A finales de agosto pasado, la senadora Dilian Francisca Toro, presidenta del Senado de Colombia, se declaró partidaria de permitirle  a  Raúl Reyes, el actual dirigente de las Farc,  "acudir a hablar de paz" en el Capitolio nacional, pues ello constituiría, según ella, “la apertura al acuerdo humanitario y a la paz”. Para Dilian Francisca Toro tal “conversación” con Raúl Reyes  podría incluso ayudar a la “reconciliación definitiva” en Colombia. 

Sin hacerse rogar,  el jefe insurgente respondió través de una revista bogotana que estaba dispuesto a acoger esa brillante iniciativa. A velocidades asombrosas, y a espaldas del país, Dilian Francisca Toro redobló sus esfuerzos para que tal encuentro fuera rápidamente un hecho.

 

Antes de que la opinión pública y los legisladores tuvieran tiempo para discutir sobre la conveniencia y la legitimidad de semejante encuentro,  los medios anunciaron que éste estaba a punto de cristalizar: la Comisión de Paz y el grupo Acuerdo Humanitario del Senado se había reunido para discutir --no si era razonable invitar a ese individuo al Congreso--, sino acerca de las “medidas de seguridad” que deberían ser tomadas para proteger la vida y la libertad del citado personaje durante su eventual incursión en la capital del país. 

 

¿Imagina usted a un John Boehner, House Majority Leader (jefe de la mayoría del Congreso), invitando a Osama Ben Laden a ir a Washington para que explique ante el poder legislativo el programa “de paz” de Al Qaida,  bajo el argumento de que tal “conversación”  podría hacer cesar un día las acciones del terrorismo islámico contra los Estados Unidos? Imagina usted al primer ministro Ehoud Olmert,   invitando a Hassan Nasrallah,  jefe de Hezbollah, a discursear ante la Knesset sobre los planes “humanitarios” de esa organización terrorista, pues  tal “conversación” podría disuadir a los shiitas del Líbano de renunciar a su programa de destrucción de Israel y de lanzar sus misiles sobre la población israelí?

 

En esas dos democracias, la menor invitación en ese sentido liquidaría definitivamente, en cuestión de horas, la carrera política de los autores de tales propuestas. Tal invitación  al “diálogo” seria tomada, por lo menos, como una tentativa disfrazada de colaboración con el enemigo. ¿Qué diría Vladimir Putin si el líder del partido Rusia Unida invita al vocero de los terroristas chetchenos a discutir tranquilamente en la Duma la liberación de los secuestrados?

 

En Colombia,  la propuesta de convertir la máxima instancia de la democracia representativa colombiana en tribuna de las Farc y de otorgarle al jefe de éstas un estatus político aberrante, no escandalizó a nadie. Presentada como una fórmula para "hacer algo" por los secuestrados, la iniciativa no fue siquiera criticada por la prensa. Todo lo contrario. La senadora Dilian Francisca Toro, miembro de una formación política favorable al presidente Álvaro Uribe, el  partido Social de la Unidad Nacional, más conocido como “el partido de la U”, sigue siendo vista como una persona cuerda con la que hay que contar en el futuro.

 

Pocas horas después de ese episodio,  alguien (¿la Comisión de Paz?) introdujo, por fin, un gramo de racionalidad y, sin criticar la propuesta, sin tocar el fondo del asunto, señaló que antes de "abrirle el Legislativo" a Raúl Reyes, como formuló la agencia Colprensa,  esa organización debería hacer un "gesto humanitario", como seria "permitir la verificación de la salud de los secuestrados". Desde luego, como el jefe terrorista se cerró como una ostra ante esa exigencia, demostrando una vez más su nulo interés por el llamado “acuerdo humanitario”, la iniciativa de la flamante presidente del Congreso quedó en el aire.

 

¿Por cuanto tiempo?

 

Es posible que dentro de unos días, o de unas semanas, cuando todo el mundo haya olvidado este episodio, Raúl Reyes lance una contra-propuesta, que evite la visita de la Cruz Roja Internacional a las víctimas de las Farc, y que satisfaga a ciertos espíritus irresponsables, para que la operación de abrirle las puertas del Congreso al terrorismo cobre fuerza de nuevo, ante la ceguera y la ingenuidad de los responsables políticos.

