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            Si bien los partidos políticos opositores del sistema que participaron de las elecciones del 7 de agosto, con los magros y escuálidos resultados reseñados – 777.086 sufragios de un universo de más de 14 millones de electores - , ya han adelantado su disposición a inscribir candidatos y participar a como de lugar en los comicios de diciembre y anuncian encuentros con fines unitarios para encontrar una forma de participación que no se traduzca en su virtual desaparición, en la llamada Nueva Oposición Democrática la jefatura del Frente por las Defensa de los Presos Políticos anuncia su decisión de respaldar las aspiraciones candidaturales de algunas personalidades encarceladas, como el líder sindical Carlos Ortega, y promover o favorecer la postulación de algunos otros líderes perseguidos o encarcelados, como los del Táchira. Mientras algunos organismos de la sociedad civil adelantan listas unitarias.

            Sorprende tal decisión, toda vez que hasta ahora ningún sector político ha desmentido o le ha restado credibilidad a la información que circulara confidencialmente y según la cual el presidente Chávez, en reunión sostenida en Fuerte Tiuna a mediados de julio con altos personeros de su entorno, el presidente del CNE y los directivos de Smartmatic habría configurado ya los resultados de dicho proceso electoral, que le aseguraría el absoluto dominio de dicha asamblea, le garantizaría la potestad para nombrar a cuarenta oficiales de las fuerzas armadas entre los cien diputados acordados al MVR y le dejaría a la oposición un total de entre 20 y 25 diputados, de los cuales 10 para AD, reconociéndole su importancia relativa en el bloque opositor. Ya corre más de algún politicastro más chavista que Chávez a asegurar que los diputados oficialistas serán más de 155 y no pasarán de la decena los opositores elegidos.

            Por importante que todo ello parezca, lo verdaderamente trascendental no radica sin embargo en el ámbito propiamente eleccionario. Ni muchísimo menos en el destino individual de algunas personalidades opositoras a cuyos intereses habría que supeditar la estrategia de la Nueva Oposición Venezolana. Como lo señaláramos reiteradamente antes de las elecciones del 7 de agosto, la tarea prioritaria de una auténtica oposición debía radicar en darle contenido político a la abstención, tener éxito en su convocatoria y acumular fuerzas en un proceso mayor de recuperación de la iniciativa política por parte de la sociedad civil, verdadera protagonistas de todas las luchas libradas contra el régimen desde el año 2001. En la base de tales consideraciones abstencionistas se encuentra el convencimiento del carácter dictatorial del régimen y su voluntad de sometimiento de la ciudadanía mediante el expediente electoral.

            Los resultados exitosos de dicha política – más de un 80% promedio de abstención nacional y el desenmascaramiento de la fragilidad de la popularidad de Hugo Chávez - ¿avalan o reafirman la justeza de dicha política?

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            Es cierto: los partidos políticos del viejo establecimiento, incluido Primero Justicia, no parecen querer reconocer la esencia del conflicto y la gravedad de la crisis que vivimos, que no es bajo ningún concepto de naturaleza electoral: el régimen no es democrático y utiliza los procesos electorales como meras instancias de legitimación y entronización de la autocracia caudillesca del teniente coronel Hugo Chávez. Como lo ha reiterado él mismo pública y privadamente hasta la saciedad, no aceptará un solo proceso eleccionario que se traduzca en su desplazamiento del Poder. Por el contrario: o los someterá todos a su voluntad, torciendo la decisión popular siempre a su favor, o simplemente los ignorará. Chávez lo ha dicho hasta el cansancio: llegó para quedarse y se quedará. ¿Alguien lo duda luego del ominoso y circense espectáculo de La Habana este domingo último?  No importa lo que piense o desee nuestro pueblo; no importa lo que piense, crea o desee la comunidad internacional. Sólo importa lo que piensen él y Fidel Castro: la delirante decisión de arrimar el continente a la hoguera de la revolución. Su razón es de naturaleza histórico trascendente: además de su desnuda, criminal y desaforada ambición de poder, la revolución obedece a instancias supra constitucionales y debe realizarse a cualquier precio. Ella no pertenece al ámbito inmanente de los quehaceres humanos. Es trascendente y no se cuenta.

