En vista de que los sondeos de opinión muestran que su propuesta de reelección indefinida saldrá derrotada el próximo 15 de febrero, el teniente coronel decidió introducir el giro que permite que no sea sólo él quien pueda optar a la elección perpetua, sino que disfruten del mismo privilegio todos los demás funcionarios y autoridades electas con el voto popular. En ese vuelco espectacular dado por el hombre de Sabaneta, luego de haber sostenido con vehemencia no estar dispuesto a promover el surgimiento de reyezuelos en los estados y municipios, lo acompañan ahora todos sus acólitos que salieron a argumentar, también con pasión, por qué sólo convenía la reelección continua del Presidente, mientras que las demás autoridades regionales debían sujetarse a las restricciones señaladas en la Constitución.

El nuevo perfil de la reforma (in)constitucional sigue siendo una burla al pueblo y una inmoralidad por todos los argumentos que se han esgrimido con insistencia: ya los venezolanos se pronunciaron contra ella el 2-D; representa un uso dispendioso de los recursos públicos en momentos en los cuales estamos a las puertas de una crisis económica y social de proporciones gigantescas y cuando falta dinero para atender, entre muchas otras, las necesidades en salud, educación, seguridad ciudadana, desarrollo industrial, empleo, seguridad social e infraestructura, los verdaderos problemas nacionales. Además, la reelección está asociada con el socialismo del siglo XXI, la estatización y colectivización de la economía, el desarrollo endógeno y las demás deformaciones que reproducen en Venezuela el modelo comunista cubano.

La iniciativa del primer mandatario, refrendada por la Asamblea Nacional y por un Consejo Nacional Electoral sumiso y cómplice de la destrucción institucional del país, es muy grave para el sistema democrático. El daño que la claque gobernante le está infringiendo a la democracia tratan de maquillarlo diciendo que con la reforma el pueblo sigue siendo el depositario de la soberanía, pues se mantiene como sujeto elector de los gobernantes y, por lo tanto, origen del poder, con lo cual la democracia se preserva.

Este argumento es un engaño. Quienes ejercen el poder en una sociedad, cualquiera sea, siempre tienden a organizar estructuras y esquemas de gobierno para perpetuarse en su cargo. Por esa razón es que las constituciones democráticas les ponen un límite temporal a las reelecciones. No basta con que los ciudadanos puedan escoger a sus autoridades en comicios libres, también es esencial que cada cierto tiempo la oferta de candidatos varíe para que la rotación en los cargos pueda darse.

La alternabilidad constituye uno de los principios fundamentales del modelo democrático. Ese principio se combina y complementa con el de la elección popular, pero cada uno de ellos es diferente y ocupa un lugar distinto dentro del sistema. Confundirlos o convertirlos en sinónimos conduce a la justificación del autoritarismo con ropaje democrático. Esta idea se encuentra perfectamente expresada en el artículo 6 de la Constitución. Allí se lee: “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo …” (negritas, TM). Fíjense que cada uno de esos atributos del Gobierno es específico, pues atiende a cualidades distintas que no pueden reducirse a una sola.

La decisión de permitir que todas las autoridades electas con el voto popular puedan eternizarse en sus respectivos cargos, también borra otra característica básica del patrón democrático: la movilidad vertical de los dirigentes políticos. La lógica indica que quien está fuera del status quo aspira a ingresar en él, mientras quien ya se encuentra dentro desea escalar posiciones: el alcalde se fija como meta ser gobernador; el gobernador ser presidente; el concejal procura ser diputado regional y este convertirse en diputado nacional. Esas son pretensiones inmanentes del dirigente. Por lo tanto, la alternabilidad no sólo es sana para el pueblo; también lo es para esa capa de la población que dedica su vida a la vida pública y pretende cargos de representación por delegación popular. Con la enmienda se intenta congelar la pirámide actual, pues a los nuevos líderes les resultará sumamente difícil incorporarse a ella, mientras quienes ya están poseerán todos los privilegios para continuar dentro de ella. Se amplían los derechos políticos de la élite, pero se excluye a la inmensa mayoría. Es la democracia participativa convertida en caricatura.

El verdadero fin del caudillo consiste en consolidar la autocracia militarista que ha venido construyendo desde hace 10 años. Hay que decirle NO a esa enmienda.

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