Compañeros Cedenistas:
De conformidad con disposiciones de nuestros Estatutos y
en cumplimiento de la decisión del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) de fecha Miércoles 26 de Julio de 2006,
ocurrimos ante la superior autoridad de este Comité
Directivo Nacional (CDN) con la finalidad de presentar
para su consideración y aprobación el INFORME de la
Dirección Nacional y las proposiciones con las que
concluye, relacionados con la grave situación política por
la cual viene atravesando el país en vísperas del proceso
electoral presidencial anunciado para celebrarse el 03 de
diciembre del año en curso. Luego de ser ampliamente
discutido, este INFORME fue aprobado por unanimidad en la
sesión del CEN anteriormente indicada. Pero también
estimamos que mucho más importante que tratar esta materia
en el ámbito interno del Partido, cumplimos ante Venezuela
con nuestra obligación de explicar y razonar nuestra
posición política en esta hora decisiva que vive nuestra
Patria y aspiramos que su contenido llegue a todos
nuestros conciudadanos que son sus auténticos
destinatarios.
ACCION DEMOCRATICA: OPOSICION RESPONSABLE
Desde los mismos inicios del gobierno del Presidente Hugo
Chávez, Acción Democrática (AD) ha venido fijando
posiciones sobre el desempeño del régimen en todas las
áreas de su gestión. El CDN y el CEN, por sí y a través de
su Unidad de Análisis de Políticas Públicas (UAPP), han
emitido numerosos documentos analíticos sobre la gestión
gubernamental y sobre temas de actualidad que requirieron
fijar posición ante la opinión pública. En esos documentos
no nos limitamos a expresar las criticas que a nuestro
entender resultaban procedentes, sino que aún conociendo
el desprecio del gobierno por la más leve sugerencia
proveniente del sector no-gubernamental por atinada que
sea, formulamos también las recomendaciones y propuestas
que pudieran solucionar la problemática analizada. Para
citar algunos de esos documentos, mencionaremos los
titulados: Venezuela en Crisis I y II, fechados el 17 de
Mayo y 18 de Junio de 2002, respectivamente, la
Declaración del CDN del 14 de Marzo de 2003 y la Propuesta
de Reforma General de la Constitución de fecha 14 de Abril
de 2003.
Demás está decir que ni las posiciones fijadas
públicamente por el Partido a través de los documentos
citados ni las numerosas y reiteradas sugerencias que
durante algo más de cinco años efectuamos sistemáticamente
a través de nuestra Fracción Parlamentaria en la Asamblea
Nacional, merecieron del régimen la menor atención,
prefiriendo perseverar en sus dramáticos errores antes que
admitirlos o mucho menos aceptar las propuestas que
proviniesen de sus adversarios. Tal es el carácter de un
régimen que a pesar de haber tenido legitimidad de origen
por haber sido democráticamente elegido, hoy, a casi ocho
años de su advenimiento, adolece de ilegitimidad de
desempeño por las características hacia las que ha ido
derivando y de las que insólita y desparpajadamente se
jacta y enorgullece.
CARACTERISTICAS DEL GOBIERNO
El gobierno de Hugo Chávez es fascista, militarista,
populista, corrupto y promueve sistemáticamente el
aislacionismo, la pugnacidad y la agresión contra sus
adversarios ciertos o supuestos. Aunque con su verbosidad
condena el neoliberalismno y el capitalismo salvaje, su
gobierno es el que con mayor brutalidad ha aplicado las
mismas políticas indolentes y antipopulares de esos
sistemas que denuncia. El régimen cataloga como enemigo a
todo el que discrepe de la gestión gubernamental o
critique sus actos. Es incapaz de dialogar o de establecer
cualquier forma de interlocución con quienes no le sean
incondicionales. En la categoría pavorosa y discriminante
de “enemigos de la revolución”, con todas las
consecuencias que tal catalogación comporta, se incluyen
iglesias, organizaciones de la sociedad civil, medios de
comunicación, mujeres y hombres, jóvenes, gremios y
sindicatos, universidades, colegios profesionales,
partidos políticos, obreros y campesinos, estudiantes,
industriales, comerciantes, agricultores.
LA LIBERTAD DE EXPRESION.
Aunque el régimen pregona la existencia de la libertad de
expresión porque la opinión y la crítica se expresan a
través de los medios, ello se produce en medio de enormes
riesgos porque el gobierno combate furiosamente toda
disidencia democrática pretendiendo acallarla, hostiga a
los medios de comunicación y a los comunicadores
sometiéndolos a diversas formas de persecución, sea con la
aprobación de textos legales propicios para criminalizar
la opinión, sea con procedimientos judiciales contra
periodistas y medios como los que hicieron famosos a nazis
y soviéticos, sea con la actuación de organismos
administrativos como el SENIAT o CONATEL, sea a través de
la acción de gobernaciones y alcaldías chavistas, sea
mediante el ahogo económico y, finalmente, con la acción
intimidante y la presencia física de pelotones de
activistas gubernamentales agresivos sitiando a veces
durante días las emisoras de radio y televisión y los
diarios no oficialistas. Además de que el gobierno, sus
voceros y sus partidos pueden expresarse a voluntad a
través de los medios privados, porque están abiertos a sus
puntos de vista y les dan amplia cobertura o ya porque
deben acatar el mecanismo compulsivo de las cadenas
oficialistas que tienen que transmitir obligatoriamente,
éste régimen ha convertido al Estado en el mayor
propietario de medios de comunicación impresos y
radioeléctricos del país, los cuales, además de ser
elementos constantes de su propaganda y de ataques
despiadados a la oposición, no permiten ni la más
insignificante cobertura a los sectores no oficialistas.
Muchos medios de comunicación practican diversas formas y
grados de autocensura como mecanismo de supervivencia.
Nunca antes hubo tantas acciones promovidas por medios y
periodistas ante organismos internacionales en procura de
medidas cautelares para proteger la libertad de expresión
y defenderse de diversos mecanismos de punición desatados
contra ellos por el gobierno, y nunca antes se produjeron
tantas medidas acordadas por dichos organismos como
irrespetadas por el régimen. El gobierno concibe como
ideal una libertad de expresión en la que nadie manifieste
nada ingrato para el régimen y a la vez le permita, como
en efecto, infamar, humillar, acosar y denostar
alevosamente de sus adversarios, con la ventaja que le
proporciona el ejercicio grosero del poder público de
manera desmedida e impune. Las cadenas indiscriminadas y
obligatorias del Presidente de la República a través de la
radio y la televisión y el tiempo utilizado en ellas,
conforman un abuso de poder y un ventajismo insoportables
en cualquier país verdaderamente democrático. El tiempo
ocupado por el Presidente en medios radioeléctricos supera
20.000 a 1 al ocupado por la totalidad de la oposición.
PUGNACIDAD, CLIENTELISMO, DECADENCIA Y REGRESION:
LA VENEZUELA PELIGROSA
Un elemento fundamental de la política gubernamental
consiste en estimular enfrentamientos entre conciudadanos,
y por ello escarba en los resentimientos, instiga
tenazmente el odio social y promueve la confrontación
entre clases. Si pese a todas estas provocaciones malvadas
en Venezuela no ha estallado un conflicto con
características de guerra civil como en otros países
victimas de semejante crimen, es por la naturaleza
pacífica del pueblo venezolano. El gobierno se aprovecha
demagógicamente de la miseria haciéndola instrumento de su
perfidia, paliándola con migas de los abundantes recursos
petroleros de que dispone y financiando la solución
efímera de un asistencialismo discriminatorio, pero no con
ánimo de aliviar verdaderamente a las personas en
situación de pobreza, sino como instrumento de captación
clientelar y consiguiente subyugación. Nunca antes hubo
una situación como la que atraviesa nuestro país, en la
que coinciden un volumen inimaginable de ingresos
petroleros y no petroleros como jamás tuvo a disposición
gobierno alguno, suficiente para generar progreso y
bienestar en un país de población reducida en proporción a
esos descomunales recursos, con las cifras más pavorosas
en desempleo, economía informal y pobreza critica;
inseguridad en todos los campos; colapso de los servicios
públicos de seguridad, educación y salud; severos déficit
en agua y electricidad; politización y severo
desmejoramiento de la industria petrolera en todas sus
fases; tragedia en materia de vivienda; disminución
pavorosa en la producción agropecuaria e industrial;
control de cambios y alcabalas gubernamentales con
distintos propósitos para las inversiones nacionales y
extranjeras; cierre de miles de empresas grandes, pequeñas
y medianas; mudanza de numerosas empresas al exterior en
búsqueda de las seguridades que aquí se les niegan; fuga
nerviosa de capitales e inversiones huidos al extranjero;
disminución de la inversión nacional; reducción de
nuestras exportaciones no tradicionales y aumento de las
importaciones en desmedro de la producción nacional;
abandono de la infraestructura nacional (autopistas y
carreteras, vías de penetración rurales, hospitales,
escuelas, instalaciones petroleras, represas, empresas
básicas, obras de saneamiento ambiental como cloacas y
acueductos, reaparición de endemias, epidemias, pestes y
plagas que habían sido erradicadas desde hace décadas);
invasiones sistémicas a la propiedad privada, más para
castigar a los propietarios “culpables” de ser tales que
para favorecer a los desposeídos, y ocupación de fincas
estimulada por el propio gobierno para convertir tierras
productivas en verdaderos eriales. No se conoce, empero,
que ninguno de los neo-latifundistas revolucionarios,
civiles o militares, ni que los nuevos ricos de la
revolución y sus famosos testaferros, hubiesen sido
víctimas de ninguna invasión, saqueo o despojo. En
síntesis, ruina de la enorme infraestructura económica,
industrial y social de la que antes nos enorgullecíamos
ante Latinoamérica y el mundo.
Frente a esta situación de decadencia y regresión, con un
país que si se lo juzga ya por la situación de sus
crecientes zonas marginales plagadas de males que empeoran
cada día, como por la mera apariencia física de todas sus
ciudades buhonerizadas, marginalizadas, anarquizadas,
mugrientas, repletas de niños abandonados, mendigos e
indigentes de toda clase, y donde pululan los atracos,
secuestros, homicidios, el comercio sexual, la
drogadicción y todo género de delitos, se concluye en un
cuadro de horror y desesperanza. La fama de la Venezuela
peligrosa e insegura corre a través del mundo. Nuestro
país pierde todas sus ventajas comparativas ante la
nefasta reputación que nos ha generado este desgobierno.
Nuestra calificación como país riesgoso empeora cada día,
con las consecuencias que ello comporta en el ámbito
internacional. Para colmo, este país, que siempre había
sido refugio y hogar para recibir a los ciudadanos de
otras naciones que buscaban una vida y un destino mejor,
el mismo que consiguieron millares de extranjeros
inmigrantes en la Venezuela de otros tiempos, ahora se ha
convertido en un país de emigrantes del que los jóvenes se
marchan por millares en búsqueda de las oportunidades y el
futuro que les niega su propio país. Nunca tantos
venezolanos se habían marchado al exterior contra su
deseo. Nunca se había desarraigado tal cantidad de recurso
humano y desmembrado tal número de familias venezolanas.
Pero al mismo tiempo en que se produce esta calamidad,
también se produce otra en sentido inverso, se consuma una
invasión indeseable mediante la inmigración a veces
abierta de elementos exportados por sus países de origen
como agentes de espionaje, de seguridad, de penetración y
adoctrinamiento, de agentes de guerra y subversión, de
agitadores, disfrazados de médicos, entrenadores
deportivos, activistas sociales y agentes humanitarios
asimilados oficialmente como funcionarios públicos, y
otras veces ingresados silenciosamente por ser prófugos de
la justicia, terroristas y asesinos, reos de delitos de
lesa humanidad que han sido prontamente documentados,
nacionalizados y convertidos en electores.
Este cuadro patético se produce no obstante que en los
casi ocho años de su ejercicio el gobierno ha dispuesto
discrecionalmente de 216.186 millones de dólares de
ingreso petrolero, sin contar el torrente incalculable de
bolívares de la renta interna provenientes de los
impuestos que el fisco exprime a los venezolanos. Como si
este diluvio no fuese suficiente, el gobierno de Chávez ha
exorbitado la deuda pública interna al llevarla de 2.212
millardos de bolívares a fines de 1998, hasta 30.100
millardos a marzo de 2006, es decir, un aumento del
1.260,75%; y una deuda pública externa de 23.289 millones
de dólares en 1998, hasta 30.200 millones de dólares para
Junio de 2006, es decir, un aumento del 30%.
LA POLITICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO
En el ámbito internacional el desempeño del gobierno,
empecinado en exportar e importar conflictos, no puede ser
peor. Una política pleitista, de provocación,
confrontación y abierta intromisión en los asuntos
internos de otros países con los que habíamos mantenido
históricamente relaciones óptimas, han sufrido grave
deterioro y en algunos casos se encuentran al borde de la
ruptura. Todos los países de Latinoamérica se han quejado
de las intromisiones y excesos de Chávez, incluyendo sus
aliados del momento como Brasil y Argentina, beneficiarios
de la chequera petrolera venezolana. Además de esta
política deliberadamente pleitista y aislacionista, fruto
de la manía de procurarse aliados inconvenientes y
enemigos innecesarios y un empeño en conformar bloques
para una absurda conflagración internacional, ha llegado a
provocar unilateralmente disputas contra Estados Unidos,
Reino Unido de Gran Bretaña, Colombia, Perú, México y
Nicaragua. Al mismo tiempo, el gobierno se enreda con
aliados tan extraños a nuestra realidad, ubicación
geográfica, intereses, idiosincrasia e historia como Irán,
Zimbabwe, Mali, Corea del Norte, Vietnam y Bielorrusia. En
la cabeza aturdida del Presidente bullen delirios
mesiánicos, ansias enfermizas de liderazgo universal,
pugnas artificiosas, mitos y deformaciones históricas y
étnicas, desenfrenadas carreras armamentistas y,
finalmente, preparación para guerras que nadie entiende ni
siente. Estas psicopatías se financian con el despilfarro
de los recursos de nuestro país, transferidos
gratuitamente al exterior y desviados de sus finalidades
naturales, mientras no hallamos cundidos de problemas que
se agravan día a día.
