En Venezuela se explicitan cada vez con más fuerza las primeras señales de la campaña electoral que debiera culminar con las elecciones presidenciales de diciembre del presente año. Si hay un dato cierto es que Hugo Chávez postulará a la reelección, cuestión que él ve como un simple trámite en su proyección de ejercer el poder por un par de décadas más. 

La oposición se encuentra dispersa en torno de varias candidaturas de diversa significación y gravitación. Algunos de los nombres que se mencionan son el ex ministro de Rafael Caldera, Teodoro Petkoff y exponente del socialismo democrático; el joven dirigente del partido Primero Justicia, Julio Borges; el gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, del partido Nuevo Tiempo; y el personero social demócrata, Roberto Smith.  

Lo que puede tornarse complicado para la oposición es no encontrar un mecanismo para definir un candidato común, circunstancia que parece necesaria atendido el clima de alta polarización política y social que promueve el gobierno. Una candidatura presidencial de Chávez frente a varias opositoras significaría, en la práctica, la reedición en Venezuela del mecanismo electoral en virtud del cual el autócrata general Alfredo Stroessner se reelegía puntualmente en Paraguay cada cuatro años ofreciendo la parodia de una democracia en funciones o similar a las elecciones mexicanas de los tiempos en que el PRI era partido hegemónico y antes de la administración Zedillo. 

Por cierto que el asunto no es fácil para la oposición. A las naturales diferencias de una competencia por una nominación, hay que añadir la desconfianza que prevalece en electorado respecto de la utilidad de las elecciones dadas las imputaciones de fraude – nunca suficientemente desmentidas – en el referéndum revocatorio;  la carencia de un liderazgo alternativo a Chávez que sea reconocido en la ciudadanía como tal; y la persistencia de la crisis de legitimidad de los partidos políticos, fenómeno al cual no escapa la oposición con la aparición de denominaciones coyunturales que nada dicen desde la perspectiva programática. 

La situación económica, además, favorece a Chávez. Ciertamente que no en cuanto a lo debiera hacer Venezuela para capitalizar efectivamente los mayores ingresos de su bonanza petrolera, pero sí en lo inmediato, en el corto plazo dentro del cual se inscribe el tiempo electoral, donde la abundancia de recursos permite incrementar el gasto público para financiar el reparto populista que suele traducirse en votos. 

En la descripción de este escenario puede ser tentador para algunos sectores opositores recurrir a la abstención, como ya se hizo en las elecciones legislativas de diciembre de 2005. Al fin de cuentas, tampoco faltarían razones de orden político-procesal para hacerlo si se considera la composición y la inclinación política del tribunal electoral. Sin embargo, estimamos desde el análisis hecho a distancia que la abstención reforzaría la consolidación del régimen chavista. 

Si alguien creyó que la no participación de la oposición en las elecciones de diciembre pasado deslegitimaría al gobierno, en términos prácticos se equivocó totalmente. El muy poco representativo parlamento sigue cumpliendo con su rol legislativo y brinda al gobierno la posibilidad de mostrarse como una administración democrática ante la comunidad internacional. 

Un comportamiento abstencionista puede ser funcional a la derrota de un régimen, si éste se encuentra en un proceso de agudización de crisis; donde la abstención represente una señal de recambio perceptible por la ciudadanía y no un mero rechazo de algunos segmentos que puede confundirse con la indiferencia. En cambio, en un escenario de aparente expansión económica, de  desmovilización ciudadana, la abstención termina – aunque la oposición así no lo quiera – contribuyendo a  consolidar el esquema autoritario.

*	Andrés Benavente Urbina: Politólogo. Investigador de la Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales.