“La única Verdad es la Realidad”
(Aristóteles) *
Introducción
El pasado 28 de Junio se produjo uno de los eventos
políticos de mayor resonancia en el continente americano.
Honduras, un país situado al norte de América Central, con
un poco menos de 8 millones de habitantes y considerado uno
de los más pobres del continente, sorprendió al mundo con la
aparición de su presidente, el Sr. Manuel Zelaya, en
territorio Costarricense denunciando haber sido objeto de un
golpe de estado.
La situación política en Honduras venía resquebrajándose
desde hace meses, específicamente desde que su presidente,
el séptimo de esa nación después del último gobierno
militar, profundizó sus relaciones personales con el
presidente de Venezuela, así como transformó lo que
inicialmente fuera una sencilla relación estratégica entre
su país y Cuba en una referencia para su política interna.
Así comenzaba a mimetizarse el bonachón empresario llegado a
la presidencia enarbolando la bandera del partido liberal,
en el soberbio presidente, ahora advenedizo del más
exacerbado y confuso “socialismo del siglo XXI” liderado por
el jefe de estado venezolano y seguido al pié de la letra
por algunos gobernantes latinoamericanos; entre ellos los de
Bolivia y Ecuador. De más está decir que todos éstos
comparten sus pretensiones hegemónicas y han actuado bajo un
marcado desprecio por las instituciones políticas de sus
respectivos Estados.
A partir de las denuncias del ex presidente Zelaya de haber
sido despojado del poder abruptamente por miembros de las
fuerzas armadas de su país, comenzaron los sobresaltos y las
especulaciones. Así fue como recordamos que días antes había
surgido un impasse entre él y las instituciones políticas
del estado como consecuencia de la convocatoria por parte de
Zelaya a un referéndum precisamente para ese domingo 28. Ese
referéndum tenía por finalidad la posibilidad de realizar
una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de
establecer en dicho país la reelección al cargo de
presidente de la República.
Muy pocos, fuera de Honduras, le habían dado importancia a
los hechos que desencadenaron en la destitución del Jefe del
estado mayor conjunto, el General Romeo Vásquez, por parte
del presidente Zelaya, así como a la renuncia de su
Secretario de Defensa. El caso es que todo ocurrió a una
velocidad tal, que cuando vinimos a ver ya los hechos
estaban consumados. Así recordamos que el 23 de junio el
Congreso dictó una ley de regulación de referenda y
plebiscitos en la cual prohibía la realización de tales
consultas 180 días antes, y 180 días después, de efectuarse
elecciones generales o municipales. Dado que las próximas
elecciones presidenciales se efectuarán el próximo 29 de
Noviembre, quedaba descartada la posibilidad de realización
del referéndum deseado por el presidente.
Lo que dice la Constitución
La referida prohibición no es la única existente. La propia
Constitución de la República en su artículo 4 elimina
cualquier aspiración a ilusionarse con la reelección, al
establecer que, “La alternabilidad en el ejercicio de la
Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de
esta norma constituye delito de traición a la patria”, para
cuyo caso impone el cese inmediato de las funciones que
pudiera estar ejerciendo quien se atreviere a burlar la
referida disposición.
Para poder comprender una prohibición como ésta en momentos
en los que las legislaciones del mundo más bien tratan de
incluir cada día más la posibilidad de participación de la
sociedad en la dirección de las políticas públicas, debemos
recordar que Honduras, como muchos otros países
centroamericanos, padeció históricamente infinidad de golpes
de Estado, rebeliones armadas y dictaduras, como los
gobiernos militares que se mantuvieron por 26 años
(1956-1982) y hasta conflictos fronterizos con sus vecinos,
como la mal llamada “guerra del football” el 14 de Julio de
1969 entre ese país y el Salvador. Podrá uno suponer lo que
significa entonces para el pueblo hondureño, y sus
instituciones, siquiera el escuchar la palabra “reelección”
aunque sea solo por juego.
Esa es la razón por la cual las instituciones del estado
hondureño manifestaron preocupación al imaginarse que ese
pequeño país corriera el riesgo de volver a ese pasado
tenebroso como consecuencia de los subterfugios políticos
del presidente Zelaya. Esto fue acrecentado al verificar que
dentro de los gobernantes más cercanos a su presidente se
encontraban personajes como los presidentes de Venezuela,
Bolivia y Ecuador, quienes han hecho de las Constituciones
de sus estados verdaderos instrumentos para garantizarse la
permanencia indefinida, o largos plazos en el poder.
A raíz de esta potencial amenaza, todas las instituciones
del estado se dirigieron al presidente Zelaya a fin de
advertirle respecto a lo que debería conocer perfectamente;
y es que bajo ningún concepto, ni siquiera a título de
“consulta personal”, como posteriormente éste tratara de
justificar, el evento convocado por el Ejecutivo podría
efectuarse. Es así, viendo que no había poder humano que lo
hiciera entrar en razón, que las autoridades judiciales
ordenaron a sus fuerzas armadas la detención inmediata de su
presidente como reo del delito de traición a la patria.
Lo que pudo haber pasado en la habitación presidencial para
que hubieran cambiado los planes de detenerlo, trasladándolo
a territorio extranjero, será un misterio; pero lo que sí es
evidente es que el Sr. Zelaya salió de la presidencia de la
república en razón de una orden judicial-verbal o
escrita-dictada a las autoridades militares por el poder
judicial y no como consecuencia de la “Violación y
vulneración de la legalidad institucional vigente en un
Estado por parte de un grupo de personas que pretenden,
mediante la fuerza, sustituir o derrocar el régimen
existente, sustituyéndole por otro propicio y generalmente
configurado por las propias fuerzas golpistas” (Enciclopedia
Encarta), elementos todos éstos necesarios para que se
consumare lo que conocemos comúnmente como “golpe de
estado”.
Los acontecimientos posteriores y las acciones de los
organismos multilaterales
Lamentablemente las instituciones hondureñas cometieron un
error basado precisamente en la “falta de premeditación” de
los acontecimientos, y es que mientras el ya depuesto
presidente daba declaraciones ante los medios de
comunicación del mundo denunciando los hechos, y mientras
los presidentes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador,
Argentina y Cuba se movían para requerir la intervención de
los organismos internacionales, el Congreso hondureño, como
lo establece su Constitución, se encargaba de discutir la
designación del presidente interino. Esas horas en las
cuales los propios embajadores de ese país ante las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos
(OEA), aprovechando el que no hubieran sido todavía
suspendidos, se movilizaban para accionar los mecanismos
existentes para defensa del gobierno del presidente Zelaya,
fueron cruciales.
De allí que cuando en ambos organismos internacionales se
iniciaron las discusiones para analizar lo sucedido, no hubo
posibilidad de escuchar la versión de la parte opositora a
las denuncias de Zelaya, entre otras cosas porque quienes
estaban presentes allí en representación de Honduras, además
del ex presidente Zelaya, fueron dichos diplomáticos
hondureños.
En el caso de la ONU, el presidente de la Asamblea General,
el Sr. Miguel D’escoto, funcionario vinculado estrechamente
al gobernante Daniel Ortega, uno de los más conspicuos
amigos del presidente venezolano, y ex Canciller del
gobierno Sandinista, convocó a una Asamblea Extraordinaria a
objeto de tratar el tema de Honduras. Esta convocatoria sin
duda alguna habrá de ser el último acto de trascendencia
para dicho funcionario, en vista de la proximidad de
finalización de sus funciones como presidente de dicho
organismo. El epílogo de dicha Asamblea, reunida en ausencia
de las autoridades hondureñas, fue la resolución de condena
frente a lo que consideraron los presentes, un “golpe de
estado”, así como la solicitud de reincorporación de Zelaya
como presidente de su país.
Al parecer ha habido una verdadera confusión frente a la
naturaleza de esta resolución, equiparándosele a las
emanadas de otra entidad de la ONU, como lo es el Consejo de
Seguridad. Esto puede inferirse de las declaraciones del
jefe de estado venezolano, quien al conocer de los
resultados de la Asamblea General exigió airadamente el
envío de las fuerzas militares de las Naciones Unidas,
representadas por los llamados cascos azules, a territorio
hondureño.
