“Exigirle a los medios la prueba judicial de sus denuncias es una forma de autocensura”, escribió hace unos días Rodrigo Uprimny en Semana. Tal planteamiento contradice un postulado que los periodistas hemos defendido toda la vida: una cosa es la verdad periodística y otra cosa es el rumor y la mentira.

Lo que pretende Rodrigo Uprimny es que toda crítica a funcionarios del gobierno es legítima, así se base en nada, así se base en una suposición o, peor, así se base en una mentira. Rodrigo Uprimny lo dice textualmente: "Cuando se trata de denuncias que conciernen la labor de funcionarios, no se puede exigir a la prensa que pruebe, como si fuera un juez, la verdad de los hechos, ya que dicho requerimiento silenciaría la labor de denuncia de los medios." En otras palabras: "No se puede exigir la verdad de los hechos". He aquí la esencia de la tesis de Rodrigo Uprimny.

Si no se le puede exigir a la prensa la verdad de los hechos, ésta puede, en toda lógica, difundir mentiras impunemente. Puede utilizar el rumor y la calumnia. Puede utilizar el chantaje y la amenaza. Requerir la verdad o, lo que es lo mismo, la prueba de ésta, equivale, según Rodrigo Uprimny, a "silenciar la labor de denuncia". Luego, habría que tolerar la difusión de informaciones que no reposan en nada.

Esto no es periodismo, eso es filibusterismo.

Nada peor para una democracia que el periodismo basado en rumores, en conjeturas. Nada mejor para incitar a la violencia que la difusión de noticias falsas, o de noticias dudosas. Ese enfoque modificaría totalmente la función de la prensa que no es sólo la de informar. En una democracia, la prensa nutre la reflexión y ayuda a la formación de la opinión presentando y analizando los hechos. Ella tiene una misión educadora: completa la escuela, informa al ciudadano y orienta a los gobernantes.

Rodrigo Uprimny podría haber comenzado por citar lo que dicen los códigos de ética y de deontología de los sindicatos de periodistas y de las agencias de prensa occidentales. A cambio de eso evoca un fallo norteamericano de 1964 (!) y otro europeo de 1986 (!), los cuales, según él, validan su tesis. ¡Pero fallos en materia de prensa hay todos los días en Estados Unidos y en Europa! ¿Por que no cita uno reciente? El afirma que el fallo New York Times v/s Sullivan de 1964 “ha sido ampliamente seguido por otros jueces en el mundo”. Ello está lejos de ser exacto.

El periodismo basado en la omnipotencia del media, a quien no se le puede exigir la verdad, es el periodismo del escándalo, de las pseudo-revelaciones explosivas y de la agitación permanente, de la difamación legalizada. Ese tipo de periodismo existió en muchos países. Las reglas que prevalecen hoy son el resultado de un combate tremendo contra esos excesos. Uprimny parece querer ir más lejos. En su modelo la difamación sería soberana pues la victima no tendría ningún derecho: no podría ni pedir al difamador pruebas de lo que avanza, y toda critica del acto difamador constituiría un odioso obstáculo al periodismo, una “inhibición a la capacidad investigativa y de denuncia de la prensa”.

Todo buen periodista sabe que la prueba existe en periodismo. Que la prueba es importante en periodismo. La crítica de la acción de los funcionarios (y de todo ciudadano) es legítima y necesaria a condición de que repose sobre la verdad, en hechos indiscutibles, verificados. El derecho de prensa no es una patente de corso. La crítica sin fundamento es una arbitrariedad, una negación del derecho.

