El gobierno de  Chávez ha proseguido  con su política de enfatizar el rol del Estado en materia de recursos naturales en detrimento de los inversores extranjeros y, a la vez, de expandir su influencia en la región a través de la instrumentalización de los recursos petroleros. Hacia adentro opera la consigna de “recuperación de la soberanía nacional” y hacia el exterior prima la de incrementar la influencia política en la zona buscando construir cierto protagonismo hegemónico. 

Relacionado con el primer aspecto, esta vez las modificaciones discrecionales al marco regulatorio afectan a los sectores minero y de refinamiento del petróleo extra pesado de la zona del Orinoco. En lo concerniente a la minería el gobierno envío a trámite legislativo un proyecto por el cual se le autoriza a tomar el control de las minas de oro y diamantes no productivas que estén siendo operadas por empresas extranjeras. La idea central es  que el Estado – al igual que en el sector petrolero – controle la mayoría de las empresas a través de joint ventures obligatorios y compulsivos. No se aspira a una propiedad estatal absoluta por el simple hecho de que se requiere de la presencia de capitales externos  para apoyar la llegada las nuevas tecnologías de exploración y explotación que aportan los socios extranjeros. Pronto, entonces, las compañías mineras que estén en pleno funcionamiento y no puedan ser acusadas de improductivas deberán someterse a la revisión unilateral de sus contratos. La alternativa de no aceptar el nuevo escenario es ser expropiado por el Estado. 

En el sector de refinación petrolera, la alteración discrecional de las reglas del juego se sitúa en el lado tributario. El gobierno unilateralmente decidió aumentar el impuesto a la renta a las compañías extranjeras de un 34% al 50% y el pago de royalty desde el 16,67% al 33,3%.  El propósito es incrementar los recursos fiscales, lo que en la práctica puede ser soportado por los inversionistas sólo en la medida en que el petróleo atraviesa por una buena coyuntura de precios.  De lo que no cabe duda alguna es que, con este marco de inseguridad jurídica, Venezuela no es un país atractivo para los inversores externos y cabe hacerse la pregunta ¿qué pasaría en la eventualidad de que los precios del crudo bajen y ya no compense a los capitales externos soportar el acentuado riesgo regulatorio? 

El otro aspecto a destacar de la política venezolana es la instrumentalización política de los recursos petroleros. En primer lugar,  la empresa  PDVSA firmó una alianza estratégica con la estatal Petro Ecuador para el desarrollo de actividades económicas de interés mutuo, como explotación, refinamiento, transporte, almacenamiento y comercialización del petróleo. Ecuador proporcionará petróleo crudo y Venezuela entregará productos refinados, lo que importa una disminución de costos para el Estado ecuatoriano, lo que le es  ventajoso  dada sus  carencias en materia de renovación de infraestructura, en especial en el aspecto de refinamiento y con ello, a su vez,  Chávez gana espacios de influencia política en un país tradicionalmente inestable, donde el populismo revolucionario puede asentarse en el gobierno o ser un actor político y social relevante. 

En segundo lugar, el gobierno venezolano estudia la posibilidad de comprar parte de la deuda de la empresa estatal paraguaya Itaipú. Con ello puede llegar a tener ingerencia en la administración de los abundantes recursos hídricos de Paraguay, con lo cual se anota otro avance en la búsqueda de hegemonía en la subregión. Recuperación de la soberanía de los recursos naturales internos y expansión de la influencia externa instrumentalizando esos mismos recursos es una estrategia que tiene coherencia en el proyecto chavista de establecer un protagonismo regional.

*	Politólogo, Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales.