La
Flor de la Esperanza no es sólo
el título de un libro que comienza a ser vendido en algunas
librerías de Colombia en esta época de festividades de fin
de año. Es, sobre todo, el nombre de un combate
particularmente digno y noble de una familia inconsolable
que busca desde hace 24 años que se le escuche y que se le
haga justicia.
Luz María Echeverri, la autora de esa
importante obra de 600 páginas, es la hija menor de Gloria
Lara de Echeverri, personalidad del Partido Liberal que
fuera secuestrada y cobardemente asesinada en Bogotá por un
grupo terrorista de extrema izquierda en 1982.
Ese crimen, uno de los más abyectos de la
historia de Colombia, se transformó con el paso del tiempo
en algo peor: en un símbolo olvidado por muchos del fracaso
humillante de una investigación judicial que había comenzado
bien y que terminó mal gracias a una sentencia inicua de la
Corte Suprema de Justicia que dejó sin sanción a los autores
de ese crimen y que creó por ende un enorme daño social el
cual tendrá que ser reparado algún día por esa misma
institución, si ésta conserva todavía, claro está, un gramo
de respeto por la democracia y por el orden jurisdiccional.
Fruto de una investigación minuciosa que le
tomó cinco años, Luz María Echeverri reconstituye con gran
exactitud los momentos más fuertes de ese triste episodio de
nuestra vida nacional: el secuestro de su madre, la
negociación que la familia trató de hacer con los
secuestradores durante cinco meses, el hallazgo final del
cuerpo ultrajado de la víctima, las detenciones de una parte
de la banda criminal, las confesiones espontáneas de éstos,
la estrategia de obstrucción ulterior de los raptores y de
sus cómplices que habían pasado a la clandestinidad y el
triunfo final de éstos y de las fuerzas que buscaban
paralizar la justicia, echar la culpa al Estado y dejar en
la total impunidad a los encausados en el terrible crimen
“político”.
Decidida a no colaborar por omisión con esa
empresa de desestabilización de la justicia colombiana, Luz
María Echeverri decidió sacar a la luz pública, quizás por
primera vez, las piezas claves de ese expediente, incluidas
las jurídicas y jurisdiccionales. Su libro contiene, entre
otras cosas, los autos y providencias emanados de los jueces
de instrucción, la condena de la banda dictada por el
Tribunal Nacional de Orden Público en agosto de 1992 y la
absurda decisión del 4 de junio de 1997 del magistrado Jorge
Aníbal Gómez Gallego quien declaró “prescrita” la acción
penal contra los inculpados y ordenó el cese de todo
procedimiento relacionado con éstos.
Violando las condiciones de una liberación
provisional que un juez irresponsable les había concedido,
siendo por ello criticado por el Procurador General de la
Nación, los detenidos y sus compinches en libertad, huyeron
del país en 1983 y se refugiaron desde entonces, con ayuda
de Amnistía Internacional y de la ACNUR, en cuatro países de
la Unión Europea.
El carácter ejemplar (y explosivo) del caso
Gloria Lara radica en la conjunción de esos elementos: un
doble crimen cometido por una organización
marxista-leninista, un fallo aberrante del máximo órgano de
la justicia colombiana, la participación de diplomáticos de
un país europeo en Bogotá y de unas Ongs que se dicen
defensoras de los derechos humanos y que no vacilaron al
ayudar a los criminales a escapar de Colombia y al
instalarlos en varias capitales europeas.
El pedido de Luz Maria Echeverri de que se
haga justicia en el caso de su madre no es vano ni
extemporáneo. Es, por el contrario, de gran actualidad y
debe ser escuchado y apoyado por todos los colombianos de
bien y por el gobierno nacional. El pedido de justicia de la
autora debe ser oído por la Corte Suprema de Justicia quien
está en la obligación de reparar el daño hecho al orden
público con su veredicto de 1997. Debe llegar hasta el
legislador quien podría reglamentar y llenar las lagunas
eventuales de la disposición sobre la prescripción de la
acción penal que fueron utilizadas por el magistrado Gómez
Gallego pues éstas, objetivamente, favorecen la impunidad y
hacen que esa norma, en su estado actual, contradiga los
principios universales de Derecho.
