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Enorme tramoya de legitimación en marcha
por Eduardo Mackenzie
jueves, 21 septiembre 2006

 

Lo que está pagando Colombia en estos días con los recientes episodios graves --los falsos positivos y supuestos atentados cometidos por militares y el grotesco caso del gurú que había infiltrado el gabinete del Fiscal General--, para sólo hablar de los casos más recientes (que podría ser en verdad uno sólo), no es únicamente la escasez de funcionarios de alto nivel bien formados y con  reciedumbre y perspicacia para el buen desempeño de sus funciones, sino sobre todo el enorme desorden, para no decir saboteo, que existe en el terreno de la legislación de seguridad y de defensa nacional. 

En ese peligroso desbarajuste tiene mucha responsabilidad la Corte Constitucional, y en particular ciertos magistrados militantes de la misma quienes lograron aniquilar en abril de 2002 la ley de defensa y seguridad nacional del gobierno de Andrés Pastrana, un instrumento clave en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, que había sido el fruto de un amplio consenso nacional.

 

Esa misma Corte se había apresurado a declarar “constitucional” (contra la opinión de importantes juristas) la entrega transitoria de 42.000 km2 a las Farc para que éstas “negociaran la paz” con el gobierno. Todo el mundo sabe en qué terminó la desmilitarización “constitucional” de esa enorme región.

 

Después, esa Corte se erigió abusivamente en opositora del presidente Álvaro Uribe e invalidó, en noviembre de 2002,  el decreto que creó las zonas de rehabilitación y eliminó las normas que atribuían poderes de policía judicial a la fuerza pública y que permitían, entre tras cosas, vigilar a los extranjeros presentes en las zonas guerrilleras.

 

Si hoy la fuerza pública encuentra obstáculos para proteger a los colombianos y no puede montar operaciones encubiertas en el marco de su lucha legítima contra el terrorismo, es porque la labor de los saboteadores de la seguridad nacional ha dado frutos.  La  guerra  jurídica y parlamentaria que libran desde hace más de treinta años ciertos centros de poder, dentro y fuera de Colombia,  y algunos miembros  de la oposición que ocupan escaños en el Parlamento,  ha dado varias veces los resultados que los enemigos de la democracia preveían. Hoy estamos ante una nueva racha de calamidades que no son tan casuales como se cree pues los mecanismos para darle vida fueron forjados minuciosamente en la sombra.

 

Lo que aquí hay es, de nuevo, un concurso de circunstancias que debería hacernos reflexionar. Hay, por ejemplo, fuera del caos legislativo en materia de defensa nacional, el juego de ciertos media respetables y profesionales que, prisioneros sin embargo del síndrome de la chiva,  caen fácilmente en el pantano de las anticipaciones y de las informaciones sin prueba, de las revelaciones basadas en rumores o en presiones. Este fue otro de los componentes de esta crisis. Pero no es el único.

 

Hace pocos meses, con la complicidad de un distinguido semanario, un jurista y una Ong de izquierda hacían el elogio de la prensa basada en chismes, en el  menosprecio de la exactitud de la información y de los hechos verificados. Los resultados están a la vista. Y los abusos van a continuar si los periodistas no reaccionan. Si continúa bloqueado el debate sobre el papel de la prensa en una democracia atacada por el terrorismo.

 

En Colombia  no existe, por otra parte, una  cultura de la seguridad interna frente al terrorismo, como sí existe en otras democracias de Occidente, cuyo ejemplo deberíamos seguir.  En Francia, por ejemplo, no hay una sino siete leyes vigentes de lucha contra el terrorismo que todo el mundo acata y respeta. La primera fue expedida el 9 de septiembre de 1986, tras la ola de atentados de 1985 y 1986, y la más reciente es la del  23 de enero de 2006.  Es más, un “libro blanco del Gobierno sobre la seguridad interior ante el terrorismo” fue publicado en marzo de 2006 por los servicios del Primer Ministro, sin que ello desate motines en la calle, ni en la Asamblea Nacional, ni en la prensa de la oposición.

 

En Colombia esto no es así, lamentablemente. La subversión, los partidos extremistas y hasta las fracciones "avanzadas" de los partidos  tradicionales, han impuesto al cabo de años de manipulaciones y de propaganda, una mentalidad nociva que hace que mucha gente, espontáneamente, crea que todo lo que toca a la seguridad del país y a la legislación antiterrorista es “sospechoso”, “ilegítimo”, si no de “extrema derecha” y debe ser, en consecuencia, objeto de campañas de diabolización.

 

La Corte Constitucional, quien tuvo no hace muchos años un presidente que hoy funge como líder de un movimiento revolucionario, podría tratar de reparar el mal hecho y esforzarse por adoptar una postura razonable. La seguridad de los colombianos depende de que esa Corte rompa con esos esquemas.

