El largo artículo de Maurice Lemoine, intitulado "Otages et prisonniers. La Colombie d'Ingrid Betancourt", publicado en Le Monde Diplomatique (abril de 2006) no es un artículo de prensa ordinario, ni una “investigacion”, como pretende ese mensual al comienzo del texto. Ese escrito constituye un esfuerzo importante de reposicionamiento mediático de las FARC en el paisaje europeo. Es un acto de relaciones públicas en favor de las FARC. Es evidente que Raúl Reyes, quien parece haber sido entrevistado por Lemoine en febrero de 2006, le pidió “hacer algo” para cambiar la imagen detestable que las FARC arrastran en Francia. Pues esa imagen obstaculiza la labor de sus agentes en Europa. Todo indica que Maurice Lemoine asumió esa tarea. ¿Por que no hacerlo? No es la primera vez que LMD se presta a operaciones de lavado de imagen de infames dictadores o de organizaciones extranjeras.

Lemoine explica, en substancia, que las FARC no son una organización terrorista. Para Le Monde Diplomatique las FARC son una organización “beligerante”, que merece un mejor tratamiento en Europa, que debe ser mejor vista, como lo era en el pasado, antes de los Estados Unidos y la UE la incluyeran en la lista negra de las bandas terroristas.

Lemoine aboga en favor de las FARC cuando dice que el estatuto de “organización beligerante” encajaría muy bien con lo que dicen las convenciones de Ginebra de 1949 y el protocolo Adicional II a las convenciones de Ginebra de 1977. Para sustentar esa tesis Lemoine escamotea sin vergüenza la actividad cotidiana criminal de las FARC.

Gracias a la pluma de Maurice Lemoine, el cautiverio de cuatro años de Ingrid Betancourt se transforma en un no-evento, en un casi-malentendido. Ella “está viva y en buena salud (…) es una mujer inteligente y muy capaz”, lanza, imperturbable, Raúl Reyes, vocero de las FARC, al reportero francés. Este último da a entender que tiene buenas razones para tragar entero las frases de Reyes y no pedirle pruebas de lo que dice: el ignora que Reyes se especializó en desmentir todos los crímenes que esa organización comete. Si se le cree a Reyes, las FARC son una asociación de filántropos que lucha por el bien de la humanidad. La prueba: Lemoine asegura que al pronunciarse sobre Ingrid Betancourt, Reyes sonrió y que esa sonrisa estaba “exenta de cinismo”.

En una de las monsergas más intrigantes del reportaje, Lemoine advierte que la “movilización de sentimientos generosos” a favor de Ingrid Betancourt, es decir la actividad de los comités de apoyo, es inútil pues son “recuperados, por estupidez, ignorancia o complicidad, para el mayor provecho del gobierno colombiano”. Lo que el gobierno colombiano “recupera” de ese activismo es bien poco pues la línea general de esos comités es rabiosamente anti-Uribe. No obstante, esos comités de apoyo quedan notificados: las FARC les exigen parar su actividad pues Raúl Reyes no quiere que Europa se entere que las FARC secuestraron a Ingrid Betancourt y a Clara Rojas, entre tantos otros.

Inútil sería buscar en el largo artículo de Lemoine una sola mención de las masacres de diputados departamentales y de consejeros municipales campesinos, amenazados y asesinados por las FARC por el solo hecho de ser representantes del pueblo. Lemoine miente sobre el papel de las FARC en la ola de secuestros que ha sufrido Colombia durante los últimos años. El delira cuando afirma que la delincuencia común secuestra más personas que las FARC. Según Lemoine, en efecto, del 30,5% de secuestrados cuya responsabilidad recaería sobre las FARC (contra el 46,2% cometidos por la delincuencia común, según los datos cuestionables que el utiliza) deberían descontarse “los 36 oficiales y sub-oficiales y policías capturados en combate” y los tres empleados norteamericanos de Microwave Systems, que Lemoine califica de “mercenarios”. Para el jefe de redacción de LMD esas personas no son “rehenes” sino “combatientes prisioneros”, lo que coincide con el estatuto que las FARC dan a esas víctimas.

Pero el derecho internacional humanitario --un derecho en mora de actualización pues no protege la comunidad internacional de las formas más actuales de violencia y de terrorismo--, exige al menos que los “combatientes prisioneros” sean tratados decentemente, pues son sujetos de derecho. Los miembros de las FARC detenidos en las cárceles de Colombia y de Estados Unidos, tienen todos los derechos atribuidos por las leyes de esos países a esa categoría social.

Los rehenes de las FARC viven, en cambio, en condiciones atroces: nunca reciben visitas ni correo de sus familiares, son torturados, son vejados y maltratados, muchos están enfermos y no tienen atención médica, algunos han muerto de desnutrición o de fatiga. El caso más reciente es el de Julián Ernesto Guevara Castro, de 39 años, capitán de la Policía muerto en cautiverio en febrero de 2006, luego de pasar siete años de enormes sufrimientos. Otros veinte rehenes (entre ellos 9 policías) fueron asesinados a quemarropa por los guerrilleros. Guillermo Gaviria, gobernador de Antioquia, y Gilberto Echeverri, ex ministro de Defensa, quienes buscaban un contacto con la guerrilla para hablarles de paz, fueron secuestrados por las FARC y luego asesinados por éstas en las montanas de Urrao, el 5 de mayo de 2003, ante un movimiento de la fuerza pública en las inmediaciones del campamento. Según la fundación País Libre, cada tres días muere un secuestrado en Colombia. La comparación que hace el jefe de redacción de LMD entre presos legales y rehenes de la guerrilla es repugnante.

Sobre el origen de las FARC, la disimulación es aún más audaz al decir que éstas tienen origen en un “sentimiento de injusticia” y que la “brutalidad” de las FARC “está ligada a ese resentimiento”. La creación de las FARC no tiene nada que ver con sentimiento alguno. Las FARC siempre ignoraron los problemas del campesinado. Las dificultades campesinas fueron simplemente instrumentalizadas por la subversión sin aportarles la menor solución [1].

Lemoine utiliza a fondo el pseudo argumento del “sentimiento de injusticia” para justificar lo injustificable, para explicar que el crimen del secuestro, tan explotado por las FARC y el ELN, es legítimo pues las víctimas son miembros de una clase social generadora per se de injusticia social.

Esa teoría escandalosa, creación del leninismo, es esgrimida en Francia, de forma explícita respecto de lo que ocurre en Colombia, por “Red”, un órgano semi-confidencial de un grupo trotskista, controlado por la LCR, quien justifica el secuestro de Ingrid Betancourt por ser, ella, un “miembro de la clase dominante”. Lemoine no hace sino retomar esa teoría y aplicarla a otro político secuestrado. Lemoine evoca, en efecto, una conversación entre un miembro del ELN y un senador colombiano (cuyo nombre oculta) que acababa de caer en manos del terrorismo: “Usted pertenece a la clase política”, eructa, furioso, el “comandante” de una escuadra del ELN a su víctima, la cual, desesperada, grita y llora ante el bruto, sin suscitar en éste, ni en Lemoine, la menor compasión. La compasión de Lemoine va más bien hacia el secuestrador, quien es, según el “reportaje”, una víctima (teórica) del secuestrado quien por ser “miembro de la clase política” había sido, de alguna manera, culpable de las miserias pasadas del guerrillero.

Así Lemoine legitima la práctica abominable del secuestro en Colombia, actividad que para la ONU, según su Resolución 1999/1, parágrafo 2, del 6 de abril de 1999, es una “grave infracción al derecho humanitario internacional”. ¿Cuantas muertes más, cuantos secuestros más serán cometidos en Colombia en los próximos días, en las próximas semanas, en nombre de la teoría de Le Monde Diplomatique? Maurice Lemoine no puede ignorar que de las 22 582 personas secuestradas en Colombia durante los últimos diez años, 5 461 de éstas continuaban en cautiverio hasta febrero de 2006.

Que esa justificación del secuestro sea lanzada por un periodista de LMD sin que Ignacio Ramonet, su director, ni ningún otro responsable de esa publicación se inquieten en lo más mínimo, muestra el estado de postración moral e intelectual en que se halla sumido ese mensual. Que esa justificación del secuestro en Colombia sea lanzada por un periodista de París, sin ser criticado por sus pares ni por los defensores de los derechos humanos patentados de Francia, muestra que la indolencia y el nihilismo gana terreno de manera alarmante en el Hexágono.