LA CONCENTRACION TOTAL DEL PODER PUBLICO
Este gobierno es inexcusable porque lo ha tenido todo, sin
contrapesos ni impedimentos de ninguna clase. Ha dispuesto
como instrumentos desde una Constitución hecha para
consumar la autocracia presidencial, hasta el control
total de todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, Moral y Electoral. La Asamblea Nacional, la
Fiscalía General de la República, la Contraloría General
de la República, la Defensorìa del Pueblo, el Consejo
Nacional Electoral, la Fuerza Armada Nacional, la Reserva
de un millón de hombres (componente militar creado
inconstitucionalmente que depende unipersonalmente del
Presidente), el Banco Central de Venezuela, la inmensa
mayoría de las gobernaciones y alcaldías, todos los
institutos autónomos y empresas del Estado, incluida PDVSA
(hoy partidizada, que en el pasado fuera orgullo nacional
y ejemplo universal de empresa estatal pulcramente
administrada, productiva, competitiva, generadora y
exportadora de tecnología y de recursos humanos) están
bajo el dominio total del Presidente de la República, sin
control ni vigilancia. Son apéndices del gobierno, una
aglomeración de servidores domesticados, prosternados,
agachadizos, abúlicos, incapaces siquiera de una opinión o
de la menor discrepancia. Asquea la sumisión de los
funcionarios de todo nivel pero sobre todo la de los
regentes de las diversas ramas del Poder Público. La
Constitución, plataforma en la que se fundamenta la
autocracia de Chávez y en proyecto de ser reformada para
ponerla más al servicio de la megalomanía presidencial,
fue votada sólo por tres de cada diez electores. Siete de
cada diez electores venezolanos o no votaron por esa
Constitución o votaron contra su vigencia. Es la
Constitución de la minoría que sostiene al oficialismo.
Denunciamos que inmediatamente después que se consume su
reelección presidencial el próximo 3 de diciembre, Hugo
Chávez anunciará ante el país una Reforma General de la
Constitución, que se haría bien a través de la Asamblea
Nacional como instrumento favorito para consumar sus
desafueros y darles ropaje legal, pero preferiblemente a
través de la Convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente todavía más a la medida que la de 1999, como
recomiendan los íntimos del “chavismo puro”, para arrasar
a propósito de la euforia de la reelección presidencial a
los aliados incómodos de la AN y no depender de ellos en
materias que consideran “no transables”.Venezuela no
sospecha lo que se le viene encima con esa Reforma contra
la que tendremos que movilizarnos con mucha firmeza para
evitar la consumación definitiva de este régimen
totalitario. Lo primero que harán es volver a cambiar el
nombre de nuestra Patria que pasará a llamarse: “República
Socialista Bolivariana de Venezuela”. No será un simple
cambio semántico. En INFORME aparte que presentaremos en
los próximos sesenta días, anunciaremos ante el país los
cambios más importantes que contendrá esa reforma en
materia de régimen político y poder del Estado, derechos
individuales, regimentación social, educativa, económica,
patrimonial, militar, electoral y religiosa. Allí tenemos
que comenzar la lucha por la salvación de la Patria y por
el retorno de la Democracia.
Ningún Presidente de este país, ni siquiera en la guerra
de Independencia ni en la más cruel de las dictaduras
militares padecidas por nuestra Patria, acumuló la
cantidad de riqueza y de poder sin control como los que ha
dispuesto este Presidente, y ninguno nos había expuesto a
tantos problemas internos y externos como Hugo Chávez
Frías.
EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
Entre las últimas ocurrencias del Presidente está la de
decir que su gobierno es socialista, pero de un tipo tan
novedoso como desconocido para la ciencia política. Los
postulados de este neo-socialismo siglo XXI, como él lo
denomina, son lo suficientemente originales y maleables
como para que su creador vaya enunciándolos
improvisadamente en el atropellamiento de las
interminables peroratas presidenciales a través de los
medios de comunicación. Si las realizaciones y ejecuciones
de este gobierno son la consecuencia material de esa
inopinada doctrina, mayormente encapsulada en la psiquis
del Presidente Chávez y de la que apenas conocemos
revelaciones muy parciales, no puede ser nada digna de
imitación y acaso sólo deba ser atendida como ejemplo de
lo que no se debe creer o hacer. En realidad, el régimen
de Chávez responde a la caracterología del fascismo
militar-populista latinoamericano.
LA CORRUPCION
Además de charlatana y escandalosa, esta revolución, como
todas las de su tipo, es descomunalmente corrupta. En la
revolución chavista (bautizada “robolución” acertadamente
por la sorna popular), ha proliferado una enorme camada de
ladrones obscenos, rapaces, rudimentarios, enriquecidos al
amparo del abuso del poder. Es la ya famosa e
internacionalmente biografiada “burguesía bolivariana” o “boliburguesía”,
como se la denomina para mayor comodidad, estirpe de
nuevos millonarios que sin trabajo ni herencia ha amasado
súbitas y enormes fortunas, que ostenta el producto de su
delito continuado segura de su impunidad porque se trata
de una práctica en la que hay muchos y muy importantes
personajes y familiares involucrados y exhibe una impar
opulencia que delata y comprueba la industria del saqueo
del dinero público. Aunque una que otra vez aparezcan
bandidos del gobierno denunciando a sus congéneres,
incluso parientes delatando parientes, se trata del
consabido ajuste de cuentas entre delincuentes por
problemas de botín y por el dominio de áreas de poder, es
decir, de sectores gubernamentales y espacios
territoriales para robar y practicar diversas formas de
depredación, similares a los que se disputaban en guerras
y matanzas los gànsters raqueteros del antiguo Chicago.
Esas delaciones no significan que al cabo de casi ocho
años de pillaje se hubiese iniciado una labor profiláctica
para sanear la incurable gangrena del régimen chavista o
para detener la extensión de la metástasis. No. El
sacrificio de una que otra victima expiatoria, casi
siempre individualidades prescindibles de tercera o cuarta
importancia, más bien corrobora lo que se procura ocultar.
Se trata de denunciar, con ánimo de distracción, casos
menores para ocultar casos mayores, el exterminio de los
pequeños roedores que se vuelven incómodos cuando quieren
crecer, para que los grandes depredadores permanezcan sin
estorbo en la impunidad más segura. Para apreciar el
tamaño y extensión de la podredumbre que campea en el
gobierno, no hay más que observar al elemento más
encumbrado del poder contra el que nadie se atreve, cómo
se comporta en el manejo del dinero público cual si se
tratara de su propio tesoro, su despilfarro, su
malversación, su exhibicionismo, el nepotismo, los
privilegios de los allegados y los del alto gobierno, los
de las parentelas voraces e insaciables, el modo
estrafalario de vivir, el vestir extravagante, el gusto
por recamarse de las joyas y abalorios más costosos, los
aviones, vehículos, viajes, los fastos, las fiestas y
celebraciones, los pagos en efectivo, los lujos
insospechados, las frivolidades sin fin, las exigencias
caprichosas casi como desquite por los complejos y
resentimientos personales y las privaciones de otros
tiempos. La conducta desenfadada ha hecho fama mundial y
convertido en realidad el sueño de los vendedores de los
bienes más caros y estrambóticos que explotan el filón
pero delatan a los pícaros, la comidilla entre los
aprovechadores del nuevorriquismo gubernamental, la
delicia de los cronistas sociales que los ridiculizan, los
relatos más escandalosos en medios nacionales e
internacionales sobre la podredumbre del régimen
boliburgués, sin duda la gesta más eficaz hasta ahora del
gobierno revolucionario de Venezuela. Hasta los cirujanos
esteticistas han visto multiplicar su clientela y
reventarse de honorarios por la faena de reparar el físico
de figuras eminentes de la revolución. Adalid de una
cruzada contra la corrupción adversaria que no pasó de la
campaña electoral, olvidó completamente el tema embriagado
por el disfrute grosero del gobierno y dejó pálidas las
corruptelas de cualquier época pasada. La palabra
corrupción jamás resulta pronunciada por el verboso
Presidente. Para desgracia de la República, el mal ejemplo
ha cundido como plaga de arriba a abajo, desde lo más alto
del poder a lo más raso, tanto en el ámbito civil como en
el militar. La fórmula depravada de estimular y permitir
que todos roben su parte para que todos sean culpables y
nadie acuse, los ha enviciado, silenciado y subordinado.
Todo esto se consuma sueltamente, sin ninguna contención,
sin ninguna vigilancia ni control. Los órganos
constitucional y legalmente competentes para luchar contra
la corrupción no cumplen con sus obligaciones porque al
mismo tiempo son sumisos y están involucrados en lo que
deben perseguir y castigar. Nadie se atreve a comenzar por
donde se debe, desde la misma cúspide del poder y de ahí
hacia abajo porque nadie puede tirar la primera piedra.
LA OPOSICION: PUGNAS Y CONTRADICCIONES
En este estado de cosas, la oposición ha venido actuando
con altibajos a través de múltiples incidencias, desde la
convocatoria misma a la Asamblea Nacional Constituyente de
1999, preparada, servida y despachada a gusto del
Presidente de la República, gracias al servilismo de
instituciones y funcionarios que creyeron salvarse del
arrase y prolongar sus disfrutes plegándose a la sevicia
del déspota en medio de la actitud prácticamente inerme,
estupefacta de la mayoría de los venezolanos, pasando por
los sucesos del 11, 12 y 13 de Abril de 2002, el Paro
Nacional de Diciembre 2002-Enero 2003, la Mesa de
Negociación y Acuerdos, el largo y accidentado proceso del
Referéndum Revocatorio Presidencial, las elecciones de
Gobernadores, Alcaldes, Concejales y Juntas Parroquiales,
el retiro de la oposición de las elecciones parlamentarias
de Diciembre de 2005 y el actual proceso cuya culminación
sería la elección del Presidente de la República el 3 de
diciembre de este año. En documento aparte que
posteriormente presentará el CEN con asesoría de nuestra
UAPP, examinaremos los sucesos del 11, 12 y 13 de Abril de
2002 y el Paro Nacional de Diciembre 2002-Enero de 2003 y
expondremos nuestras opiniones sobre ellos.
Imposible detallar en este Informe las numerosas
incidencias relacionadas con todos esos acontecimientos y
sus conocidas consecuencias, los aciertos y errores, los
acuerdos y disidencias. Solo mencionaremos que en el
proceso que culminó con el Referéndum Revocatorio
Presidencial (RRP), AD formó parte de la Coordinadora
Democrática (CD) y, entonces como ahora, a diferencia de
las organizaciones e individuos que aparecen sólo a la
hora de los reconocimientos, nuestro Partido suscribió y
suscribe íntegramente todo cuanto desde la dirección de
ese organismo se hizo en representación de millones de
venezolanos de buena fe que lucharon democráticamente para
revocar constitucionalmente el mandato a un Presidente
indigno. Nuestra presencia en la CD fue muy difícil.
Concurrimos a ella con el mayor desprendimiento y la mejor
buena fe, con espíritu de servicio y entrega, colocando
por encima de todo el comportamiento unitario que nos
exigía la sociedad venezolana, dejando de lado o al menos
postergando diferencias históricas con otros sectores en
aras del objetivo común, conteniendo nuestros desagrados
hacia algunos adversarios y pasando por alto el de ellos
hacia nosotros. Podemos afirmar que ningún partido hizo
más ni mejor de lo que nosotros hicimos para lograr esos
paradigmas y que ninguno fue más activo ni tuvo más
presencia que AD. A lo largo de la existencia de la CD, en
la que nos mantuvimos en medio de la permanente consulta y
consiguiente autorización de todos los Comités Ejecutivos
Seccionales, e incluso antes y después de ella, sorteamos
las pequeñas conspiraciones y maniobras de partidos,
organismos e individuos que malgastaban y malgastan más
tiempo y esfuerzos en tratar de aislarnos y disminuirnos,
de los que empleaban y emplean para combatir al gobierno.
Debemos decir que gracias a la sensatez de factores muy
importantes de la CD, tales pretensiones resultaron
fallidas, porque estimaron acertadamente que la presencia
de AD como primer partido de la oposición, resultaba en
toda circunstancia imprescindible para el logro de los
objetivos que la mayoría del país se había trazado. El
Partido todo, su dirigencia, su base, su maquinaria a todo
lo largo y ancho del país, aún en los sitios donde sólo AD
existe como organización política, estuvo al servicio
pleno de la CD. Nuestra conciencia y nuestra conducta se
mantuvieron siempre responsables y serenas en todo ese
proceso, como lo estuvo en la madrugada del 16 de Agosto
de 2004 cuando asumimos el deber de dar la cara y anunciar
al país la estafa de la que había sido objeto Venezuela
por parte del Gobierno y de su Consejo Nacional Electoral
en el RRP.
En el futuro inmediato, no puede proseguirse con ese tipo
de unidad forzosa, artificiosa e insincera, imposible de
sobrellevar, y no puede mantenerse porque resultaría más
dañina que las experiencias anteriores. Lamentablemente,
la unidad ha sido propuesta y sigue proponiéndose
hipócritamente, como un fetiche por parte de quienes menos
creen en ella y como un chantaje para neutralizar a
sectores y fuerzas que por razones ideológicas y
políticas, en vez de presentar y mantener sus opciones
para que el país escoja y decida, se ven obligados a
luchar por propósitos que íntimamente rechazan. Esto no
obsta para que haya coincidencias, incluso electorales, si
fuere el caso, pero no a costa de sacrificar las visiones
necesariamente distintas que la democracia supone.
LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS DE DICIEMBRE DE 2005
Punto de análisis obligatorio para considerar la situación
actual, lo constituye el proceso que culminó con el retiro
de la oposición de las elecciones parlamentarias del 04 de
Diciembre de 2005. Venezuela presenció los enormes
esfuerzos que hizo AD para participar en esos comicios:
recorrimos el país para vencer las resistencias y desganos
internos y externos; en vez de eludir la defensa de la
participación o pasar inadvertidos para que otros
asumieran la tarea, concurrimos permanentemente a foros,
conferencias, debates, asambleas de ciudadanos, programas
de radio, televisión y entrevistas de prensa en defensa de
la concurrencia, incluso desafiando una opinión pública
cada vez más hostil particularmente contra AD , no
obstante que todos los partidos políticos nos preparábamos
para asistir al evento electoral. Luego de un complejo y
tortuoso proceso de negociaciones con las demás
organizaciones políticas, en las que cedimos y convinimos
más que ningún otro partido, acordamos y conformamos la
presentación de candidaturas conjuntas en las
circunscripciones y circuitos electorales de toda
Venezuela para satisfacer las exigencias de la opinión
pública que nos conminaba a presentarnos unidos;
organizamos el Padrón Electoral para ponerlo al servicio
de las candidaturas unitarias, al punto que el 78% del
total de testigos electorales de la oposición eran
militantes de AD; ejercimos presión constante sobre el CNE
para lograr las condiciones electorales establecidas en la
Constitución y leyes de la República; llegamos hasta
intentar el 12 de Agosto de 2005 una Acción de Amparo ante
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
para que fuesen suprimidas las denominadas “morochas”,
denunciadas como un perverso mecanismo de defraudación del
principio constitucional de representación proporcional
que al gobierno le interesaba liquidar para poder
controlar las dos terceras partes de la Asamblea Nacional
a ser electa y desde allí emprender una Reforma General de
la Constitución, acción de amparo que durante dos meses
concentró la atención de la opinión pública nacional y
cuyo fracaso también deseaba cierto sector de la oposición
por envidia y el sólo temor a que capitalizáramos un
eventual triunfo que no era nuestro sino del país y de la
institución del voto. El país fue testigo de estas
memorables actuaciones en las que derrotamos con
argumentos políticos y razones jurídicas la gavilla
gubernamental integrada por la Sala Constitucional, la
Fiscalía, la Defensoría, el CNE, el MVR y sus partidos
satélites. Tanto en la audiencia constitucional celebrada
el día 27 de Octubre de 2005 como en la declaración que
formulamos ante los medios de comunicación inmediatamente
después de la sentencia dictada ese mismo día para
liquidar nuestra acción, expresamos algo más que una frase
cuando dijimos que “Venezuela necesita razones para poder
votar, porque cada vez existen mayores razones para no
votar.” Después se demostraría que no se trataba de una
mera frase política efectista. Frente a las presiones de
diversa proveniencia que con disímiles propósitos venían
ejerciéndose sobre todos los partidos y candidatos
participantes, conminándonos a renunciar a las
postulaciones, dado el clima de desconfianza electoral
reinante, habíamos declaramos a la periodista Elvia Gómez,
tres meses antes de retirarnos de las elecciones
parlamentarias, lo que apareció publicado el Martes 27 de
Septiembre de 2005 en el diario El Universal: que “el
proceso presidencial a efectuarse en Diciembre de 2006
será la oportunidad suprema para presionar al CNE para el
logro de todas las condiciones electorales.” Eso creíamos
y eso creemos.
ACCION DEMOCRATICA Y LA DEFENSA DEL VOTO
Ninguna organización en nuestro país cuenta con una
trayectoria en defensa del voto y de las elecciones
democráticas como la de AD desde hace 65 años. No éramos
entonces, ni somos ahora, partidarios de la abstención
electoral. Al contrario. Para nosotros la abstención es
una calamidad a la que el gobierno por su conveniencia ha
empujado al país y que, lamentablemente, no puede
superarse precisamente jugando con el gobierno el juego
fatal que quiere que le juguemos, secundado en este
sentido por algunos factores incrustados en la oposición
que no se sabe realmente lo que son. No es verdad que lo
único que puede hacerse es concurrir a las elecciones
tramposas que el gobierno quiere. Precisamente, debemos
hacer lo contrario a lo que el régimen quiere que hagamos.
En este caso, lo antidemocrático es votar en la elección
presidencial fraudulenta y lo democrático es no votar en
señal de rechazo al fraude presidencial y en defensa del
voto libre. Nadie, ni el gobierno ni los factores de
oposición que concurren incondicionalmente a las
elecciones, van a convencer a los venezolanos que el país
se acaba el 3 de diciembre de 2006, que si no votamos no
hay nada que hacer al día siguiente porque de todas
maneras el gobierno va a ser electo, que lo único que
queda es jugar el juego gubernamental para seguir
políticamente vivos. Les decimos que votando o no votando
de todas maneras el gobierno se reelige, pero puede
hacerlo con la anuencia de quienes decidan convalidarlo, o
con en con el rechazo de la inmensa mayoría del país. Esta
es una gran diferencia. A los tremendistas les decimos que
la Venezuela democrática que es la inmensa mayoría,
perdura después de las elecciones presidenciales, que no
es asustadiza, que a los demócratas nos aguardan grandes
luchas y que el ánimo no va a desfallecer porque algunos
se decidan al sacrificio inútil del matadero electoral.
LA PRUEBA DEL FRAUDE
El día miércoles 23 de Noviembre de 2005 se produjo un
acontecimiento que impactó enormemente la opinión pública
nacional e internacional e influyó determinantemente en
los acontecimientos políticos de los días subsiguientes.
Después de numerosas peticiones fallidas ante el CNE para
examinar las máquinas de votación, éstas fueron expuestas
por una primera y única vez a los técnicos del Grupo La
Colina en representación de la oposición, para efectuar un
simulacro de votación secreta con máquinas y captahuellas
incorporadas. Una vez efectuada la prueba, los técnicos de
La Colina determinaron exactamente cómo había votado cada
uno de los participantes en el simulacro de votación
secreta. Es decir, que se comprobaba de manera
incuestionable en presencia de los funcionarios
acreditados de la Misión de Observadores Electorales de la
Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), de la Misión
de Observadores Electorales de la Comunidad Europea (MOE-CE),
de los proveedores de las máquinas de votación, de los
representantes de los partidos políticos y de los
funcionarios del CNE, la penetrabilidad y consiguiente
vulneración del secreto del voto y el conocimiento de éste
a través de la secuencia de los respectivos electores. Por
cierto, ignoramos las razones por las cuales a ese
análisis técnico y pese a haber sido invitados, no
asistieron los representantes de Súmate, quienes
precisamente habían venido cuestionando firmemente el
sistema automatizado y el REP.
OTROS INFORMES TECNICOS SOBRE FRAUDE ELECTORAL
Para el 23-11-05 también se conocían informes muy graves
sobre los programas de las máquinas de votación, las
investigaciones y los subsecuentes procesos judiciales en
curso que las vinculan a fraudes electorales en los EEUU.
Aun cuando fue después del 23-11-05 cuando se conocieron
los informes definitivos emanados de especialistas
universitarios de altísimo crédito, como el del equipo que
dirigió el Dr. Freddy Malpica, ex-Rector de la Universidad
Simón Bolívar, y el suscrito por los Ingenieros Gustavo
Delfino (UCV) y Guillermo salas (USB) sobre las
transmisiones del RRP, antes de las elecciones
parlamentarias se dispuso de suficiente información sobre
lo que contendrían los informes definitivos. En este caso
los equipos investigadores lograron examinar documentos
confidenciales de la CANTV sobre las transmisiones
bidireccionales de los resultados electorales del RRP. En
esos informes, levantados en base a los comprobantes y
gráficos confidenciales de las transmisiones de la CANTV,
se afirma que los resultados de ese proceso fueron
adulterados mediante la “transmisión bidireccional”, que
es la retransmisión inmediata desde los servidores hasta
las máquinas de votación de resultados electorales
diferentes a los transmitidos inmediatamente antes por las
máquinas de votación a los servidores de esas mismas
máquinas. Lo que en un principio eran sospechas u
opiniones por pura intuición o especulación, después
fueron hallazgos concretos y estricta comprobación técnica
que pusieron, por fin, a disposición de la opinión
pública, la prueba del fraude que la oposición buscaba
afanosamente desde la misma madrugada del 16 de Agosto de
2004, cuando el CNE anunció los insólitos resultados sobre
el RRP plenamente contrarios a lo que durante todo el día
presenciaron a lo largo y ancho de toda Venezuela los
millones de ciudadanos movilizados en ese evento y
millones del mundo entero a través de los medios de
comunicación audiovisuales. Por todo lo expresado, quienes
conociendo la gravedad de la situación opinaron
livianamente que con solo suprimir las máquinas
captahuellas quedaba resuelto todo el problema de
desconfianza del sistema electoral hacia el futuro, se
equivocaron plenamente. Si en algún sentido la dimensión
de estos hallazgos causó un cataclismo, fue precisamente
sobre el resultado de los procesos ya efectuados, es
decir, el RRP y las elecciones de gobernadores, alcaldes,
concejales y juntas parroquiales. Algunos empeñosos podían
opinar que para el futuro cualquier posibilidad de fraude
pudiera precaverse suprimiendo las máquinas captahuellas y
estableciendo mecanismos de seguridad en la programación
de las máquinas de votación, para suprimir la posibilidad
de conocer el orden de los votantes y, en consecuencia, al
concatenar el registro de las captahuellas con la memoria
de la máquina de votación, conocer también la preferencia
del elector consumando la violación del secreto del
sufragio. Pero eso no solventaba en absoluto el daño ya
producido ni resuelve el que sigue produciéndose, eso fue
lo que a un tiempo provocó indignación, exacerbó la
desconfianza en el sistema electoral y en el árbitro y
potenció la abstención en las elecciones parlamentarias en
las cuales el 91% de los electores o no concurrió a votar
o concurrió y votó nulo. Desde entonces sigue agravándose
peligrosamente la desconfianza en el árbitro electoral, en
el REP, en las máquinas de votación, en las captahuellas,
en el sistema de cedulación y en la totalidad del sistema
electoral. El CNE no hace nada para resolverle problema de
desconfianza, entre otras cosas, porque no le hace falta
cuando presencia a una parte de la oposición en plan
francamente anuente o al menos desentendido frente a esas
graves circunstancias. De cada uno de los procesos
electorales que se han producido desde el advenimiento de
Chávez al poder, Venezuela ha salido más dividida, más
fracturada, mas enconada y enfrentada, más desconfiada, y
así lo reconocen los informes de observadores y otros
organismos internacionales, ninguna de cuyas
recomendaciones, por cierto, ha sido acogida por el
sedicente CNE de Venezuela.
HECHOS PREVIOS AL RETIRO. JUEGOS ADELANTADOS Y
DESCONFIANZAS RECIPROCAS.
Antes de que se produjera el retiro masivo de la oposición
de las elecciones parlamentarias, unos por convicción y
otros obligados contra su voluntad por hechos que los
rebasaron, lo cual comenzó a partir del día Martes 29 de
Noviembre de 2005, cuando AD anunció públicamente las
razones por las cuales se retiraba del proceso y ese mismo
día en horas de la tarde lo hicieran los partidos COPEI y
Proyecto Venezuela, luego el día Miércoles 30, cuando
después de muchos avatares el partido Primero Justicia
oficializó su retiro en decisión dividida de su dirigencia
nacional, hasta el Jueves 01 de Diciembre cuando
finalmente y después de posiciones contradictorias se
anunció el retiro de la denominada Plancha de la
Zulianidad, se produjeron algunos eventos que es necesario
que la opinión pública conozca, dado que su trascendencia
y gravedad no pueden permanecer en el secreto. La
actividad política debe ser necesariamente pública, tanto
por su naturaleza como por la importancia de lo que a
través de ella se dilucida. Este es, por cierto, su
auténtico y único mecanismo de defensa contra
distorsiones, malas interpretaciones, hipocresías,
duplicidades, mentiras, medias verdades, olvidos e
influencias cambiantes de todo tipo.
El día sábado 26 de Noviembre de 2005 se efectuó una
reunión de los partidos políticos de la alianza opositora
para precisar detalles sobre la estrategia electoral y
analizar el impacto y posibles consecuencias del hallazgo
de los técnicos de la oposición del día miércoles 23 de
Noviembre de 2005. En esa reunión de los partidos
políticos de oposición, el Dr. Julio Borges transmitió el
deseo de Jorge Rodríguez, Presidente del CNE, de
participar en ella, hecho que fue enérgicamente rechazado
por las organizaciones políticas presentes, muy
especialmente por Felipe Mujica, Presidente del MAS. En
esa misma reunión, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo
plantearon por primera vez que solicitarían al CNE el
retiro de las captahuellas y que si eso no se producía
ellos estaban dispuestos a retirarse del proceso. Los
demás partidos presentes se alarmaron por el
planteamiento, no así AD que tenía conocimiento de
conversaciones privadas del Dr. Julio Borges y del
Gobernador Manuel Rosales con el Presidente del Consejo
Nacional Electoral, en el sentido de que estos formularían
la exigencia y presionarían con el retiro, para que luego
de un breve escarceo el CNE conviniese en complacer el
pedimento de retirar las captahuellas para ese proceso y
solo para ese.
