Una gran polarización ha desatado en Bolivia la aprobación del texto de la nueva Constitución que, - atendiendo a la ola doctrinaria puesta en boga en el continente por el movimiento pardo-rojo que se autodenomina bolivariano,-  persigue rehacer la historia poniéndola a la hora cero, recurriendo a la “refundación de un nuevo país”. Amplios sectores de la población se oponen al nuevo texto, en particular seis de las nueve regiones que integran el territorio boliviano, Pando, Cochabamba, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, las regiones más prósperas del país andino puesto que representan 80% de la riqueza (hidrocarburos y agro-alimenticio) y que consideran que la manera en que fue votado el texto, sin participación de la oposición, vulnera todo principio “democrático y legal”. La diatriba abarca cuestiones de tipo legal, pero igualmente y en particular, la manera cómo es abordada la cuestión étnica y cultural en el proyecto de “refundación”; la situación de enfrentamiento alcanza grados de exacerbación que ha desembocado entre los sectores más radicales de ambos bandos, en actitudes de corte racista, lo que opone un serio problema a la oposición democrática y a la oposición de izquierda que si bien se opone a las tendencias anti-democráticas  del oficialismo, comparte la necesidad de poner al día, la agenda político social que atañe a los sectores indígenas.  

Ya en varias ocasiones la sangre ha corrido en Cochabamba y en Sucre en el curso de violentos enfrentamientos entre estudiantes y habitantes de la ciudad y la policía y partidarios del gobierno, con un saldo de varios muertos y de centenares de heridos. Es interesante subrayar que los opositores critican, en particular, la manera como fue aprobado el principio de la futura constitución Política del Estado, de manera casi clandestina; primero en la sede del Liceo Militar de la Glorieta en Sucre, en ausencia de los constituyentes de la oposición que demostraban así su rechazo, y sin lectura previa de los artículos, y sin que el texto fuera sometido a debate ante la opinión pública. Faltaba la aprobación del texto constitucional mismo, para luego someterlo a votación mediante referéndum, hecho que el gobierno logró el sábado 8 de diciembre en la ciudad de Oruro amparado bajo el mismo escenario: el gobierno desarrolló una estrategia de desinformación para ocultar el lugar y la ciudad donde iba a celebrarse la reunión de los parlamentarios que iban a proceder a la aprobación, a la vez que indujo un operativo de movilización de sus bases destinado a disuadir la presencia de representantes de la oposición, que de todas maneras había decidido no asistir para no avalar el acto que consideraban ilegal.  

En una demostración de la técnica de golpe de Estado permanente contra las instituciones, ya el gobierno había logrado el quórum en el Congreso para obtener el recorte de los ingresos que perciben las prefecturas por concepto del “Impuesto Directo de Hidrocarburos” con el objeto de debilitar las regiones opositoras, lo que significa que éstas pierden su autonomía presupuestaria volviéndose  dependientes del Estado central, con el objeto de,  a la larga, poner un término a las autonomías, pues de lo que se trata, al igual que en Venezuela, es el acaparamiento de todo el poder por el Estado central. El pretexto del recorte presupuestario, en el mejor estilo populista, es el de invertir ese impuesto en la Ley Universal de la Vejez, haciendo aparecer a las provincias contestatarias, como opositoras a la medida. Los gobiernos autonómicos no se oponen a ella, pero consideran que los medios para financiarla deben salir del presupuesto del Estado y no del presupuesto de las autonomías. El quórum y el resultado de la votación se lograron gracias a que una concentración de campesinos y de Ponchos Rojos, las milicias indígenas armadas de Evo Morales, impidió la entrada de diputados y congresistas de la oposición. 

La tensión ha llegado al extremo tras la aprobación del texto constitucional aprobado el fin de semana (el domingo 9 de diciembre) en Oruro, desató el repudio de los sectores democráticos y autonomistas, que lo ven como una artimaña constitucional  mediante la cual se permite la reelección indefinida del Presidente y del Vice-presidente, lo que ante la oposición demuestra  que se trata de un “proyecto constitucional que es más del MAS que del país”. Según el prefecto de Santa Cruz lo considera “un manifiesto partidario, (…) que atenta contra la unidad nacional” y es “racista y excluyente”. “Se trata de una institucionalidad orientada a producir una concentración de poder en una persona, en un partido y en un Gobierno central”, apunta por su lado el analista Carlos Cordero. 

