El adelanto las elecciones no constituyó ninguna sorpresa. Desde hacía muchos meses el Presidente de la República, las rectoras del CNE y distintos voceros del oficialismo habían venido asomando esta posibilidad. Se confirmó la tesis de quienes proponíamos realizar las primarias en 2011, bajo la sospecha de que el régimen fijaría una fecha anterior a diciembre de 2012. Gracias a Dios no las colocó a mediados del año entrante, como se esperaba. Esto nos habría puesto a dar carreras urgentes.

         La excusa perfecta apareció con la enfermedad de Chávez. En sana lógica haber mantenido el tradicional primer domingo de diciembre de 2012 parecía lo más sensato. El jefe de Estado padece una enfermedad terrible que está minando sus condiciones físicas y mentales. En esas circunstancias lo más aconsejable habría sido que se recuperara completamente para luego emprender una campaña tan extenuante y reñida como será la del próximo año. Pero, no. La opción escogida por el régimen fue otra, contraria a lo que el sentido común recomienda.

         ¿Cuáles fueron las razones para apresurar los comicios y someter al candidato eterno y único del PSUV a un ritmo tan agobiante? Da la impresión de que el culillo puede más que la sensatez recomendada por la Medicina. El comandante tiene miedo de que su calamitoso gobierno le pase factura en el momento de la (tercera) reelección. Teme que los centenares de miles de víctimas del hampa, los millones de personas afectadas por los cortes intempestivos de luz, por la inflación, por el desempleo, la pobreza y la falta de vivienda, vayan a manifestar su descontento en las urnas electorales. Sería forzado a desalojar el poder y, de paso, se cortaría el dolarducto que comunica a Miraflores con La Habana.

         Es probable que el cálculo le indique al Gobierno que puede gastar a manos llenas hasta septiembre del año entrante, y que esas erogaciones masivas y dispendiosas evitarían la erosión y caída del caudillo. Más allá de ese límite podría inclinarse la pendiente de forma demasiado peligrosa para el abanderado rojo.

         También el Gobierno debe de estar pensando que seis meses de campaña del candidato opositor que surja de la consulta del 12 de febrero, es un tiempo muy breve para recorrer el país y proyectarse, con posibilidades de triunfo, como contrincante de Chávez, fenómeno electoral que copa la escena e invade todos los espacios de la vida nacional.

         Las razones por las cuales el CNE adelantó las elecciones podrían ser  numerosas, ninguna de ellas producto de la autonomía del CNE,  y, al igual que la enfermedad del Presidente, se prestan a numerosas lucubraciones. Lo único cierto es que se llevarán a cabo el 7 de octubre de 2012. En esa cita lo más probable que ocurra es que Hugo Chávez sea derrotado. Entre ese día y el 10 de enero de 2013, momento señalado por Constitución para la toma de posesión del nuevo mandatario (Art. 231), se abre un período algo mayor a tres meses, tiempo suficiente para que el chavismo raspe la olla, como se dice en criollo. Lo ocurrido en el estado Miranda cuando Diosdado Cabello perdió frente a Henrique Capriles, y lo que sucedió en la Alcaldía Metropolitana con Juan Barreto y en el municipio Sucre con José Vicente Rangel Ávalos, lugares de los cuales se llevaron hasta las pocetas de los baños, debe servir de guía sobre lo que podría pasar en Miraflores, los ministerios, las empresas públicas, los órganos desconcentrados del Poder Nacional y todos los organismos que dependen de la Presidencia de la República. A estos entes podría aplicárseles el concepto de tierra arrasada puesto en práctica con mucha saña en los casos mencionados.

         Adelantar la transmisión de mando parece imposible porque habría que  modificar un artículo de la Carta Magna. Esto requeriría del apoyo del oficialismo. Descartado. Sin embargo, sí es posible que la bancada opositora proponga una ley para el período de transición -Ley de Transmisión de Mando- que le impida al Gobierno cometer los previsibles desafueros  a los que se ha acostumbrado, y que evite que la administración que se instale en enero de 2013, se encuentre en la más absoluta bancarrota y frente a un panorama más desolador aún del que ya ha generado el chavismo.

         Para una iniciativa de este tipo es factible contar con el respaldo de los sectores más moderados del chavismo, que estarían conscientes de que en el nuevo ciclo político que se abriría con el triunfo opositor, ellos serían un factor clave para dialogar, concertar y preservar la supervivencia de la democracia.

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