REUNION DE LOS PARTIDOS CON LA MOE-OEA
El día domingo 27 de Noviembre de 2005 en un salón del
Hotel Tamanaco de esta capital, se produjo una reunión de
partidos de la oposición con el señor Rubén Perina, Jefe
de la MOE-OEA, acreditada para las elecciones
parlamentarias del 4 de Diciembre de 2005. Asistieron AD,
COPEI, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, MAS y Un
Nuevo Tiempo. En esta reunión, Primero Justicia y Un Nuevo
Tiempo condicionaron su participación en las elecciones
del 4-D a la sola supresión de las máquinas captahuellas y
a ello limitaron sus exigencias, repitiendo así su
planteamiento del día anterior. Las demás organizaciones
políticas, principalmente AD, plantearon otros temas más
graves y trascendentes que la nimiedad de las máquinas
captahuellas, cuya sola supresión no resolvía nada
entonces como tampoco ahora. Concretamente, nos referimos
a temas como la situación del REP, el software de la
máquinas de votación, el problema de la transmisión
bidireccional, la contabilidad de los comprobantes de
votación y su carácter vinculante, la constitución de los
organismos electorales hasta llegar a las mesas de
votación designados todos en contravención a las
disposiciones de las leyes electorales vigentes, los
excesos del Plan República, y, obviamente, las
captahuellas. Era tal la gravedad de lo que planteamos,
que secundados por otras organizaciones, excepto Primero
Justicia y Un Nuevo Tiempo, propusimos la posibilidad de
diferir por algunas pocas semanas esas elecciones a fin de
solventar algunos de los graves problemas existentes. En
esta reunión con el Jefe de la MOE-OEA se convino en que
él llevaría los diversos planteamientos al Consejo
Nacional Electoral esa misma tarde, específicamente a su
Presidente Jorge Rodríguez, y que al día siguiente, Lunes
28 de Noviembre de 2005 a las 10am. y en el mismo lugar,
nos reuniríamos nuevamente para conocer la respuesta del
CNE. El mismo día Domingo 27 de Noviembre de 2005 en horas
de la noche, se efectuó otra reunión, pero ésta entre
funcionarios de la Misión de Observadores Electorales de
la Comunidad Europea (MOE-CE), a la cual asistió sólo el
partido Primero Justicia representado por el Dr. Juan
Carlos Caldera. Ignorábamos hasta hace poco la celebración
de esa reunión, su convocante y objeto, hasta que el día
14 de Marzo de 2006, cuando atendimos la invitación de la
MOE-CE, en la que se nos entregó el Informe Definitivo
levantado por ellos sobre las elecciones parlamentarias,
reclamamos al eurodiputado José Albino Silva Peneda, Jefe
de la Misión, el que se afirmara en ese texto los
siguientes graves hechos: 1) Que los principales partidos
de oposición participamos en el golpe de Abril del 2002,
afirmación absolutamente falsa en lo relacionado con AD,
puesto que unos 15 días antes del hecho denunciamos a
través de los medios que estaba en desarrollo un golpe de
Estado conformado por sectores plutocráticos y militares
gorilas, advertencia que la prepotencia oficial se negó a
admitir. Por lo demás, ningún miembro de AD apareció
comprometido en el golpe, ni respaldando el suceso, ni
designado como funcionario del régimen de facto ni
siquiera entre los nombres que aparecieron en las listas
abandonadas en Miraflores a la huida del efímero gobierno,
y rechazamos públicamente los decretos presidenciales que
disolvían los poderes públicos, proscribían el Estado de
Derecho y anunciaban otro militarismo de iguales o peores
características al del régimen que acababa de disolverse.
2) Que todos los partidos de oposición se habían
comprometido a participar en las elecciones del 4-D a
cambio de la supresión de las captahuellas, y que después
se retiraron incumpliendo su compromiso, no obstante que
el CNE había satisfecho el planteamiento. Emplazado por
nosotros el Jefe de la MOE-CE y en presencia de los
partidos allí reunidos (AD, COPEI, MAS, PV y PJ) quedó
claro que con la sola excepción de Primero Justicia,
ningún partido había asistido a la reunión nocturna del
Domingo 27 de Noviembre de 2005 ni adquirido ese
compromiso, y que la MOE-CE, no se sabe por cuáles
razones, asumió que la sola presencia y la sola
manifestación de Primero Justicia equivalía al compromiso
de toda la oposición. En fecha 29 de Marzo de 2006, AD
exigió por escrito a la MOE-CE la corrección de estas
falsedades, y ello todavía no se ha producido.
EL CEN AMPLIADO DE AD DECIDE EL RETIRO
El día Lunes 28 de Noviembre de 2005 cuando nos dirigíamos
a la reunión para conocer del señor Rubén Perina la
respuesta del CNE a los planteamientos hechos por la
oposición el día anterior, el ex-Gobernador Enrique
Mendoza nos informó que la reunión había sido suspendida
por el partido Primero Justicia por razones que él
desconocía, y que esa misma organización nos convocaba a
todos a otra reunión que debía celebrarse a las 11am. en
su sede nacional ubicada en el Centro Comercial Chacaito.
Después de expresar nuestra molestia por la suspensión
unilateral de la reunión que habíamos convenido el día
anterior (Domingo 27 de Noviembre de 2005) y expresar
nuestra negativa a asistir a una nueva reunión sin conocer
su objeto, atendimos una tercera convocatoria hecha por el
ex-Gobernador Enrique Mendoza para que asistiéramos a sus
oficinas en la Torre Mene Grande y de esa manera superar
la contrariedad sobrevenida por el cambio intempestivo e
inconsulto ya mencionado. Al mismo tiempo, habíamos
convocado el CEN de nuestro Partido, con la asistencia de
los Secretarios Generales de las 25 Seccionales, a
celebrarse a partir de las 11am. de ese mismo día lunes,
con el objeto de informarles como se hallaban los
acontecimientos hasta ese momento. Instalada la reunión e
informados los compañeros al respecto, el debate fue
encaminándose, sin que nadie expresamente lo hubiese
propuesto, hacia el cúmulo de irregularidades que
comprometían gravemente la pulcritud de las elecciones
parlamentarias y hacia un eventual retiro de los
candidatos del Partido para ese proceso electoral. Cuando
habían hecho uso de la palabra 24 compañeros del CEN
ampliado, 23 de los cuales estaban por retirar al Partido
del inminente proceso electoral, el Secretario General
propuso continuar las deliberaciones sin tomar una
decisión definitiva, mientras él asistía a la reunión con
los Secretarios Generales de los demás partidos en las
oficinas de Enrique Mendoza. En este estado y lugar, el
Secretario General de AD informó a sus pares de los demás
partidos el curso que estaban tomando las deliberaciones
en el CEN ampliado. Allí se designó una comisión integrada
por Leopoldo Puchi (MAS), Alberto Pérez y Enrique Márquez
(UNT) y Juan Carlos Caldera (PJ) para que se dirigieran al
CNE en procura de la respuesta a las exigencias
electorales, la cual no habíamos podido obtener por
haberse suspendido la reunión con el Jefe de la MOE-OEA.
Cuando la comisión designada se aprestaba a cumplir su
cometido, Julio Borges, Coordinador Nacional de Primero
Justicia, se presentó en las oficinas de Enrique Mendoza
y, diciendo transmitir una solicitud expresa de Jorge
Rodríguez, entonces Presidente del CNE, manifestó la
necesidad de reorganizar la comisión para que fuese
presidida por Gerardo Blyde, Secretario General de PJ,
que, según Borges, era el nombre exigido por Jorge
Rodríguez. A pesar de las suspicacias que ya existían y
que estos hechos vinieron a reforzar, no hicimos ninguna
objeción sino dos precisiones: 1) Que no iríamos en esa
comisión al CNE y que aguardaríamos la respuesta en las
oficinas de Enrique Mendoza, y 2) Solicitamos
enfáticamente a los comisionados que a su salida del CNE
no hicieran declaración alguna que pudiera comprometernos
y que deberíamos reunirnos inmediatamente después para
deliberar y decidir con base a la respuesta del CNE. En
las oficinas de Enrique Mendoza permanecieron el propio
anfitrión, Enrique Mendoza, Felipe Mujica (Presidente del
MAS), César Pérez Vivas (Secretario General de Copei) y
Henry Ramos Allup (Secretario General de AD). Una hora y
media después, aproximadamente, hallándose aún en las
oficinas de Enrique Mendoza los dirigentes citados, se
produjo a través de la televisión una declaración del
Secretario General de PJ, Gerardo Blyde, flanqueado por
los representantes de UNT, manifestando que acababan de
obtener de Jorge Rodríguez la promesa de eliminación de
las máquinas captahuellas para ese proceso electoral, y,
expresando satisfacción por lo que calificaron como un
enorme logro, anunciaron la participación de la oposición
en las elecciones, desatendiendo así la solicitud que
habíamos hecho de que no se produjesen declaraciones que
nos comprometiesen a todos, hasta no deliberar y resolver
en conjunto en base a la respuesta que nos diera el CNE.
Vista esa declaración y el hecho cumplido que era su
consecuencia, el Secretario General de AD expresó su
protesta por el quebrantamiento del compromiso y anunció
su retiro de esa reunión, advirtiendo que AD se
consideraba liberado de todo compromiso con las demás
organizaciones y que en las próximas horas fijaríamos
públicamente nuestra posición con relación al proceso
electoral.
Siendo aproximadamente las 4pm. de ese mismo día Lunes 28
de Noviembre de 2005 y prosiguiéndose la reunión del
Comité Ejecutivo Nacional ampliado ya con mayores
elementos de juicio, recibimos un mensaje del Dr. Julio
Borges, quien solicitaba ser recibido por nosotros para
expresar sus razones contra el retiro de las elecciones,
pues ya a través de los medios y a pesar de que no
habíamos hecho ninguna declaración al respecto, corría en
todo el país la información de que en las próximas horas
AD anunciaría públicamente su retiro del proceso
electoral. El CEN ampliado atendió la solicitud de visita
del Dr. Julio Borges y de su asistente el Dr. Juan Carlos
Caldera, quienes intercambiaron razones y opiniones sobre
el tema con nuestro organismo de dirección. A la
conclusión de la misma, el Dr. Julio Borges expresó que
comprendía perfectamente la posición de AD porque
exactamente lo mismo estaba ocurriendo en el seno de su
partido. Siendo las 8 pm., luego de las intervenciones de
los integrantes del CEN, de los Secretarios Generales
asistentes, de la consulta hecha con los no asistentes por
vía telefónica, incluyendo prácticamente la totalidad de
los miembros de los ocho burós sectoriales, se decidió por
unanimidad que el Partido se retirara del proceso
electoral, que se procediera a la renuncia de todos los
compañeros de Partido postulados al Parlamento
Latinoamericano, Parlamento Andino y candidatos a la
Asamblea Nacional tanto en listas como en circuitos,
igualmente que se procediera al retiro de los
accióndemocratistas que conformaban el 78% de los testigos
y funcionarios electorales de la oposición, y que al día
siguiente martes 29 de Noviembre de 2005 en horas del
mediodía se procediera en rueda de prensa hacer el anuncio
ante el país.
LA POSICION DEL GOBERNADOR MANUEL ROSALES
El día martes 29 de Noviembre de 2005, antes de que
anunciáramos nuestro retiro del proceso electoral, el
compañero Secretario General Nacional, Henry Ramos Allup,
sostuvo dos conversaciones telefónicas con el Gobernador
Manuel Rosales sobre las razones de nuestro Partido para
tomar la decisión de retirarse del proceso. A Rosales le
parecieron serias y fundadas nuestras razones y la
posición que se tomaría en el país, pero expresó
textualmente que “en el Zulia era diferente”. Le
respondimos diciéndole que este no era un problema de
regionalismo, ni de unos diputados de más o de menos en
esta o aquella región y que el resultado en el Zulia no se
vislumbraba tan optimista como él lo intuía para
justificar su participación, que apenas obtendríamos tres
o cuatro de quince diputados, pues si en alguna región el
gobierno había montado un fraude descomunal con las
inclusiones y exclusiones de electores en contravención a
la ley, como lo denunciamos y comprobamos en el RRP, era
en esa importantísima región del país; le dijimos también
que el Zulia no era una isla, que esa actitud contraria a
lo que haría toda Venezuela iba a caer muy mal entre los
propios zulianos que estaban plenamente en sintonía con el
país y que una orden suya de participar lo iba a dejar
desautorizado; que él era un activo de la oposición y que
así tenía que mantenerse; que le resultaría muy difícil
explicarle a los propios zulianos su insistencia a
participar en un proceso en esas condiciones cuando todos
querían retirarse; que sus votos estaban en la oposición y
no en el gobierno. En ese momento lo apreciamos dispuesto
a participar a todo trance, aunque las circunstancias lo
hicieron dar en dos días sucesivos dos ruedas de prensa de
contenido ambiguo e impreciso, criticando tanto al
gobierno como a la oposición, pero la primera expresando
la concurrencia electoral de la denominada Plancha de la
Zulianidad y la segunda retirándose del proceso electoral,
declaraciones que fueron respondidas de manera insultante
primero por el Vicepresidente de la República y luego por
el mismo Presidente Chávez, quien llegó a acusarlo de
cobarde por haber roto el compromiso que, según Chávez,
Rosales había contraído con el gobierno para participar a
cambio del sólo retiro de las máquinas captahuellas.
Algunos candidatos postulados por la oposición en el
Zulia, que a las primeras de cambio formularon
declaraciones virulentas y agresivas contra quienes
habíamos decidido retirarnos, horas después retirarían
también sus candidaturas. Creemos que lo que determinó la
decisión final del Gobernador Rosales de retirarse del
proceso parlamentario, fueron: 1) los contactos
infructuosos que hizo con los once (11) alcaldes
accióndemocratistas del Zulia, encabezados por nuestro
Secretario General Seccional, Carlos Barboza, Alcalde del
Municipio Miranda, quien le expresó a que el CES del Zulia
dirigido por él, compartían y acataban la decisión del CEN
de AD de retirarse del proceso. Igual respuesta recibió el
Gobernador cuando auscultó directamente a otros alcaldes
accióndemocratistas del Zulia y a los respectivos Comités
Municipales. 2) El resultado de una encuesta flash
ordenada por el propio Gobernador, cuyos resultados a
favor del retiro fueron abrumadores. Fue entonces cuando
tomó la determinación de retirarse del proceso electoral.
