En las elecciones del próximo
23-N se pondrán en tensión dos fuerzas que han estado
luchando desde que el proceso bolivariano, dirigido de forma
personalista y caudillista por el comandante, inicia su giro
indetenible hacia la izquierda autoritaria. De un lado
estará el proyecto autocrático colectivista y centralista
que el teniente coronel Chávez Frías le propuso al país en
agosto de 2007, y que fuese rechazado en el referendo
constitucional del 2-D; del otro se alineará el modelo de
Estado federal y democracia descentralizada que comienza a
implantarse en el país a partir de 1989, cuando se aprueban
la Ley de Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado,
la Ley Orgánica de Descentralización, se reforma la Ley
Orgánica del Régimen Municipal (que permite crear la figura
del Alcalde electo con el voto popular), y se realizan los
primeros comicios regionales para elegir los mandatarios de
los estados y los municipios.
Un triunfo claro e inobjetable
de Chávez Frías en esa cita electoral (probabilidad muy
remota si nos atenemos a los sondeos de opinión),
revitalizaría el esquema piramidal jefaturado por el
caudillo, que ya sufrió un duro revés el 2-D, y pondría la
reelección indefinida del autócrata nuevamente en el primer
lugar de la agenda política nacional. Por el contrario, la
conquista por parte de la oposición y del chavismo disidente
de importantes espacios que en la actualidad son controlados
por el oficialismo, transformaría de modo radical el
panorama político y conduciría a una redistribución vertical
del poder, que obligaría al jefe de Estado a cohabitar con
un elevado número de gobernadores, alcaldes y diputados
regionales que no simpatizan con él.
Después de haber apoyado la
descentralización durante su campaña presidencial de 1998,
e, incluso, luego de haberla elevado a rango constitucional
en textos que declaran que “la República Bolivariana de
Venezuela es un Estado federal descentralizado . . .”
(Art.4) y que “el gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y de las entidades políticas que la componen es
será siempre (. . .) descentralizado . . .(Art. 6), y
después de haber incluido en la misma Carta la creación del
“Consejo Federal de Gobierno (. . .) órgano encargado de la
planificación y coordinación de políticas y acciones para el
desarrollo del proceso de descentralización y transferencia
de competencias del Poder Nacional a los Estados y
Municipios” (Art. 185), el comandante Chávez le tuvo miedo a
una iniciativa tan genuinamente democrática, y por eso
decidió acabar con ella, torpedeándola hasta convertirla en
una morisqueta, sin ningún tipo de incidencia en la vida
real de las comunidades de la capital y del interior de la
República. La descentralización pasó a ser sustituida por la
Nueva Geometría del Poder (NGP), los Núcleos de Desarrollo
Endógeno (NUDE), el nuevo Poder Popular, los Consejos
Comunales, las comunas y ciudades socialistas, y por toda
esa jerga farragosa inventada por la nomenclatura chavista.
Esa monserga forma un disfraz opaco que pretende ocultar la
naturaleza profundamente antidemocrática del “proceso”, ya
ideada por la ideología neoautoritaria de Norberto Ceresole.
Hugo Chávez, a partir del 23-N, tendrá que aceptar que la
descentralización no puede modificarse a capricho o
detenerse porque él es el mandamás del país. La
descentralización surgió como movimiento en Venezuela porque
formó parte de una megatendencia, de una tendencia mundial
surgida en aquellas sociedades, como las socialistas, que
estuvieron dominadas durante largo tiempo por el centralismo
exacerbado. Esos poderes copulares, concentrados en su
vértice por un partido, un mandatario o una oligarquía
política arrogante y excluyente, fracasaron luego de haber
empobrecido a sus naciones.
En Venezuela costó mucho que los
factores de poder domiciliados en Caracas entendieran que
era necesario transferirles competencias, recursos y
funciones a los estados y a los municipios, y que ese
movimiento de traslación pasaba por permitir que esas
entidades eligieran a través del voto popular a sus
autoridades. Finalmente el peso de la realidad se les impuso
y terminaron aceptando lo que era inevitable: que el Estado
tenía que descentralizarse para que el país fuera federal,
tal como lo proclamaba la Constitución de 1961.
Después de casi dos décadas de
haberse iniciado la descentralización, Hugo Chávez señala
que los gobernadores y alcaldes autónomos les resultan
incómodos, que en el caso de que sigan existiendo (como
seguramente ocurrirá) deben ser incondicionales del poder
central, que el Gobierno Nacional y la Comisión Central de
Panificación deben proyectar y ejecutar todos los planes del
país, y que no está dispuesto a convivir con mandatarios
regionales que no se encuentren alineados con su proyecto
comunista del siglo XXI. La descentralización ocupa un lugar
tan subordinado en su estrategia política, que a lo largo de
esta intensa campaña electoral no ha sido mencionada por él
como pieza clave de los asuntos que van a decidirse en los
próximos comicios. Sus candidatos son convidados de piedra
en cada uno de sus actos electorales.
El 23-N los venezolanos
tendremos la oportunidad de reafirmar la vigencia de la
democracia y la trascendencia de la descentralización.
Tendremos ocasión de subrayar el papel tan importante que
les corresponde desempeñar a los gobernadores, alcaldes y
diputados regionales en cuanto delegados del pueblo en el
plano estadal y municipal. Sin embargo, quienes están de
acuerdo con las propuestas del teniente coronel y su visión
del país, o quienes no se interesan por el destino de la
República, también tendrán la oportunidad de decirle a Hugo
Chávez que puede imponer su comunismo del siglo XXI, sus
leyes centralizadoras, e ignorar las conquistas de la
descentralización, sin ninguna clase de problemas. Nos
hallamos en esta encrucijada.
tmarquez@cantv.net