Maurice Lemoine se inclina igualmente ante la política de las FARC de sabotear toda posibilidad de liberación de los rehenes. El pide, aparentemente, que éstos sean liberados. Sin embargo, el deja de lado lo esencial: pedirle a las FARC hacer un acto unilateral de liberación de los secuestrados. Pues Lemoine cree en la teoría de las FARC acerca de una “contraprestación”, de un “intercambio” de prisioneros. Para el, las FARC son una fuerza beligerante cuyo estatuto moral es idéntico al del Estado Colombiano. Por eso, su frase sobre la “violación de las reglas de conducta moral aceptables en tiempos de guerra” por parte de las FARC, no es más que una frase hueca. La esencia de su planteamiento es diferente.

El derecho internacional humanitario exige que todo civil secuestrado sea liberado de inmediato y sin contraprestaciones. Lemoine evoca esa exigencia de derecho pero lo hace de manera ambigua y utilizando el condicional “deberían”. Lo hace solo para insistir enseguida en que los rehenes “económicos” son únicamente personas “retenidas” por las FARC, las cuales exigen el pago de un “impuesto revolucionario”, eufemismo inaceptable, mientras que los demás, los “políticos”, son verdaderos rehenes. Esa clasificación es chocante y contraria al derecho humanitario internacional.

Lemoine, en cambio, acusa al gobierno de Álvaro Uribe de rechazar “obstinadamente” el llamado “intercambio humanitario”, escamoteándole a los lectores de LMD la verdad: el gobierno, así como el episcopado colombiano y tres gobiernos europeos (Francia, Suiza y España), han hecho a las FARC, en los últimos meses, ocho o nueve propuestas concretas de diálogo para arreglar el problema de los rehenes y las FARC las han rechazado todas.

Entre esas propuestas se destacan las de Bolo Azul (en septiembre de 2005), la del Retiro (el 13 de diciembre de 2005). Álvaro Uribe le ha propuesto a las FARC dialogar sin exigirles un cese del fuego. El 28 de octubre de 2004, les propuso un encuentro de cinco días en una sede diplomática. Como prueba de buena disposición, el jefe de Estado colombiano liberó unilateralmente 23 sediciosos detenidos. En otra ocasión, les propuso dialogar en una iglesia y en otra realizar, con representantes de la Iglesia católica, un “prediálogo” sobre ese tema. Todo fue en vano. Por otra parte, las exhortaciones de liberación de rehenes lanzados por el gobierno francés fueron rechazadas por las FARC. Es más, en enero de 2006 el gobierno del presidente Hugo Chávez aceptó recibir 12 diputados del Valle, rehenes de las FARC, como refugiados políticos. La respuesta de las FARC fue la misma que las anteriores: No.

Las FARC no quieren negociar. Ante su incapacidad para conquistar durablemente un palmo de tierra colombiana, ellas quieren que el gobierno les ceda, una vez más, una parte del territorio nacional. Como por fortuna Uribe no acepta eso, las FARC continúan ensañándose cobardemente sobre los más débiles y sobre los rehenes.

Si, sobre los más débiles. El largo texto de Maurice Lemoine oculta las atrocidades que las FARC cometen en Colombia contra civiles indefensos, contra diputados y consejeros elegidos por el pueblo, contra pequeños caseríos, etc. La indiferencia de Le Monde Diplomatique por esas atrocidades es compartido, es triste constatarlo, por los otros media franceses. El señor Lemoine no evoca el asesinato de 13 miembros de una misión religiosa en Caquetá, ni la matanza de Alvarado (Tolima), en diciembre 2005, donde las FARC fusilaron, en una carretera, dos civiles e hirieron a 4 personas más, incluidos dos niños. Ni lo ocurrido en Puerto Rico (Caquetá), en mayo de 2005, en el que las FARC mataron, a punta de dinamita, cuatro miembros del cabildo de esa ciudad.

