decisión alguna en virtud de las acciones que se les han
presentado o de la notoriedad en la comisión de delitos
tipificados en el Código Penal y la Ley Especial Contra los
Delitos Informáticos. En este último texto, se establece el
tipo penal de violación de la privacidad de la data o
información de carácter personal, previsto en su artículo 20
en los siguientes términos: “Toda persona que intencionalmente
se apodere, utilice, modifique o elimine por cualquier medio,
sin el consentimiento de su dueño, la data o información
personales de otro o sobre las cuales tenga interés legítimo,
que estén incorporadas en un computador y sistema que utilice
tecnologías de información, será penada con prisión de dos a
seis años y multa de doscientos a seiscientas unidades
tributarias. La pena se incrementará de un tercio a la mitad
si como consecuencia de los hechos anteriores resultare un
perjuicio para el titular de la data o información para un
tercero”.
Similar actitud tiene la Fiscalía General de la República, o
más específicamente Isaías Rodríguez, quien se dice fiscal, en
la investigación que se le sigue a Hugo Chávez Frías por el
Convenio Petrolero con Cuba y el financiamiento ilegítimo de
su campaña electoral por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Este último caso es paradigmático por cuanto se comprobaron
dos pagos, los días 1° de diciembre de 1998 y 5 de julio de
1999, de 525.000 y 1.000.000 de dólares, respectivamente, como
contribución a campañas electorales en las que el propio
Fiscal General de la República fue candidato a senador y a la
Asamblea Constituyente en representación del M.V.R. y,
previamente a su designación en el Ministerio Público, había
sido designado como Vicepresidente de la República por el
mismo individuo a quien debe investigar. Desde el 26 de abril
de 2002, fecha en la cual se presentó el primer escrito, hasta
el presente, el único resultado obtenido es el de la
obstrucción, denegación de la Justicia y el enfriamiento del
expediente en la caja fuerte de su Despacho. Esta conducta
contrasta con la velocidad e interés en enjuiciar a la Señora
María Corina Machado y el acoso judicial a que es sometida
convenientemente buena parte de la oposición venezolana.
La actuación del C.N.E. ha estado signada por la parcialidad
inocultable de un 3 a 2, ahora 4 a 0 y seguramente mañana 5 a
0, mediante la cual se
confiscan la voluntad de los ciudadanos, su libre iniciativa y
el principio de personalización y reserva de los actos
electorales. En lo particular
e inmediato, mientras una representación de gobernadores y
alcaldes de la oposición acudía a la sede del organismo
electoral y anunciaba jubilosa la disposición del organismo,
por boca de su rector Jorge Rodríguez, de cumplir con la Ley
mediante la depuración del Registro Electoral, ese mismo día,
en ese mismo instante, se imprimían los cuadernos de votación
con base al Registro viciado y se definían nuevos centros de
votación, por cierto coincidentes con los intereses del
oficialismo de que fueran lugares en que funcionan
habitualmente organizaciones y misiones a ellos afectos.
II
EL PLAN REPÚBLICA Y EL ROL DE LA FUERZA ARMADA
Es fundamental remachar que el artículo 328 de la Constitución
establece expresamente que “la Fuerza Armada Nacional
constituye una institución esencialmente profesional, sin
militancia política, organizada por el Estado para garantizar
la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la
integridad del espacio geográfico, mediante la defensa
militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno
y la participación activa en el desarrollo nacional, de
acuerdo con esta Constitución y las leyes. En el cumplimiento
de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en
ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.
Constituye un hecho de ventajismo evidente la violación de
estos principios por parte de Hugo Chávez Frías, valiéndose de
la obligación de los efectivos militares de guardar
disciplina, obediencia y subordinación, para amedrentar a la
oposición y al sector civil de la sociedad.
Quizás uno de los más lamentables ejemplos de esta situación
ha sido la declaración que, en fecha 20 de junio de 2003, dio
el General de División (Ejército) Jorge Luis García Carneiro,
para aquel entonces Comandante General del Ejército y Ministro
de la Defensa en la actualidad. En esa oportunidad, en
inadmisible interferencia e intento de arbitraje militar sobre
el desempeño de los derechos democráticos de los venezolanos,
manifestó públicamente que el referéndum revocatorio del
mandato presidencial no se llevaría a cabo; además, le restó
valor a los compromisos contenidos en el Acuerdo suscrito al
respecto y bajo los auspicios de la
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMÉRICANOS, O.E.A.
y la
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, O.N.U.
No es por azar que Hugo Chávez Frías, aprovechando una
alocución desde Fuerte Guaicaipuro en ocasión del 90°
aniversario del 314 Grupo de Artillería de Campaña Ayacucho,
invitó a la Fuerza Armada a defender los privilegios de poder
alcanzados durante su régimen y desconocer cualquier
referéndum que intente expulsarlo del Gobierno, al tiempo que
les intima, de ser necesario, al uso de las armas contra la
población y al rechazo de cualquier forma de actuación
internacional en contrario, en particular la de la
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, O.E.A.
Adicionalmente, el 2 de septiembre de 2003, manifestó desde
Cuba que si el Consejo Nacional Electoral validaba las firmas
para llevar a cabo un referéndum revocatorio de su mandato,
quedaría inhabilitado moralmente para realizar cualquier
proceso electoral.
Esta utilización de la FAN como instrumento de quehacer
partidista adquiere visos de extrema gravedad en virtud de la
intervención directa de los militares en el resguardo de todos
los elementos en el proceso revocatorio. El Plan República
suponía un esfuerzo dirigido al control de los centros
electorales, traslado del material electoral y máquinas a los
mismos y el diagnóstico de las situaciones de amenaza y
riesgos de seguridad durante el proceso. Ante esa
responsabilidad, la Fuerza Armada Nacional debe responder las
interrogantes que se hacen los ciudadanos:
-
¿Qué violaciones en la seguridad del sistema electrónico,
informático y de telecomunicaciones fueron detectadas
durante el día del Referendo Revocatorio?
-
¿Mantuvo presencia el Plan República en
la Sala de Máquinas del CNE, en la Sala Alterna localizada
en la Torre Banesco, en la Universidad Bolivariana o en
cualquier otro centro de transmisiones?
-
¿El personal militar operó equipos del sistema del CNE o
existió un centro de intercepción en alguna instalación
militar?
-
¿Qué interacción se produjo entre la red del Sistema de
Comunicaciones de la Defensa Nacional y el Sistema de
Comunicaciones y Transmisión de Emisiones Radioeléctricas,
dependientes de órganos adscritos al Ministerio de la
Defensa, y la red integrada del CNE?
-
¿Cuál es el estado actual del material electoral que
custodia la Fuerza Armada, en especial de las urnas
electorales, tomando en consideración que no ha transcurrido
el lapso de noventa (90) días, después de la jornada
electoral, en que es obligatorio el resguardo de los
elementos del proceso?
-
¿Quién autorizó y dirigió a las fuerzas de reserva que
intervinieron activa y militantemente durante todo el
proceso electoral?
Una elección es un acto cívico por excelencia, una jornada
ciudadana que no puede estar sujeta a la interferencia o
intervención de uno de los factores que compiten en el
proceso. En ningún país del mundo una jornada de esta
naturaleza esta sometida al control exhaustivo del sector
militar y mucho menos depende en todas sus etapas de tal
presencia. En aquellos países en los que existe un partido
militar que ejerce el poder y que interviene en la toma de
decisiones políticas fundamentales no hay elecciones en
sentido material sino simulacros que esconden o enmascaran la
realidad autoritaria. El próximo proceso de elección de
Alcaldes y Gobernadores esta signado por la masiva
participación de candidatos que tienen como origen la carrera
militar. Este es un acontecimiento inédito en la historia
democrática de nuestro país por lo que la participación de la
Fuerza Armada en todas las etapas del proceso, tal como fue
desarrollada en el referendo revocatorio del mandato, debe ser
objeto de una profunda reflexión y revisión.
III
EL IMPACTO DEL FRAUDE EN EL REGISTRO ELECTORAL
En el Informe Preliminar destacamos el problema de la
identificación y la manipulación del Registro Electoral como
elemento fundamental del fraude cualitativo que se efectúo con
ocasión del
Referendo Revocatorio del mandato de Hugo Chávez Frías.
Señalamos que los patrones numéricos de producción de cédulas
de identidad por año estaban dentro del rango e incremento
normales conforme a la capacidad productiva de las oficinas de
expedición de cédulas y del Laboratorio de la Dirección, sin
que se pudieran observar saltos numéricos apreciables entre un
año y otro, hasta que se decide la realización de dicho
referendo.
