La embestida de Hugo Chávez
contra la descentralización forma parte de la construcción
del comunismo del siglo XXI y de la sustitución de la
democracia representativa, tal como este modelo aparece
dibujado en la Constitución, por el esquema ceresoliano que
a lo largo de diez años del proceso bolivariano, se ha ido
implantando en el país bajo la conducción del comandante. El
caudillo busca establecer un vínculo directo con las masas
mediante el apoyo de las Fuerzas Armadas. Construir la
democracia directa es la consigna.
En esta operación el comandante
Chávez Frías intenta unir el nexo caudillo-masa,
prescindiendo de los gobernadores y alcaldes, instancias y
autoridades intermedias electas a través del voto popular y
con una base de legitimidad similar a la del Presidente de
la República. Chávez Frías, al despojar a los gobernadores
de las competencias exclusivas que les asigna la Carta Magna
en el artículo 164, los está convirtiendo en unos fantoches;
en figuras folclóricas y pintorescas sin ninguna posibilidad
de cumplir con las tareas y responsabilidades para las que
fueron electos por el voto popular el pasado 23 de
noviembre. Si al caudillo se le permite que continúe
recentralizando el país, las próximas elecciones de
gobernadores habrá que efectuarlas en Carnaval, cuando se
elija al Rey Momo, pues ambos personajes tendrán las mismas
funciones: animar las fiestas carnestolendas.
El envilecimiento de los
gobernadores persigue acabar con el voto como instrumento
para elegir los poderes públicos e ir minimizando la esfera
de la democracia representativa, hasta convertirla en una
ficción. No creo probable que Chávez Frías se atreva a
eliminar los mandatarios regionales, para regresar a un
esquema similar al que regía antes de 1989, cuando el
Presidente de la República designaba y removía a dedo esas
autoridades. Su método es menos directo, pero más
maquiavélico: los convertirá en jarrones chinos, pues será
el jefe de Estado quien detente todo el poder, el cual será
ejercido a través de las Autoridades Regionales, esos
funcionarios acomodaticios contemplados en el artículo 70 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública aprobada como
parte de las 26 leyes de la habilitante. El cerco contra los
gobernadores electos terminará de cerrarse cuando se apruebe
en segunda discusión la Ley de Ordenamiento Territorial,
cuya primera ronda se realizó en octubre del año pasado,
pero que no fue sancionada definitivamente porque el
teniente coronel decidió que era conveniente congelarla para
que no se convirtiera en una arma en manos de la oposición
para los comicios del 23-N.
Quienes están obligados, en
primer lugar, a asumir la defensa de la descentralización
son los gobernadores, incluidos, desde luego, los que
simpatizan con el proyecto chavista. Lamentablemente las
deplorables declaraciones de ese sector a través de Tarek
William, demuestra que no están dispuestos a enfrentar la
ira ni la arbitrariedad del autócrata. Estas autoridades
fueron electas por el pueblo con el fin de que cumplieran un
amplio conjunto de responsabilidades y administraran los
recursos provenientes del Situado Constitucional, la Ley de
Asignaciones Especiales, el Fondo de Compensación
Interterritorial y los ingresos propios. El uso eficiente de
todos estos recursos podría permitir que los gobernadores
realizasen gestiones exitosas y que, algunos de ellos, se
proyectasen en todo la nación como figuras alternativas y
líderes para el cambio. Esta posibilidad, desde luego, no la
acepta un ególatra embriagado de poder como el hombre de
Sabaneta.
Por esta razón, cuando a los
gobernadores se les despoja de la competencia para el
aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, o de
puertos y aeropuertos de uso comercial, la agresión no se
comete sólo con las autoridades de la oposición, sino contra
todos los mandatarios regionales y las comunidades que ellos
representan. Hugo Chávez, siguiendo la doctrina de Ceresole,
busca ser la única autoridad con la cual el pueblo
establezca un vínculo de aceptación y reconocimiento. Los
gobernadores afectos al proyecto chavista al aceptar las
decisiones autoritarias del autócrata renuncian a su futuro
político y, a la vez, cometen un acto de traición a la
voluntad popular, pues la colectividad que votó por ellos lo
hizo para que se ocuparan de mejorar la seguridad ciudadana,
la educación, la salud, los servicios públicos, y
promovieran el desarrollo del estado y de la región. Dentro
de las asfixiantes condiciones que intenta imponerles Hugo
Chávez a los gobernantes regionales, esas metas no podrán
alcanzarse si no a cambio de la claudicación ante las
ambiciones y objetivos políticos del caudillo.
La elección directa de
gobernadores y alcaldes y la transferencia de competencias y
recursos a los estados y municipios, fue el resultado de la
presión sostenida de los sectores organizados de la
provincia hastiados de los atropellos de poder central. La
COPRE actuó como un factor que canalizó y potenció ese
esfuerzo. Atacar la descentralización equivale a atropellar
la democracia e ignorar la voluntad del pueblo de la
provincia y de Caracas, que aspiran a contar con autoridades
regionales y locales comprometidas con el bienestar de esas
colectividades.
En la actualidad la defensa de
la democracia pasa por la defensa de la descentralización.
tmarquez@cantv.net
