En varias de sus numerosas e interminables cadenas de diciembre y  en ese bodrio que fue la presentación de la Memoria y Cuenta, salvado por la brillante intervención de María Corina Machado, además de señalar que       –¡por Dios!- no está en campaña electoral, el Presidente de la República ha insistido en que, en el caso de perder las elecciones del 7 de octubre de 2012, él reconocería  sin chistar los resultados. Sin embargo, agrega, esta actitud digna y este valiente compromiso con la democracia, no han sido correspondidos por la oposición, que se mantiene callada sin comprometerse a jurar que acatará la voluntad popular, en el caso de que sea ella la que salga derrotada. ¿Será que está pensando en desconocer la voluntad del pueblo?, se pregunta.

         Las declaraciones del Presiente sobran, ¿o se trata de una amenaza velada? El primer mandatario está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, “norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Además, “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce (…), indirectamente, mediante el sufragio…” (Art.5); “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (…) es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo…”

         No hay nada extraordinario ni heroico en que el Presidente proclame que obedecerá la opinión que se exprese el 7-O en las urnas comiciales. Ese es su compromiso ineludible, solo que hasta ahora nunca lo ha honrado. Siempre lo ha violado de forma impúdica.

         Al estilo empleado por Putin o por Bouteflika, todas las elecciones posteriores a 1999 se han efectuado en un ambiente en el que campea el ventajismo oficialista más desconsiderado; el marcado desequilibrio entre el Presidente y su contendor. La maquinaria del Gobierno y del Estado ha sido colocada sin ningún pudor al servicio del aspirante del oficialismo. La oposición se ha visto obligada a participar en un ambiente hostil en el plano institucional y precario en el ámbito financiero. El cuadro para 2012 luce aún peor que en las oportunidades anteriores. El nombramiento del general Rangel Silva como ministro de la Defensa es un signo inconfundible de que el primer mandatario quiere proyectar la señal de que la FAN le es incondicional. Diosdado Cabello al frente de la Asamblea Nacional y como primer vicepresidente del PSUV, segundo de abordo, representa otro indicador de que el jefe de Miraflores no tendrá contemplaciones de ninguna naturaleza.

         En el marco de esta trayectoria tan desventajosa, lo que sí sería una prueba irrefutable de talante democrático es que el Presidente de la República se comprometa a garantizar unos comicios equitativos y transparentes, y a impedir que el proceso se convierta en un fraude continuado, como han sido en el pasado reciente.

         El Presidente tendría que declarar: que apoyará un proyecto de ley en la Asamblea Nacional en el cual se limite severamente el uso, por parte de la Presidencia de la República, de los recursos públicos con fines proselitistas y electorales, que no ejercerá ningún tipo de presiones sobre el CNE para verse favorecido durante los meses que dure la contienda; que no abusará del poder que le confiere la primera magistratura para llevar adelante su campaña; que quedan suspendidas las cadenas de radio y televisión a partir del primer trimestre de 2012; que ningún organismo que dependiente del Ejecutivo Nacional –ministerio, empresa pública, ente descentralizado-, hará campaña a favor de su candidatura; que los recursos de PDVSA no serán manejados para favorecerlo; que los numerosos canales de radio y televisión oficiales estarán a disposición del candidato opositor, así como lo están para él; que VTV y las otras estaciones de televisión mantendrán un trato respetuoso con su rival; que los funcionarios públicos no serán obligados a asistir a los mítines y marchas convocadas por el Presidente-candidato; que la Fuerza Armada no continuará siendo politizada, ni será utilizada para amedrentar y chantajear a los descontentos con la política del Gobierno.

         Este es el tipo de compromisos que debería contraer el Jefe del Estado. Las elecciones no pueden convertirse  en una pantalla para maquillar la naturaleza autoritaria de un régimen que –presionado por las circunstancias internacionales- se ve obligado a cumplir cada cierto tiempo con un rito democrático. El voto encarna una de las expresiones básicas de la ciudadanía y de  la libertad. Esta esencia hay que recuperarla.

         @tmarquezc

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