La
muerte a mansalva de una decena de mineros en La Paragua no
es simplemente un caso de exceso de violencia militar que
debe ser penalizado. La Paragua es parte de la masiva y
sistemática violación de los derechos humanos que sucede en
nuestro país, pero que no notamos porque nos hemos
acostumbrado a su existencia. Al igual que no notamos los
90.000 asesinatos que han sucedido en lo que va del siglo
porque no estamos, teóricamente, en guerra.
No es sólo
el abuso policial y militar en
La Paragua, en Kennedy, en Fuerte Mara, en Apure, entre
otros lugares del país, o lo que ha acaecido en los Estados
Apure, Guárico, Falcón y Anzoátegui, donde grupos
parapoliciales deambulan cometiendo crímenes, ni las seis
mil víctimas
reconocidas de
ejecuciones extrajudiciales,
sino que además tenemos la
falta de
independencia judicial, el ataque contra la libertad de
expresión, los presos políticos, la persecución política-
lista Tascón-, y muchas otras flagrantes y notorias
transgresiones que ponen al descubierto la persistente
violación de los derechos humanos en Venezuela.
La
violación de los derechos humanos por parte del Estado se
vuelto una constante. No hay que extrañarse, la
transformación de la democracia venezolana en un modo
autoritario y militarista de gobierno, necesariamente nos
lleva a situaciones como estas. Aquí el tema no es si antes
también se violaban los derechos humanos, si tal o cual
persona fue asesinada o torturada en a cuarta, tercera o
primera república. Lo grave es que, ahora estos
procedimientos siguen en práctica y la violencia no parece
detenerse. Pareciera que el ambiente actual es propicio para
que se produzcan estos terribles hechos.
Venezuela
ha nivel internacional ha optado por una posición que
claramente lo aleja de la comunidad democrática de naciones
y lo alinea con los países autoritarios, violadores de
derechos humanos. Así se opuso a la refundación del Consejo
de Derechos Humanos y se abstuvo junto a Irán y Bielorrusia
para no votar en contra, con los Estados Unidos. Además,
junto a Cuba y otro grupo de países no democráticos, no ha
formulado una invitación permanente a los mecanismos del
sistema de derechos humanos, para que evalúen la situación
del país, como lo han hecho los europeos occidentales, los
latinoamericanos y los europeos orientales con la excepción
de Azerbaiján y Rusia.
Adicionalmente, para la Venezuela bolivariana, ahora unos
derechos son más humanos que otros. Nuestra anterior Vice-ministro
dijo ante Consejo de Derechos Humanos que, "Todos los
derechos son importantes, pero forma parte de la lógica
biológica y humana que es mucho más importante alimentarse
que poder formar parte de un partido político, tener un
trabajo digno que vivir en un sistema democrático, saber
leer y escribir que tener libertad de expresión". En este
sentido, se alinea con la justificación de todos los
regímenes autoritarios que pretenden justificar la pérdida
de los derechos políticos y las libertades fundamentales,
con el fin de asegurar la satisfacción de las necesidades
básicas de la población, que nunca llega.
El gobierno
bolivariano no ha creado las condiciones para que se
impongan los derechos fundamentales de los hombres, pues por
encima están los intereses de la “revolución”. La situación
es crítica, ha desbordado al gobierno bolivariano, y eso que
sólo hemos hablado de los derechos políticos y las
libertades fundamentales, y no de los sociales, económicos y
culturales.
Un nuevo
gobierno debería basar tanto su política interna como la
externa en la defensa y mejoramiento de los derechos humanos
y adelantar acciones contundentes en este sentido. Para
esto, entre otras cosas, debería solicitar a las Naciones
Unidas la creación de una Oficina de Derechos Humanos
dependiente de la Alta Comisionada, a fin de que nos
acompañe y asesore en el proceso de mejoramiento de tales
derechos y nos ayude a monitorear su situación. No porque
Venezuela carezca del personal idóneo, sino para conseguir
todo el apoyo posible y mostrar de forma transparente a
nuestros ciudadanos y al mundo, el interés y compromiso del
nuevo gobierno nacional. Además, no sólo habría que realizar
la invitación permanente a los relatores, representantes
especiales o expertos independientes del sistema de derechos
humanos de Naciones Unidas, y de la OEA, sino requerir su
inmediata presencia para conocer sus evaluaciones y
recomendaciones, y junto a nuestros expertos poner en
práctica las medidas y acciones pertinentes que devuelvan a
los venezolanos la tranquilidad y el sosiego que se merecen.