A partir de dicho informe se han producido múltiples elementos
probatorios que permiten confirmar que el Plan de Cedulación
de venezolanos y extranjeros, sin cumplir los requerimientos
técnicos de seguridad necesarios para este tipo de documentos,
distorsionó en forma absoluta el Registro Electoral y que,
para las próximas Elecciones de Gobernadores y Alcaldes y
Elecciones Parlamentarias, esta situación se ha agravado por
la incorporación de miles de nuevos inscritos en condiciones
similares. Nos remitimos al Informe Preliminar para ratificar
que ésta fue una acción planificada y que comprendió, entre
otros elementos: a) la eliminación de la función fiscalizadora
y contralora de la Fiscalía General de Cedulación; b) el
nombramiento de un militante del oficialismo como Fiscal
General de Cedulación; c) la disminución de las atribuciones
de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e
Identificación (ONSRCI); d) la activación de la Misión
Identidad, en fecha 9 de Abril del 2.004; y e) la promulgación
del Reglamento para la Regularización y Naturalización de los
Extranjeros que se Encuentran en el Territorio Nacional,
publicado en la Gaceta Oficial N° 37.871, de fecha 3 de
Febrero del 2.004, mediante el cual se ejecutó un proceso
masivo de otorgamiento de la nacionalidad venezolana a
extranjeros en situación de ilegalidad otorgándoseles, en
forma discrecional, la condición de residentes y de votantes,
una vez que se inscribieron en el Registro Electoral
Permanente.
En lo que respecta a la inscripción en el Registro Electoral,
en esos centros de cedulación no se cumplieron las estrictas y
tradicionales normas de control y procesamiento de
información, privilegiando la cantidad sobre la calidad. Es
así que en un lapso de cuatro (4) meses el registro se
incrementó en más de un millón ochocientos mil (1.800.000)
electores y se realizaron más de un millón cien mil
(1.100.000) reubicaciones, con una bajísima calidad de
transcripción de los datos. Esto trajo como consecuencia el
desorden, la improvisación, el retraso y la corrección de
errores hasta un día antes de las elecciones. Pero también
permitió al oficialismo inscribir un número determinante de
electores inexistentes o de personas sin derecho al voto y
dirigir a ese universo a centros preseleccionados. Con la
misma intención, se manipuló la data de fallecidos y se
excluyó a un importante grupo de venezolanos hábiles para
votar, la mayoría de los cuales habían firmado para solicitar
el Referendo Revocatorio del mandato de Hugo Chávez Frías.
Constituye un hecho comprobado por la verificación de las
migraciones que hemos detectado con el apoyo de candidatos,
alcaldes, gobernadores y organizaciones vecinales y de la
sociedad civil que un porcentaje muy elevado de estos nuevos
inscritos se orientó convenientemente a áreas rurales y
urbanas no consolidadas, coincidentes con centros manuales.
En los casos de
municipios pequeños (rurales e intermedios), se han reportado
reubicaciones de electores que alcanzaron porcentajes
significativos de la población electoral del Municipio. Este
mecanismo perseguía controlar el voto y procurar un resultado
favorable al gobierno que justificara lo que se hizo con el
sistema automatizado de votación,
en el referendo revocatorio; pero ahora, con miras a las
elecciones regionales, el objeto es asegurar el triunfo en los
municipios pequeños y medios controlados por la oposición. De
esta forma, el solo impacto en el fraude del Registro
Electoral y las migraciones producirá en una elección, en la
que no se corrijan estas taras, una derrota electoral en
ciento seis (106) alcaldías, las cuales se distribuyen de la
forma siguiente: a) A.D. cincuenta y cuatro (54) alcaldías; b)
COPEI veintiún (21) alcaldías; c) MAS cinco (5) alcaldías; d)
Otros partidos menores y partidos regionales veintiséis (26)
alcaldías. Se anexa en el informe técnico relación de
alcaldías por Estados y mapas de impacto del fraude en el
Registro.
La manera en que se manipulan, en forma fraudulenta, los
sistemas de identificación y los registros provocan fenómenos
de localidades, ciudades y municipios en los que existen una
desproporcionada relación de votante por habitantes;
inclusive, el rector Jorge Rodríguez reconoció que existen
veintinueve (29) parroquias del país con más votantes que
habitantes. En definitiva,
además del daño institucional y de legitimidad democrática, el
fraude distorsionó y vició las estadísticas y registros de
éste país. Mal puede entonces, un demócrata, convalidar esta
aberración participando en elecciones ilegales y viciadas
por la violación del
Artículo 119 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación
Política que establece expresamente que, “para cada elección,
el Registro Electoral vigente será cerrado noventa (90) días
antes de la fecha de la realización de las elecciones o
referendo”.
IV
EL FRACASO DE LAS AUDITORIAS AL
SISTEMA AUTOMATIZADO
El alcance inicial de cualquier trabajo de auditoria sobre un
sistema automatizado de cómputos electorales necesariamente
debía estar dirigido a la identificación de los riesgos
existentes en el mecanismo de votación adquirido por el CNE a
la empresa Smartmatic; además, comprendía el desarrollo y
ejecución de un plan de auditoria posterior para determinar la
adecuación de los controles establecidos para registrar y
reportar la voluntad del elector.
El sistema automatizado no es
un fin en si mismo como tampoco es característico de los
sistemas políticos de los países con madurez en sus
instituciones políticas. El alto costo y su enorme fragilidad,
máxime en tiempos de grandes adelantos tecnológicos, han
diferido su adopción en la mayoría de las democracias que no
están dispuestos a sacrificar la voluntad popular por dudosas
eficiencias.
Esta documentada la relación de hechos que se presentan a
continuación.
El 14 de junio de 2004 un grupo de profesionales especialistas
en seguridad y control de procesos automatizados realizó una
presentación a los representantes de la CD, en donde se
exhiben los riesgos en cada una de las etapas del proceso
automatizado de votación a efectuarse el 15 de agosto. En esta
presentación se manifestaron los inconvenientes de ir al
proceso revocatorio con una tecnología no probada, además de
describirse las diversas modalidades para afectar el proceso
electoral o el conteo de la voluntad del elector.
Este será el grupo génesis de la Comisión de Auditoria de
Sistemas que diseñó y desarrolló un plan de trabajo y la carta
de requerimientos dirigida a las autoridades del CNE.
En el simulacro de las votaciones del 18 de julio en
diferentes centros electorales de la región capital,
específicamente la que se realizó en el Liceo Andrés Bello, se
tomaron mediciones y se detectó la demora en el sistema capta
huella (1 minuto 30 segundos por elector, sin considerar la
transmisión de datos) y del proceso de votación (15 minutos
por persona). Al cierre del simulacro, en un evento realizado
en el Hotel Hilton, se pudo evidenciar que el sistema permitía
al usuario mantener activa su sesión de votación por mas de un
minuto, ya que el contador de tiempo se reiniciaba cada vez
que usuario presionaba cualquiera de los botones de la
pantalla diferentes al de “VOTAR”. La conclusión de los
especialistas fue el sistema caza huellas era incompatible e
innecesario en el proceso electoral que se avecinaba y que
tendría un gran impacto sobre los tiempos de votación.
El 19 de Julio, el equipo técnico de la CD realizó una primera
reunión con César Alvarado, persona designada por el rector
Jorge Rodríguez para coordinar las reuniones con el grupo
Maisanta y colaborar en los esfuerzos de auditoria del
sistema. El 22 de julio se produjo la primera reunión con un
grupo de asesores del CNE, a la cual no asistió el grupo
Maisanta, en la que se definió la necesidad de efectuar una
auditoria integral, es decir pre-votación y post-votación, a
lo que los asesores del CNE (Luis Merchan, Héctor Arciniaga,
Rafael Pastoriza y Eliécer Correa) respondieron que no se iba
a permitir una revisión a las máquinas de votación ni al
software, ya que no se disponía del tiempo suficiente.
Indicaron que ellos habían certificado el software, en cuanto
a la evaluación del proceso y de las máquinas de votación, lo
que les había llevado dos meses de trabajo.
Es importante acotar que no es adecuado que integrantes de los
equipos de trabajo del CNE; a su vez, hubieran preparado,
ajustado y certificado el software. Ante tal situación, los
resultados no podían ser confiables por lo que se debía
auditar el sistema, una vez concluida su configuración. La
respuesta al planteamiento de la CD fue que el CNE no
contempla la auditoria pre-votación. A partir de ese momento
se conformó un equipo de auditoria del CNE, incluyendo
miembros de la CD y del comando Maisanta, los cuales fueron
debidamente acreditados.
El 29 de julio se produce una reunión en la que los
representantes de la CD y el comando Maisanta acuerdan que se
seleccionaría un actuario por cada parte para que definieran
el tipo de muestra de centros de votación (estratificada /
general) a ser auditada, tamaño de la misma y la metodología
de selección. En diversas y sucesivas reuniones se trató el
punto de las transmisiones ya que, el inicio de las mismas sin
previamente imprimir el acta por máquina de votación, violaba
la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Al
explicarse los motivos técnicos de esa vulnerabilidad del
sistema, son los miembros del Comando Maisanta los que
proponen un procedimiento consistente en imprimir, transmitir
e imprimir nuevamente. En reunión posterior, informan que
habían recibido instrucción de que se transmitía primero y se
imprimía después sin una justificación técnica de su posición.
