1.- La situación política y electoral venezolana se ha agravado
por la permanente y demostrada parcialización del Consejo
Nacional Electoral (CNE). Esto se ha puesto en evidencia en cada
uno de los instrumentos y mecanismos reglamentarios,
tecnológicos y administrativos que el poder electoral ha
implementando desde el inicio mismo del proceso que condujo al
Referéndum Revocatorio Presidencial del pasado 15 de agosto de
2004, y que nuevamente se han manifestado en el proceso para la
elección parlamentaria del 4 de diciembre de 2005. Para este
último se ha demostrado que el secreto del voto ha sido violado
en Venezuela, con lo cual se deja al desnudo el carácter
ilegítimo del CNE, se coarta el libre ejercicio del sufragio, y
se abren nuevamente las puertas de la persecución política.
2.- La carencia de un verdadero árbitro electoral imparcial y
de condiciones idóneas para el ejercicio del derecho
constitucional de votar y de elegir a nuestros representantes,
ha generado la pérdida creciente de credibilidad en las actuales
autoridades del Consejo Nacional Electoral y, lo que creemos aún
más grave, en un justificado rechazo de la ciudadanía para
participar en las elecciones previstas constitucionalmente. Las
altas tasas de abstención registradas en elecciones recientes,
así como las previstas para el próximo domingo, no guardan
relación con la tradición de participación electoral de los
venezolanos pues en estos casos actuales se trata de un alto
porcentaje de abstenciones activas y no de indiferencia o apatía
de la población.
3.- Ante esta situación, importantes actores políticos
nacionales que habían inscrito candidatos para las elecciones
previstas para este próximo domingo, han tomado la decisión de
retirarlos hasta tanto no se garanticen en Venezuela los
principios elementales del sufragio en democracia, tales como:
secreto del voto, escrutinio público, representación
proporcional y confiabilidad del Registro Electoral. Estos
principios no son concesiones graciosas que el actual CNE haría
a los ciudadanos, sino mandatos consagrados en la Constitución y
leyes electorales.
4.- Las irregularidades y vicios demostrados de nuestro sistema
electoral son conocidos por la sociedad venezolana y también
por la comunidad internacional. Los observadores de la OEA y de
la Unión Europea que actualmente están presentes en nuestro país
son testigos de algunas de estas graves irregularidades,
particularmente las referidas a la violación del secreto y
escrutinio del voto, y la manipulación del Registro de
Electores.
5.- Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que
comprenda y coopere en el restablecimiento en Venezuela del
ejercicio democrático del sufragio, principio contenido en los
acuerdos suscritos por la República como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y la Carta Democrática
Interamericana.
La solidaridad que la democracia venezolana tuvo durante tantos
años con los hombres y mujeres de los pueblos de América y de
Europa, perseguidos en su momento gris por regimenes
autoritarios, autocráticos, dictatoriales o totalitarios,
violadores de los derechos del “Hombre y del Ciudadano”, nos
mueve a confiar en la comprensión de esos mismos pueblos y de su
dirigencia democrática hacia nuestra lucha por las libertades
ciudadanas que, sabemos, es por ellos compartida.
6.- Ratificamos, una vez más ante el país y la comunidad
internacional nuestra convicción en la salida constitucional,
democrática y electoral como garantía de la paz y convivencia
que todos deseamos.
7.- El actual CNE carece de legitimidad de origen; lo cual,
aunado a su progresiva ilegitimidad de ejecutorias, ha
conducido a la actual crisis electoral que vive el país y
amenaza en convertirse en una nueva crisis política de
gobernabilidad democrática, que todos deberíamos tratar de
superar por las vías constitucionales.
Para ello, exhortamos a todos los factores democráticos, en
particular a los partidos políticos y organizaciones de la
sociedad civil, a actuar unidos en estos difíciles momentos que
vive nuestro país.
8.- En las condiciones actuales, de ilegitimidad de origen y
de ejecutorias del Consejo Nacional Electoral, así como de la
carencia de condiciones necesarias para el ejercicio libre y
transparente del sufragio, no es posible elegir ninguno de los
Poderes Públicos de la República que esté investido de
legalidad y de legitimidad.
9.- En consecuencia, exigimos la renuncia del actual Consejo
Nacional Electoral y la designación inmediata de uno nuevo,
imparcial y competente que, de acuerdo a la Constitución y leyes
de la República, pueda organizar ahora y para siempre elecciones
libres y justas.
Por la Mesa de Reflexión
Democrática
