Cuando
se introdujo la figura del Poder Moral y del Poder Electoral
en la Constitución de 1999, las mentes más avispados
advirtieron que los fulanos poderes podrían convertirse en
unos Caballos de Troya, cuyos cascos servirían para aplastar
la oposición. Dicho y hecho: ambos poderes se han dedicado a
avalar todos los caprichos y abusos del teniente coronel. La
única y honrosa excepción fue el 2-D, cuando la olla de
presión que había en la calle obligó a Chávez a aceptar la
derrota.
Los órganos del Poder Moral han
mantenido entre sí unos nexos estrechos para asegurarle el
poder al jefe de Estado. La Fiscalía, la Defensoría del
Pueblo y la Contraloría se alinearon desde el comienzo con
los intereses del primer mandatario y de esa línea no se han
apartado ni un centímetro. Cuando Isaías Rodríguez estaba al
frente del Ministerio Público, su obsesión consistía en
darle visos de legalidad al régimen autoritario que
comenzaba a formarse. Germán Mundaraín se convirtió desde el
comienzo de su gestión en el defensor del gobierno, sin que
el pueblo, al menos el que no participa del proyecto
chavista, le importara un bledo. El campeón de la
complicidad y la obsecuencia es Clodosvaldo Russián, quien
en premio a su servidumbre se ha mantenido como Contralor
desde tiempos que ya parecen inmemoriales.
Las inhabilitaciones que este
funcionario ha aplicado contra los dirigentes políticos que
aspiran a optar por cargos de representación popular en los
comicios del 23 de noviembre próximo, constituye una clara
violación de la Constitución Nacional. Este atropello -que
en teoría debía ser encarado por las otras instancias del
Poder Moral, obligadas a respetar la vigencia de la Carta
Fundamental- ha encontrado en ellas el cómplice ideal.
En ese combo de instituciones
dóciles hay que mencionar la mayoría oficialista del Consejo
Nacional Electoral, que resolvió acatar la medida del
Contralor como si se tratase de un ucase; como si fuese un
mandato divino inapelable. Los representantes del Gobierno
en el CNE -instancia que debería llamar a capítulo a Russián
para que modere sus actuaciones, las cuales usurpan esferas
que pertenecen al Poder Electoral- han salido a apoyar los
desmanes del Contralor y, por añadidura, con tanto
entusiasmo que uno siente nostalgia por aquella época en la
que dentro del entonces Consejo Supremo Electoral se tomaban
medidas para favorecer a los partidos minoritarios para así
diversificar el panorama político institucional y teñir de
múltiples colores el Parlamento. Eran otros tiempos. Los de
la convivencia.
La violación que está
perpetrando Russián con el apoyo del Poder Moral, del Poder
Electoral y, desde luego, del Poder Legislativo, se lleva a
cabo tanto contra la libertad de las personas que están
siendo inhabiltadas, como contra la libertad de los
electores de las gobernaciones y alcaldías en las cuales los
líderes sancionados desean presentar sus candidaturas para
que los ciudadanos puedan votar por ellos.
En el caso de los dirigentes
inhabilitados, se les está negando un derecho político
consagrado en la Carta Magna, sin que ningún tribunal de la
República haya emitido alguna sentencia condenatoria firme
y, en muchos casos, sin que los afectados sepan cuál es el
delito específico que se les imputa, ni hayan podido
defenderse frente a las acusaciones. Este tipo de prácticas
dirigidas a liquidar adversarios políticos a través de
procedimientos seudo legales y arbitrarios, sólo se observan
en regímenes autoritarios y en dictaduras totalitarias que
irrespetan el Poder Judicial y que se valen de disposiciones
caprichosas para atentar contra el Estado de Derecho. Ese es
parte del espectáculo ofrecido por Robert Mugabe en Zimbawue
y por Ahdmenidejad en Irán. Si se hurga un poco en la
historia de los regímenes totalitarios, se encuentra que
entre las primeras disposiciones que adoptan se halla la
supresión de los grupos de oposición, ya sean partidos,
sindicatos o individualidades sobresalientes. Ese fue la
ruta seguida por Lenin y Stalin, Hitler, Mao, Castro. El
camino al partido único y al pensamiento único tiene como
antesala la inhabilitación de los opositores más destacados.
Condenar al ostracismo a los
líderes inhabilitados cercena los derechos políticos de esos
ciudadanos. Sin embargo, este no es el único campo que se
ataca con minas explosivas. En lo que concierne a los
electores, las inhabilitaciones representan una violación
del derecho que tienen todos los ciudadanos de elegir
libremente a sus autoridades públicas. La elección directa
de gobernadores y alcaldes, al igual que la elección nominal
por circuitos electorales de los diputados de los Consejos
Legislativos regionales, constituyen una conquista de la
sociedad democrática alcanzada hace casi dos décadas. Contra
esa victoria conspira la decisión del Contralor, ratificada
por los demás poderes. No existe otra interpretación de los
hechos, cuando los ciudadanos de una entidad federal se ven
imposibilitados de votar por aquellos aspirantes a quienes
consideran más aptos y que no han sido enjuiciados por
ningún Tribunal de la nación.
Las inhabilitaciones quebrantan
principios constitucionales y democráticos esenciales.
Esperemos que la exhaustiva ponencia de Pedro Rondón Saaz
haga reflexionar a los miembros del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ). Se les presentó la oportunidad de restituir
plenamente el Estado de Derecho, mediante un dictamen que
garantice los derechos políticos a todos los ciudadanos que
el Contralor busca decapitar.
tmarquez@cantv.net