A partir del 23-N surgió una nueva geometría, pero no esa
disparatada que el teniente coronel intentó imponer a través
de la reforma constitucional y luego retomó en los decretos
leyes de la habilitante, sino una basada en voto popular y
en la concurrencia masiva de los ciudadanos a las urnas
electorales. La geometría del poder socialista -la basada en
las autoridades regionales designadas a dedo desde
Miraflores, los Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE), los
Consejos Comunales en cuanto sustitutos de los Concejos
Municipales, las comunas y ciudades socialistas- está
liquidada en la mitad del país y, lo mejor, en la mitad más
productiva, más desarrollada, más dinámica y que menos
depende del gasto público y los favores del Gobierno
central.
Con
las elecciones regionales surgió un nuevo cuadro político.
Se fortaleció la democracia descentralizada prevista en la
Constitución del 99 y se redistribuyó el poder de una manera
mucho más amplia. Los mandatarios regionales se alzaron con
el triunfo en los estados donde se concentra casi la mitad
de la población. A partir de ahora al jefe de Estado está
obligado a cohabitar con unos gobernadores y alcaldes que no
comparten el proyecto del socialismo del siglo XXI.
Las
condiciones en las cuales se realizaron estos últimos
comicios fueron muy distintas a las de 2004. En aquella
ocasión los sectores democráticos venían de un doloroso
fracaso en el referendo revocatorio del 15-A. En medio de la
frustración y desencanto que la cuestionada ratificación del
Presidente provocó, se efectuó aquella consulta. La
abstención de los sectores medios permitió que el
oficialismo ganase en estados y municipios donde era
minoría. Estas votaciones de 2008 se produjeron en una
atmósfera distinta. La oposición concurrió a ellas luego de
la edificante victoria del 2-D, fecha memorable en la que
el pueblo rechazó la oferta comunista alentada por Hugo
Chávez.
El
cambio de percepción en el valor del voto como instrumento
de lucha y de cambio y castigo (o premio), permitió que
amplias capas de los sectores medios y de las clases
populares urbanas, se movilizaran para reafirmar su
confianza en la importancia de los gobernadores y alcaldes,
y en la necesidad de levantar una barrera de contención a
las pretensiones hegemónicas centralistas del comandante.
Con los resultados obtenidos y con la elevada presencia
lograda de los electores en los centros de votación, sería
un verdadero atropello a la voluntad soberana que Hugo
Chávez pretendiera designar las autoridades regionales
previstas en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, o que intentara llevar adelante la
reorganización del territorio nacional, tal como está
propuesta en la Ley de Ordenamiento Territorial, aprobada en
primera discusión por la Asamblea Nacional, pero dejada en
barbecho mientras se realizaban los comicios regionales.
Sería un exabrupto nombrar a Diosdado Cabello, Aristóbulo
Istúriz, Jessi Chacón o Mario Silva, candidatos derrotados,
para esos cargos. Sin embargo, la quinta república nos tiene
acostumbrados a tantas desmesuras, que habría que estar
preparados para tal eventualidad.
Otro
plan presidencial que junto a la NGP y el socialismo del
siglo XXI quedó muy averiado es el de la reelección
indefinida del caudillo. Si a Chávez se le ocurre seguirle
los consejos a Tarek William y promover a través del PSUV o
de los Consejos Legislativos otra reforma de la Constitución
de 1999, acusaría una nueva derrota de esa misma gente que
por dos veces consecutivas le ha dicho que si bien quiere
que termine su período en sana paz, no desea que en
Venezuela se imponga una autocracia permanente. El pueblo
volvió a declarar que desea un país plural en el cual surjan
nuevos líderes y donde los liderazgos puedan renovarse.
Este, precisamente, fue uno de los grandes logros de la
oposición: mostró nuevas y jóvenes caras, como Pablo Pérez,
mientras que el oficialismo perdió sus rostros más
emblemáticos al tiempo que tuvo que refugiarse por enésima
vez en la singular figura de Chávez.
El domingo
23-N compitieron dos fuerzas que han estado luchando desde
que el proceso bolivariano inició su giro indetenible hacia
la izquierda autoritaria: de un lado estuvo el modelo
autocrático colectivista y centralista que el Gobierno
propone, ya rechazado en el referendo constitucional del
2-D; del otro se alineó el esquema de Estado federal y
democrático descentralizado que comienza a partir de 1989,
encarnado en esta ocasión por los candidatos de la opción
democrática.
Los
resultados de la consulta indican que el comandante tendrá
que aceptar que la descentralización no puede detenerse ni
anularse. Esa iniciativa nace en Venezuela como parte de un
movimiento mundial, de una megatendencia, surgida en
aquellas sociedades, entre ellas las socialistas, que
estuvieron dominadas durante largo tiempo por el centralismo
exacerbado. Esos poderes copulares, concentrados en su
vértice por un partido, un mandatario o una oligarquía
política arrogante y excluyente, fracasaron luego de haber
empobrecido a sus naciones y de haberlas esclavizado.
En Venezuela
costó mucho que los factores de poder domiciliados en
Caracas entendieran que era necesario transferirles
competencias, recursos y funciones a los estados y a
municipios, y que ese movimiento de traslación pasaba por
permitir que las entidades eligieran a sus autoridades a
través del voto popular. Finalmente el peso de la realidad
se les impuso y terminaron aceptando lo que era inevitable:
que el Estado tenía que descentralizarse para que el país
fuera federal, tal como lo proclamaba la Constitución de
1961. Esa realidad no es modificable a capricho. ¡Viva la
Nueva Geometría del Poder!
tmarquez@cantv.net