EL IMPACTO DEL RETIRO DE AD
No vamos a rememorar el impacto que generó el anuncio de
nuestro retiro en las declaraciones que formulamos ante el
país en rueda de prensa del día martes 29 de Noviembre de
2005. La noticia se esparció nacional e internacionalmente
y generó una enorme conmoción que a su vez desató una
cadena de retiros de todas las organizaciones políticas de
la oposición, incluso la de aquellas que por días
estuvieron expuestas ante el país resistiéndose a lo
inevitable, vacilando al socaire de cálculos fantasiosos e
intereses más personales que otra cosa, cuando la
dramática situación nacional exigía un testimonio
trascendente de grandeza y desprendimiento. Sin duda, los
que se resistían era porque habían contraído con el CNE el
compromiso de participar a cambio de la eliminación de las
máquinas captahuellas y porque su cálculo iba mucho más
allá de las elecciones parlamentarias. En efecto,
estimaron que este retiro afectaría inevitablemente su
decisión de participación incondicional en las elecciones
presidenciales del 03 de diciembre de 2006. Lo estamos
viendo. Se supo que por ese mismo cálculo, tres dirigentes
políticos (Julio Borges, Juan Carlos Caldera y Carlos
Ocariz), se entrevistaron después de las elecciones
parlamentarias con el señor Rubén Perina, Jefe de la MOE-OEA,
responsabilizaron de su retiro a presiones políticas y
mediáticas a las que le pusieron nombre propio, y le
comunicaron la necesidad de mitigar el contenido severo y
sumamente critico del informe realizado por la Misión
sobre el proceso electoral parlamentario y sobre el CNE,
planteamiento idéntico al que por su parte, por sus
propias razones y en representación del gobierno formuló
ante la misma instancia el Vicepresidente José Vicente
Rangel. La versión final del informe de la MOE-OEA es
menos grave y menos crítica que la versión original.
CONSECUENCIAS DEL RETIRO MASIVO EN LAS ELECCIONES
PARLAMENTARIAS
Tres circunstancias memorables se produjeron luego del
retiro casi total de los candidatos de oposición: 1) La
pretensión gubernamental por minimizar y banalizar el
retiro, que llevó al Vicepresidente José Vicente Rangel a
decir que eso no afectaría en nada el proceso y que al fin
y al cabo sería como un plebiscito a favor del gobierno.
Por esa mezcla de ligereza y adulación que caracteriza a
los voceros del régimen y obviamente por sobreestimar las
potencialidades de su jefe, convirtieron a Chávez en el
gran convocante de las elecciones y, en consecuencia, como
el gran derrotado porque la inmensa mayoría de los
venezolanos no atendió su llamado al sufragio formulado
incluso durante todo el día electoral prorrogado más allá
de la hora de cierre del proceso con la esperanza de
captar algunos votos que permitieran inflar la
participación. La abstención masiva y el número de votos
nulos, situaron en apenas un 9% el número de electores que
sufragó efectivamente para elegir los 167 diputados de la
actual Asamblea Nacional, los 12 diputados al Parlamento
Latinoamericano y los 5 diputados al Parlamento Andino. 2)
El hecho, sin antecedentes en Venezuela, de que la
totalidad del parlamento nacional esté formado
exclusivamente por diputados del gobierno, caso
equiparable a la Asamblea Nacional de Cuba y la Asamblea
Popular de Corea del Norte. El sistema electoral
venezolano que no contempla exigencias mínimas de
concurrencia electoral para que una elección sea válida y
establece la simple mayoría como único requisito,
considera legal la elección de la Asamblea Nacional pero
en modo alguno puede catalogarse como legítima. A tal
punto ese cuerpo legislativo nació muerto, que ya en los
propios terrenos del gobierno se habla abiertamente de la
necesidad de legitimar la Asamblea Nacional porque no es
un cuerpo plural y su composición no refleja la verdadera
correlación política que existe en Venezuela. 3) Los
candidatos de la oposición que insistieron en concurrir
obtuvieron votaciones insignificantes, entre otras cosas
porque el retiro de los otros partidos también afectó
profundamente a sus propias organizaciones y a su propia
militancia que no quería votar y por ello desobedeció la
imposición de sus autoridades. Se recuerda particularmente
el caso de Andrés Velásquez de LCR, dos veces gobernador
electo del Estado Bolívar, tres veces diputado por esa
entidad, quien además logró una altísima votación como
candidato presidencial en la elección presidenciales de
1994, y en las parlamentarias del 04 de Diciembre de 2005
obtuvo menos de 800 votos en su circuito; y David De Lima,
ex-Diputado, ex-miembro de la Asamblea Nacional
Constituyente y ex-Gobernador del Estado Anzoátegui que
obtuvo una cifra similar.
SIGUE VIGENTE LA LECCION DEL 4-D
La lección que el pueblo dio masivamente el 4 de Diciembre
de 2005 fue clarísima y contundente, como lo es la lectura
que en estos momentos todos deberíamos darle. Por ello,
resulta inaceptable, aunque no incomprensible, que si
lejos de mejorar las condiciones electorales que motivaron
nuestro retiro el 4 de diciembre de 2005, han empeorado
enormemente, haya ahora poderes fácticos que con
argumentos artificiosos y totalmente inconvincentes que
deberían ruborizarlos, anden promoviendo ahora la
participación electoral incondicional, cuando ellos fueron
factores determinantes para formar la opinión y la
invencible presión que se ejerció sobre partidos y
candidatos para que nos retirásemos de aquellas
elecciones. Nos referimos a factores mediáticos
importantes, sectores económicos, comerciales,
industriales y financieros, uno que otro partido político,
individualidades de la sociedad civil y organizaciones
como Súmate. ¿Por qué el cambio? ¿Cuál es su
justificación? No se ha producido ninguna mejoría en la
situación electoral, todo lo contrario, ha empeorado. Si
en condiciones menos graves nos retiramos todos ¿por qué
ahora en peores circunstancias debemos concurrir? Lo menos
que debemos observar cara a la ciudadanía las
organizaciones partidistas y los diversos factores que
actuamos conjuntamente en las elecciones parlamentarias,
es un mínimo de consecuencia con nuestra propia posición
ante iguales o peores circunstancias. La lección del 04 de
Diciembre de 2005 permanece intacta. El pueblo no va a
cambiar de actitud ni de opinión porque ciertos intereses
que se mueven en el campo de la oposición pero que
coinciden totalmente con el planteamiento que al respecto
tiene el gobierno de Hugo Chávez, hagan esfuerzos agónicos
por levantar el interés en las elecciones presidenciales
diciendo que son la solución, cuando el mismo pueblo está
convencido de que el sistema electoral venezolano actual
es un enorme fraude cuya existencia ayudaron a descubrir,
comprobar y revelar nada más y nada menos que quienes
ahora dan una vuelta en redondo a su discurso y llaman a
votar al mismo electorado a quien hace menos de un año
llamaron a abstenerse masivamente. Simplemente, no tienen
como explicar esta pirueta. No se trata de una elección de
autoridades locales ni regionales en las que siempre priva
el interés de participar por encima de consideraciones
políticas, ni está en juego la vigencia o revocación de la
matrícula y legalidad de los partidos que harían
comprensible y justificarían una participación forzosa,
sino nada menos que la elección política por excelencia.
La concurrencia a votar en las elecciones presidenciales
del 4 de diciembre de 2006 no depende ni de primarias, ni
de encuestas por encargo, ni de mecanismos de cooptación
ni de acuerdos de sectores o élites ni siquiera de
candidaturas efectistas: El problema es otro y esos
factores que saben perfectamente lo que está ocurriendo,
adrede voltean hacia otro lado. Si la gente no recupera la
confianza en el sistema electoral, no concurrirá a votar y
los niveles de abstención volverán a ser alarmantes,
aunque nadie capitalice el resultado, ni el gobierno ni la
oposición.
LAS OPOSICIONES
Desde el retiro mismo de las elecciones parlamentarias del
04 de Diciembre de 2005, los factores de oposición, en
razón de su visión de la coyuntura y del subsiguiente
proceso, comenzaron a decantarse y agruparse así: 1) Un
sector que rechaza plenamente la vía electoral porque no
cree en ella, decidido a no participar ni siquiera
existiendo condiciones para hacerlo, partidario de salidas
no-electorales; 2) Otro sector decidido a participar a
todo trance aún sin existir las condiciones
constitucionales y legales para hacerlo, y 3) Un sector
que estimamos inmensamente mayoritario, perfectamente
consciente de la lección del 04-12-05, dispuesto a
participar sólo si existen condiciones constitucionales y
legales para hacerlo. Al mismo tiempo, las organizaciones
de oposición fueron agrupándose en dos sectores, uno
denominado Punto de Encuentro, que reunió a los partidos y
ONG’s de mayor importancia, ninguno de los cuales había
formalizado la presentación de precandidatos
presidenciales porque se planteaban como prioridad
existencial la lucha por las exigencias electorales,
comenzando por la propia designación de un nuevo CNE, y
otro denominado Juntos por Venezuela, en el cual el tema
prioritario era el de los precandidatos presidenciales y
no el de las exigencias electorales. De este sector forma
parte un pequeño grupo que llegó al extremo de proponer
como candidatos al CNE a las mismas notorias fichas que el
gobierno propuso, entre ellas a la actual Presidenta del
ente electoral, cuya identificación con el oficialismo y
sumisión al gobierno es total. Antes de que estas
conformaciones se produjeran, todos los partidos y ONG’s
de las distintas oposiciones, dado el amplísimo conjunto
de exigencias electorales que cada organización planteaba
desde su propia perspectiva, solicitamos a Súmate y al
Grupo la Colina elaborar el cuerpo de exigencias mínimas
constitucionales y legales, y por eso mismo no
negociables, para plantearlas al gobierno nacional, a su
Asamblea Nacional y al nuevo CNE que reclamábamos se
eligiera con rigurosa observación a lo establecido en el
ordenamiento jurídico venezolano. De Súmate y el Grupo La
Colina, repetimos, surgieron las célebres 10 exigencias
mínimas que un grupo de partidos e individualidades
salimos a defender públicamente y presentamos ante el
propio CNE y a la Asamblea Nacional como imprescindibles
para poder participar en el proceso electoral presidencial
del 04-12-06. Desconocemos las razones por las cuales
Súmate se ha referido después sistemáticamente a “cinco
exigencias”, olvidando otras cinco planteadas por ellos
mismos, entre las cuales la más importante de todas era y
es la designación del Consejo Nacional Electoral, de donde
derivaban y derivan todos los atropellos, violaciones y
ventajismos que la oposición viene denunciando tenaz e
infructuosamente. Los partidos, ONG’s e individualidades
agrupados en Juntos por Venezuela, también solicitantes de
las 10 exigencias, no solo no salieron a defender ninguna
de ellas, sino que prácticamente las han considerado como
un cepo, como un estorbo que pone en peligro las
aspiraciones de los candidatos, porque si esas exigencias
se plantean y no resultan satisfechas, los candidatos
tendrían que decir expresamente si participan o si se
retiran del proceso electoral. De hecho, se trata de las
organizaciones e individualidades dispuestas a participar
en el proceso electoral incondicionalmente. Llegaron a
echar mano del argumento sofístico de que precisamente
eran los candidatos quienes desde la calle le comunicarían
una fuerza especial a la lucha por las condiciones
electorales. Lo que viene ocurriendo en la realidad desde
hace meses, es que ninguno de los precandidatos está
luchando por las condiciones, que las dejaron a la deriva,
y eso es lo que el ciudadano común percibe como lo más
importante; es por eso que todos los precandidatos
permanecen estancados en niveles poco significativos de
respaldo popular. Lo peor es que cada vez que se les
recuerda su promesa y se les emplaza para que luchen por
lo que constituye su obligación, o se hacen los
desentendidos o se disgustan porque invariablemente
tendrían que decir cuál sería su decisión en caso de que
las exigencias electorales no se cumplan, como en efecto
ninguna se ha cumplido no obstante que desde hace tiempo
se han vencido los lapsos. Por esto también los
principales precandidatos reaccionaron contra Súmate de
manera airada, con una determinación que en cambio no
exhiben frente al CNE y al gobierno, cuando la promotora
de las primarias les puso como condición suscribir un
documento, que jamás suscribieron, mediante el cual
cualquiera de ellos que fuese electo candidato y aún
después de inscrito como tal en el CNE, se obligaba a
retirarse si el CNE no cumplía con lo que quedaba de las
exigencias electorales, esto es, publicación oportuna del
REP con todos los datos señalados en la LOSPP incluyendo
la totalidad de las direcciones, depuración del mismo y
conteo manual vinculante del 100% de las papeletas de
votación. Y ante este nuevo rechazo de los precandidatos
repudiando la única condición de peso moral y político que
les propuso Súmate para efectuar las primarias, ésta se
hizo la desentendida y siguió de largo para salvar no se
sabe qué. Por nuestra parte, además de luchar a través de
todo el país por las exigencias electorales, presentamos
oportunamente ante la Asamblea Nacional el 11 de Mayo del
presente año, un Proyecto de Reforma Parcial de la LOSPP,
planteando la modificación de cinco artículos para
establecer el sistema de votación y escrutinio manuales
para las elecciones presidenciales del 03-12-06.
Obviamente, el gobierno la engavetó sin prestarle la menor
atención.
LAS ADVERTENCIAS HECHAS POR ACCION DEMOCRATICA
AD, desde hace por lo menos seis meses, comenzó a anunciar
lo que iba a ocurrir y efectivamente está ocurriendo.
Advertimos responsablemente ante el país lo que se veía
venir, apenas se produjo la designación de la célebre
Comisión de Postulaciones de la Asamblea Nacional para
designar el nuevo CNE, totalmente controlada por el
gobierno. El resultado era previsible, no obstante que
desde la oposición, en perfecta coincidencia con los
voceros del oficialismo, algunos insistían en descalificar
nuestras denuncias. Los cinco miembros del nuevo CNE votan
por unanimidad todo lo que le conviene al gobierno. Este
CNE se percibe como peor que el anterior, más identificado
políticamente con el régimen, más a su servicio, sus
rectores hacen más gala de su militancia oficialista que
los anteriores, dan declaraciones más radicales, son más
intransigentes y han mantenido y reforzado las estructuras
burocráticas montadas por el anterior Presidente del CNE.
Por estas razones, entre muchas otras, el nuevo CNE se ha
desacreditado mucho más rápidamente que su predecesor.