Lemoine no puede no haber oído hablar de la masacre de Rivera (Huila), perpetrada por las FARC el 28 de febrero de 2006, en la que un comando terrorista, disfrazado de soldados, entró al concejo municipal y dio muerte a nueve de los once concejales del pueblo. Sin embargo, de esa masacre el no quiere saber nada.

El jefe de redacción de LMD no habla tampoco del ataque contra el caserío de Monte Bonito (Caldas), en marzo de 2006, en el que las FARC mataron a una niña de cinco meses y a su padre y a un policía y dejaron heridas a cinco personas más. Tampoco le merece la menor atención el asesinato del ex gobernador del Huila, Jaime Lozada Perdomo, uno de los más ardientes partidarios del acuerdo humanitario, acribillado por las FARC el 3 de diciembre de 2005. Ni el caso de la esposa de éste, quien permanece secuestrada desde julio de 2001 por las FARC. Ni el de los dos hijos de ellos, liberados hoy, y que habían sido también secuestrados por las FARC. Lemoine no menciona el atentado contra el club El Nogal, de Bogota, el 7 de febrero de 2003, donde 37 civiles inocentes murieron y 162 fueron heridos. Ni el atentado en zona rosa de Bogota donde cuatro ciudadanos norteamericanos fueron heridos. Tampoco evoca la historia de la casa-bomba de Neiva, mediante la cual las FARC destruyeron todo un barrio y mataron a 16 personas. Ni la de la casa-bomba de San Vicente del Caguán (Caquetá) mediante la cual las FARC mataron a cuatro civiles, una de ellas menor de edad, en marzo de 2006.

Lemoine oculta a sus lectores lo ocurrido el 16 de febrero de 2006, en Cali, donde dos humildes trabajadores que se ganaban la vida acarreando leña y chatarra en un vehículo tirado por un caballo, murieron al estallarles la caja metálica que terroristas les habían confiado. Al pasar junto a una estación de policía, los milicianos de las FARC activaron la bomba y mataron así al abuelo conductor, a su nieto ayudante y al caballo. Otros seis civiles fueron gravemente heridos.

Lemoine no se acuerda de eso. Ni de la cobarde emboscada contra un bus de pasajeros, realizada cerca de San Vicente (Caquetá), en febrero de 2006, en el que nueve civiles perecieron a bala y 14 más fueron heridos. Ni del atentado contra el gobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta, del cual salio ileso, en diciembre de 2005 (el octavo cometido por las FARC contra él). Ni del secuestro del hermano del gobernador del Caquetá, Roberto Claros, en enero de 2006. Ni del secuestro masivo del 26 de julio de 2001, en Neiva, en el que 15 personas fueron secuestras, entre ellos de varios congresistas. Ni del asesinato, en marzo de 2006, de Luz Miriam Farías, una profesora de provincia, quien cometió el error de querer recuperar el cadáver de su esposo, asesinado horas antes por las FARC en Quename (Arauca). Su esposo era Juan Ramírez Villamizar, gobernador indígena de los guahíbos makaguán.

Lemoine no puede mirar la realidad de frente. Si lo hiciera tendría que admitir el drama de los indígenas colombianos quienes son forzados por las FARC a abandonar sus resguardos (más de 19 000 tuvieron que huir en 2005 y 12 000 en 2004), pues su presencia molesta los planes de esa fuerza estalinista en ciertos departamentos, sobre todo en el Cauca. Lemoine no dice una palabra sobre la odisea de 76 indígenas nukak quienes tuvieron que marchar enfermos y descalzos, durante dos meses, en enero de 2006, para huir de las FARC en el Guaviare. ¿Y del éxodo de 1 600 indígenas wounnan quienes llegaron a Istmina (Chocó) el 6 de abril de 2006, luego de una semana de errancias, tras el asesinato de dos profesores de la escuela Unión Wounnan y de las amenazas proferidas contra otros cinco, acusados todos de “colaborar” con el ejército, Lemoine hablará en LMD de mayo próximo?

