Francia no tiene petróleo, pero posee
una de las más poderosas industrias petroleras del mundo; un
elemento clave de su economía. La compañía privada Total, es
el cuarto grupo petrolero a nivel mundial y está presente en
130 países.
Los grupos petroleros enfrentan un
agudo problema ante la opinión pública, puesto que una de
las características de los países que poseen las mayores
reservas de petróleo, excluyendo, por su puesto a Noruega,
es su poca vocación democrática, y la impunidad de la que
gozan por poseer el elemento gracias al cual funciona la
economía mundial. Es una verdad de Perogrullo que las
democracias occidentales cierran los ojos ante las
violaciones que se cometen en los petroestados.
En Birmania Total es la compañía de
mayor influencia y pese a la habilidad proverbial de la
diplomacia francesa, le cuesta disimular o negar que la
presencia de la trasnacional de hidrocarburos francesa,
favorece, pese a ella, una de las más férreas dictaduras que
integran el escenario político contemporáneo. Se trata de la
junta militar birmana.
Por suerte, la oposición de ese país
cuenta con una figura emblemática; la premio Nóbel de La
Paz, Aung San Suu Kyi a quien la “justicia” de la junta
militar acaba de agregarle 18 meses más de condena a su
condición de prisionera a domicilio. La personalidad de la
prisionera ha suscitado el interés de la opinión pública
internacional y ha favorecido la denuncia de la situación
birmana, un país mantenido por la dictadura fuera de la
orbita del mundo. La presión internacional ha logrado que se
apliquen a la junta militar sanciones como el negarles
visas a los miembros del gobierno y congelar los haberes de
los miembros de la junta, la prohibición de la importación
de armamento; medidas de las que está excluida la
explotación de los hidrocarburos, vale decir Total y el
resto de las compañías petroleras que actúan en Birmania.
Desde hace algún tiempo se le reprocha
a Total, no sólo favorecer con sus inversiones los intereses
de la junta birmana, sino de cerrar los ojos ante los
métodos empleados por los militares que controlan el
campamento de gas de Yadana, situado en el sur del país, a
los que se les acusa de obligar a la población a realizar
trabajos forzados. Al contrario, Total se ha defendido
invocando que por el contrario, la empresa obra en favor de
la población birmana, creando puestos de trabajo. El
gobierno francés ha tomado la defensa de la empresa. El
ministro de asuntos exteriores, Bernard Kouchner, el célebre
fundador de Médicos sin Fronteras, comprometido con los
derechos humanos, declaró en junio 2009 al semanario Le
Nouvel Observateur, que “no constató el uso de trabajos
forzados por la empresa Total” en Birmania, por lo que,
tanto Europa como Francia, han excluido la industria
petrolera de las sanciones impuestas a la dictadura de la
junta cuyo carácter dictatorial es particularmente aberrante
y difícilmente disimulable. El ministro francés sin embargo
admitió ante una comisión de la Asamblea Nacional Francesa,
que el único modo de presión serio contra la junta birmana,
provendría de Total, puesto que no existen relaciones
comerciales entre la Unión Europea y Birmania, pero que una
medida de esa naturaleza era imposible tomarla en la
practica, porque el cierre del campamento de Yadana
significaría cortar el suministro de gas a la población
birmana, y a la ciudad de Bangkok, porque el gas birmano se
exporta hacia Tailandia, y que en última instancia, en caso
de que Total abandone Birmania, la China ocuparía su lugar,
y los resultados serán peores ya que la China, uno de los
países en donde la violación de los derechos humanos
constituye un método de gobierno, es uno de los
principales sostenes políticos con los que cuenta la junta
birmana.
En efecto, el consorcio de Yadana, que
comprende también la estadounidense Chevron, está dirigido
por Total, y está ligado por un contrato comercial a
Tailandia. Por otra parte, si Total se niega a cumplir con
la junta birmana, ésta puede ampararse de las instalaciones
de la compañía. Y se ha evidenciado, que las sanciones
impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos no han dado
resultado alguno. La opinión de la diplomacia europea es que
mientras los países vecinos no se sumen a las sanciones, no
hay mucho que esperar, y por supuesto, no hay nada que
esperar de la China en ese aspecto.
