Después de que Kremlin acusara a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en especial las que recibían financiamiento externo, de fomentar actividades contra el Estado y favorecer el debilitamiento de las posiciones geopolíticas rusas, se inició el proceso de discusión de una ley para controlar a la sociedad civil. Este fue un proceso bastante arduo que involucró instituciones que fueron más allá de la Duma y el Estado Ruso y que se concretó en una nueva legislación que el presidente Putín recientemente refrendó. Sin embargo, la ley sigue siendo objeto de duras críticas internas y externas, y de instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

El Consejo de Europa, organismo intergubernamental creado para defender los derechos humanos, la democracia parlamentaria y el estado de derecho, revisó a petición de Rusia el primer borrador y con base a sus recomendaciones se introdujeron algunos cambios. Sin embargo, el Consejo considera que la ley aún debe ser mejorada pues existen imprecisiones y un poder excesivo de supervisión que incluye el control y fiscalización de los financiamientos y las actividades de las ONG rusas y extranjeras que tendrán que inscribirse un nuevo Servicio Federal de Registros, que se ocupará de su inspección.

Aún antes de que la ley entrara en vigencia ya varias ONG internacionales fueron clausuradas lo que provocó una reacción internacional. Así el presidente ruso en su visita a Alemania, a principios de año se comprometió con la canciller alemana, Angela Merkel, de hacer todo lo posible para no afectar a las ONG internacionales, aunque mantuvo su posición sobre la financiación extranjera pues cree que es fuente de desestabilización política.

Recientemente, ante la inminente reunión del G8 y las presiones internacionales ejercidas, el presidente Putin se reunió con ONG nacionales e internacionales, quienes plantearon varios cambios a la legislación. Putín se negó a cambiar la ley pero accedió a revisar la implementación de su aplicación aunque reiteró su oposición al financiamiento extranjero para “actividades políticas” aunque la ley no ofrece ninguna definición de estas actividades.

Paralelamente, en Venezuela la Asamblea Nacional discute una ley de Cooperación Internacional que también es precedida por acusaciones de “traición a la patria” por el uso de fondos internacionales. Su texto actual, al igual que el ruso, busca controlar el financiamiento y actividades de las ONG y obliga a éstas organizaciones sean nacionales o internacionales a registrarse. La ley crearía un fondo único de financiamiento, controlado por el gobierno el cual podrá ser utilizado siempre y cuando éstas respondan a la prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, dejando estas y otras enunciaciones sin definir o mejor dicho dejando, por ejemplo, la definición de conveniencia nacional convenientemente al gobierno.

Lamentablemente, ningún gobernante de los que visita Chávez en sus periplos internacionales o que son traídos de visita ni ninguna organización internacional a la que pertenezca Venezuela, como la OEA o MERCOSUR han mostrado preocupación o sugerido recomendaciones. Nada a favor de las ONG podemos esperar de esta nueva gira por países como Bielorrusia, Rusia, Irán, Qatar, Vietnam, Siria y algunos países de Africa ni de su vista a MERCOSUR. Sólo las ONG están dando la batalla para evitar ser diezmadas en su lucha por la reivindicación de los derechos ciudadanos.

La pérdida de la autonomía de las ONG en cualquier parte del mundo no es solo la pérdida de unas organizaciones sino que es la pérdida de toda la sociedad, que al quedarse sin sus voceros, sin sus defensores, sin aquellos líderes abnegados que buscan reivindicar los Derechos Humanos mas allá de sus apetencias personales, es sometida y silenciada por gobiernos totalitarios que cercenan derechos y libertades ciudadanas que creíamos conquistadas y aceptadas por la humanidad.