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Bolivia: Señales de fracaso de la radicalización
por Andrés Benavente Urbina
martes, 29 agosto 2006

 

El proceso de radicalización que viene impulsando el gobierno de Evo Morales muestra en las últimas semanas dos claras señales de fracaso. Una, de tipo económica y otra concerniente a la probidad. 

En lo económico, y dentro del proceso nacionalizador, el  gobierno reconoció que la empresa estatal YPFB carece de los recursos suficientes para concretar la exploración y operación de los yacimientos de hidrocarburos. Solo el proceso de industrialización del gas natural y el petróleo crudo demandan una inversión de US$2.300 millones dinero con que el Estado no cuenta. Claramente se demuestra, una vez más, la distancia entre las aspiraciones populistas y la realidad. No puede haber populismo en la pobreza y esto es algo que Morales nunca ha entendido. 

El discurso nacionalizador operó como buen instrumento político para provocar escenarios de ingobernabilidad en su momento, o para dar algo de vigencia a la siempre frágil administración transitoria de Carlos Mesa, pero demostró ser incompatible con la realidad en términos de ejecución de las aspiraciones manifestadas con aires demagógicos. 

De otra parte ha quedado en evidencia la improvisación de la medida  y su marcado énfasis político y no técnico. El gobierno, en efecto, admite que tiene dificultades para operacionalizar los cambios de contratos con las empresas extranjeras después de la nacionalización,  pues hay falta de claridad acerca de los términos de los mismos, con lo cual no hay un sustento legal para iniciar las negociaciones. Esta dificultad ya se advertía en el plebiscito sobre la nacionalización con preguntas que tenían lecturas o interpretaciones alternativas. En un claro reconocimiento de su falta de competencia técnica, el gobierno de Bolivia recurrirá a Noruega para asesoría en diseño e implementación de contratos energéticos. Claramente en esta materia, la ministra de Justicia, una ex empleada del servicio doméstico es poco lo que puede aportar. 

Un tercer dato negativo en el ámbito económico lo entregó el Banco Central, al informar que el flujo de inversión extranjera directa retrocedió US$ 107 millones durante el primer semestre del año dado que casi todas las empresas transnacionales que operan en el país han frenado sus inversiones ante el clima de inseguridad jurídica prevaleciente. Ello, además, en un contexto de crecientes movilizaciones como la protagonizada por una entidad indígena que ocupó por varios días un gasoducto de propiedad de la brasileña Petrobrás en conjunto con la española Repsol y la francesa Suez exigiendo un pago de US$ 9 millones por derechos de paso. El consorcio respondió proponiendo US$4,5 millones, con lo cual se revela que la intimidación política tiene efectos prácticos en beneficio de los grupos que recurren a las presiones violentas y al desconocimiento del derecho de propiedad. 

En el tema de probidad, comienzan a darse claras señales de que la corrupción sigue instalada al más alto nivel. 

En efecto, el  presidente de la estatal YPFB fue acusado de contratar a la empresa Iberoamérica Trading como intermediaria para exportar 2.000 barriles diarios de petróleo a Brasil con un descuento del 20%. El contrato fue adjudicado sin un proceso de licitación ni un informe técnico. Más allá de su condena discursiva a la corrupción, el  presidente Morales lo respaldó señalando que las imputaciones respondían a intereses que quienes quieren frenar la nacionalización. El gobernante no reparó, empero, que la irregularidad fue detectada en  una auditoría encargada por las propias autoridades. 

El incremento del poder estatal, y más aún, el aumento de los niveles de discrecionalidad en el proceso de toma de decisiones de alto nivel, cuando –además – los criterios que se aplican están lejos de ser técnicos, sino que se inspiran en un propósito de confrontación que busca deliberadamente la polarización social, da como resultado inevitable un mayor nivel de corrupción. 

Al gobierno de Morales, por lo demás, busca tener en lo inmediato un período de anomia legislativa – como en su momento aconteció en Venezuela – al querer otorgar a la recién instalada Asamblea Constituyente la tarea de “refundar” el país, asignándole para  ello quiere  asignarle el carácter de originaria con facultades de revocación de los mandatos y vigencia de los poderes públicos mientras dicta una nueva Carta. Esto aún no se anuncia, pero es un factor que tensiona a la política boliviana. En un claro contrasentido, Morales sí le asignó un objetivo desconociendo su calidad de “soberana”, el de  recuperar  los recursos naturales “saqueados por las transnacionales”. De allí no saldrá escenario alguno que de seguridad jurídica a los inversionistas.

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Politólogo, Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Empresa,
Universidad Diego Portales.

 
 
 
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