Esta particular solicitud de parte de quien horas antes
amenazara con “invadir territorio hondureño si no era
restablecido el Sr. Zelaya en la presidencia” causó gran
estupor en los círculos diplomáticos acreditados en los
Estados Unidos. Según destacaban los expertos, en el
supuesto negado de que hubiere actuado efectivamente el
Consejo de Seguridad, organismo competente para sugerir una
decisión de tal magnitud, probablemente sería Venezuela y no
Honduras el estado a ser analizado, al interpretarse las
palabras del mencionado jefe de estado como una amenazada a
la seguridad internacional, fundamento de la acción de las
fuerzas militares internacionales.
En el caso de la OEA, su actuación en los círculos políticos
y diplomáticos en los alrededores de Washington ha sido
definida como “inédita desde el génesis de dicha
organización”. Este organismo hemisférico cuyo objetivo
fundamental es la defensa y promoción de la democracia,
ahora con un instrumento jurídico adicional, como lo es la
Carta Democrática Interamericana, se ha convertido en un
apéndice de ciertos gobiernos representados por oscuros
intereses dentro de la organización.
La OEA ha enfrentado distintos retos durante los 60 años de
su creación: golpes de estado, o tentativas de éstos; auto
golpes; rebeliones civiles y militares; discrepancias
fronterizas, y hasta guerras como consecuencia de éstas. A
pesar de esto, siempre, aún en los momentos de mayor
tensión, la OEA había sabido salir airosa. Ex presidentes de
la república, catedráticos, diplomáticos, ex ministros, han
tenido el honor de presidir la organización; pero tal y como
lo han reconocido veteranos representantes y funcionarios de
la organización -en las reuniones privadas y conferencias
reservadas- jamás, con excepción de la renuncia del para
entonces secretario general de la OEA, el ex presidente
Costarricense Miguel Ángel Rodríguez en el año 2004
(Involucrado en presuntos hechos de corrupción en su país),
nunca habíamos estado frente a un acto tan oprobioso a los
ojos de la comunidad internacional como lo representado por
su actual secretario general, el Sr. José Miguel Insulza.
Las motivaciones de los estados miembros de la OEA
Distintas razones han motivado la actitud de la Organización
de los Estados Americanos frente a la situación de Honduras.
Intereses económicos de la mayoría de los países miembros
del CARICOM y Centro América, así como de algunos gobiernos
suramericanos como Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia,
Ecuador. Todos éstos beneficiarios directos del gobierno de
Venezuela -país cuyo gobierno se ha convertido en un
defensor a ultranza del presidente Zelaya- y quien desde
hace algunos años ha suscrito generosos convenios con dichos
gobiernos bajo los auspicios de ciertas organizaciones
creadas a iniciativa del gobierno venezolano (PETROCARIBE,
ALBA, UNASUR).
Adicionalmente a los intereses de estos gobiernos, algunos
de ellos ya han dado señales inequívocas de emular los pasos
del presidente venezolano en cuanto a la modificación de las
Constituciones de sus estados con el interés de buscar la
reelección. Presidentes como los de Paraguay, Guatemala,
Nicaragua (interesado en modificar el sistema de gobierno
presidencialista de su país hacia uno parlamentario en donde
él pueda ser el primer ministro), Colombia (aún cuando las
motivaciones obedezcan a razones de orden mayor como la
continuidad de la política de "seguridad democrática" del
presidente Uribe), República Dominicana (a pesar de que el
Congreso de ese país ha respondido negativamente a tales
pretensiones), Brasil (cuya iniciativa partió tímidamente
del partido de gobierno, pero que habiendo sido negada la
discusión por el Congreso Brasileño el presidente Lula ha
manifestado su deseo de presentarse como candidato para el
2014) han acariciado las ideas del presidente venezolano.
Esto, sin contar a los gobiernos de Ecuador y Bolivia que ya
han copiado textualmente dicho sistema. En estos casos
podremos comprender entonces cómo a todos estos gobiernos
les resultaba imposible-dados sus intereses y debilidades-
el facilitar el diálogo con las actuales autoridades
hondureñas para conocer la otra parte de la historia.
El caso de los Estados Unidos
En el caso de los Estados Unidos
su posición no pudo ser más lejana de la realidad
latinoamericana. Tal y como comentaban algunos conocedores
de la personalidad tan particular del presidente Obama, el
pretender tomar decisiones populistas en la OEA para lograr
ser considerado "uno de los nuestros" por parte del país del
norte hacia el sector liderado por el gobierno de Venezuela,
más que una ingenuidad, representa un verdadero
desconocimiento de la naturaleza de estos movimientos
latinoamericanos. De allí que si la razón de ser de tales
gobiernos ha sido precisamente el antagonismo con la primera
potencia del mundo, mal podría suponer el jefe de estado
Estadunidense, ni su secretaria de estado, que alguno de
estos gobernantes cambiaría de posición en un futuro como
agradecimiento a la posición asumida en la OEA por los
Estados Unidos.
