Rafael Ramírez y Rodolfo Sanz son los dos principales arietes en poder del teniente coronel Chávez Frías para atacar a la clase obrera organizada en sindicatos independientes. Al régimen les gustan los trabajadores cuando forman parte del PSUV y, por añadidura, permanecen calladitos frente a la corrupción, la negligencia y la ineptitud del Gobierno. Entonces sí los trabajadores son patriotas y revolucionarios; sí merecen el respeto y los elogios del todopoderoso caudillo, pero cuando se deciden a hacer valer sus derechos históricos, conquistados a lo largo de siglos de luchas contra la exclusión y la explotación, entonces se convierten en apátridas y golpistas.

Lo que les está ocurriendo a los trabajadores petroleros de todo el país, especialmente a los que residen en el estado Zulia, y a los trabajadores de Guayana, es lo que suele suceder en los países donde los medios de producción se han estatizado, pasando a estar controlados por una burocracia ignorante y soberbia, más preocupada por mantener sus cargos y complacer al jefe, que por administrar con eficiencia las empresas que les son asignadas.

Rafael Ramírez era un empleado de tercera categoría en aquella PDVSA donde prevalecía el interés nacional, y gerentes y personal altamente calificado se encargaba de gerenciar la primera industria nacional, orgullo del país e isla de excelencia dentro de la Administración Pública. De personaje oscuro se convirtió en instrumento al servicio de Chávez para politizar la empresa y destruirla, hasta llevarla a los niveles de endeudamiento y deterioro actuales. Lo único que le perturba es lograr que la empresa sea roja rojita; que sus gerentes, profesionales, técnicos, empleados administrativos y obreros que laboran en las distintas esferas de la empresa, compartan el credo chavista. Sólo quiere discutir las condiciones contractuales con los incondicionales del régimen. El resto de los trabajadores, no importa cuán eficaces y productivos sean, no existen para el Presidente de PDVSA y, además, vicepresidente del PSUV para la región andina. Esta doble condición de Ramírez revela cuál lugar ocupa para Hugo Chávez la gerencia. El cargo de Presidente de PDVSA, al cual hay que agregar el de Ministro de Energía y Petróleo, requiere dedicación total. Ninguna otra reocupación profesional podría distraer la atención de alguien que detenta un cargo clave para la Nación y el Estado. Sin embargo, en esta republiquita de quinta categoría comandada por Chávez, el principal gerente del país se ocupa también de organizar y dirigir el PSUV. Este delito debería ser castigado por la Contraloría o por la Fiscalía, pero ambos organismos son cómplices del desmadre en el que vivimos.

Rodolfo Sanz, ministro de Empresas Básicas y Minería, probablemente no distingue con claridad entre una tonelada de aluminio y una de acero, pero Chávez lo tiene al frente de ese despacho y de la CVG. Su experiencia se remonta a haber estado al frente de una comisión que se encargaba de la formación ideológica de los militantes del PSUV, y a su actividad como miembro de la Comisión Nacional de Casinos creada por la Asamblea Nacional. De las manos de Chávez brincó a gerenciar el complejo industrial más exigente del país. La CVG es un laberinto complicado, pues, por ejemplo, el acero, el aluminio y la bauxita, son productos que exigen niveles de administración muy sofisticados. Los competidores internacionales, como Brasil, son países con una larga tradición en el ramo, que han desarrollado técnicas especiales para incrementar la productividad y ser altamente competitivos. En la CVG la gerencia profesional fue relegada ya desde los tiempos de Carlos Lanz, un comunista que todavía cree que en China sigue gobernando Mao. Rodolfo Sanz se interesa más por inculcar los valores del socialismo en la CVG, que por establecer bajo cuáles parámetros es posible mantener altas tasas de crecimiento industrial en un contexto donde la competencia entre productores es cada vez más cerrada. Desde luego que con esos criterios las empresas de Guayana se han hundido. SIDOR, que luego de su privatización estuvo dando pingües ganancias, ahora produce pérdidas astronómicas. El costo de la producción de la tonelada de aluminio se ha elevado exponencialmente; esto, unido a la recesión mundial, tiene a esa industria yendo a pique.

Los obreros del socialismo del siglo XXI están experimentando en carne propia lo mismo que en su momento padecieron los trabajadores rusos, chinos o rumanos en la época del comunismo. Lo mismo que padecen los cubanos. Están sufriendo las consecuencias de que un Estado manejado por burócratas arrogantes e incompetentes, se haya ido apropiando de los medios de producción. La “igualdad” y “equidad” que esos comisarios políticos invocan sólo ha servido para conculcar los derechos de los trabajadores, para pagarles salarios miserables, desconocer los sindicatos, quitarles el derecho a huelga y criminalizar toda forma de protesta activa. Más de 400 dirigentes obreros están en las cárceles de Chávez.

El socialismo del siglo XXI les está arrebatando a los trabajadores el presente y el futuro. Está acabando con su patrimonio: sus salarios, sus prestaciones sociales, sus jubilaciones, sus acciones en las empresas donde pudieron adquirir una participación accionaria.

El lenguaje redentor y en apariencia justiciero del socialismo del siglo XXI no puede ocultar que en realidad es una fórmula para acabar con la clase obrera.

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