La decisión de la presidenta Cristina Kirchner de someter, finalmente, al Congreso de la Nación los alcances del controvertido esquema de retenciones a las exportaciones agrícolas, dispuesto por una cuestionable resolución ministerial, debería ayudar a tranquilizar al país, frente a los episodios de tensión vividos en los últimos días.

Pero no puede dejar de resultar preocupante que el gobierno nacional haya dejado avanzar hasta lo intolerable un conflicto que se inició como una polémica entre el campo y el Poder Ejecutivo por una medida gubernamental y que, por la propia incapacidad de nuestros gobernantes, derivó en una crisis política, económica y social que dejó un costo enorme para todos los argentinos.

Como lo señaló LA NACION desde un comienzo, el pecado original del Poder Ejecutivo fue desconocer el principio de división de poderes y arrogarse una facultad indelegable del Congreso, con el agravante de que, además, se les impuso a los productores agrícolas un gravamen que bien puede ser tildado de confiscatorio.

Es un grave error creer que la democracia se limita al voto y que el triunfo en elecciones da derecho al ganador para hacer lo que quiera. Una auténtica democracia, como la que sostiene nuestra Constitución, reposa en el respeto de mecanismos institucionales que, lejos de ser obstáculos para el buen gobierno, garantizan la legitimidad de los actos administrativos.

La reacción del campo, incluidos el prolongado paro y los cortes de rutas, que siempre se condenaron desde esta columna editorial cualquiera que fuera su impulsor, pudo haber parecido desmedida. Aunque no más desmedida que la negación de las instituciones que implicaba la resolución del Ministerio de Economía que elevó las retenciones a niveles insoportables para el sector más dinámico de la economía argentina en los últimos años.

El enfrentamiento entre el Gobierno y el campo dejó hasta aquí un lamentable saldo, reflejado en incremento del riesgo país y aislamiento internacional, corridas bancarias y cambiarias, suba de las tasas de interés, pérdidas de reservas del Banco Central, desaceleración de la economía, problemas de abastecimiento de productos de la canasta familiar y, lo que es aún más grave, un nivel de crispación que milagrosamente no terminó en episodios más violentos y penosos.

Todo eso se habría evitado si el gobierno de Cristina Kirchner hubiera actuado con la Constitución en la mano y preocupándose realmente por la calidad institucional que la propia jefa del Estado reconoció más de una vez como una asignatura pendiente.

El anuncio presidencial es incompleto. Lo correcto habría sido que se suspendieran los efectos de la resolución 125, que estableció el esquema de retenciones móviles, fuente de la discordia. No fue así, por lo cual seguirán vigentes hasta tanto los legisladores nacionales tomen cartas en el asunto.

Es de esperar que los congresistas se aboquen con seriedad y responsabilidad al análisis del proyecto oficial, escuchando las numerosas objeciones que le plantean no sólo los productores rurales, sino también prestigiosos juristas. También sería aconsejable que se recurriera a mecanismos de participación y consulta ciudadanas previstos en los reglamentos de ambas cámaras legislativas; entre ellos, las audiencias públicas.

Claro que el desafío del Congreso será doble: estudiar concienzudamente el tema y, además, hacerlo con la mayor celeridad posible.

Puede aguardarse, asimismo, que este debate sea el punto de partida para otra discusión acerca del federalismo, tema hoy ausente en la agenda del Gobierno, mucho más proclive a la concentración de las decisiones y de los recursos tributarios como una forma de sustentar su poder.

Simultáneamente, es vital que se retome con buena fe el diálogo entre las autoridades nacionales y los representantes de las organizaciones rurales. La mejor contribución que podría hacerse desde el oficialismo es dejar de recurrir a hirientes denuncias sobre intentos de golpe de Estado sin fundamento, como las lanzadas por Luis D Elía, o a los ataques descalificatorios del ex presidente Néstor Kirchner contra sectores de la sociedad cuyo único pecado es disentir en las políticas del Gobierno. Se torna necesario, pues, dejar de sembrar odio y resentimiento y, de una vez por todas, abandonar la absurda pretensión de que las diferencias políticas sólo pueden dirimirse en la calle.

*	Artículo publicado originalmente  en el diario La Nación