Cuando Rafael Caldera llegó por segunda vez a Miraflores en 1994, llevaba consigo a tres primas donas de la política económica, el veterano Arturo Sosa, el reputado economista pero inexperto en asuntos oficiales Asdrúbal Baptista, y el hijo del Presidente, Juan José Caldera. La confusión sobre la política económica comenzó a dejarse ver incluso desde antes de comenzar el mandato. Pese a la inocultable impopularidad del Impuesto al Valor Agregado, el gobierno de Ramón J. Velásquez aprobó el IVA valiéndose de la Ley Habilitante con la que lo dotó el Congreso. El IVA se entendía en el gobierno de Velásquez como una vía que asegurara recursos al nuevo gobierno, para que enfrentara los graves problemas de tensión social que se presentían. Velásquez había puesto el ejecútese a la ley del IVA sólo después que Sosa le aseguró que Rafael Caldera apoyaba el nuevo tributo. En fecha próxima a la toma de posesión, Juan José Caldera anunció que el gobierno de su padre no gustaba del IVA y que lo echaría para atrás.

Caldera rechazó a la negra

Igual suerte corrieron las ideas que Baptista traía para ejecutar en el nuevo gobierno y que le habían valido su ingreso al más cercano equipo de trabajo de Caldera. Baptista, quien fue designado Ministro para la Reforma de la Economía, presentó el 27 de abril de 1994 un documento con sus propuestas, que incluían la transferencia de parte del paquete accionario de PDVSA inicialmente a los empleados públicos para cancelar los pasivos laborales. La entrega directa de parte de las acciones (y de los beneficios) de la empresa petrolera a sus propietarios legítimos (los venezolanos…) quedaba reflejada por primera vez en un documento oficial. Aquellas ideas escandalizaron las entrañas del gobierno Caldera y el paso de Baptista por la administración pública terminó en cuestión de semanas. El proyecto de Baptista, el mismo figura entre los textos del libro “Hacia un nuevo balance de poder” que la Fundación Polar publicó en el 2004.

El negro boliviano

Con la privatización de empresas en Bolivia, fue diseñado un mecanismo para que parte de las acciones, y en consecuencia sus correspondientes beneficios, se mantuvieran como propiedad directa de la población. El esquema establecido como Ley por el gobierno de Sánchez de Lozada en el año 2002, dio lugar al denominado Bono Solidario BONOSOL, el cual garantiza a todos los ciudadanos bolivianos, a partir de los sesenta y cinco años de edad y hasta su muerte, un beneficio anual que por ahora es de 1.800 bolivianos (US$225). La transferencia  se entrega en fecha próxima al cumpleaños de cada beneficiario y es la señal de que cada boliviano es accionista de esas empresas privatizadas.

La negra de Rosales

La Negra, oferta electoral bandera del candidato de la oposición en Venezuela, Manuel Rosales, trae un poco inquietos a los analistas políticos internacionales. El corresponsal del New York Times, Simón Romero, no dudó en calificar de populista la propuesta de transferir dinero de la renta petrolera a la población mediante el mecanismo de una tarjeta de débito. El calificativo de “populista” curiosamente fue utilizado también por Chávez, quien dijo que no estaba desesperado para andar ofreciendo medidas populistas y demagógicas como su rival. Por cierto, ante el uso por parte del Presidente-candidato de la palabra “populista” en sentido negativo, la gente comenzó a preguntase por el paradero del profesor, doctor y Ministro de Educación Superior Samuel Moncada, quien siempre desde la cátedra universitaria defendía el populismo como mecanismo para la redistribución del ingreso.

Pero la oferta de Rosales de entregar a los desempleados una transferencia amarrada al precio del petróleo, por tratarse de una suma en efectivo (que cada quien compre lo que quiera donde quiera!!!), es lo más parecido a lo que enseñan los manuales de economía (neo) liberal. Aunque el joven abogado y político Cipriano Heredia Soltero insiste en reclamar la paternidad de la idea. La Negra de Manuel Rosales es -en suma- un curioso híbrido de liberalismo y rentismo petrolero que hasta el populista Chávez lo califica de populismo.

La palabra “populista” - no cabe duda - ya perdió cualquier significado -bueno o malo- que en el pasado tenía. 

BOCADILLOS

El probable nuevo Secretario de Defensa de EEUU y ex Jefe de la CIA, Robert Gates, ha estado relacionado  con la empresa Science Applications International Corporation SAIC e indirectamente con PDVSA. A finales de los años ochenta, PDVSA -al igual que grandes empresas mundiales- optó por la estrategia de eliminar los centros de computación internos y contratar dichos servicios con empresas especializadas. PDVSA decidió crear una empresa para este propósito, denominada Intesa, teniendo a la estadounidense SAIC como socia. Desde que Hugo Chávez llegó al gobierno, Intesa  se convirtió en blanco de ataques de los ideólogos petroleros bolivarianos quienes la acusaban de ser un centro de espionaje de EEUU en la industria nacional. Cuando los empleados de Intesa (muchos de ellos procedían de PDVSA) se sumaron al Paro Petrolero en enero 2003, el gobierno aprovechó para romper unilateralmente el negocio con SAIC. En EEUU, SAIC acudió ante la  Overseas Private Investment Corporation OPIC, alegando que Chávez le había expropiado su participación en Intesa. En el 2004, OPIC, organismo que ofrece seguros de riesgo político para los inversionistas estadounidenses en el exterior, le concedió la razón a SAIC, la empresa vinculada con quien ahora será el encargado de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

***

Cuando se produjo la Nacionalización de la industria de los hidrocarburos, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez CAP, la ley incluyó un artículo que facultaba al Ejecutivo Nacional para que “en casos especiales” acordara alianzas o negocios conjuntos con empresas privadas. En aquellos días de los años setenta, el Artículo Quinto era mostrado por la izquierda venezolana como la prueba de que la nacionalización de CAP era “chucuta”, ya que dejaba abierta la puerta a las empresas trasnacionales. Por casi treinta años, el artículo quinto nunca fue invocado. Hoy en día, los acuerdos que el gobierno bolivariano hace con empresas privadas y estatales extranjeras para la explotación de hidrocarburos, como la sostenida con la Petrobras, tienen como base legal justamente ese artículo quinto heredado de tiempos de CAP.

 

*	Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País