El asalto del domicilio, el
incendio de sus pertenencias y la agresión física de la
esposa, hijos y familiares por hordas afines al gobierno del
ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas,
intelectual aymara que goza de un gran prestigio y respeto
en todos los ámbitos del país, ha causado estupor en
Bolivia, y ha suscitado manifestaciones de repudio en los
medios más diversos del país. Hechos similares, en
aplicación de la llamada “justicia comunitaria”, acontecen
cada vez más en el altiplano boliviano: de hecho, Bolivia
enfrenta un régimen que se rige por sus propias normas: en
ciertas partes del país ya ha dejado de estar vigente el
Estado de Derecho y en su lugar se aplican medidas
coercitivas en contra de quienes no se someten a los
designios del MAS.
El sábado pasado (7 de marzo),
una turba de pobladores, seguidores de Evo Morales, asaltó y
saqueó la vivienda del ex vicepresidente de la República,
Víctor Hugo Cárdenas y atentó contra la vida de su esposa y
de sus dos hijos, en la comunidad de Sankajahuira, cantón de
Huatajata, del municipio Achacachi, a 90 kilómetros de la
capital, La Paz. Las cámaras de una cadena de TV captaron
los incidentes. Mientras los atemorizados ocupantes
abandonaban la casa, algunos pobladores los persiguieron
lanzándoles pedradas y latigazos. Debido a las lesiones
sufridas, tres personas, entre las cuales, Lidia Katari, la
esposa de Cárdenas, y el sobrino, que fue llevado hasta la
plaza central de la comunidad y allí fue flagelado,
permanecen aún hospitalizadas. Mientras ocurrían los hechos,
Víctor Hugo Cárdenas, quien se encontraba en La Paz,
alertado por su esposa de lo sucedido, trató
infructuosamente de prevenir las autoridades para que
tomaran cartas en el asunto, y, según declara en una
entrevista publicada en el diario La Razón, (10 de marzo)
cuando oían su nombre le colgaban el teléfono.
Pero lo más grave, es mientras
ocurrían los hechos, un contingente policial se encontraba a
200 metros de la casa, y permaneció impasible, sin hacer el
menor gesto para impedir la agresión que se estaba llevando
a cabo. Lo que significa que los habitantes de la casa
hubieran podido ser linchados, sin que las autoridades
responsables de la preservación de la seguridad de los
bolivianos interviniesen; hecho totalmente factible dado que
fue en esa misma zona en donde meses atrás, fueron
torturados y decapitados varios perros a manos de los
“ponchos rojos”, a manera de advertencia a los prefectos que
abogaban por el respeto del estatuto autonómico. Los
“ponchos rojos” es una agrupación de indígenas armados que
obedece a las directivas de Álvaro García Linera, vice-presidente
de la República quien, pese a pertenecer a la categoría de
los “blancos”, es el vocero de la postura étnica más radical
del gobierno. Es un hecho, de que las hordas violentas, son
sectores tienen una ligazón directa con el oficialismo y son
alentadas por el MAS, el partido del Presidente que al igual
que en Venezuela, tienen carta blanca para atacar a los
opositores, salvo que en Bolivia, apoyándose abusivamente en
la tradición, - hecho que significa una regresión
institucional flagrante -, esas prácticas, tras el resultado
del referéndum que eligió por mayoría la nueva constitución,
CPE, propuesta por Evo Morales, son consideradas como
constitucionales, ya que por supuesto, quienes hacen uso de
esas prácticas, que tanto recuerdan la época del nazismo
hitleriano, no van a entrar en consideraciones tales como
que: “para la aplicación del capítulo cuarto referido a la
"jurisdicción indígena originaria campesina" y sus artículos
190, 191 y 192 es necesario una "Ley de Deslinde
Jurisdiccional" establecida en el inciso 2”. La justicia
“ancestral” se rige por la costumbre y las decisiones de la
comunidad, hoy apoyada por la nueva CPE.
¿Pero quién es Víctor Hugo
Cárdenas para que el odio del gobierno se cierna sobre él y
se le aplique la “justicia comunitaria” contenida en la
Constitución adoptada recientemente mediante referéndum?
Víctor Hugo Cárdenas, es un intelectual de la etnia aymara
que fue vicepresidente del primer gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada (1993-1997), periodo en que se decretó la
Ley de Participación Popular, que llevó a que el país pasara
de 35 alcaldía a 325, incorporando así a todas las regiones
del país a establecer una relación orgánica con el Estado, e
instituyó el bilingüismo en la educación pública. Gracias a
esa ley, el partido de Evo Morales se hizo de varias
alcaldías y de allí dio el salto a convertirse en una fuerza
política. Y si vamos a medir grados de pertenencia a la
cultura indígena, Evo Morales ante Cárdenas es un mestizo,
como hay varios millones en Bolivia que ni siquiera domina
ninguna de las lenguas originarias. En cambio, Cárdenas no
solo se expresa oralmente y escribe en aymara, es un
intelectual de gran valía, y no solo en aymara pues además
pose un dominio del Castellano, que muchos intelectuales le
podrían envidiar. Tuve la oportunidad de escucharlo a raíz
del discurso que pronunciara en Madrid cuando le otorgaron
el Premio Bartolomé de Las Casas, (1994) en España: premio
que se otorga « para distinguir a aquellas personas,
instituciones u organizaciones que hayan destacado a lo
largo del tiempo en la defensa del entendimiento y concordia
con los pueblos indígenas de América, en la protección de
sus derechos y el respeto de sus valores. » Víctor Hugo
Cárdenas se hizo acreedor de esa distinción además por ser
también ex director ejecutivo del Fondo Indígena para
América Latina y primer vicepresidente indígena de Bolivia.
El odio del gobierno a Víctor
Hugo Cárdenas se deriva del hecho de que Cárdenas hizo
campaña por el NO a la nueva constitución por considerarla
regresiva y antidemocrática y que su nombre se baraja como
la candidatura con mayor fuerza para enfrentarse a la de Evo
Morales en las próximas elecciones presidenciales que
tendrán lugar en diciembre próximo, lo que significaría un
obstáculo serio a su ambición de la presidencia vitalicia;
un totalitarismo constitucional puesto en boga por el
socialismo del siglo XXI que es una adaptación del castrismo
a la época. Y como para que no queden dudas entre y sin
entrar en sutilezas, Evo Morales declaró en Viena que él
“piensa quedarse mucho tiempo en la presidencia”. Esa es la
razón del ataque a Víctor Hugo Cárdenas: amedrentarlo para
obligarlo al exilio, pues no se ha atentado contra su
persona, sino como el mismo lo dice, se ha atentado
“cobardemente a su familia”. Recuerda que cuando luchó
contra las dictaduras de Bánzer y de García Mesa, “ni esos
tiranos se han atrevido a atacar a las esposas y a los
hijos. A los dirigentes políticos sí nos detuvieron, nos
torturaron. Yo mismo he sufrido esos atentados, pero nunca
se habían atrevido con las esposas, con los hijos y con la
familia, el Gobierno de Evo Morales es peor que las
dictaduras militares”.
El pretexto para invadir la casa
propiedad del ex vice presidente es que la comunidad
pretende hacer de ella un asilo de ancianos. A lo que el
propietario responde en la misma entrevista publicada en el
diario La Razón del 10 de marzo: « En el mundo aymara, los
ancianos y ancianas nunca son encerrados en un asilo, deben
vivir con sus familias hasta el último día de vida. Por eso
veo una mano negra, intereses oscuros que desconocen la
cultura aymara y que están promoviendo esta actitud
criminal. Si ellos quisieran destinar mi propiedad a otro
fin, en la Constitución está la figura de la expropiación
que es perfectamente legal. El Congreso tiene que aprobar
una ley, se hace una valoración de la propiedad y el Estado
le paga a los dueños”.