 

Lo que más llama la atención en este asunto  es que la propuesta de la senadora Toro no haya sido vista desde el comienzo como algo grotesco, inadmisible, como un abuso grave de sus prerrogativas, como una violación de la ley, como una intentona disfrazada de capitulación ante las Farc. 

 

Después de la triste peripecia de la zona desmilitarizada de 42.000 Km2 cedida a cambio de nada por el gobierno de Andrés Pastrana a las Farc a finales de 1998,  que ésta aprovechó para reforzar todos sus frentes militares (se trata del mayor error político  jamás cometido por el gobierno colombiano en su larga lucha contra las Farc), muchos creyeron que Colombia había alcanzado por fin un nivel aceptable de comprensión del problema Farc, de su carácter particular totalitario, de sus sofisticadas maniobras clandestinas destinadas a poner de rodillas al Estado y a la sociedad colombianos. El episodio de la invitación a Raúl Reyes, y la indiferencia como fue tratado,  muestra que esa esperanza no era justificada y que responsables políticos de primer orden del país  no saben todavía a ciencia cierta qué son las Farc, qué es la subversión marxista, qué tipo de programa están tratando de imponer con la ayuda de idiotas útiles y, en fin, qué peligro  representa esa organización armada para el país y para el continente americano.

 

Es obvio que la extraña maniobra que pretende abrirle a Raúl Reyes el Congreso colombiano,  oculta una operación más vasta. El objetivo no es facilitar  el llamado “acuerdo humanitario”,  el cual le importa un pepino a Raúl Reyes, sino darle argumentos a quienes trabajan en Colombia y en el exterior para hacer retirar el nombre de las Farc  de la lista negra  norteamericana y europea de las organizaciones terroristas. Pues si Raúl Reyes es recibido por el Congreso colombiano, ¿quien podrá decir después que las Farc son una organización terrorista? He aquí el objetivo oculto.  No es por azar si el señor Álvaro Leyva Durán, el arquitecto de la funesta desmilitarización del Caguán de 2001 (fue él quien organizó el famoso encuentro de Caquetania en 1998 entre el candidato Andrés Pastrana y Manuel Marulanda Vélez), se encuentra ahora tras bambalinas supervisando a la que podría llamarse la “operación Congreso”.

 

Que bella ocasión le será ofrecida a las sectas leninistas europeas, y a las Ongs anticolombianas, si  un partido uribista propicia la suspensión de la orden de captura de Raúl Reyes y  abre al jefe de las Farc el Congreso de Colombia para que aquellas le asesten un nuevo golpe al país!

 

Por eso la lamentable iniciativa de la senadora Dilian Francisca Toro, quien parece actuar en este asunto sin medir las consecuencias de su propuesta, volverá a ser planteada.  No se ve por qué las Farc van a dejar de insistir en una operación de propaganda que puede serles inmensamente benéfica, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. En Francia, hay que saberlo, la prensa marxista manipula frenéticamente el caso Ingrid Betancourt para hacer creer a la opinión que el culpable de esa tragedia es el gobierno colombiano. No es sino consultar la página web del diario comunista l’Humanité, donde el 4 de septiembre pasado,  Chantal Golovine, la “especialista” sobre asuntos colombianos de ese órgano, aseguró que Ingrid Betancourt “está detenida desde hace tres años en Colombia por razones políticas” (sic). Inútil es buscar en la prosa de la Golovine una sola vez la palabra Farc. 

 

Que la idea de la invitación a Raúl Reyes venga, aparentemente, no de un grupo de la oposición, sino de una importante senadora de una formación que hace parte de la mayoría presidencial, deja un poco estupefactos a algunos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Ilusión o perversión? ¿Infiltración o ingenuidad? ¿Dulce ignorancia o ambición desmedida? El juego de Dilian Francisca Toro es difícil de descifrar.  ¿Quiere ella tenderle una trampa a las Farc? ¿Quiere ella tenderle la mano a las Farc? ¿Quiere ella abrirle una avenida a las Farc? Ella está, en todo caso, en la obligación de explicar su actitud. Su gesto permite pensar que la senadora olvida el carnaval de sangre y de lodo en que las Farc han sumido al país desde los años 1950. La senadora Dilian Francisca Toro, y la dirección del Partido de la U, le están debiendo a los colombianos una explicación.