Pese a las reiteradas negaciones de
Total de incurrir en prácticas incorrectas, un informe hecho
público por el diario parisino Libération con fecha
del 10 de septiembre, de la ONG americano-tailandesa Earth
Rights Internacional (ERI), acusa a la empresa petrolera
francesa, como a la estadounidense Chevron, que explotan el
yacimiento de Yadana, de constituir los principales sostenes
financieros de la junta que monopoliza el poder desde 1962 y
de “favorecer un alto nivel de corrupción en Birmania” y de
ser indirectamente cómplices de “trabajos forzados y de
ejecuciones físicas” en el campo petrolero de Yadana, en el
sur del país. La ONG afirma que en lugar de favorecer la
economía del país, uno de los más pobres del mundo, los
royalties devengados por el petróleo van a parar a las
cuentas secretas personales que los miembros del gobierno
mantienen en los bancos de Singapur. La ONG revela
igualmente, que la zona de los yacimientos está bajo control
del ejército birmano, y según testimonio de los habitantes,
contrariamente a lo afirmado por la empresa y el ministro de
exteriores francés, confirman la existencia de trabajos
forzados.
Tras dos años de investigación, la ONG
ERI, revela que dicho yacimiento le ha permitido a la junta
devengar más de 4.000 millones de dólares desde el año 2000,
comienzos de la explotación del yacimiento, hasta 2008.
Total obtuvo 483 millones de dólares de ganancia y Chevron
437, luego de haber pagado 30% de impuestos exigidos por el
régimen y 10% de coste de producción. Según el informe de
ERI, lejos de integrarlos al presupuesto nacional, 75% de
los ingresos van directamente a las cuentas privadas de los
jerarcas del régimen, situadas en los bancos offshore de
Singapur, constituyendo un elemento decisivo que le permite
al régimen militar birmano perennizarse en el poder, lo que
le ha permitido sobreponerse a las presiones internacionales
y permanecer sordo antes las exigencias democráticas de la
población.
Total invoca por su parte, el informe
elaborado sobre el campamento de Yadana por el organismo
independiente estadounidense, Collaborative for Development
Action (CDA) que confirma la versión de Total en cuanto “al
desarrollo material que la empresa le ha otorgado a la
población y contribuir a garantizar la paz y la tranquilidad
en la zona”. ERI corrige esta versión, invocando que la CDA
entrevistó a los habitantes en presencia de miembros de
Total y de los servicios de inteligencia militares, y afirma
que los habitantes fueron preparados de antemano y
amenazados por los militares.
En cuanto al tema de los trabajos
forzados, la respuesta ambigua de un responsable de Total,
según el diario Libération, deja entrever que la
compañía no ignoraba esa practica por parte de las
autoridades, al declarar que el trabajo obligatorio había
sido “erradicado” de la zona y haberse preocupado de que no
se practicara en esa misma zona.
El caso birmano es ejemplar de la
impunidad de la que gozan los países productores de
hidrocarburos, lo que deja pocas esperanzas a los millones
de habitantes que viven bajo esos regimenes.
En Venezuela, la presencia de la
empresa petrolera francesa se remonta en el tiempo, e
incluso ha marcado con su impronta el modelo organizativo de
PDVSA. En lo que respecta el gobierno de Hugo Chávez, éste
ha favorecido, particularmente, la presencia de Total en el
país, otorgándole concesiones importantes; lo que explica el
trato cuidadoso del que goza el gobierno del
teniente-coronel venezolano en el ámbito oficial francés, y
la discreción de la prensa gala en lo que se refiere al
amordazamiento de la democracia, a las violaciones de los
derechos humanos, al laxismo del gobierno ante la
delincuencia, a la adopción de leyes destinadas a configurar
una dictadura constitucional. Vale la pena recordar que
existe la tendencia en los organismos de defensa de los
derechos humanos en Francia, de observar cierta discreción
cuando se trata de países cuya denuncia puede significar
lesiva para los intereses económicos del país y aún más, se
trata de gobiernos antidemocráticos, pero que se otorgan la
etiqueta de izquierda
Es urgente que los organismos
competentes tomen en cuenta esta anomalía producto del
mercado energético que deja sin defensa a millones de
personas sometidas a regimenes arbitrarios ante la
indiferencia de aquellos que se favorecen de las materias
primas, explotadas en condiciones más que reprochables.
* |
Especializada en etnopsicoanálisis e historia,
consejera editorial de webarticulista.net,
autora de "Rigoberta Menchú
y así me nació la conciencia" (1982).
-
Artículo publicado originalmente en el semanario ZETA |