La prueba de fuerza entre la oposición y la instauración por vía constitucional del proyecto neo-totalitario del socialismo del siglo XXI, que en Bolivia contempla una vertiente etnocéntrica, en el que se ha empeñado el presidente Evo Morales, pese a la convocatoria de un referéndum revocatorio, está lejos de concluir. Un elemento sorpresivo ha intervenido que tal vez aplace su celebración, y someta el tema a un debate que se perfila tenso.

El Tribunal Constitucional, mediante decreto, dispuso la suspensión del referéndum revocatorio de mandato previsto para el 10 de agosto, hasta que éste órgano de control constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto por el diputado de Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo, contra la ley que hizo posible se convocara la consulta.

La determinación fue asumida por la única magistrada del Tribunal constitucional (TC), Silvia Salame, toda vez que el resto de magistrados habían dimitido. Ahora le toca a la corte Nacional electoral (CNE), dar cumplimiento a la suspensión, debido a que las decisiones del Tribunal son inapelables e irreversibles según el artículo 44 : “Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el TC. Las sentencias, declaraciones y autos del TC son obligadas y vinculantes para los poderes del Estado, legisladores, autoridades y tribunales”, hasta que el propio Tribunal constitucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la consulta.

El referéndum revocatorio convocado por Evo Morales, estaba destinado a revocar o a consolidar en sus cargos, no sólo al presidente y al vice-presidente de la República, sino también a los prefectos y alcaldes. La maniobra de la celebración del referéndum llevaba implícita, solucionar el conflicto de gobernabilidad surgido a raíz de la celebración de las elecciones regionales, celebradas en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando en las que el voto mayoritario aprobó el estatuto de autonomía, además de que amplios sectores de la población, en particular, en seis de las nueve regiones que integran el territorio boliviano, Pando, Cochabamba, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, las regiones más prósperas del país andino puesto que representan 80% de la riqueza (hidrocarburos y agro-alimenticio), se oponen al nuevo texto constitucional, adoptado en diciembre último durante una reunión clandestina en el interior de un cuartel, para impedir la presencia de los diputados opositores; sólo los representantes del oficialista partido MAS, pudieron emitir su voto.

Evo Morales y su vicepresidente, serían ratificados en sus cargos, no sólo por la popularidad de la que aún goza el presidente en amplios sectores del país, sobre todo en el campesinado y en La Paz, sino por el ventajismo a su favor que representa tener en sus manos la gestión de la mecánica electoral montada por técnicos venezolanos y cubanos expertos en la materia de fraude electoral. Per como el problema de fondo que se le plantea al gobierno no es el mandato del presidente, - como fue le caso de Venezuela con la celebración del RR -, que por lo demás nadie cuestiona en Bolivia, sino el problema de los poderes locales, la situación se presenta con un grado de complejidad mayor. Pese al control que ejerce el gobierno sobre el mecanismo electoral, no parece plausible revocar a todos los cargos de los poderes locales, lo que es el verdadero deseo pues significan un freno a la política de centralización del Estado inherente al proyecto neo-totalitario, planteándole conflictos de gobernabilidad. De ser ratificados en sus cargos, el gobierno se verá impedido de existir en las regiones autónomas y quedará consumado, lo que el gobierno desea a toda costa evitar, pues el estatuto de autonomía significa regirse por un ordenamiento propio , en relación al del gobierno central, y, sobre todo, sitúa las riquezas naturales - petróleo y gas – localizadas, en particular en Santa Cruz y Tarija, bajo control exclusivo del gobierno autonómico. La ratificación en sus cargos, de los partidarios de la autonomía, dada la polarización del país, abre la vía para que se consuma la fractura del territorio; opción siempre al acecho, en un país, que hasta la falta de vías de comunicación crea y favorece esa fractura, por lo que la decisión del presidente Lula da Silva y la del pro cónsul, Hugo Chávez, en la reciente visita de ambos mandatarios a Bolivia, de financiar la construcción de una carretera en la zona tropical, no es un acto inocente, pues es cierto que contribuirá a desenclavar la región, y favorecerá el transporte de mercancías, pero también el de pertrechos militares, en caso de ser necesario.

Según informaciones provenientes de “palacio”, como se suelen designar en La Paz, las informaciones que se filtran del gobierno, Evo Morales sostuvo, recientemente, una reunión con los funcionarios cubanos, destacados por La Habana para monitorear el cumplimiento de la versión boliviana del proyecto del socialismo del siglo XXI.

Ante este complejo cuadro que puede degenerar en un estado de violencia que anularía todo proyecto político, los cubanos con sus cincuenta años de experiencia de diplomacia conspirativa, y ante la posibilidad de que se pierda un baluarte medular del proyecto expansionista del Socialismo del Siglo XXI, y tomando en cuenta los conflictos internos del propio castrismo en la Isla, La Habana, consideró necesario detener el referéndum, para evitar que se le creara a Morales una situación que se iba a convertir en un boomerang en su contra, que lo limitaría, constitucionalmente, a sus cotos altiplánicos y no haría más que acrecentar la polarización de la situación. Además le aconsejaron deshacerse de ciertos elementos muy cercanos al presidente que le son adversos a miembros del propio partido gubernamental.

En este caso, dos posicione equidistantes, La Habana y la oposición, han coincidido, pero no por las mismas razones. El prefecto de Cochabamba se expresó en este sentido: “Esperamos que este proceso (el revocatorio) se detenga en beneficio de la unidad del país. En ese contexto, vamos a esperar la resolución a nuestra demanda, que se nos entregará mañana. Sin embargo, yo festejo que en el país se cumpla la ley", dijo. Agregó que la población tiene que estar segura de que no se ha hecho otra cosa que pedir el respeto de la ley y de la Constitución, y si se va realizar un revocatorio, se tiene que instaurar el instituto de la revocatoria de mandato en el país, con reglas iguales para todos y no con reglas que beneficien al Gobierno. No podía llegar más a propósito, la decisión del Tribunal Constitucional. Aunque el gobierno trate la decisión de “cantinflada”, le quita un peso de encima.

La prueba de fuerza está lejos de haber concluido en Bolivia
 

*	Especializada en etnopsicoanálisis e historia, consejera editorial de webarticulista.net, autora de "Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia" (1982). - Artículo publicado originalmente en el semanario ZETA