            Esta realidad incontrovertible demuestra la absoluta inutilidad de la participación opositora en los procesos electorales, pues dicha participación sólo cumple con la función de legitimar procesos intrínsecamente fraudulentos. Ello será así mientras dichos procesos se cumplan bajo la potestad de un CNE ilegítimo y organizado en función de violar la voluntad popular y cumplir la del presidente de la república. ¿Qué razones objetivas llevan a los partidos políticos, desde Bandera Roja hasta Proyecto Venezuela, desde Causa R hasta COPEI, desde AD hasta Primero Justicia a escamotear este hecho, a ocultarlo o desconocerlo? ¿Qué razones a quienes –sin duda de buena fe – echan a correr listas de candidatos ideales, como si estuviéramos en el reino de San Pedro? ¿Aún no advierten lo que Chávez Frías, Fidel, Daniel Ortega, Evo Morales y su zarrapastra de trasnochados neofascistas pretenden: montar a cualquier precio el enfrentamiento y liquidar mediante artilugios electoralistas y/o con la fuerza de las armas todas nuestras democracias?

            Es de elemental necesidad proceder de buena fe y asumir que tal errada política de algunos partidos y grupos opositores no corresponde a una voluntad entreguista ni es producto de  una complicidad soterrada o encubierta con el régimen, ni que dichos partidos u organizaciones cumplen una función de colaboración consciente con su propia aniquilación, sirviendo Julio Borges o Henry Ramos, Gabriel Puerta Aponte o Eduardo Fernández, Henrique Salas Römer o Leopoldo López de aviesa quinta columna de la desquiciadora voluntad del caudillo. Corresponde, pues, suponer que ella obedece a una errada percepción del momento histórico, a una incomprensión de la gravedad de la crisis y a un comportamiento errático incapaz de situarse a la altura de las circunstancias y asumir la conducción del liderazgo en momentos extremos que ameritan asumir un riesgo de vida o muerte. Pues Venezuela se debate ahora mismo en la encrucijada entre dictadura o democracia y la guerra entre ambas es fatal de necesidad. De allí la futilidad de todo esfuerzo electoral si no contribuye a un proceso de acumulación de fuerzas y dirimir esa disyuntiva en cualquier terreno en que se plantee.

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            En esta situación de alternativas extremas, la línea divisoria de los campos opositores pasa por reconocer el mortal enfrentamiento entre la libertad y la sumisión que hoy nos determina. Inclusive las personas pasan a segundo plano: no se trata del General Usón o del General Rodríguez, de Carlos Ortega o Lázaro Forero. Ni tampoco se trata de Antonio Ledezma u Oswaldo Álvarez Paz. Ni de Patricia Poleo o Tulio Álvarez. Ni muchísimo menos de quienes, de manera inconsulta, figuramos en listas ad hoc. Se trata de la guerra a muerte entre la democracia o la dictadura. La definición de las personalidades se subordina a esos campos, se debe a esa guerra. ¿Dónde se sitúa en ese enfrentamiento la sociedad civil, el pueblo democrático de Venezuela, su liderazgo?

            ¿Se ha producido algún cambio sustancial, sea en la naturaleza del régimen, en la naturaleza del CNE o en la naturaleza de la oposición entre la situación existente antes del 7 de agosto y la que se presenta ante las elecciones parlamentarias de diciembre? En lo absoluto. La situación es exactamente la misma. Con una variable a favor de la oposición de colosales dimensiones y que una interesada visión de quienes se niegan a ver la gravedad del momento que vivimos pretende desconocer: la sociedad civil ha avanzado en la comprensión de la naturaleza dictatorial del régimen y ha decidido NEGARSE a convalidarlo electoralmente, quitándole, de paso, su respaldo a quienes se nieguen a acompañarla en esa percepción. Si cabía alguna duda, este domingo habanero la despejó para siempre. La sociedad venezolana, el pueblo democrático, ha descubierto el arma de la abstención. No la cederá gratuitamente, ni para resolver problemas personales de quienes, con su prisión, demuestran y subrayan la naturaleza dictatorial del castro-chavismo que nos somete, ni para asegurarle un escondrijo a líderes cobardes o miopes, traidores u oportunistas, ignorantes o mediocres.

            Por ello, no tiene la sociedad civil venezolana otra alternativa que profundizar la abstención y avanzar aún más en su acumulación de fuerzas. No tiene otro camino que terminar de darle la espalda a los partidos complacientes o ignorantes del mal que prohíjan y atrincherarse en su decisión de no convalidar la farsa electoral. A no ser que en un giro dramático de los acontecimientos y como consecuencia de la presión amenazante del abstencionismo y el rechazo a participar por parte de una dirigencia opositora unida, el régimen reconozca la necesidad de volver al terreno de sus orígenes democráticos y - cediendo a las presiones populares y a la presión internacional - acepte medirse democrática, transparente, legal, constitucionalmente. Bajo esas premisas, la participación electoral es una obligación política y moral. Y todos los partidos y todas las personalidades tendrían el derecho y la obligación de postular sus nombres para conformar una asamblea cuya principal misión debiera ser la salvación de la patria.