Esta actitud asumida por el gobierno Norteamericano no sólo
ha producido un efecto devastador en quienes confiaban que
el liderazgo de los Estados Unidos, en vista de las
afirmaciones de su presidente respecto a la “necesidad del
diálogo y del tratamiento a los demás gobiernos en una
situación de igualdad”, sería aleccionador. De hecho al
parecer ha producido un efecto de parálisis en algunos otros
gobiernos representados en la OEA, que si bien es cierto no
pretendían llevar una voz discordante con la mayoría,
hubieran demostrado mucha más sindéresis que la utilizada
por quienes se abrogaron para sí un problema interno que no
les competía.
Gobiernos como el de Canadá, el
cual fue uno de los pocos que semanas antes de la crisis
había advertido la improcedencia de las medidas tomadas por
el presidente Zelaya. Otros como Méjico, el cual a pesar de
haber participado en las reuniones de apoyo al presidente
depuesto realizadas días atrás en Nicaragua por parte de
algunos organismos regionales como el SICA, ALBA y el GRUPO
DE RIO, se mantenía concentrado en sus elecciones
legislativas de este Domingo 5 de Julio.
Respecto a Chile debemos
recordar los hechos que dieron origen al golpe de estado, en
donde falleciera su presidente Salvador Allende, para
entender el porqué este gobierno no podía hacer otra cosa
que apoyar al depuesto presidente. Uruguay, cuyo gobierno
desde hace meses ha mantenido una "distancia prudente con el
venezolano", evidentemente no tenía ningún interés en
discutir con un gobierno tan perturbador como éste. Perú,
cuya delicada situación interna, como consecuencia de la
intromisión de agentes extranjeros, entre ellos, ciudadanos
venezolanos, en sus asuntos internos, tampoco estaba en
capacidad para enfrentarse a la mayoría. Todos ellos
hubieran podido cambiar el destino de la OEA si los Estados
Unidos hubiera demostrado alguna posición más equilibrada,
en vista de que a pesar de estas debilidades, mantienen una
relación de respeto y acercamiento para con el coloso del
norte.
La posición asumida por el
gobierno Norteamericano ha dado pié a los analistas a
retomar las discusiones que se han venido realizando
internamente en los Estados Unidos respecto a lo que el
gobierno Americano ha denominado “la diplomacia pragmática”.
El secretario general de la OEA
Un elemento que jugó vital influencia en la decisión tomada
por la OEA, cuyo epílogo ha sido la suspensión de Honduras
del sistema interamericano, fue determinado por la
sistemática actitud asumida por su secretario general, José
Miguel Insulza, quien en vez de mantener la moderación
necesaria para llevar a buen término una negociación tan
delicada como lo era el mantenimiento de la democracia en
Honduras, y por ende en el continente, desde los primeros
momentos mantuvo una actitud de condena frente a las
instituciones hondureñas. El Sr Insulza, sin que siquiera
hubiera estado presente autoridad alguna que representara
las opiniones del actual gobierno, organizó sendas
reuniones, tanto en el Consejo Permanente, como en la
Asamblea General Extraordinaria, en donde acusó oficialmente
a las autoridades hondureñas de haber perpetrado un golpe de
estado.
El secretario general de la OEA, violando las disposiciones
establecidas en la Carta Democrática Interamericana,
instrumento cuya violación alega haber sido cometidas por
las autoridades hondureñas, procedió a instar a los
distintos jefes de estado de la región, así como a los
organismos financieros integrantes del sistema
interamericano, a tomar medidas en contra del gobierno de
Honduras a fin de presionar lo que a su juicio debía ser el
restablecimiento del orden constitucional.
Paradójicamente el Sr Insulza requería de los cancilleres de
los estados miembros el otorgar un plazo de 72 horas al
nuevo gobierno para que reincorporara al presidente
depuesto, bajo la amenaza de suspensión de la República de
Honduras del sistema interamericano. Sin embargo el
secretario general, con anterioridad al vencimiento del
plazo, aupaba la aplicación de aquellas sanciones.
