Varias ideas importantes
presentó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega
Díaz, en la Asamblea Nacional, empeñada como está en poner
a derecho los actos que han llevado al gobierno y a sus
representantes, a situaciones difíciles, acusados de
violar los derechos humanos de los venezolanos, entre
ellos su libertad de expresión e información.
No puede ser que sueltos por
ahí, diversos jueces, oficiales de la Fuerza Armada,
alcaldes y policías, creyendo interpretar la voluntad del
conductor político de la revolución venezolana, hayan
provocado hechos denunciables ante los organismos
nacionales e internacionales. Además, pudieron socavar
también las creencias del pueblo llano en la sinceridad y
bondad de los actos de los revolucionarios .
Es verdad que han logrado
molestar y hacer sufrir a muchas personas hostiles al
proceso, pero también consiguieron diversas condenas de la
CIDDH, investigaciones de la Unión Europea y del
Departamento de Estado norteamericano, denuncias a todo
nivel y la directa hostilidad de las autoridades de varios
estados vecinos y lejanos No hablemos de las crecientes
manifestaciones públicas de gente del común, a favor de
periodistas y medios de comunicación. La historia del
cierre de RCTV es un clásico de una metida de pata
política de este proceso, indefendible en el terreno
legal.
Es por eso que hay que buscar
un camino que justifique la reducción de los medios de
comunicación, sus trabajadores e ideólogos a su vertiente
eminentemente educativa, de acuerdo a la concepción
bolivariana, es decir, a favor de los contenidos de
adhesión al socialismo, por encima de sus objetivos
informativos o de entretenimiento.
La Fiscal General,
considerándose ( como lo es) una guardiana del estado de
derecho revolucionario, decidió.,muy congruentemente con
una búsqueda personal del equilibrio y la armonía, evitar
en lo posible la repetición de casos como las denuncias de
una juez contra una superior, que supuestamente la
obligaba a convalidar una orden de prohibición de salida
del país contra uno de los dueños de la televisora
Globovisión, Guillermo Zuloaga, o que la eliminación de
las autorizaciones de funcionamiento a un centenar de
radios venezolanas por una decisión del ministro Diosdado
Cabello y el organismo que administra, Conatel, sea vista
como una rebatiña que no solamente silencia a las radios
incómodas sino que de paso , satisface a los amigos del
régimen, a quiénes les sería autorizado administrar las
distintas frecuencias arrancadas a los opositores.
Varios desórdenes públicos en
el estado Miranda, produjeron la detención de tres
periodistas, que según sus defensores, no hacían otra cosa
que “su trabajo” y fué llevado a la cárcel de Santa Ana,
una de las mas peligrosas del país, otro periodista,
connotado y ex candidato, el popularísimo “Negro Azócar"
¿Que necesidad hay de arrestarlos a todos en menos de una
semana, por desórdenes públicos y asalto los unos y el
otro por una viejísima denuncia que todo el mundo sabe que
es un pretexto, solo usable en caso de necesidad, por lo
bocón del preso?.
Quedarían englobados en una
sola legislación punitiva estos casos, tan distintos, con
el único nexo de ser los acusados u objetos de sanción,
comunicadores , directivos de medios de comunicación u
opinadores de oficio.
Se resolverían casos como el
de los exiliados, que bien exiliados estarían. pues no
habría necesidad de resolver si el juzgado que los condenó
por un caso específico, muchas veces desligado de sus
funciones periodísticas, como el caso de Patricia Poleo
tenía razón. El asesinato es un asunto difícil de probar,
¿ no calza mas la tipología delictual mediática?
La solución es tan completa,
que abarca no solo a los periodistas de profesión, sino a
todo aquel que intente expresarse fuera de los parámetros
educativos del socialismo contra la salud de las personas,
contándoles los supuestos horrores y olores de la morgue
de Bello Monte o intentando desmentir los hechos de la
Caracas totalmente segura que ha logrado el gobierno, por
ejemplo.
Esas personas pueden también ser enjuiciadas y condenadas
con penas de dos a cuatro años de cárcel. Desde las
denunciantes de oficio que se quejan porque no les dan
casa o porque le mataron al malandro del hermano o el hijo
, hasta los conferencistas, artistas, productores
nacionales independientes y ,por supuesto, no por estar de
últimos, menos importantes, los dueños de los medios. ¿ No
es una belleza?
Por eso es que la Asamblea
Nacional se cayó a aplausos. Y los que no aplaudieron,
tampoco abrieron la boca. Es tan buena la ley, que hasta
por no hablar se peca, porque quién se niegue a decir de
donde sacó una información X, ! que secreto de fuente, ni
que secreto de fuente! A la cárcel va.
No hablemos de esos que se
ponen a discutir con” la autoridá”, porque de una están
instigando al delito y obstaculizando las actividades de
los revolucionarios.
En una cosa sí falló la
Fiscal, en el reconocimiento de que quiénes están en los
medios, han picado muy arriba en su guerra contra el
proceso. No solo porque se ha detectado un ejercicio
abusivo que inclusive produjo una nueva tipología
delictual, digna de profundos estudios en el derecho
internacional: el delito mediático, del cual por supuesto
Venezuela es un ejemplo de librito. Sino porque admitió
que los ciudadanos lucen “ indefensos frente al poder que
ostentan los medios de comunicación social” y que a través
de los medios “ se puede debilitar las instituciones del
estado”. Es decir, que los dueños de los medios y los
periodistas la tienen ganada, si no se toman medidas como
ésta, que combaten el desorden institucional.
De ahí una de las propuestas
clave de Ortega. Hay que castigar las acciones u omisiones
desplegadas en los medios que constituyan delitos, para
lograr equilibrio y armonía entre la libertad de expresión
y el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial.
Viva el castigo, porque la Revolución es felicidad.
lucgomnt@yahoo.es