Le Monde Diplomatique omite todo lo relacionado con el ataque de las FARC contra el pueblito de Samaniego (Nariño) donde dos niñas y tres civiles fueron heridos en enero de 2006. Tampoco evoca la bomba puesta en el hospital de Florencia, en noviembre 2005, que mató a un paciente y causó heridas a varias personas. A él se le olvida hablar del secuestro del congresista Orlando Beltrán Cuellar y de Consuelo González de Perdomo, en 2001, del ataque al avión de Aires, en 20 febrero de 2002, tras el cual secuestraron al senador Jorge Eduardo Gechem Turbay.

La dosis de verdad en los artículos de Lemoine es relativamente ínfima. El parece ignorar que en 70 municipios del país la guerrilla ha plantado minas antipersonales, algunas en los patios de los colegios. El omite lo de los atentados contra la economía del país. El no explica que las FARC dinamitaron (para citar solo los hechos más recientes) ocho pozos petroleros y fracturaron tres oleoductos y derribaron seis torres conductoras de electricidad en Putumayo, en diciembre de 2005 y enero de 2006.

En sus llamados “reportajes”´él evita hablar de las matanzas de policías y de civiles, atacados por fuerzas guerrilleras diez o más veces más grandes, como la ocurrida en San Marino (Chocó), en diciembre de 2005, en la que 800 guerrilleros se lanzaron contra ese caserío y mataron, durante un largo combate, ocho policías e hirieron a cuatro civiles y a otros 9 policías. La matanza de 7 policías que protegían la destrucción manual de coca en La Macarena (Meta) en febrero de 2006, donde otras 8 personas fueron heridas, no hace parte tampoco de la información explotable por el reportero Lemoine. Tampoco la matanza de 28 soldados que protegían otra operación de destrucción manual de plantíos de coca en Vistahermosa (Meta), en diciembre de 2005. Lemoine jamás habló de la matanza de civiles que protegían a los policías, vencidos por asaltantes superiores en número. Como ocurrió el 31 de diciembre de 2001 en el caserío de Puracé (Cauca) donde las FARC mataron a un estudiante, Alberto Guauña, dos policías, ocho militares e hirieron a tres civiles, destruyeron la iglesia, treinta casas y la Caja Agraria.

Los asesinatos de civiles, los secuestros, la instalación de minas, las voladuras de infraestructuras económicas, las lesiones personales, los robos, las amenazas a la población civil, a los elegidos del pueblo, los asesinatos de militares fuera de combate, es la actividad diaria de las FARC, organización que explota a fondo, además, el tráfico de drogas para financiarse, transformándose así el mayor cartel de droga de Colombia.

No hay otra organización que  haya violado más en la historia de Colombia los derechos humanos que las FARC. Esa es la verdad. No obstante, Le Monde Diplomatique se niega a decirlo por razones ideológicas. Esa publicación izquierdista busca los más escandalosos pretextos para abrirle un espacio mediático-político a las FARC. Sirve de tribuna de las FARC y hace el elogio de Álvaro Leyva, el candidato presidencial “más avanzado” (pues patrocinado por las FARC), y evita consultar a los otros candidatos presidenciales y sobre todo huye de todo vocero del gobierno. El interpreta la gran popularidad del candidato Álvaro Uribe y el triunfo de los partidos pro-Uribe en las elecciones legislativas del pasado 12 de marzo, como una vasta conspiración “de los paramilitares de extrema derecha”.

Al mismo tiempo, el calla el hecho de que más de 25 000 paramilitares, gracias a la acción del gobierno y del poder legislativo, entregaron sus armas y fueron desmovilizados en los últimos tres años. Para Lemoine, el campo de la “extrema derecha” comienza con quienes apoyan esa desmovilización y denuncian la acción criminal de las FARC. Luego, para ese curioso periodista que no ignora las recetas de la guerra psicológica, las mayorías colombianas son fascistas.

 

Tal es el tipo de “reportaje” que LMD propone a sus lectores franceses en este mes de abril. Una clarificación se impone. ¿Quien se atreverá a hacerla en Francia?
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[1] Ver Eduardo Mackenzie, Les Farc, ou l’échec d’un communisme de combat, Editions Publibook, París, 593 páginas, 2005.

 

*	Periodista colombiano, autor de: Les Farc, ou l'échec d'un communisme de combat. Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de 2005.