El 2 de agosto del 2004 se produce una reunión entre los
rectores Jorge Rodríguez, Ezequiel Zamora y el grupo de
Negociadores de la CD. El primero de ellos informa que se ha
organizado un equipo de auditoria y que se efectuaría un
simulacro el día 8 de agosto al cual la CD estaba invitada
como observación mas no participando en la planificación ni
ejecución de las pruebas. Hubo resistencia por parte del
equipo técnico de auditoria a asistir a este simulacro bajo
esas condiciones.
El sábado 7 de agosto la CD y el comando Maisanta fueron
invitados a presenciar el cambio de fecha de las máquinas de
votación que se iban auditar al día siguiente. Ya para esa
fecha se habían distribuido entre las regiones la mayoría de
las máquinas de votación, razón por la cual se inquirió a las
autoridades del CNE sobre el mecanismo de selección aleatoria
de las máquinas de votación para el simulacro. La respuesta
fue que la selección la hizo el Plan República; los soldados
al azar, a medida que embarcaban, apartaban algunas, en lo que
también colaboraron los empleados de AEROCAV.
El domingo 8 de agosto 2004 se reunieron en las instalaciones
de Filas de Mariche los representantes del CNE, el comando
Maisanta, observadores de la OEA, Centro Carter y la CD para
iniciar el ”simulacro” del proceso de votación. Durante el
proceso de simulación, se indicó que nunca se había recibido
evidencia alguna de los procesos de certificación del software
realizados por el equipo asesor del CNE, y de las firmas
generadas (HASH) avaladas por dicho grupo. En este sentido el
personal de Smartmatic indicó que en el transcurso del día se
haría entrega de esta información. Al final de la mañana se
permitió que un integrante del equipo de auditoria de la CD
asistiera a una presentación del esquema utilizado para
determinar la integridad del software de la máquina. De esta
presentación, se evidenció que el esquema utilizado presentaba
fallas y que, en función de omitir estos errores en el reporte
que debía ser emitido en las pruebas de integridad, se había
omitido la evaluación de veinticinco (25) archivos cuyos HASH
no coincidían.
Durante las pruebas a las máquinas de votación no se permitió,
por órdenes emitidas directamente al personal militar que
custodió el área, que los integrantes de la CD, OEA, Centro
Carter se acercaran a las máquinas, ya que solo estaban allí
en calidad de observadores. Es importante aclarar que nunca
fueron presentados los resultados de esa auditoria.
Existe un informe del equipo de auditoria, entregado a la CD a
una semana del proceso, en el que se destacan las debilidades
observadas en el sistema y los incumplimientos por parte del
CNE; entre otros aspectos, se señala la imposibilidad de
realizar alguna auditoria previa y que tan solo se podía
contar con el control de la “auditoria en caliente”,
planificada para del día de votación. Resalta en el mismo, la
alerta sobre la parte del Reglamento del RR en la que se
define la colocación de una urna por mesa y no por máquina de
votación, ya que esta situación contravenía la Ley y afectaría
el conteo en caso de pasar a un proceso de votación manual por
la falla de cualquiera de las máquinas. Se dificultaba así el
proceso de “auditoria en caliente”, al exigir el conteo de
todas las máquinas de votación que emitieron boletas para esa
urna, situación no prevista en el reglamento.
El viernes 13 agosto, el equipo
técnico de la CD efectuó una reunión con SMARTMATIC,
representada por el Ing. José Antonio Madriz, confirmándose
una serie de cambios al software original requeridos por el
CNE. En la víspera de la jornada refrendaria, se efectúo una
reunión, en las oficinas de informática del CNE, con la
presencia de representantes del Comando Maisanta, del equipo
técnico de la CD y del organismo electoral con el objeto de
precisar el plan para ejecutar la auditoria del mismo día de
la elección. Uno de los temas relevantes de la reunión estuvo
relacionado con la definición de los municipios en donde se
realizaría la auditoria, lo cual sugería que la selección de
los centros de votación para los procesos de auditoria no se
efectuaría sobre el universo. También se informó que la
asistencia de la CD en las auditorias sólo se efectuaría en
calidad de observadores y que el día de la elección a las 3
p.m. se produciría una reunión con el profesor Héctor
Arciniaga para revisar el programa fuente, en conjunto con la
OEA y el Centro Carter
El día del referendo le fue negado el acceso a la
representación de la CD a la Sala de Maquinas del CNE y al
Centro Alterno, a pesar de tener las credenciales y haber sido
acordado previamente. En el mismo orden de ideas, la reunión
acordada para revisar el programa fuente para la selección
aleatoria para la “auditoria en caliente” jamás se produjo. A
las 5 de la tarde el CNE citó al equipo de auditoria de la CD,
el comando Maisanta y los observadores internacionales, para
presenciar la ejecución del programa de selección de los
centros de votación. Ante la inquietud manifestada por el
equipo de auditoria de la CD, por no haber revisado el código
fuente, se informó en pleno acto que se haría entrega en ese
instante del programa fuente, el archivo de entrada y el
listado de mesas seleccionadas. Ninguna de estas
circunstancias se produjo.
El sorteo de las máquinas de votación a ser auditadas se
efectuó con un programa y máquina del CNE, solo sobre veinte
(20) municipios de catorce (14) Estados definidos
unilateralmente por el CNE. Las credenciales de los testigos
para la auditoria de la CD fueron entregadas en el mismo acto
y, ante la preocupación de que era imposible hacerle llegar
las credenciales a todos los auditores a esa hora, el señor
Leonardo Hernández, en representación del CNE, aseguró que en
las oficinas regionales se entregarían copias de las
credenciales. Llegó la media noche y en todas las regiones el
reclamo de los observadores del proceso de auditoria era el
mismo: Negativa a la entrega de las credenciales y al acceso a
los centros.
Cuando se analiza la forma en que fueron resguardados los
elementos fundamentales del proceso revocatorio se concluye
que las auditorias y controles posteriores fueron
insuficientes e irrelevantes y, adicionalmente, objeto de
manipulación. En el informe preliminar, afirmamos que la forma
de resguardo y custodia de los elementos del proceso, en los
cuales estuvo ausente en forma absoluta la oposición,
prácticamente garantizaban la alteración de la programación.
Ante tan grave afirmación, no se puede hablar de una
observación internacional que actuara en forma efectiva e
integral.
En sus zigzagueantes posiciones y declaraciones, el Centro
Carter ha dejado evidenciado que no efectúo una observación
cónsona con su carácter de garante del cumplimiento de los
Acuerdos de Mayo y las expectativas que se creó la sociedad
venezolana en torno a la seriedad de sus actuaciones. Así como
afirmaron que el Poder Electoral venezolano había limitado
las tareas de la observación internacional pero que,
finalmente, autorizaron el ingreso de los observadores del
Centro “a muchos de los componentes técnicos involucrados en
los comicios”; de la misma forma se apresuraron en el
reconocimiento de la totalización ejecutada por el mismo
organismo electoral; y, en reciente “Resumen Ejecutivo”, lo
único que han hecho es confirmar la falta de credibilidad del
CNE, el cerco institucional y ventajismo que sufrió la
oposición en el proceso refrendario y, porque no, reconocer su
falta de aptitud para intervenir en procesos electorales
automatizados.
La anterior conclusión por cuanto, tal como lo indicamos en el
informe preliminar, la observación internacional realizada por
el Centro Carter estuvo caracterizada por severas
limitaciones, además de sujeta a una evaluación apresurada y
expedita. A raíz de su último “Resumen Ejecutivo”, parecen
percatarse del control ejercido por el Gobierno sobre los
Rectores Electorales de mayoría y la minusvalía de una
oposición a la que se le niegan los mínimos elementos para
defender su derecho a participar políticamente cuando se
afirma que el proceso estuvo
“afectado por algunas irregularidades, demoras, politización e
intimidación”; y una “marcada falta de transparencia” también
acompañó a la toma de decisiones generales del Poder
Electoral. Tanto que “las decisiones más controversiales, en
particular aquellas que favorecían al Gobierno, se tomaron por
un voto de 3-2”, no encontrándose “evidencia ni en una sola
ocasión de una decisión favoreciendo a la oposición con
votación dividida de 3 contra 2”.
Tampoco valoró el Centro Carter que el Rector progubernamental
Jorge Rodríguez impuso la previa selección de los Estados y de
los Municipios en lo que tendrían lugar las selecciones
aleatorias de máquinas y de cajas electorales y las auditorias
correspondientes; o que de las ciento noventa y nueve (199)
máquinas elegidas mediante la aplicación de un Programa fuente
elaborado, unilateralmente, por los equipos del propio Rector
oficialista, sólo se le facilitó y permitió a la oposición, a
última hora y superando obstáculos de acreditación impuestos
por el mismo Poder Electoral y la Fuerza Armada, estar
presente en veintisiete (27) auditorias, representativas de
las jurisdicciones electorales con mayor población en el país.
Vale la pena acotar, como se hizo en el informe preliminar,
que los resultados de esa revisión, aunque parciales y
manipulados por el Poder Electoral, produjeron un resultado
favorable a la oposición con un sesenta y dos por ciento (63%)
de los votos emitidos, tal como aparece en informe de
auditoria anexo al informe técnico. Fue así como Carter, con
base a la simple cuenta de las actas electrónicas, declaró en
forma inmediata la victoria de Hugo Chávez Frías.
La “observación” ejecutada por el Centro Carter fue
insuficiente, superficial e irresponsable, al pactar
unilateralmente con el Rector Jorge Rodríguez los términos de
la auditoria, efectuada en fecha 18 de agosto, asegurando que
estaría bajo su control el programa fuente para la selección
aleatoria de las cajas que estaban en poder de los militares.
Esto no fue así por cuanto el programa de selección aleatoria
dispuesto por el mismo Centro no fue utilizado con el alegato
de que falló por razones técnicas; razón por la cual utilizó
el mismo programa objetado por la Oposición y utilizado para
la frustrada “auditoria en caliente” del 15 de agosto. Tal
situación se puede constatar en el informe conjunto suscrito
por el Centro Carter y la OEA, así como también que “la
muestra fue generada por personal del CNE” y que los miembros
del equipo de observación del Centro Carter “durmieron” al
lado de las cajas electorales para evitar que las cajas
seleccionadas fueran violentadas. Nada dijeron sobre lo que
pudo haber pasado entre el 16 al 19 de agosto, lapso en que
las urnas estuvieron bajo la custodia de los hombres de la
milicia; ya que todos los elementos de un proceso
eminentemente cívico fueron controlados, en todas sus etapas,
por los militares.
V
LAS MÁQUINAS OFERTADAS POR
SMARMATIC
La configuración
del diseño del Terminal MAEL 205, realizado por la empresa
Olivetti fue en función de la negociación y venta de boletos
de lotería. Tal hecho, no controvertido y con verificación en
las publicaciones oficiales de la empresa italiana, implica un
sistema de seguridad distinto a los que deben ser utilizados
en los procesos electorales y, por tal razón, inadecuados. La
diferencia sustancial es que, en la lotería, el equipo debe
estar conectado en forma permanente a la red administrada por
el servidor central mientras que en la maquina electoral,
concebida como terminal individualizado, existe independencia
del resto de los terminales de la red. Constituye un riesgo
inminente de manipulación la posibilidad de interconexión por
lo que no se debe producir un enlace sino hasta la
finalización del evento.
Esta es la justificación de que la Ley Orgánica del Sufragio y
Participación Política establezca en su
Artículo 157 que “en los casos en que se adopten sistemas
mecanizados de votación, se deberá garantizar que sólo se
transmitirán datos una vez concluido el Acto de Escrutinio”.
Un terminal conectado en red es susceptible de manipulación y
se encuentra expuesto a ataques externos. La conexión al
servidor es a los efectos de control, tal como sucede con la
venta de un boleto de lotería, lo que es incompatible con
principios básicos como el secreto del voto y la imposibilidad
de monitoreo de las tendencias de votación.
El modelo ofrecido por la empresa Smartmatic no se compadece
con la posibilidad de procesos electorales complejos, como es
el caso de una elección regional en Venezuela,
ya que sus pequeñas dimensiones están diseñadas para permitir
la instalación en puntos de venta reducidos, a diferencia de
los espaciosos locales en los eventos electorales. Así se hace
elemental que el diseño de pantalla dificulta el
funcionamiento del terminal como máquina de votación máxime si
en la boleta electoral deben aparecer las fotos de candidatos
y los símbolos, emblemas y logotipos de los movimientos y
partidos que los respaldan de acuerdo con el
Parágrafo Único del artículo 153 de la Ley Electoral que
estipula “el Consejo Nacional Electoral, a fin de simplificar
los instrumentos de votación, podrá disponer, oída la opinión
de las organizaciones políticas nacionales, el diseño de los
mismos con las simples menciones de los nombres y apellidos de
los candidatos uninominales a cargos de elección popular, su
fotografía y los partidos políticos o grupos de electores que
los apoyen”.
La solución que la empresa Smartmatic presentó fue la de
añadir una pantalla externa táctil en forma de boleta con las
diferentes alternativas, lo que añade mayor vulnerabilidad a
la máquina que funcionaría con un sistema de membranas que, al
estropearse cualquiera de ellas, paralizaría por completo el
proceso. Si a esta situación se le agrega la incapacidad de
almacenamiento de la información , ya que el terminal MAEL 205
no aparece con características que permita una copia de
seguridad, la conclusión es que Smartmatic no puede garantizar
la inviolabilidad del sistema o la posibilidad de que, en caso
de ocurrencia de hechos fortuitos, la información electoral
pueda ser extraída sin que sea modificada. Esto tiene especial
relevancia por cuanto esta maquina no posee una fuente de
energía interna de larga duración que la haga autónoma a la
conexión eléctrica por lo que, en caso de cortes en el local o
centro electoral, quedarían inhabilitadas y eventualmente no
podría concluirse la jornada electoral.
Este tipo de máquinas debe ser activada por un operador o
miembro de mesa que, por tal circunstancia, tiene control
sobre el resultado final al tener acceso a la activación
múltiple.
Las máquinas de votación, al final de la jornada, primero
transmitieron, lo que estaba supuestamente “almacenado” en una
tarjeta inteligente denominada Smartcard, para luego emitir un
recibo de totalización. Posteriormente, existirían tres puntos
de coincidencia y chequeo: las papeletas, la Smartcard, y el
centro de totalizacion del CNE.
Las máquinas “gaming ware” (máquinas de juego) Olivetti no
están diseñadas para ningún tipo de elección donde la
confidencialidad y el anonimato son las principales
características. El Hardware y el Software, tal como lo
explica en su presentación Olivetti, están diseñados para
trabajar “on line real time”, en línea y en tiempo real. En su
presentación se utilizan para plataformas BIDIRECCIONALES,
con tecnología Leading’edge utilizada para ser intervenidos y
utilizados en cualquier juego de envite y azar con apuestas
directas de cartas o eventos deportivos; a través de la red
telefónica, celulares e inclusive Internet.
Es un sistema abierto de fácil intervención. Cuando hay
conectividad obviamente se comparten los datos; así como hay
códigos ejecutables honestos, existen también códigos
delictivos utilizados por operadores sin escrúpulos.
Cada máquina además de su código de identificación tiene una
IP (es decir una dirección exacta) que corresponde a un punto
de máquina de votación especifico, y existen tantas IP de
llegada como máquinas de acuerdo a la trayectoria y los puntos
donde quiera viajar la información. Son vínculos de
comunicación de red de alta velocidad. La capa de acceso a la
red es la responsable de colocar los paquetes y debe ser
independiente del método de acceso, del formato y de la trama.
Con los IP los paquetes pudieron ser desfragmentados,
enrutados y reemsablados, lo cual nos permitió llegar al
origen de la data.
Al enviar una señal por una ruta, al llegar al final por
rebote produce un eco (ping), que no se pierde y a través del
TRACERT se examina la ruta al destino, inclusive conocer donde
se detuvo la conectividad, conociendo de antemano los puntos
de llegada. Las Direcciones IP de entes públicos y privados
relacionados con el sistema (Capacidad de procesamiento) son
los siguientes: a)
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL IP 200.70. XXXX; b) C.A.N.T.V. IP
200.44.32.XX; c) BIBLIOTECA NACIONAL IP 200.90.17.67 y d)
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA IP
192.164.XX.XX
(Antigua sede LAGOVEN Bello Monte). Esto da una idea de la
fuerza que tiene el hecho de la conexión entre diferentes
sistemas y la debilidad en cuanto al acceso, como para hacer
confiable la transmisión.
En el Referendo Revocatorio los que ejecutaron el fraude
controlaron los dispositivos externos e internos del Sistema
en lazo cerrado, se manejaron con un monitoreo (TCP/IP:
tomaron parte del mensaje mientras transmitían), y la
privacidad de los datos se esfumo. Ellos tenían reportes y
estatus en tiempo real a medida que se desarrollaba el
proceso revocatorio y aquí se sirvieron también de las
máquinas casa huellas.
Estas máquinas fueron negociadas directamente por Jorge
Rodríguez, tal como consta de Memorando ORP-101/2004 dirigido
a William Pacheco en su carácter de secretario general del
CNE, con las empresas Cogent Systems y de Gilat Satellite
Network “para el Sistema Automático de Identificación de
Huellas Dactilares para Autenticación de Votantes Vía
Satélite”, dirigidas al uso de lo que en principio eran doce
mil (12.000) lectoras de huellas dactilares y los mecanismos
de transmisión por satélite en el referendo revocatorio.