Cerca del 65% de los venezolanos que se atreven a opinar
en las encuestas desconfían del CNE. Hubo partidos, ONG’s
e individualidades supuestamente de oposición, que
gestionaron y lograron una oferta privada del oficialismo
y llegaron a postular oficialmente nombres que les
prometieron serían incluidos como cuotas suyas y/o de sus
candidatos presidenciales, y hasta alardeaban de esta
presunta conquista. El concierto entre el gobierno y esa
oposición tenía como única motivación la antigua e
insuperable fijación tanto de la extrema izquierda como de
la extrema derecha de aislar a AD que se había convertido
en un estorbo para estos planes. Para bien de la auténtica
oposición, este gobierno es tan poco fiable, tanto en
público como en privado, que llega hasta el incumpliendo
de esta clase de tratativas secretas. Conocida la
designación del nuevo CNE completamente oficialista, los
defraudados se limitaron a balbucear críticas
imperceptibles por haber sido nuevamente embarcados. No
solo se trata de que se hubiese incumplido la primera y
más importante de todas las exigencias, cual es la de un
CNE imparcial, honesto y confiable, sino que de esa
violación en adelante se han producido todos los
atropellos y transgresiones que son su necesaria
consecuencia. La designación de los organismos electorales
clave, como la Junta Electoral Nacional y la Comisión de
Registro Civil y Electoral, están bajo control total del
gobierno a través de las rectoras Tibisay Lucena y Sandra
Oblitas. Son fichas militantes del gobierno once de los
doce miembros entre principales y suplentes de ambas
juntas.
SE NIEGA LA AUDITORIA DEL REP
Fue noticia durante semanas la auditoría del REP, ese
instrumento fundamental del fraude electoral gubernamental
continuado que el CNE mantiene escondido para tratar
fallidamente de ocultar su podredumbre. La razón es obvia:
Si se pone el REP a disposición de los actores polìticos
como siempre lo estuvo, se descubrirían los entre 4 y 4.5
millones de votos virtuales. Pero con todo y escondite, se
han descubierto muchas cosas. La auditoría integral
propuesta por las universidades Central de Venezuela,
Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, a la que se
agregaron después las universidades de Los Andes, del
Zulia, de Carabobo, de Oriente y Metropolitana, fue
sistemáticamente obstaculizada y finalmente rechazada por
el CNE que resolvió arbitrariamente hacerla bajo su total
control, como en efecto está haciéndola, es decir, una
autoauditoría, evacuada por universidades de baja o
ninguna entidad académica, científica o tecnológica,
algunas solo conocidas por los chistes que sobre ellas
corren sueltamente como es el caso de la universidad
bolivariana, y otras prácticamente clandestinas de cuya
existencia el país ha venido a enterarse ahora a propósito
de esta tramoya, como la experimental de Yaracuy, una
fulana universidad de los militares y una tal universidad
marítima, entre otras. Aferrados a la sentencia número
1050 de fecha 23 de Agosto de 2000, emanada de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el
anterior CNE y el presente que es su continuación
radicalizada, se han opuesto y oponen sistemáticamente a
cumplir con los artículos 93 y 95 de la Ley Orgánica del
Sufragio y Participación Política que obliga a poner a
disposición de partidos y candidatos el Registro Electoral
Permanente con todos los datos que debe contener, incluido
uno indispensable que son las direcciones. Siempre, desde
que el REP existe, había estado a disposición de partidos
y candidatos para su permanente revisión, actualización y
depuración. Ahora, so pretexto de proteger la privacidad
de las personas, el REP se mantiene escondido, no obstante
que el gobierno y los partidos que le sirven tienen a su
disposición todos los datos no sólo del REP sino también
de todos los organismos oficiales, incluyendo el Seniat,
Cadivi, ministerios, gobernaciones, alcaldías, ONIDEX,
misiones gubernamentales y los contenidos en las
abominables instrumentos de extorsión que son las listas
Maisanta y Tascón. Con este pretexto de mantener oculto el
REP para salvaguardar la garantía constitucional de
privacidad de las personas y en este orden de ideas, el
libreto telefónico vendría a ser plenamente
inconstitucional, porque contiene datos sobre las personas
tan precisos como los que contiene el REP. No obstante el
ardid de la sentencia para mantener el REP escondido, el
CNE ha ofrecido a los precandidatos que van a participar
incondicionalmente en el proceso electoral, la golosina de
unas 150.000 direcciones para que las constaten en el
simulacro de auditoría que ellos se están prestando para
convalidar, es decir el 0.7% del total. Cuando la
sentencia del TSJ dispuso que publicar el REP con las
direcciones viola la garantía constitucional de privacidad
de las personas, no hizo excepciones cuantitativas, por lo
cual, según dicha sentencia, publicar la dirección de uno
solo de los electores inscritos resulta tan violatorio de
la Constitución como publicar la dirección de los 17
millones de personas que aparecen en él.
INFORMES DE TECNICOS DE LA UCV Y DE COPEI
Gracias a la investigación de la Comisión de Técnicos de
la UCV que dirige el compañero Genaro Mosquera, miembro
del Buró Nacional de Educación, sobre el estudio hecho al
REP y al último Censo Poblacional, y al examen adelantado
por el equipo de técnicos del Partido Socialcristiano
COPEI dirigido por Enrique Naime, se han hecho
descubrimientos y hallazgos espeluznantes que comprueban
irrefutablemente el fraude concordado del REP y del
proceso de cedulación de la ONIDEX, es decir el CNE y el
MRI. No vamos a insistir en el tema ya suficientemente
conocido por Venezuela y el mundo: un registro de 17
millones de electores apropiado para un país de 48-50
millones de habitantes cuando Venezuela tiene unos 25
millones; 4 millones de electores virtuales cuya dirección
se desconoce; electores cuyos nombres y/o apellidos no
aparecen o aparecen registrados con conjuntos de letras
totalmente ilegibles; 32.000 electores mayores de 100 años
en una población de 25 millones, cuando esa cantidad
correspondería a un país con 250 millones de personas; 175
municipios de un total de 330 que tiene el país, con más
electores que habitantes; un millón ochocientos mil
electores de once diferentes estados del país, con una
misma residencia en una urbanización de Caracas; 19.700
personas nacidas en un mismo día en la ciudad de
Maracaibo; incremento desproporcionado de la población
electoral en los últimos tres años; personas que al mismo
tiempo tienen cédulas de extranjeros y cédulas de
naturalizados sin serlo o siéndolo en fraude a la ley;
personas con varias cédulas de identidad; septuagenarios,
octogenarios y nonagenarios con seriales de cédulas que
corresponden a personas de entre 18 y 25 años de edad. Por
circunstancias fraudulentas como estas, el CNE ha
mantenido y mantendrá oculto el REP. El REP es el
instrumento fundamental del fraude continuado del
gobierno, fraude que viene desde anteriores procesos y se
mantiene para los venideros. Esto lo sabemos todos los
venezolanos y se empeñan en ignorarlo o minimizarlo, y aún
peor, convalidarlo, algunos aspirantes a la candidatura
presidencial de la oposición.
LAS EXIGENCIAS ELECTORALES OLVIDADAS
Entre los asuntos de mayor preocupación de la oposición
están dos. El primero es el de las exigencias electorales
a las que hemos venido refiriéndonos, y el segundo es el
relacionado con el candidato único de la oposición y el
método para seleccionarlo. El de las exigencias
electorales, es el que une a la mayoría de la oposición,
aunque no a toda, porque algunos precandidatos más bien
consideran este planteamiento como un estorbo, ya se ha
dicho, y han llegado a expresar que no debe hablarse más
de ellas. Uno de los precandidatos tuvo la desvergüenza de
recomendar a la gente a concurrir al matadero argumentando
la sandez anestesiante de que como el CNE no cumpliría
ninguna exigencia sería el pueblo en la calle el mismo día
de las elecciones el que las haría cumplir y por eso
proponía no perder tiempo reclamando, no hacer papel de
llorones, que no se siguiera colocando al CNE en un
paredón electoral. Últimamente ha dicho, en el colmo de su
entrega, que se halla totalmente satisfecho de todo lo
hecho por el CNE. Curioso que a medida que el gobierno fue
negando una tras otra las 10 exigencias electorales, los
precandidatos más importantes, Súmate y el Grupo La Colina
dejaban de lado el gravísimo escamoteo y centraban las
supuestas luchas en las exigencias que iban quedando. Ya
no queda ninguna.
EL CANDIDATO DE LA OPOSICION Y EL METODO DE SELECCIÓN
El segundo asunto, todavía más conflictivo y perturbador,
es el de las precandidaturas y el método de selección. Por
percibirlo así propusimos públicamente que nos dedicásemos
a luchar por lo que al menos teóricamente podía unirnos,
las exigencias electorales, y supeditásemos a este primer
logro lo que nos dividía, que eran las candidaturas. Los
hechos han comprobado que el tema de las candidaturas, o
sea poner lo último de primero, además de dividir
abiertamente a la oposición y quitarle fuerza a la lucha
por las exigencias electorales, hace que el gobierno
persevere en sus abusos, convencido con razón de que no
hace falta cumplir con la Constitución y las leyes en
materia electoral porque de todas maneras en la oposición
hay precandidatos que por asunto personal están dispuestos
a participar desnudos en este tómelo-o-déjelo electoral
que el régimen les ha puesto por delante. Como si el tema
de las precandidatos no fuese lo bastante conflictivo y
disgregador, y lo dice el hecho de que se hubiesen
inscrito hasta veinte aspirantes, ha venido a agregarse
otro elemento de división como es la maroma de las
elecciones primarias. Esta no constituye en modo alguno
una propuesta ingenua. Sobre ella podemos opinar porque no
tenemos intereses en el asunto candidatural y por ende
tampoco en el método de selección. Al contrario, nuestra
angustia nos ha impulsado desde hace meses a llamar a la
conciencia de los involucrados. Pero es menester recordar
que los magníficos logros alcanzados por Súmate en eventos
como el firmazo, los reparos y el RRP no fue
exclusivamente, ni siquiera principalmente el producto de
su propios elementos, que ni les bastaban ni les bastan,
sino de la exitosa coordinación que hizo para que todos
los partidos en todas las regiones del país, las ONGs’ y
la verdadera sociedad civil, la espontánea y anónima, les
suministraron a sus propias expensas el personal, datos,
equipos, locales, transportes y actas que hicieron posible
cumplir exitosamente sus labores, asunto que nunca
recordamos hubiese sido reconocido. Los principales
precandidatos le han reclamado a Súmate su arrogancia por
haber anunciado públicamente un método comprometedor que
no les fue consultado, y ahora le cobran para que quede
demostrado que solos no pueden organizar nada. Las
primarias están muertas pero la vanidad de los dolientes
se niega a admitirlo.
Nada costaba a nuestro Partido echar a rodar el nombre de
un precandidato, otro más, que tuviese entre 0 y 3 puntos
en las encuestas, que alrededor de eso que se llama el
margen de error andan todos. Nada nos costaba tampoco
participar en primarias, y con mucha ventaja sobre los
demás, porque nosotros no somos una ficción, ni un
conjunto de siglas de existencia solo mediática ni una ONG
de existencia espasmódica, sino una realidad tangible con
casi 65 años de presencia en todos los estados, municipios
y parroquias del país, en la mayoría de las cuales sólo
existen el gobierno y AD como única organización de la
oposición; no existen otros partidos ni mucho menos
organizaciones de los precandidatos. Es más, no atrevemos
a decir que la propuesta de las primarias se afirmó cuando
los promotores tuvieron certeza de que AD, el único
verdadero rival para todos los demás aspirantes, no iba a
participar en el evento, porque de haberlo hecho
seguramente se les hubiese ocurrido a los poderes fácticos
y a los que les preparan sus eventos, algún otro método de
selección del candidato único que para ellos y sus
intereses no podía ser de AD. Dicho sea, fuimos tan
responsables e interpretamos tan cabalmente la coyuntura
histórica por la que atravesaba el país, que llegamos a
expresar públicamente que este no era el momento de
candidaturas partidistas, que el candidato de un partido
cualquiera no sumaba sino que restaba, que de contar con
garantías electorales todos debíamos apuntar hacia un
candidato extrapartido capaz de unir y no de disgregar.
LIDER, MESIAS Y ANTIPOLITICA
La ocurrencia de que el país lo que necesita es un Mesías,
un líder que pelee por las condiciones electorales y venga
a salvarnos de esta tragedia, la obsesión de hallar el
Chávez de la oposición, la mentira de que sólo Él podría
lograr las exigencias electorales que todos los aspirantes
y partidos juntos no han podido, es resucitar otra vez la
vieja tragedia de nuestra historia de país sin
instituciones. La propuesta tiene una enorme e
indisimulable carga ideológica y política, no es una
propuesta ingenua, tiene el cariz del sector de donde
proviene. Es una idea tan perversa como la que afirma que
los únicos héroes de nuestra historia son los militares,
que la Patria no ha tenido jamás ni jamás podrá tener
héroes civiles. Y por supuesto, esto se complementa con la
idea estrafalaria de que la partera impoluta del
líder-salvador serían unas primarias melancólicas hechas
por una organización y solo por ella. De eso se trata:
según esta enjundiosa tesis quizá comparable a la del
socialismo del siglo XXI, no son los procesos
sociopolíticos los que por decantación van produciendo sus
conductores, sino que estos se eligen en elecciones
primarias y de estas resultan los líderes legitimados.
¿Líderes de quien y de qué? ¿De los participantes? ¿De los
organizadores? ¿De los que financian la comedia? ¿De los
que contra su voluntad y contra una supuesta opinión
pública hecha y deshecha a conveniencia de los factores de
poder se ven obligados por miedo y presiones a jugar un
juego en el que íntimamente no creen? Todos estos factores
y promotores olvidan, además de su propia responsabilidad
en todos los hechos ocurridos desde antes de abril de 2002
hasta la fecha, incluyendo paros y huelgas, mesas de
negociaciones y acuerdos, firmazos y reparaciones,
referendo y elecciones, que los pocos logros que ha tenido
la oposición, por encima de la histeria colectiva generada
y alimentada por unos pocos, ha sido por el esfuerzo
conjunto de un gentío, sin ningún líder ni caudillo, y que
todos, todos los errores acumulados y los esfuerzos
perdidos en estos últimos 8 años han sido el resultado de
individualidades y poderes fácticos que aún muchos no se
atreven a nombrar y que siguen empecinados en hacer lo que
les place y que los demás se coloquen detrás. Después de
haberse servido más que nadie del sistema vigente entre
1958 y 1998, al parecer olvidaron todo lo que aconteció y
se tornaron en críticos furibundos porque fabricaron
chivos expiatorios para estrujar a discreción y esconder
la propia responsabilidad. Promovieron el hoy desleído
discurso antipolítico, obsesionados por desvirtuar el
axioma democrático de que sin partidos no hay democracia.