Pensemos en el caso Watergate (1972-1974). La prensa, sobre todo el New York Times, no jugó su papel moralizador basado en la buena fe de los periodistas (como preconizaría el fallo de 1964). La acusación contra el presidente Richard Nixon se basó en una abundante masa de pruebas, de documentación de todo tipo. El fallo de 1964 es encomiable, si se quiere, pero es inaplicable. Los periodistas norteamericanos se exigen mucho más a ellos mismos al momento de redactar sus noticias, sus comentarios y sus críticas. ¿Qué periodista lanza hoy afirmaciones dudosas so pretexto de que será muy difícil comprobar la ausencia de “dolo real y efectivo” del comunicador, como exige el fallo de 1964? ¿Los periodistas colombianos pueden ignorar ese ejemplo?

Cuando Émile Zola lanzó su famoso "J’accuse", en 1898, lo hizo basado no en un rumor acerca de la inocencia del capitán Dreyfus. Se basó en documentos, en las cartas incautadas que probaban la inocencia de Dreyfus. Con esa prueba, el diario conservador l’Aurore pudo conducir su valiente campaña contra el ejército y exigir la reapertura de la investigación. Tras un combate intelectual de carácter histórico contra el antisemitismo y por la verdad, Dreyfus fue rehabilitado en 1906.

Si en Colombia adoptáramos la tesis de Uprimny retrocederíamos a un estadio de primitivismo chocante en materia de libertad de prensa. Ello equivaldría a legitimar el uso de las acusaciones inciertas, el uso de la calumnia. Esa licencia para criticar violentamente, y para matar con la crítica, sobre la base de rumores no probados, o sobre la supuesta “buena fe” de un periodista, se convertiría en instrumento de venganza. Sería instaurar un régimen donde la opacidad reina. Pues si no se puede exigir a la prensa la verdad de lo que dice a nadie se le podría exigir la menor transparencia. Una democracia que se respete no tolera esas conductas.

La promoción de esa tesis coincide con una campaña lanzada por José Miguel Vivanco. El activista de Human Rights Watch, un virtuoso de la acusación sin pruebas, de los juicios mediáticos sumarios y sin derecho de defensa, sobre todo cuando se trata de la sociedad colombiana, preconiza desde julio de 2005 un uso a ultranza del fallo de 1964. Ese fallo norteamericano está lejos de ser un modelo para la prensa en general. El respondió a un caso preciso: el contenido de una solicitada publicada en el New York Times (no sobre el contenido de un artículo de prensa) donde alguien criticó a un funcionario de Montgomery. Ese fallo concede una inmunidad a expresiones erróneas no maliciosas de hechos relacionados con la conducta oficial de un funcionario. La extrapolación que pretende hacer Rodrigo Uprimny (y Human Rights Watch) no concierne las "expresiones erróneas", concierne las violentas criticas lanzadas contra los funcionarios, críticas cuya base racional no podría ser cuestionada, según Uprimny.

La arandela retórica que éste agrega al presentar el fallo en cuestión no es exacta pues ese texto no dice que la exigencia de veracidad “se cumple cuando el medio ha actuado de buena fe y ha verificado hasta donde sea razonable periodísticamente la verdad de los hechos, contrastando fuentes de información y permitiendo la versión de los funcionarios eventualmente involucrados”. El punto nodal del fallo New York Times v/s Sullivan es otro y fue bien resumido por el juez Black, así: «Un derecho incondicional para decir lo que a uno se le dé la gana sobre asuntos públicos es lo que considero la mínima garantía de la Enmienda." Esa visión de la libertad de la prensa (decir lo que a uno se le dé la gana) es lo que todo periodista debe combatir. Los periodistas norteamericanos así lo comprendieron. Estos no permiten que un juez irresponsable dicte la deontología de los periodistas, bajo la apariencia atractiva y equívoca de una gran liberalidad.

Estoy en contra de que a los periodistas se les exija escribir únicamente sobre hechos sobre los que ya hay sentencia judicial. Eso sería absurdo. Tampoco esa es la orientación de quienes criticaron a Semana. En cambio, la tesis de que la verdad no puede ser exigida es lo que está realmente en juego. Ese es el debate.

 

*	Periodista colombiano, autor de: Les Farc, ou l'échec d'un communisme de combat. Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de 2005.