Podría entenderse que a Chávez
Frías le cueste convivir con los gobernadores y alcaldes de
oposición. Estas son autoridades electas con el voto
popular. Poseen la misma fuente de legitimidad del primer
mandatario. Además, son adversarios, o mejor dicho,
enemigos, de acuerdo con el talante autoritario del
caudillo. Al contrincante ninguna oportunidad que le permita
lucirse, o simplemente destacarse sobre la medianía. La
descentralización y la democracia sirven para alardear y
encandilar a algunos cuantos jefes de Estado y cancilleres
extranjeros, pero no son para practicarlas con quienes debe
competirse en las urnas electorales.
Lo que cuesta entender un poco
más es por qué el comandante les serrucha las patas a sus
aliados, a esas mentes de inteligencia modesta que se
encuentran en la Asamblea Nacional, y cuyo trabajo consiste,
precisamente, en legislar, y, desde su perspectiva,
construir el andamiaje legislativo que garantice la
demolición de las “estructuras del Estado burgués” y la
creación de las “nuevas estructuras del Estado proletario”,
según las rancias expresiones del marxismo más ortodoxo y
obtuso.
Cuando Chávez Frías pide una
nueva Habilitante para asegurarse de que el 15 de diciembre
de 2009, fecha en que se cumplen diez años de la aprobación
de la Constitución del 99, no haya en el país “ni una sola
ley contrarrevolucionaria”, está diciéndonos que sus
diputados son una manada de inútiles. Es una gente que sirve
para levantar las manos a velocidad de meteoro o para
asentir con el pescuezo tantas veces como sea necesario,
pero que carecen de ideas e iniciativas propias. Por eso
necesitan del auxilio del comandante.
El problema de esta nueva
renuncia de la Asamblea Nacional es que deja a los diputados
del oficialismo sin argumentos para pedir el voto popular en
las elecciones legislativas del año entrante. ¿Para qué
votar por ellos si durante su legislatura, más de la mitad
del período transcurrió sin que elaborasen una ley, sin que
aprobasen un instrumento legislativo elaborado por alguna de
sus comisiones de trabajo?
El otro obstáculo que deberán
salvar esos congresantes es el de explicarles a los
electores cómo es que teniendo la obligación de defender la
Constitución del 99, lo que han hecho es convertirse en
cómplices de su destrucción. Chávez ahora habla de “Estado
proletario” y de “Estado socialista”, y, confabulado con el
Parlamento, está levantando todo el edificio jurídico del
comunismo al estilo cubano. Las leyes son redactadas en un
tono cada vez más agresivo y alejado del espíritu y letra de
la Carta del 99. En esta onda andan la Ley de Propiedad
Social, la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, La
Ley de Acceso a los Bienes y Servicios, la Ley del Instituto
Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). En
marcha se encuentra la reforma de la Ley Orgánica del
Trabajo y la Ley de Consejos Obreros Socialistas, entre
otras leyes, reglamentos y disposiciones, que buscan imponer
a troche y moche el mismo esquema colectivista y estatista
implantado por Castro en Cuba.
Todo este laberinto legal viola
con sevicia la Constitución de 1999. En sus principios
fundamentales esta Carta establece que la República
Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia que procura
como valores superiores la vida, la libertad, la justicia,
la igualdad, la solidaridad, la democracia, la
responsabilidad social y la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político. (Art. 2).
Venezuela es un Estado federal descentralizado que se rige
por los principios de integridad territorial, cooperación,
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (Art. 4).
Además, su Gobierno y el de las entidades políticas que lo
componen es será siempre democrático, participativo,
electivo, descentralizado, alternativo, responsable,
pluralista y de mandatos revocables (Art. 6).
Ni en los Principios
Fundamentales (nueve artículos en total), ni en le resto del
artículado aparece que las leyes deban ser revolucionarias o
que el Estado y el Gobierno sean socialistas, proletarios o
algo de ese tenor. En la Constitución caben todas las
corrientes del pensamiento humano que expresan la diversidad
y complejidad de la democracia. Expresamente se opone a todo
reduccionismo mecanicista, a toda simplificación dogmática
de la acción política o del calidoscopio ideológico, tal
como pretende Hugo Chávez a través de sus “leyes
revolucionarias”.
La contraposición que el
caudillo establece entre las “leyes revolucionarias” (las
suyas) y las “leyes contrarrevolucionarias” (las anteriores
a 1999), se parece mucho a la oposición que Stalin creaba
entre la “ciencia revolucionaria” (proletaria) y la “ciencia
contrarrevolucionaria” (burguesa). En este caso era una
añagaza para ocultar el atraso e ignorancia de los numerosos
investigadores que, para sobrevivir, se vieron obligados a
aplicar, sin resultado práctico alguno, la “dialéctica de la
naturaleza” inventada por F. Engels, a campos tan complejos
como la física o la biología. Estos ensayos terminaron
siendo inmensos fraudes, que sólo sirvieron para complacer
la megalomanía de un déspota tan cruel como Koba. En nuestro
caso, las “leyes revolucionarias” solamente sirven para la
destrucción de la democracia y de la Constitución, y la
entronización eterna de Chávez en el poder.
¡Cuánta falta hace un TSJ que le
diga al gamonal que las leyes no deben ser
“revolucionarias”, sino simplemente constitucionales!
tmarquez@cantv.net