Por su parte, la ACNUR, Amnistía
Internacional y las otras Ongs implicadas en este asunto
deben abrir sus archivos a la familia Echeverri, revelar los
detalles de sus relaciones con los inculpados y, en fin,
reparar el daño hecho a esa familia y al país con su actitud
imprudente. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación
ella debe reabrir el expediente sobre el rapto y asesinato
de Gloria Lara y reconocer que dicho crimen es
imprescriptible por tratarse de un crimen de lesa humanidad.
Es obvio que la jurisprudencia internacional aceptada sobre
la desaparición de las personas como crimen imprescriptible
(la Resolución N. 828 de 1984 de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa) es aplicable a éste y a los demás
casos de secuestro agravado.
Esa Resolución establece que la desaparición
forzada de personas es un delito de lesa humanidad y por lo
tanto es imprescriptible, puede ser objeto de extradiciones
y no puede ser objeto de amnistías.
Eso no es todo. La oficina de abogados
comprometido en la defensa de los inculpados interpuso un
recurso de casación tres años después de emitida la
sentencia condenatoria. ¿Por qué tres años después? ¿Para
que la condena jamás quedara en firme? ¿Para que el
principio de la prescripción pudiera ser útilmente
explotado? En mayo de 1997, un procurador delegado
conceptuó, sin embargo, que los términos de prescripción de
esa sentencia no se habían vencido. Empero, nueve meses
después, el magistrado Gómez Gallego declaró vencido esos
mismos términos, aunque el expediente estaba en trámite.
Con esa decisión infame Gloria Lara fue asesinada una
segunda vez.
Decidida a sacar del olvido esa grave
bofetada a la justicia, y deseosa de exponer su caso ante la
opinión europea, donde se encuentran los asesinos de su
madre, Luz María Echeverri, luego de publicar el libro con
sus propios recursos, viajó al Viejo Continente sin ayuda de
nadie. Con gran entereza y valor civil, ella realizó
conferencias de prensa en varias capitales, se entrevisto
con personalidades del mundo político y entregó su libro a
un alto responsable de la cancillería francesa.
Por otra parte, un grupo de abogados de
París aceptó estudiar benévolamente el caso. En un coloquio
organizado en la Universidad Libre de Bruselas, Luz María
presentó su combate. A su lado estaba el embajador de
Colombia en Bélgica, Carlos Holmes Trujillo, la militante
de derechos humanos Liduine Zumpolle, un responsable de los
comités Ingrid Betancourt en Europa, un funcionario de la
ONU y el suscrito. Todos abordamos el tema de los secuestros
en Colombia desde ángulos diferentes.
Los reos ausentes condenados en el caso
Gloria Lara se abstuvieron de interferir personalmente en
las actuaciones de Luz Maria Echeverri en Europa. No
obstante, un puñado de activistas amigos de éstos intentó en
dos ocasiones sabotear las reuniones donde ella hablaría,
sin conseguirlo. En Bruselas uno de ellos estuvo apunto de
agredir físicamente a Luz María ante la decisión valiente de
ésta de encarar al energúmeno y de responder serenamente a
las preguntas del público.
En volantes anónimos y en un texto firmado
por un “comité Daniel Gillard”, los amigos de los ex
miembros de la “organización revolucionaria del pueblo,
ORP”, criticaron violentamente a la Universidad Libre de
Bruselas por haber permitido la realización del coloquio
contra los secuestros en Colombia. Ellos estiman que los
condenados eran “militantes de la izquierda legal” y
“personas inocentes” y que sus “famosas confesiones” habían
sido obtenidas “por los militares” mediante “torturas”, que
los “verdaderos autores” del asesinato de Gloria Lara eran
otros individuos, que éstos eran “delincuentes comunes” y
que los inculpados fueron “obligados a exilarse para escapar
a las amenazas del MAS”, un grupo paramilitar de extrema
derecha.
Sin expresar la menor compasión por la
familia de Gloria Lara ni el menor respeto por los esfuerzos
de Luz María para que se haga justicia, ellos pretenden que
“ventilar de nuevo ante la opinión pública” la tragedia de
Gloria Lara equivale a impulsar una “campaña” para
“desprestigiar a las organizaciones de defensa de los
derechos humanos, nacionales e internacionales, y para
bloquear la acción de vigilancia de las Naciones Unidas en
el conflicto colombiano”.