En cuanto al encriptamiento de la información, cuando
se trabaja bajo MICROSOFT en SQL (Structure Query Languaje),
hay una autenticación en el origen de los datos que fue lo
que permitió que la data en su forma original no fuese
cambiada (la de ida) rastreada a través del almacenamiento en
el servidor granja. Debió producirse confidencialidad en el
flujo de tráfico limitado y la elección de un método de
autentificación (clave precompartida) ¿Entre quienes? La
respuesta es sencilla entre ellos mismos, la empresa vendedora
tenía las claves cifradas pero por los vicios que poseía el
sistema cuando hace eco, fue posible rastrear la información
autentica y verdadera.
¿Cómo se constata que la data (Votos) era diferente a la
impresión que emitió la máquina de votación? El acceso y el
rastreo externo a través de los IP del servidor de seguridad
de la CANTV permite analizar, estudiar y desensamblar la
secuencia y contenido de la transmisión. Explicarlo desde el
lenguaje de máquina es bastante complicado. En principio un
Log de transmisión (registro) es donde se observa el punto de
salida del terminal (Máquina de votación) y la llegada al
servidor de seguridad (no de totalización); es decir, los
datos puros de cada máquina y los conserva por su propia
naturaleza en los servidores HP, IBM. De allí el análisis de
los datos (votos) en tiempo y configuración.
Las direcciones electrónicas de las máquina constan de los
siguientes identificadores: a) Los dos primeros dígitos son el
Estado. Por ejemplo el 14 es el Edo Bolívar y el 11 es el
Municipio Libertador. (Tiene un número por la cantidad de
centros agrupados) ; b) El siguiente digito es la parroquia;
c) El próximo el lugar físico; y d) El número final la mesa.
La escala de valores para el votante se discrimina de acuerdo
al último número de la cédula, es decir un centro tenía un
número de mesas determinado, y cada mesa tenía un número de
máquinas de votación, la información que presenta el C.N.E. es
de las mesas y se tiene la información de los votos
codificados de cada máquina.
Otro punto a
destacar es que el Código Fuente
estaba en poder del C.N.E., tal como lo establece el Convenio
originario, y la empresa Smartrmatic. Por tal hecho se podían
cargar módulos externos (programas compilados no auto
ejecutables) y desde allí cargar instrucciones especificas que
alteraran la función original del programa en curso. El Código
fuente no podía tener módulos externos por la naturaleza del
proceso. La oposición no tuvo acceso al código fuente (ver y
no-tocar), lo que era uno de los “actos de confianza”
necesarios para garantizar la pureza del proceso. El código
debía ser accesible, auditable y verificable, así si el
sistema era de código abierto deberían estar a la vista, una
especie de escrutinio virtual, y los votantes tener la
seguridad que el software “hiciese lo que se esperaba que
hiciese. El sistema tenía “ una puerta trasera”, con
privilegios no autorizados, lo que permitía fácilmente
incluir votos adicionales o excluir votos existentes.
Se puede descifrar cada punto, cada trayectoria, cada
lenguaje, y las huellas que siempre deja la información cuando
fluye. De acuerdo a lo antes expuesto, existen mecanismos
claros para alterar el código fuente, la trayectoria y tiempo
de la información, la data de los servidores, de lo que
resulta la alteración de los resultados del referendo
revocatorio.
VI
LA DETECCIÓN DE LOS CENTROS AFECTADOS Y EL
MAPA POLÍTICO DEL FRAUDE
Ante las evidencias de fraude masivo y cualitativo en el
proceso refrendario, denunciado en el informe preliminar desde
la perspectiva del fraude y cohecho en el Registro Electoral y
el fraude automatizado, nos correspondía ubicar cuales fueron
los centros afectados en forma indubitable de acuerdo a la
metodología fijada. El objetivo era muy simple, determinar el
ámbito y definición del estudio de ingeniería social, base de
la manipulación de los perpetradores del fraude, en el cual se
delinean los sectores en que se podía manipular la voluntad
popular con impunidad, para definir la tendencia y, al mismo
tiempo, evitar futuras manipulaciones. Así como se pueden
detectar los centros afectados, con la misma metodología se
pueden detectar aquellos que no lo fueron con la intención de
determinar, con cierto grado de aproximación, cuáles fueron
los resultados reales de la jornada.
Ambos objetivos son determinantes para definir el futuro
político de la oposición democrática. Así se constituyeron
equipos interdisciplinarios cuya conclusión unánime, desde
distintas perspectivas de la investigación científica, fue que
se había producido una manipulación masiva de los resultados
que resulta evidente de la misma data oficialmente anunciada
por el CNE. En pocas palabras, trabajamos con base a los
resultados oficiales y dejamos que los números hablaran por si
mismos.
La segunda acción fue la definición, aislada e independiente,
de los universos de centros en los que, con certeza
científica, se produjeron o no manipulaciones, dejando
apartados aquellos centros en los que no coincidían
unánimemente todos los equipos. En el caso de los centros
afectados, tomamos dos acciones; la primera trazar el mapa
político del fraude, la otra cruzar esta data indubitable con
los centros que tuvieron comportamientos anómalos en materia
de telecomunicaciones, tal como se puede constatar en el tomo
anexos técnicos del presente informe.
DATOS ANALIZADOS
1.
Oficiales suministrados por el CNE
Votos Totales: 9.815.631
NO:
5.800.629, SI: 3.989.008, NULOS: 25.994
2.
Municipios: 335 (Debe incluirse el voto extranjero-62)
Promedio Parroquias x Municipio:
3,1
Promedio Votos x Municipio: 24.725
3.
Parroquias: 1.228 (Deben incluirse 96 centros en
extranjero)
Promedio Centros x Parroquia: 6,8
Promedio Votos x Parroquia: 7.993
4.
Centros de votación: 8.335
Promedio Actas x Centro: 2,8
Promedio votos x Centro: 1.178
5.
Mesas: 12.274
Promedio Actas x Mesa: 1,9
Promedio Votos x Mesa: 800
6.
Actas: 23.681
7.
Promedio Votos x Acta: 414
|
El CNE declaró que un 59% de los electores habían votado a
favor de la permanencia del presidente de la Republica en su
cargo (Votos NO) y un 41% de los electores habían votado a
favor de la revocatoria de su mandato (Votos SI). En los
estudios se utilizan los datos oficiales publicados por el CNE
de 23.681 actas, distribuidas en 8.335 centros de votación,
pertenecientes a 1.228 parroquias. El análisis se dividió en
una primera fase de Prueba de Hipótesis que se basa en
la prueba de dos hipótesis: a) A nivel de Actas, no existen
diferencias significativas en el % de SI entre los distintos
centros de votación de una parroquia; b) A nivel de Actas, no
existen diferencias significativas en el % de SI entre las
distintas mesas de votación de un centro.
METODOLOGÍA
1.
Se estimaron los % de votos SI/NO de acuerdo con
distribuciones normales (aproximando binomiales) de la
población electoral automatizada a nivel de Parroquias
(1.228) y Centros de votación (8.335).
2.
Se estimaron intervalos de confianza para distintos
niveles de certeza
3.
Se rechazaron aquellas actas cuyo resultado no está
contenido en los distintos intervalos de confianza.
Dado que el porcentaje de Actas Rechazadas,
asumiendo completa homogeneidad de las parroquias es 48% y
asumiendo completa heterogeneidad de las mismas es 1%, se hace
necesario analizar en profundidad la heterogeneidad de las
parroquias por preferencias políticas, para aumentar la
precisión de los resultados obtenidos, lo cual es el objetivo
de la próxima fase. Para analizar la heterogeneidad de las
parroquias, se utiliza la siguiente metodología:
METODOLOGÍA
1.
Las parroquias se subdividen al máximo, en
conglomerados Homogéneos y Cuasi-Homogéneos, de acuerdo con
la heterogeneidad mínima promedio del % del SI a nivel de
actas de una parroquia (2.1%).
2.
Para cada conglomerado y utilizando la totalidad de
sus actas, se calcula la probabilidad de que el % de SI de
las actas tengan distintos valores esperados.
3.
Se calcula el valor Esperado y la Desviación estándar
del número de Actas Rechazadas.
Con la extrema severidad que
implica la subdivisión utilizada, el número de Actas
Rechazadas está contenido en el intervalo (MIN: 5.450, MAX:
6.050). La probabilidad de estar fuera de este intervalo es
(10-6). Este resultado acota rigurosamente, el
proceso de subdivisión de parroquias en conglomerados
(Homogéneos y Cuasi-homogéneos) de la próxima fase de
Prueba de Hipótesis en
conglomerados.
METODOLOGÍA
1.
Se subdividen las parroquias en conglomerados de
análisis hasta alcanzar que el promedio de la heterogeneidad
de los mismo esté en el entorno de la heterogeneidad mínima
promedio definida en la sección anterior (2.1%).
2.
Se prueba la hipótesis: Las Actas de un conglomerado tienen
el mismo % de SI esperado.
3.
Se rechazan aquellos conglomerados (subconjuntos de centros
de una misma parroquia) para los cuales no se acepta la
hipótesis planteada.
CONCLUSIONES
1.
