Prometió acabar con la corrupción del gobierno anterior y los ciudadanos le creyeron. Con el voto de los pobres arrasó en las elecciones, envuelto en un manto de esperanzas ascendió a la presidencia y en las primeras de cambio removió jueces, gerentes y oficiales corruptos. Pero estallaron los escándalos y se acabó la magia. Luego de las revelaciones que hiciera a la prensa John Githongo, secretario permanente de ética y corrupción de Kenya, el gabinete del presidente Mwai Kibaki es conocido como la Mafia de Monte Kenya. El pasado miércoles renunció el ministro de finanzas ante la presión de la opinión pública y hay grupos opositores que piden elecciones adelantadas en esta nación africana.

            No es la primera vez que los sueños de justicia terminan convertidos en pesadilla. En 1980 Robert Mugabe llegó al poder en Zimbabwe prometiendo el fin del colonialismo y el año pasado se mudó a una residencia presidencial de $6 millones en las afueras de Harare. En 1960 el general Mobutu Sese Seko dio un golpe de estado en la República del Congo y se declaró presidente por 5 años, luego en 1971 le cambió el nombre al país por el de República del Zaire y gobernó 21 años más,  para embolsillarse $8 mil millones. Caso interesante el de Sani Abacha, quien asumió el gobierno de Nigeria en 1993 luego de cancelar unas elecciones y controlar la riqueza petrolera de su país: se presume que al momento de su muerte en 1998 había ahorrado $4 mil millones.

            Los africanos han aprendido que la autocracia y concentración de poder es caldo de cultivo para la corrupción, la cual no se limita a las altas esferas de gobierno, sino que corroe a todos los niveles de la sociedad. Es por ello que algunas naciones han encontrado en la democracia y transparencia buenos antídotos para el desangramiento de las cuentas públicas, y de cierta forma, se han hecho inmunes a los falsos discursos anti-corrupción.

Hace doce años un militar con sueños renovadores tenía redactadas varias medidas una vez llegase al poder gracias a un golpe de estado. En una de ellas se leía:

Considerando que adecentar al país significa cortar de raíz las causas y causantes de la corrupción generalizada, del dolo, del tráfico de influencias, del deterioro moral, social y político de la sociedad venezolana, se decreta:

Artículo 1. No podrán ejercer cargos en la administración pública, aquellos ciudadanos que habiéndolos ejercido en administraciones pasadas, sean responsables directos o indirectos de los males que han empobrecido a la Nación

Artículo 2. Quedan igualmente vetados para participar en la administración pública cualquier ciudadano señalado como incurso en manejos impropios contra la cosa pública y contra la soberanía nacional... por aprovechamiento de la venalidad de la justicia; aquellos ciudadanos enriquecidos súbitamente y que no tengan justificación pública de su peculio.

Solo que este decreto no sería leído en Nairobi, sino en Miraflores.

ebravo@unionradio.com.ve