Olvidaba el secretario general que todas estas acciones
establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Banco Mundial, y los estados miembros de la organización,
precisamente representaban la sanción con la cual había
amenazado a ese pequeño país. En otras palabras; el
secretario general de la Organización de los Estados
Americanos, actuando como un verdadero acusador en una causa
criminal, amenazaba a un estado soberano con la aplicación
de la máxima sanción establecida en el mencionado
instrumento jurídico; pero sin embargo el referido
funcionario instaba, días antes del vencimiento del plazo
acordado por el organismo multilateral, a que se
aplicaran-como en efecto sucedió- las referidas sanciones.
La decisión del nuevo gobierno y la respuesta del secretario
general de la OEA
En vista de la extemporánea visita del Sr Insulza a
Honduras, la confusión en la OEA, gracias a ésta, es aún
peor que antes de la realización de dicho viaje. En efecto,
motivado a la falta de objetividad demostrada por el
organismo hemisférico respecto a la crisis hondureña; así
como en razón de las afirmaciones realizadas por el Sr.
Insulza, y de la manifiesta pasividad que ha habido respecto
a las amenazas proferidas por algunos jefes de estado,
quienes sugerían la inmediata incursión militar en dicho
territorio, el nuevo gobierno ha decidido denunciar la Carta
de la OEA. Esta circunstancia representa la solicitud de su
salida del seno de la organización, según lo dispuesto en el
artículo 143 del mencionado instrumento jurídico.
Una vez la organización reciba oficialmente dicha solicitud,
le corresponderá la espera del lapso de dos años a objeto de
proceder a dar por finalizada dicha relación con el país
centroamericano. En el presente caso, el secretario general
de la organización, atribuyéndose una competencia que no le
corresponde por cuanto que dentro de las funciones de
secretario general no se contempla la asesoría jurídica de
la organización, ni mucho menos el veto contra algún estado
de la organización que a su juicio adoleciera de algún
vicio, ha dictaminado la “imposibilidad de renunciar a
seguir formando parte del ente hemisférico” por parte del
estado soberano de Honduras, esgrimiendo como argumento que
dicho estado carece de legitimidad frente al mundo.
De ser esto cierto, la comunidad internacional padecería de
una de las situaciones jurídicas más extravagantes en la
historia de la humanidad, inexistente incluso durante la
vigencia del Tercer Reich frente a los estados dominados por
el Nazismo. En el presente caso tenemos a una República
cuyas autoridades han sido elegidas siguiendo los
lineamientos de la Constitución de esa República.
El Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría
General, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, el alto mando
militar, todas estas autoridades fueron designadas no solo
bajo los parámetros constitucionales, sino con anterioridad
a toda esta situación política surgida en estos últimos
días. En el caso del actual presidente de la república, éste
ocupaba horas antes el cargo de presidente del Congreso
Nacional; y como tal, según lo dispone la propia
Constitución hondureña, a falta del presidente y
vicepresidente de la república (quien renunció para
presentarse como candidato presidencial en Noviembre
próximo), le corresponde a dicho funcionario ejercer las
funciones de presidente interino hasta la realización de
nuevas elecciones.
El hecho de que haya existido una situación irregular, de la
cual desconocemos sus pormenores porque ninguno de los
organismos internacionales actuantes se han tomado la
molestia de solicitar información de las autoridades
hondureñas al respecto, en nada limita los derechos y
obligaciones asumidos por quien fue electo mediante el
ejercicio de la soberanía popular para ocupar un peldaño en
el Congreso de su país y que gracias al orden de suceder
establecido en esa misma Constitución ha sido designado por
el Congreso de su país como presidente interino.
Aceptar como válido el dictamen anticipado de quien carece
de competencia para ello, conllevaría no solamente al
desconocimiento de una situación jurídica existente, sino a
la violación de derechos frente a terceros como lo son
aquellos con ocasión de la existencia de infinidad de
contratos y convenios internacionales con distintas
organizaciones y estados del mundo, como los Tratados de
Libre Comercio con Centro América y los Estados Unidos (CAFTA),
por ejemplo. Este hecho nos llevaría al absurdo jurídico de
no poder ni exigir el cumplimiento de las obligaciones a la
república hondureña, por inexistencia de autoridades
legitimas, ni hacer valer los derechos de la República
frente a terceros. Esto sin contar el caos que significaría
la falta de reconocimiento, injustificada, de las nuevas
autoridades gubernamentales dentro de su propio territorio,
y el gravísimo perjuicio que ocasionaría a las víctimas de
esta situación que no son otras que el pueblo hondureño.