Fase 1: Al comparar los patrones de votación de los
distintos centros de una misma parroquia, se observa un 48%
de actas irregulares. Ahora bien, sólo un 1% presenta
irregularidades a nivel de las actas de votación de un mismo
centro.
2.
Fase 2: Se puede afirmar que el intervalo de Actas
con patrón de votación irregular está en el rango de 5.450 y
6.050 con probabilidad (1 – 10-6); es decir entre
el 23 % y el 25,5 % del total de centros de votación.
3.
Fase 3: Se puede afirmar que un 18% de los centros de
votación presentan un patrón de votación irregular en sus
actas. (Detalles en Referéndum Revocatorio: Análisis
Estadístico, Anexo 1). Los votos relacionados con esta
irregularidad están en el orden de 2.550.000 y son
mayoritariamente (68%) relacionados con la opción NO del
referéndum revocatorio.
4. Fase 4: Al estimar el % obtenido por la opción SI
en el Referéndum, en función de la población representativa
y de los resultados por tipo de acta, se concluye que el
mismo está contenido en el rango 52,2% y 59,7%.
Los resultados del análisis a nivel de entidad (parroquia,
centros de votación) y la magnitud de las irregularidades,
implican que los resultados oficiales del CNE no reflejan
con certeza estadística la intención de voto de los
electores. Las irregularidades detectadas se observan
uniformemente en muchos centros de votación.
Nivel de Certeza |
85% |
90% |
95% |
Centros
Rechazados |
30% |
26% |
22% |
Actas
Rechazadas |
31% |
28% |
24% |
Votos
Rechazados |
31% |
28% |
24% |
Número
de Centros Rechazados |
1.357 |
1.200
|
1.014 |
Número
de Actas Rechazadas |
5.982 |
5.419 |
4.627 |
Votos
Rechazados |
2.656.813 |
2.406.873 |
2.051.102 |
Votos NO
Rechazados |
67% |
67% |
67% |
Votos SI
Rechazados |
33% |
33% |
33% |
Lo fundamental en el esquema de trabajo ejecutado es que este
ensayo coincide con los grupos de trabajo de origen
universitario que, en forma autónoma, trabajaron de acuerdo a
la metodología que se señala en el próximo segmento del
presente informe. Se descubrieron los centros electorales y
máquinas objeto de manipulación para realizar el cruce en que
coincidan unánimemente todos los equipos. A su vez, tal
universo se cruzó con las máquinas que tuvieron un
comportamiento bidireccional e irregular y, como ya indicamos,
resultan coincidentes. De esta forma se determinó el impacto y
ubicación del fraude automatizado.
VI
CONVOCATORIA DE LOS EQUIPOS UNIVERSITARIOS
Y SUS APORTES
La siguiente es una sinopsis
del Informe sobre los Análisis Estadísticos del Resultado del
Referéndum Revocatorio 2004 realizado por profesores
universitarios de reconocidas universidades nacionales e
internacionales, así como por destacados profesionales
independientes, convocados por el Comité Técnico de
Sustanciación para debatir ese Resultado y, con base a un
esfuerzo de sociedad de conocimiento, determinar conclusiones
sobre la veracidad de los mismos.
La aplicación de la ley de Benford, técnica utilizada en la
detección de posibles fraudes financieros, censales y de otro
tipo, arrojó que los resultados del CNE presentan fuertes
indicios de fraude. Por otro lado, se revisaron de nuevo las
llamadas repeticiones numéricas (llamados incorrectamente
topes) para concluir que las repeticiones del SI tienen una
muy baja probabilidad de ocurrencia pero, lo más importante,
se consiguieron repeticiones del SI en centros de cuatro (4)
máquinas que tienen probabilidad de ocurrencia prácticamente
igual a cero. Conclusión similar se logró para las
repeticiones en el número de votantes en centros de seis (6)
máquinas. Este hallazgo, por sí solo, pone en tela juicio la
honestidad de los datos del CNE.
Los estudios anteriores se refieren a los datos oficiales
nacionales del CNE; sin embargo, el Comité optó también por
realizar estudios por Estado y por Parroquias. A nivel de los
Estados se consiguió que, en muchos de ellos -generalmente los
de mayores votantes- los patrones de votación no se
correspondían con los patrones teóricos esperados para una
votación por dos opciones. Además, se comparó la elección del
2004 con la elección presidencial del 2000. Se halló que entre
ellas había una gran similitud en los porcentajes de votación.
Debemos recordar que en el 2000, a pesar de la alta
polarización, en varios Estados las opciones adicionales
tuvieron alguna significación. Como se mantuvo el mismo
patrón de votación de la elecciones presidenciales del 2000,
en el 2004 aparecieron características ajenas a una votación
entre dos opciones, lo cual evidencia de nuevo la presencia de
un fraude. De esa forma se identificaron patrones no
esperados en los Estados de mayor votación, lo cual les llevó
a concluir que las manipulaciones se llevaron a cabo de manera
selectiva. El estudio a nivel de las Parroquias, nos llevó a
subdividirlas en sectores más homogéneos, a fin de determinar
comportamientos irregulares en las actas de un sector dado.
Esto se hizo para la votación automatizada y la manual.
El resultado arrojó que cerca
de 2.500.000 votos, a nivel nacional, correspondían a actas
irregulares.
Este Comité ha sostenido que sólo la Auditoria que se hubiese
realizado inmediatamente, después del cierre de las
votaciones, tendría sentido como elemento de validación de los
resultados electorales. Sin embargo, el equipo universitario
determinó por distintas vías que la muestra utilizada el día
18 de agosto de 2004 no era representativa de los votos
emitidos durante el proceso de votación. Varias
características de la muestra no coinciden con los valores
correspondientes al universo, como por ejemplo: la
distribución de máquinas auditadas por estrato socioeconómico,
el cumplimiento de la ley de Benford para los votos NO o la
relación entre las firmas del reafirmazo y los votos SI.
Se hizo una estimación de los resultados de la votación
automatizada. Con esta finalidad se determinó, en primer
lugar, la proporción de los votos SI en el conjunto de las
actas que muestran mayor regularidad con relación al centro
que pertenecen. Este conjunto esta constituido por 795 centros
distribuidos en todo el país, con un total de 1.654.544 votos.
De acuerdo con los resultados del CNE para estas actas, las
proporciones resultantes son:
Votos SI ………….59,7%
Votos No………….40,3%
Los votos proyectados a nivel nacional arrojan los siguientes
resultados para la votación automatizada:
Votos SI…………. 5.078.000
Votos NO…...…….3.427.860
En otro estudio, basado en la ley de Benford, se estima que un
mínimo de 1.390.000 votos deberían ser traslados de los votos
del NO a los del SI, en los resultados oficiales del CNE. Esto
resulta en los siguientes porcentajes estimados tanto para la
votación manual como la automatizada:
Votos SI…………. 5.379.008.....54,8%
Votos NO………....4.436.623.....45,2%
De los análisis estadísticos arriba mencionados se concluye
que los resultados publicados por el CNE no se corresponden
con la intención de voto del elector. Con respecto a la
muestra de mesas auditadas el 18 de agosto de 2004 se prueba
que la misma no es representativa del universo de mesas de
votación. La estimación de votos del Sí no manipulados apunta
a que el resultado real de la consulta es opuesta a la
anunciada por el CNE oficialmente.
VII
TELECOMUNICACIONES
Un sistema de votación automatizado consta de los siguientes
componentes: (a) la aplicación, responsable del tratamiento de
los datos generados por las máquinas de votación; (b) la
plataforma de informática consistente en el hardware y
software de las máquinas y de los servidores de totalización;
y (c) la plataforma o red de telecomunicaciones que provee el
medio de comunicación entre los diferentes componentes del
sistema.
La plataforma de informática y de telecomunicaciones de un
sistema electoral, debe cumplir con un conjunto de propiedades
y características que garanticen la integridad de dicho
sistema. Para el propósito de este Informe,
telecomunicaciones se define como la capacidad de
transmitir y recibir data electrónicamente usando componentes
de hardware y software entre el sitio de votación y el sitio
de totalización.
Figura 1
En la Figura 1 se muestra el
modelo simple de la red de telecomunicaciones genérica que
soporta el sistema de votación. Las características de la red
incluyen: simplicidad, flexibilidad (especialmente en lo que a
enrutamiento y buenos tiempos de respuesta se refiere), y
mantenimiento (incluyendo disponibilidad, redundancia de
recursos y conexiones, particularmente en conexiones a las
redes públicas). El intercambio de información entre la
máquina de votación y el totalizador se realiza a través de
una aplicación. Una aplicación puede ser un programa simple o
un grupo de
programas que trabajan en
conjunto para proveer una función al usuario final, sea el
votante o el administrador electoral.
Descripción de la red
En la Figura 2 se muestra la plataforma de telecomunicaciones
instalada por CANTV para el proceso electoral del pasado
15-A.
Figura 2
De acuerdo con CANTV, esta empresa
“…realizó un estudio de factibilidad para identificar los
Centros de Votación con facilidades de transmisión
automatizada, el cual arrojó …
luego de la realización de pruebas…la factibilidad de 4.611
Centros de Votación, lo cual fue notificado formalmente al
CNE.”
“La
configuración fue diseñada con esquemas de redundancia física
y lógica, con lo que se logró satisfacer la comunicación entre
los dos (2) sitios centrales de totalización, uno PRINCIPAL y
otro de CONTINGENCIA, veinticuatro sedes regionales, Centros
de Votación, Juntas Municipales, por medio de las plataformas
de Cantv y Movilnet con la finalidad de transmitir toda la
información hacia los sitios centrales.”
“El esquema fue completamente redundante y con dicha
configuración era posible reenrutar la data si llegase a
ocurrir fallo en cualquier circuito. La premisa de cambio al
sitio de contingencia era, si y solo si, la conexión con el
sitio principal se perdía completamente. En este momento, se
realizaría automáticamente la transmisión a esta segunda sede
de contingencia.”
“Se utilizó la red de telefonía alámbrica Cantv, celular de
Movilnet, así como también las plataformas de Unired, CDMA 1X,
VSAT, Frame Relay, Red Inteligente y, como apoyo, se diseñaron
dos localidades de Call Center, uno ubicado en CET de San
Martín para un centro de control de operaciones CANTV y otro,
en ATENTO”.
Las propiedades y características descritas anteriormente por
el proveedor, servirán como referencia para el análisis del
comportamiento del sistema electoral.
Este en su conjunto debe cumplir con las siguientes
propiedades para considerarse confiable: (a) seguridad, (b)
precisión, (c) integridad, (d) capacidad de ser auditado, (e)
capacidad de tabulación de votos, (f) conteo de votantes, (g)
retención de datos, (h) utilización apropiada de las
telecomunicaciones y (i) administrable.
El análisis realizado se centró fundamentalmente en la
revisión detallada de los logs de comunicación desde
las máquinas de votación y las máquinas de las Juntas
Electorales hacia los centros de totalización a través de la
red de telefonía fija y celular de CANTV. El gráfico de las
sesiones establecidas originadas en la red fija con la data
obtenida del log analizado y el diagrama de comportamiento del
Informe de CANTV, coincide. Los hallazgos de este análisis
fueron los siguientes:
1.
HECHOS DESTACADOS DE LA RED
a. Se observó la presencia de dos redes privadas: la red
periférica de acceso, identificada con el rango de direcciones
172.X.X.X y la red troncal identificada con el rango de
direcciones 10.X.X.X.
b. Se observó el protocolo L2TP para el establecimiento de
sesiones VPN (Virtual Private Network) entre las máquinas de
votación y los centros de totalización.
c. Todas las máquinas discaron el número de acceso 9CNE (9263)
que las conectaba con el Servidor de Acceso Remoto (RAS)
asociado a la ubicación geográfica de la máquina.
d. Las máquinas de votación disponían de un mecanismo de
autenticación consistente en la forma userID@dominio,
donde userID tenía la siguiente estructura:
CCCCC_M_T_X@cne2004.gov.ve (Centro, Máquina,
Tomo, X: verificación)
e. Las máquinas de totalización disponían de un mecanismo de
autenticación consistente en la forma userID@dominio,
donde userID tenía la siguiente estructura:
ESTADO_XX@cne2004.gov.ve (Estado, X:
consecutivo)
f. Se establecieron 17.204 sesiones desde 14.428 máquinas de
votación a través de la red fija. En dichas sesiones se
observan tres distintas razones de terminación: solicitud del
servidor, solicitud de la máquina y pérdida de portadora. El
94,56% (16.267) de las sesiones fueron establecidas por el
99,15% (14.306) de las máquinas conectadas a la red fija que
realizaron entre uno y tres intentos de conexión. Los datos
correspondientes se encuentran detallados en los Tablas No. 1
y 2
Tabla No. 1.
Sesiones establecidas desde máquinas de votación y tipos de
terminación
Tabla No. 2
Total de máquinas con sesiones efectivas
(basado en última llamada de cada máquina)
h. Se observaron llamadas desde las 7 am desde las máquinas
de las Juntas Electorales Municipales (figura No. 1) y a
partir de las 4:20 pm, de las máquinas de votación (figura
No. 2)
Tabla No. 1
Sesiones etablecidas por máquinas de juntas electorales.
(Serie de tiempo)
Tabla No. 2
Sesiones etablecidas por máquinas de votación.
(Serie de tiempo)
i. La duración promedio de las sesiones luce independiente de
la cantidad de datos transmitida e independiente también de la
hora del día de la transmisión.
HALLAZGOS
1.
BIDIRECCIONALIDAD
Para
asegurar el cumplimiento de las condiciones que caracterizan
un sistema electoral automatizado íntegro, es requisito que
dicho sistema actúe en forma unidireccional; es decir, la
transmisión de datos de aplicación debe fluir única y
exclusivamente en el sentido MAQUINAàTOTALIZADOR
y no en sentido contrario. Sólo es aceptable la existencia de
tráfico aplicación hacia las máquinas con propósito de
reconocimiento (validación de seguridad) y para el
establecimiento y mantenimiento de la sesión (control de la
conexión).
Resultados cuantitativos.
Analizando el registro de las llamadas y sesiones establecidas
entre las máquinas de votación y el servidor de totalización,
se observó que casi en la totalidad
existió tráfico bidireccional. Ver Figura No. 3
Figura No. 3
Tráfico entrante vs saliente por máquina de votación
(ordenado por ascendente del tráfico saliente)
2.
HETEROGENEIDAD. VOLUMEN DE TRÁFICO
Si se parte
de la premisa de que todas las máquinas de votación emplean el
mismo software es lógico inferir que todas ellas debían
transmitir el mismo tipo de información (p. ej. contenido del
acta), donde los únicos datos variables deben ser los
asociados a la identificación única de cada centro-mesa-tomo.
Sin embargo, como se explica a continuación, el comportamiento
observado no es homogéneo.
Resultados cuantitativos.
Partiendo de la observación del gráfico No. 1, la muestra se
puede caracterizar en tres grupos según el volumen de tráfico
saliente (transmitido desde el servidor), de la siguiente
forma:
-
Bajo:
transmisión menor a 5.000 bytes.
-
Alto:
transmisión entre 5.000 bytes y 8.000 bytes
-
Excesivo:
tráfico superior a 8.000 bytes
El número de
máquinas asociado a cada nivel, su tráfico entrante, saliente
y la relación entrante/saliente se detalla en el tabla No. 3.
Allí es posible apreciar que 6.884 máquinas (47,72%) se ubican
en el intervalo bajo, mientras que 7.164 (49,66%) y 378
(2,63%) se ubican en los grupos alto y excesivo.
Tabla No. 3
Total de máquinas según volumen de bytes enviados por el
servidor
En la tabla
anterior se puede igualmente observar que la relación entre
bytes salientes y entrantes no es homogénea, pues el segmento
bajo es 15%~17% mayor al compararlo con los segmentos de
tráfico saliente alto y excesivo (qué sí lucen homogéneos
entre sí). También se evidencia que el tráfico promedio
saliente de los intervalos alto y excesivo es, en términos
absolutos, de 4 a 6 veces mayor que el tráfico del segmento
bajo, respectivamente.
3.
HETEROGENEIDAD. CANTIDAD Y TAMAÑO DE LOS PAQUETES
La
transmisión de datos utilizada en la red de telecomunicaciones
del sistema electoral evaluado, responde al modelo de
transmisión por paquetes; es decir, los datos se agrupan en
grupos de igual o diferente tamaño (cantidad de bytes) con el
fin de optimizar velocidad e incrementar la confiabilidad de
la transmisión.
La cantidad
y tamaño de los paquetes requeridos para la transmisión de un
mensaje quedan determinados por tres variables: protocolo
empleado, características del medio de transmisión y el tamaño
mismo de los mensajes a intercambiar entre las aplicaciones.
Dependiendo de los requerimientos de la aplicación y
configuración del protocolo, un sistema receptor de un mensaje
puede enviar al emisor paquetes adicionales con pocos bytes de
longitud para confirmar la recepción de los datos ó para
solicitar la retransmisión de paquetes faltantes. Nuevamente,
considerando la premisa de que se empleó el mismo software en
todas las máquinas de votación, esa premisa es inconsistente
con lo observado en cuanto a la cantidad y tamaño (en bytes)
de los paquetes.
Resultados cuantitativos.
La Figura No. 4 muestra gráficamente el comportamiento del
tráfico entrante al servidor de totalización y saliente hacia
las máquinas, medidos en paquetes, vs. la cantidad total de
bytes salientes.
