El
teniente coronel que desde 1999 se hospeda en Miraflores
anda tan extraviado en este mundo y marcha en una dirección
tan rara y extravagante, que ha obligado a quienes nos
ocupamos de comentar los asuntos nacionales, a ventilar de
nuevo temas y asuntos que se pensaba habían sido dilucidados
después de que el Muro de Berlín quedó convertido en polvo
por la rebelión del pueblo alemán, la Unión Soviética se
desintegró sin que hubiese sido invadida por el imperialismo
norteamericano, y China y Vietnam emprendieron el camino
hacia el capitalismo, dejando de lado, aquella, las nefastas
enseñanzas de Mao, y esta la guerra contra el enemigo
invasor. Resulta que en nuestro singular país es urgente
subrayar la importancia de la propiedad privada como palanca
del desarrollo y la equidad, asunto que solo se pone en duda
en Corea de Norte, Cuba y, desde hace algún tiempo, aquí en
Venezuela, tres sociedades empobrecidas y atrasadas. Otra
vez hay que acudir a la experiencia comparada y a voces que
por su autoridad intelectual y moral resulta difícil
cuestionar.
Amartya Sen, el celebrado premio
Nóbel de Economía y figura a la que acude de vez en cuando
el Presidente de la República, en su libro Desarrollo y
Libertad señala que la propiedad privada, junto a la
democracia, es un componente esencial del desarrollo humano
y factor insustituible cuando se busca elevar la calidad de
vida de la gente. Este planteamiento, documentado
ampliamente por historiadores tan prestigiosos como Richard
Pipes, es el punto de partida del enjundioso ensayo escrito
por Ignacio de León titulado La Propiedad Privada como Causa
del Progreso, el cual acaba de aparecer en la Colección
Venezuela Hoy patrocinada por CEDICE-Libertad.
Los planteamientos de Sen, Pipes
y de León, conectados con la tradición liberal, cuyos
atisbos iniciales aparecen en la Grecia Clásica, se
fortalecen con la Revolución Industrial y con pensadores
como Adam Smith y John Locke, y se extienden hasta nuestros
días, lamentablemente son desechados por el Gobierno. El
camino que emprende el primer mandatario, al contrario,
apunta en una dirección completamente opuesta. Desde el
1999, Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde
la propiedad privada ha estado sometida a más presiones y
acosos. La invasión de fincas, haciendas y, en general, de
tierras agrícolas, ha sido una práctica común por parte de
grupos protegidos y promovidos por el Gobierno. También,
inmuebles urbanos privados se han visto bajo la misma
amenaza. Numerosos edificios residenciales han sido tomados
y ocupados por personas que se identifican con la política
gubernamental. Los empresarios del campo y la ciudad,
igualmente, se han visto perseguidos y hostigados.
Industrias importantes, bancos y grandes cadenas de
comercialización sido intimidadas. Del hostigamiento no se
han librado ni los grandes, ni los medianos, ni los pequeños
empresarios privados. El episodio con los productores del
Valle del Turbio representa una muestra más del drama que
padecen los propietarios.
Este clima de incertidumbre y
zozobra a los que se ha sometido a la propiedad y a los
empresarios, conduce a que la inversión privada, tanto
nacional como foránea, haya sido muy reducida si se le
compara con las enormes potencialidades de Venezuela,
especialmente a raíz del aumento sostenido de los precios
internacionales del petróleo a partir de 2004. Nunca antes
el país había disfrutado de un ciclo tan prolongado de
oportunidades; pero tampoco, nunca antes se había incurrido
en tantos desaciertos, muchos de ellos premeditados, ni se
habían desperdiciado tantas ventajas como las que ofrece la
bonanza petrolera. De haber contado la nación con
autoridades que respetasen los derechos de propiedad y
garantizasen las inversiones, tal como lo ocurre en las
sociedades que más progresan, hoy Venezuela disfrutaría de
un nivel de bienestar, progreso y equidad equiparable al de
los países más desarrollados del mundo.
Las amenazas contra la propiedad
constituyen un ataque directo a la calidad de vida, al
progreso y a los derechos de los ciudadanos, especialmente a
los de los más pobres. Las sociedades que han alcanzado los
más altos grados de democracia y libertad son esas que han
entendido que la propiedad privada es un derecho humano
inalienable y un componente esencial e insustituible en el
mejoramiento de la calidad de vida de la gente. A la
propiedad privada están indisolublemente ligados el aumento
de la inversión y la sana competencia entre los empresarios,
el incremento del empleo y los salarios, la elevación de la
producción y la productividad, la mejora de la eficacia y la
eficiencia del aparato económico y la expansión de los
servicios públicos. Todos los eslabones del círculo virtuoso
que favorecen la vida de los seres humanos se conectan con
la propiedad privada.
Cuando esta desaparece o se
reduce sensiblemente, la vida cotidiana de la gente se ve
afectada en la misma proporción. De allí que los regímenes
comunistas y, en general, colectivistas siempre significan
retroceso y empobrecimiento para los pueblos que sufren ese
tipo de sistemas.
La propiedad privada fue uno de
los derechos fundamentales que quedaron reafirmados el 2-D.
El pueblo percibió con claridad que el modelo comunista
propuesto por el jefe de Estado, conspiraba contra las
posibilidades de mejorar el nivel de vida de esa mayoría que
aspira a llevar una vida mejor, y que busca garantizar el
presente y el porvenir, sin depender de los caprichos de un
gobernante que se cree dueño del destino de los venezolanos.
tmarquez@cantv.net