El presidente Evo Morales por su
parte opinó que los ataques de los que ha sido objeto la
casa y los familiares de Cárdenas era un asunto que el ex
vicepresidente “tenía que resolver con su comunidad de
acuerdo a usos y costumbres”. “Yo no sé, es un asunto entre
ellos”, dijo Morales sacudiéndose la responsabilidad de
proteger a ciudadanos indefensos. Además culpó al ex
vicepresidente de haber provocado este odio por haber actuar
en contra del Gobierno, criticando y hablando en contra de
las autoridades.
Por su parte, el vicepresidente
García Linera, adalid del racismo indigenista, declaró que
Víctor Hugo Cárdenas debe preguntarse es qué daño habrá
hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su
comunidad y de la provincia, para que esos pobladores lo
repudien y se sientan distanciados de él y lo critiquen. Ese
es un tema que el señor Víctor Hugo Cárdenas tiene que
responder ante la historia”. Luego insistió en que “la
historia lo ha sancionado, la historia lo ha castigado y las
repercusiones de esos actos dañinos en contra de Bolivia
repercuten hasta hoy”.
El presidente del Colegio
Nacional de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, en un contacto
telefónico con el diario La Razón, considera que los autores
de los hechos, “Serían acusados por allanamiento a
domicilio, por lesiones a los ocupantes del domicilio,
amenazas de muerte, daño calificado —que es cuando destruyen
las cosas del domicilio— y asociación delictuosa. Si esta
gente tiene antecedentes de haber cometido estos actos
irregulares, podríamos calificarlo como una organización
criminal”.
Según el diario La Razón, el
grupo comunitario "ponchos rojos" de la región del altiplano
norte declaró "estado de sitio amuki" (silencio) en la
región de Sankajawira municipio de Huatajata y otras
poblaciones de la provincia Omasuyos, - zona en donde el
sábado tuvo lugar la agresión contra la vivienda y los
familiares de Víctor Hugo Cárdenas -, para asegurar que la
casa de Cárdenas ya fue expropiada por no cumplir la función
social establecida en el artículo 54 de la nueva
Constitución Política del Estado para convertirla en una
"casa de ancianos.
Ante las tajantes y contundentes
declaraciones de las máximas autoridades del Estado, el
Presidente y el Vicepresidente, avalando los hechos, y la
entrada abiertamente en acción en el conflicto de los grupos
de choque “ponchos rojos” es poco lo que pueda hacer la ley.
Ya en una ocasión, el presidente Evo Morales declaró que él
tomaba las decisiones y luego llamaba a los abogados para
que “compusieran la ley”. La vulnerabilidad de la sociedad
boliviana es un hecho consumado, como también la división
radical entre las dos Bolivias, que como vemos en las
agresiones al intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas, ya el
oficialismo no puede continuar afirmando que se trata de una
ruptura entre “blancos racistas” e indígenas que buscan
resarcirse de los “quinientos años de opresión”.
Lejos de interceder para que se
restaure el estado de derecho, la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUB) y de la
Federación Departamental de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa
—organizaciones aliadas al Movimiento al Socialismo (MAS) —
respaldaron la toma de la propiedad, realizada el sábado 7 y
en la que una turba saqueó el inmueble y agredió a la
familia del ex dignatario de Estado. Tras un cabildo abierto
que tuvo lugar, los dirigentes de los nueve cantones del
sector Lago Cordillera de la provincia Omasuyos, al que
pertenece Sankajahuira, en donde está situada la propiedad
de Cárdenas, decidieron ratificar la expulsión de Cárdenas
del pueblo, así como la toma de su vivienda porque, dijeron,
fue adquirida “de forma ilegal”.
Acto seguido la “justicia
comunitaria” actuó de forma simbólica, por ahora, mediante
el ajusticiamiento de un muñeco de trapo representando la
Víctor Hugo Cárdenas, sentado en una silla, en el centro de
la plaza del pueblo, fue juzgado y golpeado duramente con un
látigo hasta que cayó al suelo “muerto”.
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Especializada en etnopsicoanálisis e historia,
consejera editorial de webarticulista.net,
autora de "Rigoberta Menchú
y así me nació la conciencia" (1982).
-
Artículo publicado originalmente en el semanario ZETA |