Francia no tiene petróleo, pero posee una de las más poderosas industrias petroleras del mundo; un elemento clave de su economía. La compañía privada Total, es el cuarto grupo petrolero a nivel mundial y está presente en 130 países.

Los grupos petroleros enfrentan un agudo problema ante la opinión pública, puesto que una de las características de los países que poseen las mayores reservas de petróleo, excluyendo, por su puesto a Noruega, es su poca vocación democrática, y la impunidad de la que gozan por poseer el elemento gracias al cual funciona la economía mundial. Es una verdad de Perogrullo que las democracias occidentales cierran los ojos ante las violaciones que se cometen en los petroestados.

En Birmania Total es la compañía de mayor influencia y pese a la habilidad proverbial de la diplomacia francesa, le cuesta disimular o negar que la presencia de la trasnacional de hidrocarburos francesa, favorece, pese a ella, una de las más férreas dictaduras que integran el escenario político contemporáneo. Se trata de la junta militar birmana.

Por suerte, la oposición de ese país cuenta con una figura emblemática; la premio Nóbel de La Paz, Aung San Suu Kyi a quien la “justicia” de la junta militar acaba de agregarle 18 meses más de condena a su condición de prisionera a domicilio. La personalidad de la prisionera ha suscitado el interés de la opinión pública internacional y ha favorecido la denuncia de la situación birmana, un país mantenido por la dictadura fuera de la orbita del mundo. La presión internacional ha logrado que se apliquen a la junta militar sanciones como el negarles  visas a los miembros del gobierno y congelar los haberes de los miembros de la junta, la prohibición de la importación de armamento; medidas de las que está excluida la explotación de los hidrocarburos, vale decir Total y el resto de las compañías petroleras que actúan en Birmania.

Desde hace algún tiempo se le reprocha a Total, no sólo favorecer con sus inversiones los intereses de la junta birmana, sino de cerrar los ojos ante los métodos empleados por los militares que controlan el campamento de gas de Yadana, situado en el sur del país, a los que se les acusa de obligar a la población a realizar trabajos forzados. Al contrario, Total se ha defendido  invocando que por  el contrario, la empresa obra en favor de la población birmana, creando puestos de trabajo. El gobierno francés ha tomado la defensa de la empresa. El ministro de asuntos exteriores, Bernard Kouchner, el célebre fundador de Médicos sin Fronteras, comprometido con los derechos humanos, declaró en junio 2009 al semanario Le Nouvel Observateur, que “no constató el uso de trabajos forzados por la empresa Total” en Birmania, por lo que, tanto Europa como Francia, han excluido la industria petrolera de las sanciones impuestas a la dictadura de la junta cuyo carácter dictatorial es particularmente aberrante y difícilmente disimulable. El ministro francés sin embargo admitió ante una comisión de la Asamblea Nacional Francesa, que el único modo de presión serio contra la junta birmana, provendría de Total, puesto que no existen relaciones comerciales entre la Unión Europea y Birmania, pero que una medida de esa naturaleza era imposible tomarla en la practica, porque el cierre del campamento de Yadana significaría cortar el suministro de gas a la población birmana, y a la ciudad de Bangkok, porque el gas birmano se exporta hacia Tailandia, y que en última instancia, en caso de que Total abandone Birmania, la China ocuparía su lugar, y los resultados serán peores ya que la China, uno de los países en donde la violación de los derechos humanos constituye un  método de gobierno,  es uno de los principales sostenes políticos con los que cuenta la junta birmana.

En efecto, el consorcio de Yadana, que comprende también la estadounidense Chevron, está dirigido por Total, y está ligado por un contrato comercial a Tailandia. Por otra parte, si Total se niega a cumplir con la junta birmana, ésta puede ampararse de las instalaciones de la compañía. Y se ha evidenciado, que las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos no han dado resultado alguno. La opinión de la diplomacia europea es que mientras los países vecinos no se sumen a las sanciones, no hay mucho que esperar, y por supuesto, no hay nada que esperar de la China en ese aspecto.

Pese a las reiteradas negaciones de Total de incurrir en prácticas incorrectas, un informe hecho público por el diario parisino Libération con fecha del 10 de septiembre, de la ONG americano-tailandesa Earth Rights Internacional (ERI), acusa a la empresa petrolera francesa, como a la estadounidense  Chevron, que explotan el yacimiento de Yadana, de constituir los principales sostenes financieros de la junta que monopoliza el poder desde 1962 y de “favorecer  un alto nivel de corrupción en Birmania” y de ser indirectamente cómplices de “trabajos forzados y de ejecuciones físicas” en el campo petrolero de Yadana, en el sur del país.  La ONG afirma que en lugar de favorecer la economía del país, uno de los más pobres del mundo, los royalties devengados por el petróleo van a parar a las cuentas secretas personales que los miembros del gobierno mantienen en los bancos de Singapur. La ONG revela igualmente, que la zona de los yacimientos está bajo control del ejército birmano, y según testimonio de los habitantes, contrariamente a lo afirmado por la empresa y el ministro de exteriores francés, confirman la existencia de trabajos forzados. 

Tras dos años de investigación, la ONG ERI, revela que dicho yacimiento le ha permitido a la junta devengar más de 4.000 millones de dólares desde el año 2000, comienzos de la explotación del yacimiento, hasta 2008. Total obtuvo 483 millones de dólares de ganancia y Chevron 437, luego de haber pagado 30% de impuestos exigidos por el régimen y 10% de coste de producción. Según el informe de ERI, lejos de integrarlos al presupuesto nacional, 75% de los ingresos van directamente a las cuentas privadas de los jerarcas del régimen, situadas en los bancos offshore de Singapur, constituyendo un elemento decisivo que le permite al régimen militar birmano perennizarse en el poder, lo que le ha permitido sobreponerse a las presiones internacionales y permanecer sordo antes las exigencias democráticas de la población.

Total invoca por su parte, el informe elaborado sobre el campamento de Yadana por el organismo independiente estadounidense, Collaborative for Development Action (CDA) que confirma la versión de Total en cuanto “al desarrollo material que la empresa le ha otorgado a la población y contribuir a garantizar la paz y la tranquilidad en la zona”. ERI corrige esta versión, invocando que la CDA entrevistó a los habitantes en presencia de miembros de Total y de los servicios de inteligencia militares, y afirma que los habitantes fueron preparados de antemano y amenazados por los militares.

En cuanto al tema de los trabajos forzados, la respuesta ambigua de un responsable de Total, según el diario Libération, deja entrever que la compañía no ignoraba esa practica por parte de las autoridades, al declarar que el trabajo obligatorio había sido “erradicado” de la zona y haberse preocupado de que no se practicara en esa misma zona.

El caso birmano es ejemplar de la impunidad de la que gozan los países productores de hidrocarburos, lo que deja pocas esperanzas a los millones de habitantes que viven bajo esos regimenes.

En Venezuela, la presencia de la empresa petrolera francesa se remonta en el tiempo, e incluso ha marcado con su impronta el modelo organizativo de PDVSA. En lo que respecta el gobierno de Hugo Chávez, éste ha favorecido, particularmente, la presencia de Total en el país, otorgándole concesiones importantes; lo que explica el trato cuidadoso del que goza el gobierno del teniente-coronel venezolano en el ámbito oficial francés, y la discreción de la prensa gala en lo que se refiere al amordazamiento de la democracia, a las violaciones de los derechos humanos, al laxismo del gobierno ante la delincuencia, a la adopción de leyes destinadas a configurar una dictadura constitucional. Vale la pena recordar que existe la tendencia en los organismos de defensa de los derechos humanos en Francia, de observar cierta discreción cuando se trata de países cuya denuncia puede significar lesiva para los intereses económicos del país y aún más, se trata de gobiernos antidemocráticos, pero que se otorgan la etiqueta de izquierda

Es urgente que los organismos competentes tomen en cuenta esta anomalía producto del mercado energético que deja sin defensa a millones de personas sometidas a regimenes arbitrarios ante la indiferencia de aquellos que se favorecen de las materias primas, explotadas en condiciones más que reprochables.

*	Especializada en etnopsicoanálisis e historia, consejera editorial de webarticulista.net, autora de "Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia" (1982). - Artículo publicado originalmente en el semanario ZETA