1. La propiedad privada no es sacro santa

Mas allá de las diferencias en forma y fondo, dado el origen democratico de la actual gestión de gobierno, su proceso de deslegitimación se aproxima en los hechos y con derecho al modelo cubano, dado que, si bien el venezolano es de origen democratico, alcanzado a través del voto masivo en su oportunidad, el gobierno nunca recibió en ese proceso electoral mandato alguno para cambiar el régimen económico y social que los venezolanos teníamos desde la refundación del estado moderno hacia finales de la 2da Guerra.

En virtud de ese proceso de ‘deslegitimación’, los cambios que se ejecutan en el régimen económico y particularmente en el régimen de propiedad –privada- toman sin embargo cuerpo legal y constitucional, sancionados por las instituciones y poderes cuya actividad legislativa y de jurisprudencia le ha impuesto a los instrumentos legislativos un sello de ilegitimidad, legalidad  por cuanto muchas leyes que afectan directamente lo económico pudieran ser anotadas con un fuerote grado de inconstitucionalidad, sobre todo por las heterodoxias legislativas que han dejado un amplio espectro de duda en la constitucionalidad de muchos instrumentos legales.

El régimen jurídico en consecuencia es débil, la actividad económica privada algo natural en la vida del hombre, se ejerce en un marco jurídico que define su debilidad jurídica frente al Estado que por inducción ideológica invade y sustituye los mecanismos de generación de riqueza de la sociedad. Esa acción de gobierno arbitraria y contra natura coloca a los ciudadanos en situación de indefensión a la acción del estado y los intereses particulares políticos, es obviamente no el estado de Montesquie sino el de Marx, ni siquiera el de JJ Reausseau.

2. El comunismo cubano se copia al carbón

El Presidente nunca ha ocultado que su modelo de socialismo –o comunismo, lo que para los efectos es lo mismo -que el disimula como de siglo XXI  es el cubano, una versión tropical del comunismo soviético, la matriz del comunismo de todos los tiempos, incluido el que se incuba con el eufemismo de socialismo del siglo XXI. En estos años y por impacto de la llamada revolución bolivariana, el socialismo comunista cubano se he venido trasplantando en la sociedad venezolana sin descanso, el trasplante se ha acelerado en la medida que la gente ha abandonado la resistencia politica inducida por las frustraciones producidas bajo el amparo del viejo liderazgo político, culpable entre otras cosas de la insurgencia politica de ese fenómeno político conocido como chavismo.

La transformación social-comunista venezolana, a la cubana, abarca desde la propia organización del Estado, instituciones y ministerios a cargo de los asuntos económicos, corporaciones estatales encargadas de la distribución y producción de bienes y servicios –donde Mercal, el más emblemático entre ellos pero no el único- públicos, de salud y educación.

3. El socialismo comunista de variación cubana: el régimen económico de los soviets.

En ese mismo sentido, la influencia institucional del comunismo cubano se extiende hacia el funcionamiento de organizaciones de naturaleza socio-económicas, en conjunto con las organizaciones sociales y políticas – además de los partidos políticos- convocadas para la defensa de la revolución. Se incorporan así mecanismos institucionales creados para relacionar la actividad económica de la gente, en forma de cooperativas, en forma de sociedades autogestionarias y organizaciones económicas paraestatales llamadas de desarrollo ‘endógeno’ que consecuente con la matriz ideológica tomada del marxismo no disfrutan de definidos derechos de propiedad privada y que por defecto –constitucional- convergen en propiedad estatal o publica, tomando como modelo la experiencia cubana en la que la gerencia y administración de organizaciones económicas son componente básico de la nomenclatura que ejerce funciones de gobierno.

No es este un tema nuevo pintado del marxismo sincrético que rige la revolución bolivariana, la revolución bolchevique en Rusia a principios de siglo XX, impuso formas socioeconómicas similares en cooperativas agrícolas, industriales y de servicio, que luego de su natural fracaso por razones naturales; es decir, individuos enajenados de su querencia natural ante su propiedad privada, fueron violentamente colectivizadas por Stalin, y atrapadas por el Estado, para ser posteriormente repartidas a la clientela politica del Partido Comunista y el Ejercito Rojo, conformando de inmediato una estructura corporativa económica y politica de absoluto rentismo que requirió de la formación de un orden fascista para contener el orden social y la ‘disciplina’ social del ciudadano. Este proceso es ‘natural’ de allí las advertencias que normalmente hago respecto de los objetivos de la revolución bolivariana que podría conducir a Venezuela a un estado similar, en un proceso que pudiésemos distinguir y definir como de consecuencias no intencionadas.

4. Rentismo y colectivización de la actividad económica: todos seremos empelados públicos.

Los mecanismos rentitas se expresan así en forma grotesca, el incentivo de la gente para la captura de renta se hará por las poleas de gestión politica; de esta manera, un dirigente político revolucionario, califica sin mas, su currículum vitae revolucionario es el fundamento, entre otros mas, para ser nominado para gerenciar organizaciones económicas, ministerios, corporaciones estatales; hemos visto la CVG casos con esa factura.

Todas estas formas de gestión – enajenadas todas ellas de títulos de propiedad, ni legislación que los sostenga y reafirme- demandan y requieren de una infraestructura productiva en bienes y servicios solo disponible hoy en forma de propiedad privada según el marco constitucional anterior a 1999, así empresas, y corporaciones privadas soy hoy el objetivo de las políticas publicas de expropiación, confiscación y nacionalización, que han quedado constitucionalmente y legalmente subyugadas y a expensas de la ideología del estado social de derecho, bajo la acción de todos los poderes del Estado en la nueva constitución, que han tenido como fundamento y objetivo económico e institucional en el debilitamiento estructural de los derechos de propiedad, y de la propiedad privada.

5. Expropiaciones y confiscación: socialismo del siglo XXI o XIX, lo mismo.

Las expropiaciones y confiscación de tierras y empresas de sectores agrícolas e industriales que ya no son retórica politica, sino diseño y ejecución de políticas públicas que buscan constituir la infraestructura económica y organizativa que se pone a disposición de las organizaciones políticas y económicas mencionadas arriba; a saber; cogestión, sociedades autogestionarias, cooperativas, y hasta el propio estado a nivel nacional y regional, y mas allá del origen, en la convergencia hacia el comunismo socialista cubano es plena.

Las finanzas para la expropiación

Las palancas financieras de esa estructura social-comunista in  motion se han establecido no solamente con la ultima reforma del Banco Central de Venezuela, que convertido en un banco de inversión, de desarrollo, por las nuevas disposiciones monetarias en el descuento, sino con el establecimiento de los fondos presupuestados en la Ley del Presupuesto y otros fondos ad hoc conformados por las finanzas de PDVSA,  corporaciones  financieras publicas, BANDES, BIV, y otros bancos sectoriales, hasta el naciente Banco del Tesoro,  en la fuente de fondos por transferencia de renta petrolera para financiar las actividades económicas de las organizaciones de crecimiento endógeno, cooperativas, sociedades autogestionarias, y otras por venir, pero conforme a los mecanismos clientelares y rentistas que el propio estado crea a manos llenas.

Esos mecanismos financieros son realimentados por otros heterodoxos de doble  contabilidad como la sustracción y confiscación de las reservas internacionales en manos del BCV, y la fuente de financiamiento monetario de los déficits fiscales envueltas en la contabilidad de las utilidades cambiarias. No podemos dejar  de lado la voracidad tributaria que se desborda en la doble imposición y en el impuesto inflacionario. 

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