 

En Francia, el libro blanco del Primer Ministro aborda temas que darían escalofríos a los marxistas colombianos: “Ganar la batalla cotidiana: favorecer la detección precoz de las actividades terroristas por la vigilancia y la inteligencia humana”; “privilegiar la elaboración de normas antiterroristas”, “prever el riesgo: vigilar, detectar y neutralizar”;  “reforzar nuestro dispositivo penal y adaptar nuestro sistema penitenciario a la amenaza terrorista”, “colaboración entre el Estado y las empresas”, “neutralizar a los terroristas en el extranjero”;  “confortar la adhesión de la población y aislar a los terroristas”, “jamás ceder sobre los valores fundamentales del Estado de derecho”, etc. Hay un párrafo que dice: “El libro blanco tiene por ambición formular la doctrina de  Francia en materia de lucha contra el terrorismo. Todos deben conocer esta doctrina. Pues no combatiremos eficazmente el terrorismo sino mediante la adhesión del conjunto de nuestros conciudadanos. No lo combatiremos eficazmente sino desarrollando la cooperación internacional”.

 

En Francia los organismos encargados  de recoger y analizar la información sobre las amenazas contra la seguridad económica, industrial y política del país, cuentan con el respaldo de todas las dependencias del Estado y de los partidos políticos, ya sean de la derecha como de la izquierda, de la oposición o del gobierno.

 

En Colombia ello no es así, pues minorías activas se oponen. En consecuencia la confusión reina. Por ejemplo, la vigilancia en el enganche de personal es inexistente, lo que abre avenidas a las infiltraciones. No nos sorprendamos entonces de que un  Armando Martí siembre la cizaña y adelante abusivamente actividades de inteligencia en la Fiscalía. No nos extrañemos de que de la Fiscalía o de la Vicefiscalía, haya salido el torpedo que no sólo lanzó lodo contra las fuerzas armadas (con el objeto previsible a largo plazo de que Estados Unidos recorte o suspenda su ayuda militar a Colombia) sino de que las “revelaciones” hechas por voceros oficiales (bajo la presión psicológica de que la prensa estaba investigando) significaron el bloqueo de una operación importante contra las Farc: la captura de Raúl Duarte, alias 'Jerónimo', jefe del Comando Conjunto Central de las Farc, que ensangrienta el sur del Tolima. No debería sorprendernos entonces que el programa de desmovilización de miembros de las Farc esté, con ese incidente, en peligro. La neutralización de una valiosa informante, Lidia Alape Manrique, es una muestra de ello.

 

¿A quien beneficia el escándalo de los supuestos atentados? A las Farc. ¿Puede alguien ver como una casualidad el hecho de que esa crisis haya sido aprovechada por el senador extremista Gustavo Petro para cuestionar la política de seguridad democrática? ¿Puede alguien pasar por alto que en esos mismos días  la presidente del Senado haya lanzado la idea de  “invitar” al jefe de las Farc,  Raúl Reyes, a “dialogar” con el Congreso?  Y que al mismo tiempo, surja el rumor de que el presidente Uribe está dispuesto a desmilitarizar, como quieren las Farc, dos poblaciones, Florida y Pradera, para realizar el llamado “acuerdo humanitario”, pues el ejército “está cansado de combatir” (Ver las declaraciones de Alejo Vargas, analista que le pide al presidente Uribe “rectificar el camino”). De ello puede deducirse que una enorme tramoya de legitimación de las Farc y de deslegitimación de sus enemigos había sido montada  con habilidad y que sus operadores logran en buena parte sus objetivos.

 

El Tiempo informaba el 12 de agosto pasado que “la máquina de infiltración de las Farc es el Partido Comunista Clandestino Colombiano”, que ésta podría tener más de 219 células activas en el país, que su jefe es Guillermo León Saenz, alias Alfonso Cano, que un ideólogo de las Farc, alias Mateo, había logrado infiltrarse en la dirección de las empresas públicas de Medellín. Ese artículo mencionaba los otros cuatro casos recientes de infiltración más conocidos de las Farc (tres en Bogotá, y uno en Calamar, Guaviare). Lo que ese artículo no decía (aunque se trata de un hecho público), es que el proyecto del llamado PC3, había sido mencionado abiertamente, bajo la denominación de “movimiento bolivariano”, en una reunión de septiembre de 2004 del muy legal Partido Comunista Colombiano,  donde fue lanzada la candidatura de Carlos Gaviria Díaz (Ver Voz, 24 de septiembre de 2004). ¿Por qué los “analistas” colombianos, tan perspicaces siempre, no han ligado ni emitido siquiera una hipótesis entre lo que ocurre en estos momentos y las revelaciones importantes de El Tiempo? ¿Es que no hay pasarelas posibles entre lo uno y lo otro?

 

Lo mismo ocurre con el escenario internacional. ¿En la complicada coyuntura internacional, que papel juega Colombia? ¿Somos una isla hermética y a salvo de toda interferencia o somos, por el contrario, un sujeto pasivo de ciertos regímenes depredadores? El gobierno chavista ejerce una diplomacia intervencionista, como se ha visto sobre todo en México, Nicaragua, Bolivia, Perú y Argentina. ¿Acaso Colombia no es un blanco prioritario de esa gente? ¿Cómo se protege el país a ese respecto? ¿No hay que vigilar a sus agentes y a sus cipayos? Por eso es más urgente que nunca legislar y reorganizar los servicios de información y de seguridad del Estado, siguiendo el ejemplo de  las democracias de Occidente, para poder prever los riesgos y neutralizar a los que se preparan a pasar al acto. De lo contrario continuará el triste espectáculo de los “escándalos” montados como complemento de la guerra y de la desestabilización.

 
 
 
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