Por si esto fuera poco, la falta de reconocimiento de
legitimidad de Honduras para actuar por parte del secretario
Insulza, crearía una situación absolutamente contradictoria
hasta para la propia OEA al impedir al organismo hemisférico
la notificación oficial de la medida de suspensión acordada
en la Asamblea General del día domingo 4 de julio.
Pretender cercenar el libre
ejercicio de su derecho soberano a decidir por parte de la
República de Honduras, frente a cuáles organizaciones
internacionales desea permanecer, conllevaría a pensar en un
supuesto negado, que la OEA representa algo similar a
aquellas organizaciones extremistas, como el famoso “Ku Klux
Klan”, en donde frente a la voluntad de querer excluirse de
la misma por parte de alguno de sus miembros, éstos eran
castigados hasta con la muerte.
Lo que podemos esperar
La normalización de la actual situación política de Honduras
dependerá del pulso y buen tino de sus actuales autoridades,
así como del respeto que la comunidad internacional
manifieste en relación con el legítimo derecho del pueblo
hondureño a vivir en libertad.
Eventos como el intento de trasladarse a territorio
hondureño por parte del presidente depuesto acompañado por
autoridades diplomáticas, y amparado por jefes de estado, no
son necesariamente los más idóneos si se quiere evitar una
desgracia. Es cierto que al ex presidente Zelaya le asiste
todo el derecho de acudir a su país, más aún cuando sobre él
pesa una orden de detención, pero existen distintas
manifestaciones para el ejercicio de la violencia y una de
éstas resulta de la provocación en que en un clima de
tensión lleva implícita la presencia de tales personalidades
junto con el depuesto presidente.
Nadie sabe qué puede suceder en Honduras, y seguramente nada
sucederá más que el retorno a la normalidad de un pueblo que
merece vivir en paz. En todo caso la crisis política que
padece Honduras, como consecuencia del accionar de sus
instituciones, servirá para que en un futuro próximo, cuando
las aguas vuelvan a su cauce -y volverán- la comunidad
internacional se plantee nuevas soluciones frente a estos
nuevos retos.
Figuras como la utilización de mecanismos constitucionales
para modificar los sistemas de gobierno, como ha sucedido en
el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia; el establecimiento
de consultas populares o referendos para garantizarse la
permanencia indefinida o por largos periodos por parte de
algunos jefes de estado; mecanismos aparentemente
institucionales para impedir que los pueblos hagan valer sus
derechos constitucionales frente a los abusos de sus
gobernantes; la existencia de instrumentos jurídicos
internacionales que se encargan de vigilar y sancionar a los
particulares que intenten derrocar a los gobiernos
legítimamente constituidos, pero que nada dicen de los
gobiernos que tratan de derrocar a los sistemas democráticos
de sus estados, son algunos de estos retos que tendremos que
enfrentar si queremos vivir en armonía y bajo los valores de
la democracia.
Las observaciones que nos hemos propuesto en estas líneas no
deben llevarnos a la frustración ni al pesimismo, por muy
absurdas que las pretensiones de algunas de las partes u
autoridades pudieran parecer. El análisis sobre el porqué el
continente ha llegado a casos como el planteado debe
hacernos reflexionar respecto a las diversas situaciones que
el siglo XXI ha venido presentando, y que evidentemente, por
su novedad, carecen de los instrumentos jurídicos adecuados
para su solución.
Así como las realidades que viven los pueblos son las que
han originado en un momento dado el establecimiento de
reglas de juego para el funcionamiento de las instituciones
políticas y de las Repúblicas; de igual forma se han venido
creando, y se crearán, instrumentos jurídicos que rijan la
conducta de cada uno de los estados frente a la comunidad
internacional y frente a la comunidad internacional y cada
uno de sus estados miembros. Ayer fue Venezuela, hoy es
Honduras. ¿Cuál será mañana?
*Ex Embajadora de Venezuela ante la Organización de los
Estados Americanos