La inhabilitación -por parte del contralor general de la República, Clodosvaldo Russián- de Leopoldo López, Enrique Mendoza y otros importantes dirigentes políticos nacionales y regionales, se ha repetido hasta el cansancio, es inconstitucional, ilegal y, además, viola disposiciones expresas de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Los argumentos señalados por juristas tan calificados como Alberto Arteaga Sánchez, Juan Rafalli y Gustavo Linares Benzo, son irrebatibles. Ante esas razones los epígonos del oficialismo, incluido en primer lugar el Contralor, apenas logran balbucear algunas frases incoherentes y sencillamente necias. ¡Cómo se les ocurre, por ejemplo, acusar a López y a Mendoza de malversación de fondos, mientras asumen la defensa irrestricta de un mandatario como el teniente coronel que regala miles de millones de dólares a Cuba, Bolivia, Argentina y Nicaragua, aparte de los que distribuye a diestro y siniestro, sin que la Asamblea Nacional o la Contraloría General autoricen o supervisen ese gasto! Al contrario, utiliza esas instituciones como dóciles cómplices para descuartizar los recursos de la nación.

Impedir la participación en procesos electorales de dirigentes políticos importantes con posibilidades reales de triunfo, constituye una práctica a la que recurren tradicionalmente los dictadores. A ese expediente apelan Fidel Castro, Alberto Fujimori, Robert Mugabe y Vladimir Putin, para solo citar una pequeña muestra de la larga lista de déspotas que utilizan su inmenso poder y su férreo control de las instituciones del Estado, para aniquilar a sus adversarios prescindiendo de la opinión del pueblo que se expresa en las urnas electorales. Desde luego que esas prohibiciones siempre están amparadas en una disposición arbitraria, diseñadas a la medida de los intereses del tirano y ejecutada por un funcionario abyecto que se presta para cometer el abuso y darle visos de legalidad.

Lo que más irrita del recurso al que está echando mano el comandante Chávez no es su inconstitucionalidad, sino su inmensa cobardía y el miedo inveterado que refleja, propio de lo guapos de barrio cuando se ven obligados a encarar a un adversario que no se intimida frente a sus bravuconadas. Leopoldo López y Enrique Mendoza, según todas las encuestas, tienen la posibilidad de triunfar en la Alcaldía Metropolitana y en el estado Miranda en las elecciones del 23 de noviembre próximo. La razón del Gobierno para inhabilitarlos reside allí: ambas plazas son estratégicas para el proyecto continuista de Hugo Chávez, y recibiría un golpe noble para sus afanes reeleccionistas si sale derrotado en ellas. Frente a esa probabilidad ciertamente elevada prefiere que sus candidatos, Aristóbulo Istúriz y Diosdado Cabello, se enfrenten con opositores que no se encuentren tal altos en los sondeos de opinión.

El procedimiento es sencillo y brutal: se elimina al contendor más calificado a través del mecanismo que se controla, el burocrático. Es como si el Consejo Mundial de Boxeo, para asegurar que el campeón de turno conserve su título, elimina como retador al primero del ranking y manda pelear al monarca con el último de la tabla de clasificación. Esa táctica perversa es la que está aplicando Chávez: mantiene las elecciones de gobernadores y alcaldes como instrumento de consulta para las elecciones de las autoridades regionales, pero se sacude de encima a sus contendientes más poderosos mediante subterfugios ilegítimos que sumergen en el ostracismo a los rivales más peligrosos.

Si el profesor Istúriz y teniente Cabello son tan populares como ellos mismos dicen (el primero fue el más votado en las elecciones internas del PSUV), ¿por qué no se miden en gallarda lid con López y Mendoza?; ¿por qué admiten que Hugo Chávez apele a un ardid tan siniestro como la inhabilitación para sacar a esos dirigentes opositores de la liza?; ¿por qué no acceden que sean los electores de la Gran Caracas y de Miranda quienes decidan cuál es el líder mejor preparado para gobernarlos? Si los chavistas son tan demócratas como alardean en las cadenas, en VTV y en los innumerables medios impresos, radiales y televisivos que financian con recursos públicos, ¿por qué no aceptan que el liderazgo real se dirima en la urnas de votación?; ¿por qué apelan a una práctica tan despótica?

La razón es obvia: el comandante tiene miedo y, por añadidura, no confía en la capacidad de sus más cercanos colaboradores; sabe que sin la fuerza de la daga que amputa aspiraciones, sus discípulos se quedan sin palabra, sin mensaje que pregonar y sin energía. Cabello tiene muy poco que exhibir en Miranda; han sido cuatro años grises. Istúriz ya perdió una vez con Antonio Ledesma, y ahora podría ocurrirle lo mismo ante López, comprometiendo el futuro de su jefe, quien aspira meter de nuevo, y por vía del contrabando, el tema de la reelección indefinida.

La democracia en el pasado fue indulgente y benévola con los golpistas. Nunca los inhabilitó políticamente de forma permanente. Solo los anuló mientras estuvieron presos, y, por cierto, por muy poco tiempo. La Corte Suprema de Justicia en 1998 impidió, ingenuamente, que a Chávez se le quitara el derecho de ser candidato presidencial. Las consecuencias de estos desaciertos e inocentes generosidades las hemos pagado muy caro. Pero, así paga el diablo: con ingratitud. El comandante no posee la virtud de la reciprocidad.

Lo único que logrará que Chávez eche para atrás la execrable e inmoral medida es que haya movilizaciones importantes. Esperemos que los estudiantes tomen de nuevo la iniciativa.

tmarquez@cantv.net