Pero inventaron a granel sus partidos políticos
propiamente tales y otras veces los enmascararon detrás de
ingenuas fachadas de ONG’s. Disminuyeron a las
organizaciones políticas casi a punto de hacerlas
desaparecer, simplemente porque no pudieron controlarlas a
plenitud; de hecho, casi todas han desaparecido en el
desgaste de todos estos años en los que fueron llevadas a
remolque a poner sudor y carne en confrontaciones
equivocas; y las que a duras penas sobreviven sin que nada
se les reconozca, lo hacen empinándose dificultosamente
sobre un torrente de críticas malintencionadas,
perseverantes y despiadadas. Destruyeron sin crear, pero
no han sido capaces de ocupar el espacio de los partidos
como aspiraban, ni de fabricar el supuesto líder a imagen
y semejanza de sus intereses por cuya presencia llevan
años maniobrando. Y conste que les ha sobrado de todo para
lograrlo, menos razón. No se olvide que estos poderes
fácticos, leales solo a sus propios intereses, también
inventaron, amamantaron y engruesaron a Chávez, lo
promovieron y financiaron como nunca lo habían hecho con
otro Mesías, pero se les escapó de las manos porque
resultó todavía más bellaco que quienes lo inventaron.
Esta son estrictas verdades que los poderes fácticos
reconocen sólo en el ámbito sin consecuencia de las
conversaciones privadas, porque en público no rectifican
ni un ápice. Al contrario. Su actuación es cada vez más
enconada y a cada reclamo repiten con una mezcla de
cinismo y amenaza que reafirma sus propósitos, que lo que
están haciendo es contra su voluntad porque
lamentablemente los partidos políticos son incapaces de
cumplir su papel.
No criticamos que algunas ONG’s estén haciendo cómodamente
y desde hace tiempo el rol de partidos políticos cuando
les conviene y retornando a su forma inicial cuando se les
presentan las inevitables consecuencias, pero presionando
a discreción, cambiando de posición según el propio
interés, enmascarados detrás de fachadas técnicas, so
pretexto de una función que únicamente ellas podrían
desempeñar exitosamente. Ya se diluyó el aura de
intocabilidad y están tan en el centro de la controversia
como cualquier otro de los actores políticos porque eso
decidieron ser. Tienen posiciones políticas e intereses
políticos porque son un partido político y deben asumir
ese rol con sinceridad. Hacerlo es respetable, como
criticable resulta que lo hagan y lo nieguen con
impostura, disimulo, camuflaje, ambivalencia, falsa
ingenuidad y candidez de utilería.
LOS ARGUMENTOS PARA JUSTIFICAR LAS PRIMARIAS
Son demasiado inconsistentes los argumentos de quienes
propusieron las primarias sin consultar con ningún sector
ni factor, a consecuencia de lo cual, entre otras cosas,
les han llovido críticas feroces por parte de los
eventuales participantes que por pura presión se han visto
en trance de concurrir a regañadientes a lo que les
presentaron como hecho cumplido. El áspero contrapunteo
entre los precandidatos concurrentes y los que decidieron
no hacerlo, el tono de las críticas de casi todos ellos
contra Súmate, el rechazo a que las manejen “monopólicamente”,
como expresó un precandidato, la condición de que deben
hacerlo conjuntamente con otras ONG’s, algunas de las
cuales tuvieron en el pasado distante alguna figuración
mediática pero que hoy simplemente no existen, la
insistencia de Súmate de mantenerse a pesar del virtual
veto de los precandidatos más importantes, abre un enorme
campo de conjeturas, y, dado su talante y vanidad, resulta
difícil comprender por qué se aferran a contrapelo de esas
circunstancias de desconfianza y recriminación, aunque se
intuyen las razones subyacentes de esa terquedad. Si las
primarias salen bien, el mérito es de Súmate, y si sale
mal o no se hacen, la culpa es de los precandidatos. Por
otra parte, Súmate, ineludiblemente comprometida por sus
justificados reparos al REP y a la totalidad del sistema
electoral, y por su insistencia a que por ello nos
retirásemos de las elecciones parlamentarias del 4 de
Diciembre de 2005, ahora propone hacer primarias con el
REP denunciado por ella misma o con el REP del 2003
complementado con los cedulados en el proceso todavía peor
del 2003 hasta acá, más hipertrofiado, más contaminado,
más desacreditado, más probadamente fraudulento. ¿Por qué
el cambio? Es deleznable el argumento de que, según las
encuestas, un alto porcentaje las desea como método de
selección, porque, según las mismas encuestas, un número
igual acogería cualquier otro método para seleccionar el
candidato único de la oposición. Pero también, según las
mismas encuestas torpemente invocadas (que en Venezuela en
los últimos años han tenido más yerros que aciertos, como
la célebre predicción del triunfo de Salas Romer sobre
Chávez y los porcentajes de candidatos y partidos en
elecciones de gobernadores y alcaldes), hay otros
porcentajes más elevados todavía que no citan los
promotores de las primarias, a saber: que todos los
precandidatos juntos no superan los 10 puntos en las
preferencias e individualmente duplican y casi triplican a
Chávez en los niveles de rechazo; que ninguno de ellos ni
el conjunto de ellos es capaz de derrotar a Chávez; que
más del 80% de los electores expresa que sin condiciones
no vota, por lo cual las primarias o cualquier otro método
de selección vendría a ser perfectamente inútil. Por
cierto, ¿por qué las encuestadoras no le preguntan a los
ciudadanos si estarían dispuestos a concurrir a unas
primarias organizadas por Súmate con base a un REP y a una
cedulación fraudulentos? Finalmente, si las encuestas son
tan infalibles como para determinar la decisión de
promover las primarias en medio de tanta controversia ¿por
qué no las utilizan de una vez para escoger mediante ellas
el candidato único de la oposición y de esa manera
ahorrarse los muchos riesgos y costos de todo tipo que las
primarias conllevan? En privado y entre muchas otras
frágiles justificaciones, los promotores de las primarias
han dicho que se trata de escoger un candidato para
después retirarlo cuando las exigencias no se cumplan. Ese
argumento era defendible antes, cuando las exigencias
estaban por cumplirse, y aunque sabíamos que no se
cumplirían quedaba todavía el beneficio del tiempo. Pero
ahora no, porque el tiempo ya pasó y ninguna se cumplió
como ellos lo saben; entre el CNE y varias sentencias del
Tribunal Supremo de Justicia han negado todo, el conteo
manual vinculante de las papeletas, las direcciones y
demás datos del REP. Esto nos parece lo más grave e
irresponsable de la propuesta de las primarias, elegir un
candidato sólo para retirarlo, sobre todo cuando no se
trataría de ningún hecho sobrevenido ni sorpresivo sino de
un desenlace premeditado. Generar a conciencia una nueva
expectativa simplemente para generar también a conciencia
una nueva frustración, con el pretexto de un supuesto
logro político que no es tal, nos parece criminal. Eso es
engañar a la gente. Para mitigar el tamaño de la
perversidad, nos han refutado diciendo que la mayoría de
los partidos de oposición, AD a la cabeza, después de
inscritos nos retiramos de las elecciones parlamentarias
de diciembre de 2005 cuatro días antes de su celebración,
lo cual es cierto. Pero nadie se inscribió para generar
una expectativa y luego retirarse. Al contrario, nos
inscribimos para participar y fueron los hechos
sobrevenidos y la invencible fuerza que se formó
presionando al retiro, lo que finalmente determinó nuestra
decisión. Ahora los supuestos son completamente distintos
y lo saben los promotores de las primarias. Proponerlas,
equivale a renunciar a priori al derecho de abstención
electoral y a favorecer el interés del gobierno de tener
elecciones con altos índices de participación.
Detrás de la propuesta de las primarias hay tres intereses
en un principio disimulados pero hoy perfectamente
conocidos: uno, de protagonismo y revitalización, porque
necesitaban tomar un segundo aire; dos, para detener
acciones judiciales en curso, y tres, por necesidades de
financiamiento. El cuadro lo completa una doble presión:
el gobierno presiona a ciertos intereses económicos,
financieros, industriales y mediáticos exigiéndoles que a
su vez presionen a los partidos, precandidatos y ONG’s que
reciben su patrocinio, para que estos hagan cierto juego
electoral que al régimen conviene. En cuanto al
financiamiento al que hemos hecho referencia, es nacional,
transnacional y transcontinental. Eso es lo que está
ocurriendo. Así de simple.
LOS PRECANDIDATOS
Las consideraciones siguientes valen tanto para los
precandidatos existentes como para cualquier otro que
pueda aparecer. Entre los 10 u 11 precandidatos de la
oposición que se mantienen, hay tres que en medio de
grandes invocaciones a la democracia y de censura a los
cogollos, se reúnen y deciden por todos, porque consideran
que los demás son relleno y así los tratan. De hecho, se
han elegido precandidatos a sí mismos. Los que de ellos
militan en partidos, jamás, al cabo de 10 o más años de
existencia, han hecho ni siquiera un simulacro de elección
interna. Pero por una u otra razón, han logrado se centre
en ellos la atención de medios y analistas, aunque los
porcentajes de respaldo de cada uno se mantengan muy
bajos. Lo único que crece es el porcentaje de abstención a
medida que el CNE cierra posibilidades, se descubren
nuevos y mayores escándalos sobre el REP, sobre la
cedulación y el sistema electoral en general, se diluye la
confianza y aumentan las pugnas y divisiones en el seno de
la oposición. Los demás precandidatos han sido colocados
casi en el desprecio, para nada se les toma en cuenta. En
estos momentos, la abstención ronda el 63% de los
electores encuestados. Las campañas de los aspirantes
carecen de combatividad y mensaje, no tienen aliento ni
respaldo, ni existe la menor esperanza en una posible
victoria capaz de atraer electores. Son campañas
asistemáticas, intimistas, encriptadas, circunscritas a
coloquios en salones reducidos y cerrados más propios para
reuniones académicas que para campañas electorales. La
esporádica presencia de los precandidatos en algún lugar,
es con propósitos meramente mediáticos, aparecen opacos,
plúmbeos, desangelados, desganados, pasan inadvertidos,
carecen de entusiasmo, no encuentran eco alguno. Son
campañas sin ciudades, sin pueblos, sin calle, sin
barrios, sin cerros, como si no existieran. Los discursos
son completamente inconsistentes, tímidos, anodinos,
llenos de lugares comunes, sin atractivo alguno, incapaces
de asumir la inevitable confrontación que Chávez plantea,
sin fervor ni coraje, inútiles para captar adhesiones y
mucho menos despertar los entusiasmos indispensables en
una campaña electoral. Los pocos concurrentes que han
acudido a las convocatorias salen decepcionados y
frustrados con solo escucharlos hablar. Los aspirantes
tienen la derrota estampada en el rostro.
No obstante ser perfectamente respetables la decisión de
los precandidatos a participar, haya o no condiciones para
hacerlo, ello obedece a razones puramente individuales, no
colectivas ni sociales, y en ello radica otra de la causas
del poco respaldo que han logrado. Alguien llegó a decir
que propuso su precandidatura para aparecer en los medios.
Y ni así.
MANUEL ROSALES
El precandidato Manuel Rosales es el único que tiene algo
que perder porque es Gobernador del Estado Zulia, objetivo
en el que tiene puesta la mira el Presidente Chávez. No lo
presumimos. El mismo Chávez lo ha dicho en reiteradas
ocasiones y con énfasis malévolo. El Gobernador está
arriesgando mucho a cambio de nada y él lo sabe. Al perder
las elecciones difícilmente Chávez permitiría que
retornara sin castigo a la Gobernación del Zulia, como si
nada hubiese pasado. Cada vez que el gobierno lo requiere,
cuando tiene razón y cuando no la tiene, cuenta con el
auxilio de alguno de sus poderes o de varios de ellos para
cumplir el encargo. En este caso, quienes establecen las
diferencias que lo favorecen son las disposiciones
legales. El día 28 de Julio del año en curso, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en
sentencia número 1488 y ante un recurso de interpretación
promovido por el CNE, aplicó literalmente los artículos
229 de la CRBV y 124 de la LOSPP que determinan que un
gobernador en ejercicio no puede ser candidato a la
Presidencia de la República a menos que antes de
postularse renuncie absolutamente al ejercicio de su
cargo. Por todo esto y a pesar de las primeras
interpretaciones lanzadas por el Gobierno para que
mordiera el anzuelo, Manuel Rosales tendrá que escoger
entre ser candidato o ser Gobernador. Clara y
personalmente se lo dijimos un par de meses antes de la
sentencia cuando nos expresó sus ilusiones en contrario.
Un alguien le había dicho que al gobierno le interesaba un
competidor fuerte. El tiempo nos dio nuevamente la razón.