Según la opinión de algunos constitucionalistas, dos modelos de Estado chocan en el proyecto de la nueva Constitución Política: por un lado, un modelo indígena comunitario, que está presente en todo el proyecto, y que expresa la doctrina del partido que está en el poder. Y por otro, un modelo occidental-liberal, que es el del texto constituyente aún vigente. La presencia de ambos modelos no debería ser objeto de litigio a condición de que ambos modelos fuesen complementarios, lo que en los hechos no sucede, en particular en lo que se refiere a la justicia comunitaria y la justicia formal: el episodio de los perros degollados en Achacachi delante de las cámaras de televisión por un grupo de “Ponchos Rojos” hace dos semanas, simbolizando la suerte que correrían los prefectos de las provincias opositoras, sería un ejemplo de justicia comunitaria que se le aplicaría a los enemigos. Igualmente los tipos de autonomía – municipal, indígena, departamental y regional contemplados por el nuevo texto constitucional -. El constitucionalista Carlos Alarcón en declaraciones  al diario La Razón considera que esta sobreposición de modelos, generará un país paralizado, inmerso en una guerra de interpretaciones del texto, cada parte tirando hacia su lado, sería: “Algo así como un automóvil con dos motores: con uno se intenta avanzar y con el otro retroceder”. El mismo constitucionalista apunta, que ambas visiones podrían conjugarse si se anteponen los valores universales que garantizan la unidad del Estado y se ubican en segundo plano los valores que hacen la diversidad. Desafortunadamente no está contemplado así. 

Independientemente de las cuestiones de tipo étnico-cultural, es manifiesta la orientación del nuevo texto constitucional de construir una institucionalidad orientada a crear una concentración de poder en una persona, en un partido, en un gobierno, el rechazo del mestizaje, pues de lo que se trata, según declaraciones del Vice-presidente, es favorecer el derrocamiento del entramado simbólico criollo. El proyecto oficialista boliviano no se propone corregir la injusticia social, y las anomalías de la manera cómo se ha detentado el poder en Bolivia, - propósito con el cual concuerda la gran mayoría de los bolivianos - sino que se propone incidir en un cambio de universo simbólico; procedimiento propio de regimenes totalitarios y de religiones integristas. 

Por ahora, se perfila una radicalización de ambos bandos. Los prefectos de los seis departamentos rebeldes, convocaron a la población a sumarse al desacato de la nueva constitución “por ser el resultado de la vulneración del marco legal y por carecer de toda legitimidad” y a una resistencia “a todo lo que hace el gobierno”. Al mismo tiempo, que en sus regiones se avanza en la aprobación de los estatutos autonómicos para así aplicar las “autonomías de derecho” en los departamentos en donde se impuso el SI en el Referéndum autonómico. El Consejo Nacional de la Defensa de la Democracia, conformada por los prefectos y cívicos de las regiones en rebeldía  se reunirán en la ciudad de Sucre para determinar las medidas que asumirán conjuntamente para la aplicación de las autonomías. Y por si fuera poco, el comité Interinstitucional de  Chuquisaca, que participa también en la reunión, pedirá al Consejo que junto al lanzamiento de los estatutos autonómicos, Sucre sea declarada capital plena de Bolivia. Todo parece orientarse hacia la lógica de una  fractura del territorio nacional, que contaría, si se persiste en la aplicación de la desobediencia, incluso, con una capital. En contrapartida, el gobierno anunció que iniciará procesos penales contra los líderes que promuevan la división del país. 

Paralelamente a las medidas de prefectos y cívicos, en el marco de las iniciativas de desobediencia, se decretó una huelga de hambre, método de presión tan popular en Bolivia,  lanzada a iniciativa del Comité Cívico, que ya sobrepasa las 900 personas. 

Las posturas radicales están en marcha con su complemento de violencia. El gobierno empeñado en hacer aprobar la Constitución a como de lugar violando todas las normas institucionales, haciendo poco caso de la legitimidad, y la oposición más radical, llamando a la desobediencia civil. Las demostraciones de violencia por parte del MAS, como también por parte de sectores opositores radicales de Santa Cruz, no dejan espacio para que se contemplen otras opciones, como debe ser sin duda el deseo de la inmensa mayoría de la población boliviana.   

El gobierno boliviano se inspira del modelo venezolano, el cual imita al cubano. La urgencia de la reforma constitucional para el gobierno de Bolivia, debe verse en el marco del dispositivo que persigue Cuba y Venezuela de crear una federación de Estados que comparten las mismas visiones del mundo y de la sociedad.  

El resultado del referéndum del domingo 2 de diciembre pasado en Venezuela, según palabras del propio teniente-coronel, no frenarán sus impulsos, “no son más que un revés que transformará en victoria”. Una victoria de Evo Morales la vería como suya, según la lógica de su mesianismo continental.  

La ingerencia política y militar venezolana en Bolivia, actúa como elemento de exacerbación, en un país, en donde, contrariamente a Venezuela, la violencia irrumpe sin previo aviso.

*	Especializada en etnopsicoanálisis e historia, consejera editorial de webarticulista.net, autora de "Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia" (1982). - Artículo publicado originalmente en el semanario ZETA