Figura No. 4
Total de paquetes entrantes y salientes
(en referencia con la cantidad de bytes salientes)
El resultado
de la inspección sobre el gráfico anterior revela dos
comportamientos completamente distintos: el nivel de tráfico
bajo presenta una proporción 10:1 entre los paquetes salientes
vs entrantes con una varianza muy alta, mientras en los
segmentos alto y excesivo la proporción oscila entre es
prácticamente 1:1, con una varianza casi nula. Según se
resume en la tabla No.5
Tabla No. 4
Paquetes entrantes vs. salientes
(en referencia con cantidad de bytes salientes)
El primer
comportamiento es esperable bajo las siguientes condiciones:
muchos más datos entrantes y pocos mensajes de vuelta; estos
últimos, bien para efectos de autenticación como para
mantenimiento de sesión y retransmisión de paquetes. El
segundo comportamiento puede observarse cuando existen altas
tasas de retransmisión (calidad de línea / congestión) ó entre
dos sistemas que intercambian transacciones uno a uno.
En lo
relativo al tamaño (en bytes) de cada paquete, es necesario
evaluar primero, de forma independiente, los paquetes
entrantes y salientes (figuras No. 5 y No. 6,
respectivamente), antes de hacer un análisis comparativo de
ambos.
Figura No. 5
Paquetes entrantes vs. bytes / paquete entrantes
(en referencia con la cantidad de bytes salientes)
En el
gráfico de la figura anterior se puede observar tres aspectos
importantes:
·
El número de
paquetes en el segmento de bajo tráfico es muy estable y es
aproximadamente la mitad que el mínimo de paquetes en los
segmentos alto y de exceso.
·
El tamaño
promedio (en bytes) de los paquetes del segmento bajo es al
menos tres veces menor que el mínimo tamaño de paquetes en los
segmentos alto y de exceso.
·
En los
segmentos bajo y excesivo el tamaño y cantidad de los paquetes
es más homogéneo, mientras que en el segmento alto el tamaño
de los paquetes se incrementa al tiempo que se incrementa el
número de paquetes, aun cuando no se pueda determinar la
correlación entre ambos.
Figura No. 6
Total de paquetes entrantes y salientes
(en referencia con la cantidad
En el caso
de los paquetes salientes, los aspectos relevantes de la
gráfica son los siguientes:
·
El número de
paquetes del segmento bajo es muy estable y el tamaño promedio
de los mismos presenta comportamientos escalonados muy bien
definidos, los cuales se corresponden con un número muy bajo
de paquetes y un volumen de datos muy constante. El
escalonamiento puede deberse a la necesidad de adicionar un
número pequeño (1 a 5) de paquetes adicionales para efectos de
retransmisión de paquetes defectuosos.
Tabla No. 5
Total de paquetes entrantes y salientes
(en referencia con la cantidad de bytes salientes)
Según se
aprecia en la tabla No. 5 y a pesar de la simetría entre las
curvas, en el segmento alto y de exceso, el tamaño de los
paquetes es siempre mayor o igual al máximo tamaño de los
paquetes del segmento bajo (4,6 veces en promedio), aun cuando
el número de paquetes promedio es 13 veces mayor ,denotando
una cantidad de bytes salientes mayor a lo esperable como
tráfico de mantenimiento de sesión y solicitud de
retransmisiones
4.
OTROS HALLAZGOS NO RELACIONADOS CON TELECOMUNICACIONES.
Como parte
de la investigación realizada se efectuó un análisis del
comportamiento de las telecomunicaciones con variables no
tecnológicas. Los resultados se detallan a continuación:
Volumen de
datos vs. resultados del proceso: Una inspección preliminar
de las figuras No. 7 al No. 12 así como los resultados
numéricos de las tablas No. 6, 7 y 8 parece indicar una
correlación entre los volúmenes de bytes salientes y los
resultados del proceso.
Figura No. 7
Resultados porcentuales nacionales Votos “NO”
Figura No. 8
Resultados porcentuales nacionales Votos “SI”
Tabla No. 6
Comparación numérica de resultados nacionales vs. volúmen de
bytes salientes
Figura No. 9
Resultados porcentuales regionales Votos “NO” Aragua y
Carabobo
Figura No. 10
Resultados porcentuales regionales Votos “SI” Aragua y
Carabobo
Tabla No. 7
Resultados porcentuales regionales Votos “SI” Aragua y
Carabobo
Figura No. 11
Resultados porcentuales regionales Votos “NO” Miranda y Zulia
Figura No. 12
Resultados porcentuales regionales Votos “SI” Miranda y Zulia
Tabla No. 8
Resultados porcentuales regionales Votos “SI” Miranda y Zulia
Por último
se realizó una comparación entre el número de votantes y el
número de paquetes salientes, cuyos resultados se presentan en
la figura No. 13. Allí se observa heterogeneidad en cuanto al
comportamiento de ambos, puesto que en el segmento de bajo
tráfico saliente, la cantidad de bytes luce independiente del
número de votantes asociados a cada máquina, mientras que en
el segmento alto la curva se “fracciona” en dos segmentos y el
volumen de paquetes salientes se incrementa en forma casi
directamente proporcional al número de votantes. El segmento
de tráfico excesivo presenta un comportamiento mixto con
respecto a los otros dos.
Figura No. 13
Número de votantes por máquina vs. tráfico saliente
(bytes y paquetes)
El primer
comportamiento es el esperado en un tipo de transmisión única
independiente del número de votantes, en el cual sólo se
requiriese la transmisión de las actas. El caso del segmento
alto es esperado sólo en el caso de una votación en línea ó
una transmisión de resultados voto-a-voto, en todo caso, el
comportamiento del sistema no es homogéneo aun cuando se
presume el uso de idéntico software en todas las máquinas.
VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES
I.
Se han
constatado graves irregularidades y elementos de fraude que
vician de nulidad absoluta el Referendo Revocatorio del
Mandato de Hugo Chávez Frías y los futuros eventos
electorales. Algunos de esos elementos son: La participación
activa de la Fuerza Armada en el proceso electoral; la
utilización, en contra de lo dispuesto por la ley, de un
sistema automatizado de votaciones y la negativa a que se
contasen manualmente las boletas expedidas por las máquinas
electorales y luego depositadas en cajas especiales; la
remoción, a última hora, de los miembros de las Juntas
Electorales en todo el país, sustituyéndolos por militantes
del partido oficialista; el traslado, sin mediar petición de
los votantes afectados, de miles de éstos hacia centros de
votación distantes de sus domicilios; la violación de la norma
de ley que ordena el cierre del Registro de Electores noventa
(90) días antes del acto de votación, permitiendo la
incorporación a dicho registro de casi dos millones de nuevos
electores en las semanas previas a la votación del 15 de
agosto; la reincidencia del cuadro anterior en los comicios
regionales y municipales; otorgamiento masivo de
nacionalizaciones a extranjeros y de tarjetas de identidad a
ciudadanos por los militantes del partido gubernamental y en
sitios fuera del control de la Oficina Nacional de
Identificación y del mismo Poder Electoral; la publicación y
entrega al Gobierno del registro con la identidad y las
direcciones de quienes solicitaron la revocatoria del mandato
al Presidente Chávez, haciéndolos objeto de presiones o
negándoles el beneficio de los servicios públicos; la
eliminación de miles de votantes de sus respectivos registros
electorales, bajo el falso alegato de que estaban muertos; en
fin, el uso escandaloso de los dineros del Estado y de la
misma industria petrolera estatal por parte del Gobierno para
financiar su publicidad.
II.
El fraude cualitativo, fraguado desde el órgano
electoral en connivencia con los funcionarios e instituciones
dominadas por Hugo Chávez Frías, constituye una traición al
espíritu y razón del dialogo que condujo a la solución
negociada de los Acuerdos de Mayo.
III.
Se ha constatado la bidireccionalidad de la
comunicación, los distintos tipos de finalización controlada,
las diferencias en patrones de tráfico, las transmisiones
fuera del horario permitido y la utilización de unas máquinas
y un sistema capta-huellas no certificado. Ninguno de estos
fue auditado previa ni posteriormente al acto de votación.
IV.
Las comunicaciones fueron intervenidas desde diversos
centros con el objeto de modificar el resultado de la voluntad
popular. Esos centros estaban en la sede de varias
instituciones de carácter público por lo que se denota un
terrible ventajismo.
V.
Bajo estas condiciones es imposible participar en
cualquier evento electoral.
VI.
El Consejo Nacional Electoral carece de la capacidad,
idoneidad e imparcialidad para adelantar cualquier elección.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es la
responsable última de estas irregularidades por haber
realizado las designaciones de los rectores y no haber actuado
en virtud de los múltiples señalamientos sobre las
irregularidades y el fraude. Inclusive, este Comité realizó un
requerimiento público para obtener una audiencia con los
integrantes de esa Sala, con el objeto de llevarles los
resultados del informe preliminar, sin haber obtenido oportuna
respuesta.
DIRECCIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA DE LOS
EQUIPOS,
Coordinador General
Profesor Tulio Álvarez
U.C.V. Y U.C.A.B.
Profesor Freddy Malpica
U.S.B.
Profesor José Domingo Mujica
U.C.V.
Coordinador Ejecutivo
Lic. Jorge Casado