Cuanto más débiles e insulsos los precandidatos, mejor
para el gobierno. Si Rosales es el candidato de la
oposición concurrentista, habrá elecciones para la
Gobernación del Estado Zulia conjuntamente con las
elecciones presidenciales y ambos resultados están
escritos. Sólo un fantasioso creería seriamente poder
ganar en estas circunstancias. El Gobernador ha estado
permanentemente sometido a presión del gobierno a través
de sus varios instrumentos (Contraloría, Asamblea
Nacional, Fiscalía, tribunales etc.) desde el día 12 de
Abril de 2002 cuando firmó el acta de asunción de Pedro
Carmona Estanga como Presidente de facto de Venezuela. El
acoso incluye el cascabeleo del Alcalde chavista de
Maracaibo, Giancarlo Di Martino, imputándole las
acusaciones más inverosímiles, todas las cuales hallan eco
en las diferentes instancias de la cancerbería
gubernamental. Las amenazas intermitentes sobre su
imputación por la Fiscal Ortega Diaz, favorita del régimen
para estos menesteres persecutorios, no han cesado desde
el golpe de Estado de Abril del 2002. Pero el chantaje ya
no es ni siquiera un secreto a voces sino una
manifestación pública del propio gobierno a través del
Fiscal General de la República que le ha ofrecido al
Gobernador Manuel Rosales escoger entre la candidatura
presidencial de la oposición y la cárcel. Citamos
textualmente la declaración del Fiscal Isaías Rodríguez al
diario El Universal de fecha viernes 30 de junio de 2006,
que más desparpajada no puede ser:
“El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez,
informó que uno de los elementos que tomará en cuenta para
presentar la solicitud de antejuicio de mérito contra el
Gobernador Manuel Rosales sería su eventual participación
como candidato en las elecciones presidenciales, pues
quiere evitar que este enjuiciamiento se tome como una
acción de persecución política. ‘El hecho de que Rosales
sea un candidato por la presidencia es un elemento
importante a valorar, sobre todo porque en algunas
oportunidades se ha señalado a la Fiscalía como un órgano
de persecución política y estamos muy distantes de eso. No
se puede dejar colar la idea de que la Fiscalía es capaz
de hacer nugatorios los derechos políticos’ dijo con
respecto a la investigación contra Rosales por haber
firmado el decreto Carmona”. Y luego la periodista agrega:
“El Fiscal General no quiso precisar si el antejuicio será
postergado hasta cuando culmine el proceso electoral.”
Nosotros precisamos que después de la sentencia del TSJ,
la oferta gubernamental a Manuel Rosales se enuncia así:
Candidatura presidencial de la oposición previa renuncia a
la Gobernación del Zulia o la cárcel. Así de simple.
Dos breves comentarios a la insólita declaración del
Fiscal General de la República: 1) Viola la Constitución y
la ley cuando soslaya o difiere el ejercicio de la acción
penal para perseguir un gravísimo delito de acción pública
como el que se le imputa al Gobernador Manuel Rosales,
subordinándolo al ejercicio de un derecho político
particularismo, personalísimo y excepcionalísimo como es
el de postularse a la presidencia de la República, y 2)
Deja la acción en suspenso para cobrársela después, porque
seguramente lo imputará una vez que deje de ser candidato
presidencial y pierda las elecciones. La jugada está
clarísima. En este gobierno en que no existe Estado de
Derecho, el Gobernador Manuel Rosales irá preso
exactamente en el momento cuando al gobierno le venga en
gana y su salvación no depende en absoluto que sea o no
sea candidato a la presidencia de la República. Más
todavía, como candidato, ex-candidato y ex-Gobernador
puede ser imputado en cualquier momento porque no tiene el
privilegio del antejuicio de mérito, que sí tiene, en
cambio, como Gobernador en ejercicio. Pero en todo caso,
por respetables que sean los temores en este sentido del
Gobernador Manuel Rosales para convalidar con su
postulación el proceso electoral presidencial, no dejan de
ser razones absolutamente personales que no lo salvan en
absoluto de la persecución judicial del régimen, como
personal es el hecho de que quiera aprovechar lo de la
precandidatura para convertir su movimiento político
regional en partido nacional.
JULIO BORGES
El precandidato Julio Borges ha decidido desde ahora jugar
a largo plazo y ha escogido el peor momento para hacerlo,
precisamente porque estas son las únicas circunstancias
con las que no se puede jugar. No estamos frente a un
régimen democrático y el juego no es democrático.
Lamentablemente no lo es. Para este aspirante, al parecer,
lo importante es competir desde ahora por el liderazgo de
no se sabe qué, varias veces, cuantas fueren necesarias,
reproducir el síndrome Caldera de ser candidato repetitivo
hasta que se produzca la vencida. Los parangones y
paralelismos raras veces cuadran en política y las
casualidades no son más que eso, casualidades. Son otros
tiempos y sobre todo es otro el personaje. El precandidato
ha dicho y reiterado que su edad le permite esperar el
desgaste de Chávez por 15 o 20 años y por eso su
participación en este juego sin condiciones. Su obsesión
es aparecer desde ya con un puesto en la cola, aguantando
hasta que los demás se cansen, perseverar por años para
que la gente se acostumbre y eso, según su estrategia,
conllevaría a que el porfiado finalmente se llevaría su
premio por conmiseración de la gente. Aún sin saberse lo
que el futuro puede deparar a alguien independientemente
de su edad, porque en su caso tiene varios, más
aventajados y más carismáticos rivales dentro de su propia
organización, admitamos que él si puede esperar, pero
Venezuela no. De eso se trata. Sus razones personales son
respetables pero son solo eso, personales. Es un asunto
suyo, no de Venezuela, y creemos que ni siquiera de su
propio partido, a juzgar por las tensiones internas que
han trascendido más allá del seno de su organización
política, a propósito de su candidatura y de la
participación en estas elecciones.
BENJAMIN RAUSSEO
Propuso su candidatura hace pocos días generando mayor
atención que la de otros precandidatos propuestos desde
hace tiempo. Su derecho a aspirar es tan respetable como
el de cualquier otro precandidato y es tan criticable como
la aspiración de cualquiera de ellos. Ha expresado no
participar en elecciones primarias, estar dispuesto llegar
hasta el final, competir en las actuales condiciones de
minusvalía electoral e incluso declinar a favor de
cualquier otro precandidato que aparezca mejor que él en
las encuestas. Ni los precandidatos Rosales y Borges han
manifestado declinar a favor de la candidatura de Benjamín
Rausseo aun en el caso de que éste los supere en las
encuestas.
LOS ARGUMENTOS DE LOS PRECANDIDATOS
Todos los precandidatos tienen el derecho a aspirar, pero
no a poner sus razones personales por encima de Venezuela.
Eso es lo que desgraciadamente han hecho. Sus ambiciones
no dan derecho a participar rendidos y a legitimar este
gobierno a través de unas elecciones a sabiendas de que se
trata de una estafa electoral que fortalece al régimen y
perjudica enormemente a la inmensa mayoría de los
venezolanos. Para justificar su concurrencia, han empleado
argumentos verdaderamente artificiosos: Han mentido
gravemente al afirmar que no hay más nada que hacer sino
votar así, no obstante las circunstancias electorales
fraudulentas; vuelven a mentir cuando dicen que cualquiera
de ellos puede ganarle a Chávez, y al respecto falsean las
mismas encuestas que inequívocamente dicen lo contrario;
ocultan que en estas circunstancias Chávez no entregaría
el poder ni aún perdiendo las elecciones, y si mantiene el
sistema electoral fraudulento y el control total del
proceso es porque no quiere que se repitan los sobresaltos
del antes, el durante y el después del RRP, menos con un
candidato único de oposición y un sistema electoral pulcro
que estimule la participación electoral masiva. Los
precandidatos deben admitir lo que a estas alturas no
acepta discusiones: Hugo Chávez Frías no entregará
pacíficamente el poder en elecciones limpias, a menos que
lo obligue una invencible presión popular y el esfuerzo
conjunto de los muchos factores de oposición hoy divididos
fundamentalmente por la participación o no en las
elecciones y por el espectáculo ya vergonzoso de las
precandidaturas. En las actuales circunstancias no existe
solución electoral porque no hay elecciones limpias. Y
quienes tengan decidido por su conveniencia participar así
en estas elecciones, que no mientan, que digan la verdad,
que admitan que van concientemente a una derrota ya
decidida y que están participando en un proceso electoral
fraudulento por otras razones, conocidas unas, secretas
otras. Que sean los ciudadanos los que tomen la decisión
pero con conocimiento de causa.
También han dicho, en el colmo de los sofismas, que saben
que no van a ganar pero que el objetivo es sacar cerca del
30% de los votos y de allí formar una especie de capital
semilla para hacer una oposición a plazo incierto que
encabezaría como líder el candidato perdedor. Tamaña
fantasía. Eso denota un desprecio indolente por la
inteligencia del común. Como si los haberes políticos
fuesen como colocaciones financieras que depositadas
prudentemente en entidades confiables, al cabo de cierto
tiempo crecen ganando intereses. Además de que es de por
sí torpe anunciar que van a las elecciones en pos de una
derrota sólo para sacar unos cuantos votos, porque una
estrategia así no suma sino que resta, no entusiasma sino
que decepciona, deberían recordar que los tales capitales
políticos, cuando son el producto de la aportación y
concurrencia de factores heterogéneos, se diluyen apenas
se produce la derrota electoral y la consiguiente resaca.
Ahí no va a quedar nada. Al día siguiente cada uno cogerá
por su lado. Por muy vanidosos que sean los precandidatos,
no hay entre ellos ninguno que sea capaz de conformar ni
mucho menos sostener un capital político y un liderazgo a
mediano plazo de toda la oposición. Al contrario. Todos
son elementos disgregadores y lamentablemente todavía no
se han dado cuenta. Recordemos y preguntemos: ¿Qué capital
político le quedó al candidato Enrique Salas Romer luego
de la derrota electoral en las elecciones presidenciales
de 1998 en las que obtuvo el 43% de los sufragios? ¿Qué
capital político-electoral le quedó al candidato Francisco
Arias Cárdenas luego de la derrota electoral en las
elecciones presidenciales de relegitimación del año 2000
en las que obtuvo más del 40% de los sufragios? ¿Qué
capital político le quedó al conjunto de la oposición
luego del RRP? ¿Qué quedó al cabo de las elecciones de
gobernadores, alcaldes, concejales y juntas parroquiales?
EL GOBIERNO TIENE SU CANDIDATO PARA LA OPOSICION
Nadie dude que el gobierno esté involucrado en las
dificultades de la oposición, y que parte de ésta ofrezca
todas las facilidades para ese despropósito. Mucho de lo
acontecido forma parte del juego gubernamental para
dividir e imponer sus intereses. Hasta ahora lo ha
logrado. Presiona toscamente y a mansalva a los
denominados poderes fácticos y estos, a cambio de ciertas
concesiones, actúan como quiere el gobierno, instan a sus
patrocinados a actuar en el sentido que el gobierno exige,
lo cual pasa por promover la participación electoral
incondicional, estimular la proliferación de aspirantes
para desconcentrar el voto oposicionista, variar
intempestivamente los apoyos de uno u otro candidato y así
sucesivamente. Entre los precandidatos hay quienes se han
reunido y reúnen con el gobierno para concertar aspectos
de recíproco interés. Lo censurable no son las reuniones
que normalmente deben producirse y se producen en los
países verdaderamente democráticos entre gobierno y
oposición a propósito de los temas de interés nacional,
sino que vengan a efectuarse ahora sólo por las
conveniencias electorales del gobierno y de los
precandidatos de oposición de espaldas al país, que sean
clandestinas y que quienes asisten a ellas las nieguen.
El gobierno avanza hacia su propósito de imponer el
candidato de la oposición que más le convenga, el que le
permita seguir con su discurso de ricos contra pobres, de
oligarquía contra pueblo, de capitalismo contra
socialismo. El candidato ideal del gobierno será el más
elitesco, el que no entusiasme ni capte votos del pueblo,
el que aparezca entre los más rechazados, el de discurso
más desabrido y menos estimulante, el que no pueda exhibir
ningún logro político o gubernamental, el que tema tomar
la calle y hacer campaña en los sectores populares, el que
renuncie a la protesta como elemento de movilización y
presión y esté dispuesto a hacer la oposición timorata que
el gobierno quiere, el que se entregue al juego que el
gobierno impone, el que reduzca a la oposición a la
crítica inocua y complaciente, el que no se atreva a
confrontar a Chávez, aquel cuyo discurso sea más
superficial e inofensivo, en fin, el que acate las reglas
que el gobierno dicte. Piropos y elogios gubernamentales
mediante, como hemos comenzado a verlo, ese será el más
apropiado para recibir el título de representante de la
oposición reconocido por el oficialismo porque será el
menos capaz de poner en peligro la hegemonía del gobierno
y el menos apto para movilizar hacia la protesta al enorme
número de venezolanos desesperados por la Venezuela en que
se le ha obligado a vivir. Pero, además de que el gobierno
quiere tener su propio candidato como abanderado de la
oposición, también quiere que se mantengan varios para que
la votación oposicionista se divida todavía más. En eso
anda.
Compañeros cedenistas:
Vista la exposición e información que antecede, el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) propone al CDN la aprobación de
las siguientes
RESOLUCIONES
1) Acción Democrática se declara en campaña nacional e
internacional para divulgar el contenido del presente
Informe y en defensa de la institución de elecciones
libres y transparentes que en estos momentos no existe en
Venezuela.
2) Acción Democrática en estas circunstancias se abstiene
de inscribir o respaldar precandidatos o candidatos a la
Presidencia de la República para las próximas elecciones
presidenciales que se efectuarán el 03 de Diciembre de
2006.
3) Acción Democrática, manifiesta su respeto al derecho de
los conciudadanos de ejercer el voto aún en las
condiciones de minusvalía en que actualmente se halla la
institución del sufragio en Venezuela, y al mismo tiempo
reclama respeto al Derecho Constitucional que tienen los
conciudadanos de no votar conforme a su conciencia cuando
consideren que no están dadas las garantías para hacerlo.
Rechazamos rotundamente las amenazas de regimentación y
sanción anunciadas por el CNE para silenciar a quienes
hemos denunciado y denunciaremos el fraude continuado en
el proceso electoral presidencial venezolano o a quienes
ejerzan su derecho de llamar a la abstención electoral.
4) Acción Democrática se mantiene en estado de alerta ante
la delicada situación que atraviesa el país y se prepara
para nuevas jornadas de movilización nacional ante un
nuevo fraude electoral y ante la Reforma General de la
Constitución que el gobierno iniciará a partir de la
reelección presidencial.
