Desde
que el teniente coronel aprobó el “paquetazo”, el debate
sobre los decretos con rango y fuerza de ley sancionados en
el marco de la Ley Habilitante, ha girado fundamentalmente
alrededor del carácter in y anti constitucional de esos
instrumentos, y acerca de cómo esos decretos violan sin
misericordia los resultados del referendo del 2-D. Es lógico
que esta haya sido la tónica de la discusión. Los atropellos
a la Carta del 99 y a la soberanía popular son tan
flagrantes, y la complicidad de las autoridades del poder
Moral y el Tribunal Supremos de Justicia tan descarada y
servil, que resulta inevitable desenmascarar el carácter
ilegal e ilegítimo de esas leyes.
Sin embargo, no conviene que la
disputa quede exclusivamente en la esfera de los políticos,
los abogados constitucionalistas, los politólogos o los
sociólogos. Reducir el combate a los cenáculos de los
especialistas le interesa al caudillo. Mientras él
supuestamente “legisla para el pueblo”, como señala con
frecuencia, los “representes del imperio” en tierras
tropicales se dedican a defender los intereses de la
burguesía y el gran capital. Esta visión maniquea pretende
esconder el contenido claramente colectivista, autoritario y
militarista de unos decretos leyes, que sin duda alguna
impactarán cual misil en la calidad de vida de los
venezolanos, especialmente de esos que necesitan levantarse
de madrugada para conseguir el pan de cada día.
Los decretos leyes crean todas
las condiciones que desincentivan y desestimulan la
inversión privada en las áreas productivas: tienen una
orientación claramente punitiva y confiscatoria, introducen
severos factores de inseguridad jurídica, le dan un poder
excesivamente discrecional a los Consejos Comunales en áreas
para las cuales la gente no posee el conocimiento técnico o
la formación científica adecuada, militariza la sociedad,
centraliza la planificación económica y, en general, margina
la iniciativa particular, poniendo todo el peso en una
supuesta propiedad colectiva que, a todas luces, resulta una
quimera.
El resultado de todos estos
desbarros será, sin duda, la paralización de la inversión en
sectores con capacidad para generar empleo en una escala
significativa. La industria (grande, mediana y pequeña), la
agricultura, la agroindustria, el turismo, el sistema
financiero, los microempresarios y hasta los informales, se
verán afectados.
Al disminuir la inversión
productiva y el empleo, el volumen de bienes y servicios que
el país necesita para satisfacer la demanda de una población
que crece a un ritmo sostenido, se contraerá. La escasez y
el desabastecimeinto, que han afectado al país en medio de
la más prolongada bonanza petrolera de la historia,
aumentarán cuando la cantidad de alimentos merme. Al bajar
la producción de bienes y servicios básicos, la inflación
encontrará un caldo de cultivo para aumentar de manera
sostenida. Bien se sabe que este es el impuesto más
regresivo y dañino que puede aplicársele a una población.
En resumen, la primera esfera en
la que se verá lesionada la calidad de vida de los
venezolanos es la relacionada con la inversión, el empleo,
la oferta de bienes y servicios y el costo de la vida. El
reverso de esta moneda será caída de la inversión,
desempleo, escasez y desabastecimiento e inflación.
La otra dimensión en la que se
lesionará el nivel de vida es la que se conecta con la
pérdida de libertad, la disminución de los espacios de
ciudadanía y el aumento del control punitivo por parte del
Estado sobre la sociedad civil. La Ley Orgánica de la Fuerza
Armada Bolivariana crea la Milicia Nacional Bolivariana,
cuerpo estrechamente conectado con los Consejos Comunales
(la ley que regula estos organismos fue aprobada con
anterioridad al “paquetazo”). La combinación de la Milicia y
los Consejos es explosiva. Ambos organismos dependen
política y financieramente de modo directo del Presidente de
la República y son teledirigidos desde Miraflores. En este
aspecto se percibe con toda claridad la influencia de
Norberto Ceresole, el fascista argentino que dejó una huella
indeleble en el espíritu del comandante Chávez Frías. La
articulación entre ese cuerpo de centuriones que es la MNB y
los Consejos, abre el camino hacia una sociedad militarizada
y fanatizada, sometida sin crítica a los dictámenes del
caudillo.
El pensamiento democrático y la
tradición civilista, nacida en Venezuela después de la
muerte de Juan Vicente Gómez, sufrirán un duro golpe. Si la
sociedad no protesta de forma pacífica con toda su fuerza
contra el “paquetazo”, ese ambiente de amplitud, tolerancia
y pluralidad -que permitió incluso que un militar que había
dirigido un golpe sangriento y había prometido destruir el
sistema democrático llegase al poder- se esfumará
progresivamente.
Solo la fuerza de toda la
sociedad movilizada logrará detener esa locura colectivista
y militarista que se le ha metido en la cabeza al caudillo
decimonónico. Ahora el país tiene la palabra.
tmarquez@cantv.net