Cuando
Rafael Caldera llegó por segunda vez a Miraflores en 1994,
llevaba consigo a tres primas donas de la política
económica, el veterano Arturo Sosa, el reputado economista
pero inexperto en asuntos oficiales Asdrúbal Baptista, y el
hijo del Presidente, Juan José Caldera. La confusión sobre
la política económica comenzó a dejarse ver incluso desde
antes de comenzar el mandato. Pese a la inocultable
impopularidad del Impuesto al Valor Agregado, el gobierno de
Ramón J. Velásquez aprobó el IVA valiéndose de la Ley
Habilitante con la que lo dotó
el Congreso. El IVA se entendía en el gobierno de Velásquez
como una vía que asegurara recursos al nuevo gobierno, para
que enfrentara los graves problemas de tensión social que se
presentían. Velásquez había puesto el ejecútese a la ley del
IVA sólo después que Sosa le aseguró que Rafael Caldera
apoyaba el nuevo tributo. En fecha próxima a la toma de
posesión, Juan José Caldera anunció que el gobierno de su
padre no gustaba del IVA y que lo echaría para atrás.
Caldera rechazó a la negra
Igual suerte
corrieron las ideas que Baptista traía para ejecutar en el
nuevo gobierno y que le habían valido su ingreso al más
cercano equipo de trabajo de Caldera. Baptista, quien fue
designado Ministro para la Reforma de la Economía, presentó
el 27 de abril de 1994 un documento con sus propuestas, que
incluían la transferencia de parte del paquete accionario de
PDVSA inicialmente a los empleados públicos para cancelar
los pasivos laborales. La entrega directa de parte de las
acciones (y de los beneficios) de la empresa petrolera a sus
propietarios legítimos (los venezolanos…) quedaba reflejada
por primera vez en un documento oficial. Aquellas ideas
escandalizaron las entrañas del gobierno Caldera y el paso
de Baptista por la administración pública terminó en
cuestión de semanas. El proyecto de Baptista, el mismo
figura entre los textos del libro “Hacia un nuevo balance de
poder” que la Fundación Polar publicó en el 2004.
El negro boliviano
Con la
privatización de empresas en Bolivia, fue diseñado un
mecanismo para que parte de las
acciones, y en consecuencia sus correspondientes beneficios,
se mantuvieran como propiedad directa de la población. El
esquema establecido como Ley por el gobierno de Sánchez de
Lozada en el año 2002, dio lugar al denominado Bono
Solidario BONOSOL, el cual
garantiza a todos los ciudadanos bolivianos, a partir de los
sesenta y cinco años de edad y hasta su muerte, un beneficio
anual que por ahora es de 1.800 bolivianos (US$225).
La transferencia se entrega en fecha próxima al cumpleaños
de cada beneficiario y es la señal de que cada boliviano es
accionista de esas empresas privatizadas.
La negra de Rosales
La Negra,
oferta electoral bandera del candidato de la oposición en
Venezuela, Manuel Rosales, trae un poco inquietos a los
analistas políticos internacionales. El corresponsal del
New York Times, Simón Romero, no
dudó en calificar de populista la propuesta de transferir
dinero de la renta petrolera a la población mediante el
mecanismo de una tarjeta de débito. El calificativo de
“populista” curiosamente fue utilizado también por Chávez,
quien dijo que no estaba desesperado para andar ofreciendo
medidas populistas y demagógicas como su rival. Por cierto,
ante el uso por parte del Presidente-candidato de la palabra
“populista” en sentido negativo, la gente comenzó a
preguntase por el paradero del profesor, doctor y Ministro
de Educación Superior Samuel Moncada, quien siempre desde la
cátedra universitaria defendía el populismo como mecanismo
para la redistribución del ingreso.
Pero la
oferta de Rosales de entregar a los desempleados una
transferencia amarrada al precio del petróleo, por tratarse
de una suma en efectivo (que cada quien compre lo que quiera
donde quiera!!!), es lo más
parecido a lo que enseñan los manuales de economía (neo)
liberal. Aunque el joven abogado y político Cipriano Heredia
Soltero insiste en reclamar la paternidad de la idea. La
Negra de Manuel Rosales es -en suma- un curioso híbrido de
liberalismo y rentismo petrolero
que hasta el populista Chávez lo califica de populismo.
La palabra
“populista” - no cabe duda - ya perdió cualquier significado
-bueno o malo- que en el pasado tenía.
BOCADILLOS
El probable
nuevo Secretario de Defensa de EEUU y ex Jefe de la CIA,
Robert
Gates, ha estado relacionado con la empresa
Science
Applications International
Corporation
SAIC e indirectamente con PDVSA. A finales de los
años ochenta, PDVSA -al igual que grandes empresas
mundiales- optó por la estrategia de eliminar los centros de
computación internos y contratar dichos servicios con
empresas especializadas. PDVSA decidió crear una empresa
para este propósito, denominada Intesa,
teniendo a la estadounidense SAIC
como socia. Desde que Hugo Chávez llegó al gobierno,
Intesa se convirtió en blanco
de ataques de los ideólogos petroleros bolivarianos quienes
la acusaban de ser un centro de espionaje de EEUU en la
industria nacional. Cuando los empleados de
Intesa (muchos de ellos
procedían de PDVSA) se sumaron al Paro Petrolero en enero
2003, el gobierno aprovechó para romper unilateralmente el
negocio con SAIC. En EEUU,
SAIC acudió
ante la Overseas
Private
Investment Corporation
OPIC, alegando que Chávez le
había expropiado su participación en
Intesa. En el 2004, OPIC,
organismo que ofrece seguros de riesgo político para los
inversionistas estadounidenses en el exterior, le concedió
la razón a SAIC, la empresa
vinculada con quien ahora será el encargado de las fuerzas
armadas de los Estados Unidos.
***
Cuando se
produjo la Nacionalización de la industria de los
hidrocarburos, durante el primer gobierno de Carlos Andrés
Pérez CAP, la ley incluyó un
artículo que facultaba al Ejecutivo Nacional para que “en
casos especiales” acordara alianzas o negocios conjuntos con
empresas privadas. En aquellos días de los años setenta, el
Artículo Quinto era mostrado por la izquierda venezolana
como la prueba de que la nacionalización de
CAP era “chucuta”, ya que dejaba
abierta la puerta a las empresas trasnacionales. Por casi
treinta años, el artículo quinto nunca fue invocado. Hoy en
día, los acuerdos que el gobierno bolivariano hace con
empresas privadas y estatales extranjeras para la
explotación de hidrocarburos, como la sostenida con la
Petrobras, tienen como base legal justamente ese artículo
quinto heredado de tiempos de CAP.
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Artículo publicado originalmente en el diario El
Nuevo País |