El
proceso de radicalización que viene impulsando el gobierno
de Evo Morales muestra en las últimas semanas dos claras
señales de fracaso. Una, de tipo económica y otra
concerniente a la probidad.
En
lo económico, y dentro del proceso nacionalizador, el
gobierno reconoció que la empresa estatal YPFB carece de
los recursos suficientes para concretar la exploración y
operación de los yacimientos de hidrocarburos. Solo el
proceso de industrialización del gas natural y el petróleo
crudo demandan una inversión de US$2.300 millones dinero con
que el Estado no cuenta. Claramente se demuestra, una vez
más, la distancia entre las aspiraciones populistas y la
realidad. No puede haber populismo en la pobreza y esto es
algo que Morales nunca ha entendido.
El
discurso nacionalizador operó como buen instrumento político
para provocar escenarios de ingobernabilidad en su momento,
o para dar algo de vigencia a la siempre frágil
administración transitoria de Carlos Mesa, pero demostró ser
incompatible con la realidad en términos de ejecución de las
aspiraciones manifestadas con aires demagógicos.
De
otra parte ha quedado en evidencia la improvisación de la
medida y su marcado énfasis político y no técnico. El
gobierno, en efecto, admite que tiene dificultades para
operacionalizar los cambios de contratos con las empresas
extranjeras después de la nacionalización, pues hay falta
de claridad acerca de los términos de los mismos, con lo
cual no hay un sustento legal para iniciar las
negociaciones. Esta dificultad ya se advertía en el
plebiscito sobre la nacionalización con preguntas que tenían
lecturas o interpretaciones alternativas. En un claro
reconocimiento de su falta de competencia técnica, el
gobierno de Bolivia recurrirá a Noruega para asesoría en
diseño e implementación de contratos energéticos. Claramente
en esta materia, la ministra de Justicia, una ex empleada
del servicio doméstico es poco lo que puede aportar.
Un
tercer dato negativo en el ámbito económico lo entregó el
Banco Central, al informar que el flujo de inversión
extranjera directa retrocedió US$ 107 millones durante el
primer semestre del año dado que casi todas las empresas
transnacionales que operan en el país han frenado sus
inversiones ante el clima de inseguridad jurídica
prevaleciente. Ello, además, en un contexto de crecientes
movilizaciones como la protagonizada por una entidad
indígena que ocupó por varios días un gasoducto de propiedad
de la brasileña Petrobrás en conjunto con la española Repsol
y la francesa Suez exigiendo un pago de US$ 9 millones por
derechos de paso. El consorcio respondió proponiendo US$4,5
millones, con lo cual se revela que la intimidación política
tiene efectos prácticos en beneficio de los grupos que
recurren a las presiones violentas y al desconocimiento del
derecho de propiedad.
En
el tema de probidad, comienzan a darse claras señales de que
la corrupción sigue instalada al más alto nivel.
En
efecto, el presidente de la estatal YPFB fue acusado de
contratar a la empresa Iberoamérica Trading como
intermediaria para exportar 2.000 barriles diarios de
petróleo a Brasil con un descuento del 20%. El contrato fue
adjudicado sin un proceso de licitación ni un informe
técnico. Más allá de su condena discursiva a la corrupción,
el presidente Morales lo respaldó señalando que las
imputaciones respondían a intereses que quienes quieren
frenar la nacionalización. El gobernante no reparó, empero,
que la irregularidad fue detectada en una auditoría
encargada por las propias autoridades.
El
incremento del poder estatal, y más aún, el aumento de los
niveles de discrecionalidad en el proceso de toma de
decisiones de alto nivel, cuando –además – los criterios que
se aplican están lejos de ser técnicos, sino que se inspiran
en un propósito de confrontación que busca deliberadamente
la polarización social, da como resultado inevitable un
mayor nivel de corrupción.
Al
gobierno de Morales, por lo demás, busca tener en lo
inmediato un período de anomia legislativa – como en su
momento aconteció en Venezuela – al querer otorgar a la
recién instalada Asamblea Constituyente la tarea de
“refundar” el país, asignándole para ello quiere asignarle
el carácter de originaria con facultades de revocación de
los mandatos y vigencia de los poderes públicos mientras
dicta una nueva Carta. Esto aún no se anuncia, pero es un
factor que tensiona a la política boliviana. En un claro
contrasentido, Morales sí le asignó un objetivo
desconociendo su calidad de “soberana”, el de recuperar
los recursos naturales “saqueados por las transnacionales”.
De allí no saldrá escenario alguno que de seguridad jurídica
a los inversionistas.
* |
Politólogo,
Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de
Economía y Empresa,
Universidad Diego Portales. |