A mediados de los años noventa, cuando los ruidos de sables se oyeron en el seno de MERCOSUR, aquellos países que habían sufrido espantosas dictaduras militares acordaron lo que se ha llamado la “cláusula democrática”, que se concretó en el Protocolo de Ushuaia.

Este Protocolo establece que, “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para la cooperación en el ámbito del Tratado de Asunción, sus Protocolos y demás actos subsidiarios”, así como que la alteración del orden democrático  es inaceptable y que siempre se debe incluir una cláusula de afirmación de este compromiso en los acuerdos con otros países o grupo de países. Sin embargo, este acuerdo no pasaba de ser un tema puntual pues el bloque constituido alrededor de una unión aduanera mantenía una agenda eminentemente económica.

Con el advenimiento del siglo XXI la unión aduanera comienza a preocuparse de otros temas políticos como el de los Derechos Humanos. De hecho, en el 2004 se suscribió el Protocolo de Asunción denominado “Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el MERCOSUR”, donde se reitera la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de  los derechos humanos y de las libertades fundamentales, además de que se establece la necesidad de la cooperación para su promoción así como un mecanismo de consultas cuando sucedan graves y sistemáticas violaciones en situaciones de crisis. En el 2005, se realizó la primera Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR instancia institucional proyectada a partir de la Cumbre de Bello Horizonte, en diciembre de 2004, donde se autorizó  la transformación de un grupo Ad-hoc del Foro de Consulta y Concertación y Política, que ya venía reuniéndose desde 1999.

El anuncio de la creación de un “Observatorio de Calidad Democrática” en esta última la reunión,  que pudiera estar orientado a ir mas allá de cooperar y vigilar situaciones extremas, no pude sino ser recibido con entusiasmo por los grupos democráticos del continente. En especial en Venezuela donde muchos pensaron que la famosa “cláusula democrática” como condición para la incorporación del país  al bloque al menos pudiera haber “obligado”  a Chávez a conceder una cierta apertura democrática. Sin embargo, la incorporación de Venezuela como miembro pleno y los acuerdos con Cuba, como mínimo comprometen la relevancia de dicha cláusula.

Todavía, es difícil juzgar la importancia que pueda tener el mencionado Observatorio, sin embargo si su misión es, como dice su proponente, el ex Vice-Presidente Argentino Carlos Alvarez,  mantener una independencia del exterior y evitar que europeos y norteamericanos, que no conocen nuestra realidad y se confunden al hablar de gobiernos populistas, vengan a supervisar las elecciones, no hay dudas que hay mucho de que preocuparse. En especial cuando ya voceros gubernamentales recibieron la noticia complacidos repitiendo el mismo argumento según el cual la supervisión electoral por parte del nuevo Observatorio si sería un ejercicio de soberanía de los países del MERCOSUR que se autoevaluarían evitando ingerencias externas de otros países y organizaciones que no comprenden nuestras realidades.

Esperemos que los sureños que aun sienten en carne viva sus años de dictadura militar, de persecuciones, de desaparecidos,  de violaciones masivas de  Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, no se conviertan en reinterpretadotes de tales derechos y  libertades  y nunca lleguen a aceptar la tesis venezolana de que los derechos políticos y las libertades fundamentales son derechos de segundo grado, o las tesis militaristas que afirman que “el orden y el progreso” son mas importante que la democracia, o las “soberanistas” según las cuales se permitiría que se violen derechos y libertades siempre que no sea en forma masiva o se salgan de las fronteras.