En su décimo año de gobierno el Presidente, ¡por fin!, tuvo a bien ocuparse del tema de la inseguridad pública, en particular de la que devasta a los choferes de busetas y taxis. La "solución" que se le ocurrió, como casi todas las suyas, fue un portento de piratería: podría colocar, aseveró, dos soldados y un policía en cada buseta. Muy probablemente, para el momento en que tan luminosa idea brotó de su cabeza, no sabía cuántos vehículos de esa clase circulan por Caracas y, menos aún, había calculado cuántas decenas de miles de uniformados harían falta para implementarla. Esto, sin incluir a los taxistas, a quienes también asesinan a cada rato. ¿Complementaría la proposición metiendo un soldado en cada taxi? Es obvio que el gobierno se encuentra impotente y sin ideas frente al grave drama de la inseguridad. La espantosa situación de las cárceles y penales lo tiene desbordado. Los tribunales son una vergüenza, desde el TSJ hacia abajo, y la aterradora cifra de delitos impunes (97%, según algunas fuentes) es demostración de la gran insuficiencia de las policías y de una cierta desaprensión, cuando no complicidad con el crimen.

Estas tres instituciones (penitenciaria, judicial y policial) constituyen la primera línea de las políticas de prevención y represión del delito y mientras ellas se encuentren en el estado comatoso que les es propio actualmente, las acciones de mediano y largo plazo (educación, salud, deporte, vivienda, hábitat, trabajo), directamente dirigidas a abrir alternativas a la población, difícilmente pueden producir resultados satisfactorios. Únase a esto un entorno económico asfixiante, una masiva cultura de la violencia propiciada desde la televisión y el tráfico de drogas, más los agudos contrastes sociales que caracterizan a nuestro país y se tendrá el contexto dentro del cual florecen las distintas formas del delito, la creciente crueldad de ellos y la inhumanidad que caracteriza las peores formas de violencia física. Las políticas de largo plazo, su denominación lo indica, hacen su efecto con el tiempo. Si se hubiera comenzado hace diez años, ya se habría andado una parte significativa del camino. Pero también se han perdido diez años para las acciones inmediatas, relacionadas con policías, tribunales y penales. El tema de la inseguridad jamás ha estado en la agenda de prioridades del Presidente y eso explica la negligencia y la desaprensión del resto del alto Gobierno. Si desde la primera magistratura no hay quien exija, reclame y "puye", los subalternos se conforman con inventar mentiras para justificarse y lanzar de vez en cuando los llamados "operativos", cuya eficacia es comprobadamente nula, pero sirven para crear la impresión de que se está haciendo algo, cuando en verdad el tiempo pasa y el futuro nos está alcanzando.

*	Artículo publicado originalmente en el vespertino Tal Cual