Tales alegaciones son grotescas. Las
pretendidas “torturas” fueron objeto de una severa
investigación dirigida personalmente por el Procurador
General de la Nación de la época, Carlos Jiménez Gómez,
quien estaba lejos de ser un amigo de los militares. Este
alto funcionario, basándose en el resultado de las mismas,
concluyó en enero de 1983 que torturas no hubo (que él no
había encontrado evidencia de torturas en los
interrogatorios) y que las confesiones de los inculpados
habían sido “libres y espontáneas”, luego dignas de toda fe.
Ese punto, que fue siempre tenido en cuenta por la justicia
ordinaria, es ocultado por los fugitivos.
La propaganda a favor de los condenados
omite también el hecho de que quien “ventila” hoy ese grave
episodio es la hija de la víctima, Luz Maria Echeverri Lara,
y que ella lo hace de manera legítima, independiente y sin
objetivos políticos. Otro punto que no aflora para nada en
los textos citados es que uno de los actores, condenado como
autor intelectual del secuestro y del asesinato de Gloria
Lara, nunca quiso someterse a la justicia y saboteó (y
sabotea hasta hoy) la práctica de una prueba (un peritaje de
voz) que podría ser decisiva. ¿Si el es inocente por que
nunca quiso aportar esa prueba?
Es más, ¿si el grupo exilado en Europa es
inocente por que no ha iniciado un trámite de
rehabilitación? Pues ninguno de esos supuestos “inocentes”
ha sido rehabilitado. Sólo la figura jurídica de la
rehabilitación puede borrar la condena. Una cosa es que la
acción penal adelantada por el ministerio público colombiano
haya sido (en condiciones obscuras) declarada “prescrita” y
otra es ser inocente. El poder judicial colombiano nunca
los declaró inocentes. El único fallo de fondo en este
asunto dice lo contrario: el Tribunal Nacional de Orden
Público condenó a los implicados a 12 y 28 años de cárcel.
Esa providencia fue objeto de un recurso de casación, es
verdad, pero éste recurso nunca llegó a término pues se
ordenó la cesación de procedimiento. Luego la pretendida
“inocencia” de los inculpados es una valoración abusiva.
Si los inculpados eran inocentes ellos
deberían haberse pronunciado contra la congelación jurídica
del fallo del TNOP y deberían haber exigido que el recurso
de casación por ellos interpuesto llegara a término. Al no
hacer esto, los abogados de la defensa dejaron ver que su
posición era de una fragilidad pasmosa.
En 1983, antes de huir del país, los
inculpados declararon ante la prensa bogotana ser
“inocentes” y “víctimas de los militares”. Dijeron qué éstos
los habían capturado para “torpedear el proceso de paz” de
esa época. Mucha gente les creyó, a pesar de que los media
bogotanos, intoxicados con rumores y verdades a medias, se
abstuvieron de buscar en serio la verdad del secuestro y
asesinato de Gloria Lara. En 2006, los fugitivos repiten esa
misma soflama pero el resultado es distinto. Sus palabras no
convencen sino a los convencidos. Mucha agua ha pasado bajo
los puentes desde entonces y las mayorías colombianas
terminaron por comprender (no es sino ver los sondeos de
opinión) que la técnica de acusar de todo a los militares
perdió su fuerza y que quienes “torpedean el proceso de paz”
no son éstos sino las organizaciones que trafican,
extorsionan, masacran y secuestran colombianos cada día bajo
el pretexto falaz de una “lucha social” y que éstas ven todo
“proceso de paz” sólo como un medio de lucha hacia la
conquista totalitaria del poder.
El libro de Luz María Echeverri llega, pues,
en buena hora. Por primera vez, los colombianos podrán
examinar los hechos completos de la cruel eliminación de
Gloria Lara, de la dura batalla que siguió entre la familia
de la víctima y los victimarios y del triunfo (efímero) de
éstos últimos. Con ese acervo informativo podrán
pronunciarse acerca de la fase que se abre ahora: la de la
reparación del odioso crimen y de la reparación de los
errores cometidos sobre todo a nivel mediático y judicial.
La Flor de la Esperanza merece ser leída por todos.
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Periodista
colombiano,
autor del libro: "Les Farc, ou l'échec d'un communisme
de combat".
Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de
2005. |