La campaña de hostigamiento que
el Gobierno del teniente coronel Chávez Frías adelanta
contra el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico
para la Libertad (Cedice-Libertad), es producto del éxito
obtenido por el programa de difusión “Por un País de
Propietarios” en la defensa y promoción del derecho a ser
propietarios que tienen todos los venezolanos. Este es un
valor consagrado en al artículo 115 de la Constitución
Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, suscrita por Venezuela en 1948. El comandante y su
lugarteniente Diosdado Cabello atacan a una pequeña
asociación civil por defender la Constitución Nacional, cosa
que ellos no hacen.
Desde su fundación en 1984,
Cedice ha promovido con entusiasmo las ideas relacionadas
con la propiedad privada, la libre iniciativa, así como
todos los principios que imperan en las sociedades abiertas,
donde existe la democracia en el plano político y el libre
mercado en el ámbito económico. Esta labor la han adelantado
empresarios, profesionales e intelectuales, convencidos de
que para superar la pobreza y alcanzar el bienestar que han
logrado muchas naciones del mundo, Venezuela necesita
desterrar esas prácticas intervencionistas y dirigistas que
colocan en manos de la burocracia estatal, decisiones que
deben ser tomadas por empresarios y trabajadores ligados
directamente con el proceso productivo.
Desde que Hugo Chávez asumió el
Gobierno, observamos cómo han ido aumentando continuamente
las regulaciones y controles por parte del Estado sobre la
iniciativa privada. El socialismo del siglo XXI, modelo de
organización socioeconómico que el primer mandatario le
propone al país violando abiertamente los principios
constitucionales, se ha transformado en un esquema para
acosar y reducir a su mínima expresión la propiedad privada,
mientras que, simultáneamente, coloca todo el énfasis en la
propiedad colectiva y la propiedad estatal.
Esta visión colectivista de la
economía y de la propiedad inspiró el proyecto de reforma
constitucional que fue rechazado categóricamente por el
pueblo en el referendo del 2 de diciembre de 2007. Sin
embargo, el primer mandatario, desconociendo el mandato
popular, reintrodujo ese patrón colectivista en la mayoría
de los 26 decretos con rango, valor y fuerza de ley de la
Habilitante, sancionados a mediados de 2008. Posteriormente,
el Ejecutivo Nacional propuso dos instrumentos jurídicos que
atentan contra la propiedad privada: la Ley de Propiedad
Social y la Reforma a la Tenencia de la Tierra de los
Asientos Urbanos Populares. El Gobierno, por lo tanto, ha
ido construyendo un andamiaje jurídico -la legislación
socialista- que asfixia la propiedad privada.
Los ataques no se limitan a la arquitectura legal. También
se han llevado acciones concretas que atentan contra la
propiedad privada. Durante los años recientes son comunes
las invasiones de tierras y fincas, las confiscaciones, la
toma ilegal de fábricas en pleno funcionamiento, la invasión
de inmuebles urbanos, las expropiaciones de empresas
exitosas. Las amenazas han sido continuas y en aumento. Se
reestatizaron empresas como SIDOR y la CANTV, que en manos
privadas generaban ganancias y cancelaban impuestos al Fisco
Nacional. Ahora ambas arrojan saldos negativos. La
Electricidad de Caracas, que durante un siglo generó altos
beneficios a sus propietarios y a los millones de usuarios
que atendía, ahora por primera vez en su historia produce
pérdidas.
El asedio a la propiedad privada
ha perjudicado a modestos empresarios y, de forma
especialmente severa, a trabajadores y microempresarios que
han visto cómo se evaporan años de esfuerzo individual y
familiar. Ahora, en las empresas estatizadas los
trabajadores han idos perdiendo derechos históricos de la
clase obrera: la libertad sindical, el derecho a la
contratación colectiva y el derecho a huelga.
Frente a este cuadro tan grave,
Cedice, en ejercicio de la autoridad que le conceden 25 años
en la lucha por la defensa de la propiedad privada, decidió
emprender la defensa pública de ese valor esencial de las
sociedades libres. Decidió asumir la defensa del artículo
115 de la Constitucional Nacional, en vista de que el
Gobierno y la Asamblea Nacional han montado un dispositivo
para liquidarlo en los hechos. En esta campaña se ha contado
con el apoyo desinteresado de creativos y de medios impresos
y televisivos que han comprendido la importancia de ocuparse
del resguardo de ese valor esencial.
Los venezolanos respaldan en su
inmensa mayoría la propiedad privada. Lo que hace Cedice
Libertad es interpretar ese sentimiento, reconocido como
valor inalienable de las sociedades libres.
Por asumir con valentía la
defensa de este principio esencial de la democracia, Hugo
Chávez, a través de Diosdado Cabello, pretende sancionar a
Cedice y a los medios de comunicación que han participado en
la campaña. Con este fin utiliza el cínico argumento de que
esa publicidad crea un clima de incertidumbre que propicia
la violencia. En realidad, quienes siembran el temor y la
angustia entre todos los venezolanos son el Gobierno y la
Asamblea Nacional, que han diseñado la arquitectura
socialista y han llevado a cabo acciones -muchas violentas-
contra legítimos propietarios.
Chávez y Cabello deberían
ocuparse de defender la Constitución e impedir que VTV sea
esa maquinaria de odio que vemos a diario.
tmarquez@cantv.net
