Cuando
el comandante Chávez Frías decidió de forma unilateral y
arrogante modificar los contratos de asociación con las
empresas petroleras transnacionales, les dijo que aquellas
que no estuviesen de acuerdo con su proposición podrían
apelar a la Corte Celestial. Su ironía criminal le está
costando muy cara a la nación. La Exxon Mobil, en desacuerdo
con la indemnización propuesta por el Gobierno desde el
comienzo de las conversaciones, apeló a las instancias
internacionales previstas en los convenios. Chávez quería
pagarle a precio de gallina flaca las erogaciones hechas en
el marco de los convenios. En vista del litigio, la Exxon
hizo uso de la cláusula de arbitraje establecida en los
contratos de asociación firmados por la República en 1997.
Los resultados fueron los esperados: los tribunales de
Inglaterra y Holanda fallaron a favor de la empresa
petrolera, una de las más poderosas del mundo. La Corte
Celestial emitió su primer dictamen.
La soberbia e irresponsabilidad
inducen al teniente coronel a cometer estos errores de
cálculo. Cree que a una empresa como la Exxon se le puede
tratar como si sus accionistas y propietarios estuviesen en
el mismo nivel que, digamos, Nelson Messerani y Ávila
Mágica, a quienes pateo por el trasero sin la menor
consideración. También piensa que los contratos que firman
consorcios tan poderosos como la Exxon pueden ser
desconocidos o violados impunemente, tal como él suele hacer
con su Constitución, la del 99, o como hizo con la Carta
Magna de 1961, a la que le entró a mandarriazos desde el
mismo momento de su juramentación como Presidente de la
República, el 2 de febrero de 1999.
En Venezuela, con la complicidad
del Poder Judicial y de las demás instituciones encargadas
de resguardar el Estado de Derecho, expropia industrias,
invade fincas y haciendas, promueve tomas de fábricas,
amenaza a cadenas distribuidoras de alimentos y atemoriza
hasta a los propietarios de bodegas de esquina, sin que
ninguna autoridad oficial se le oponga. En el plano
internacional, otro el cantar. En el conflicto con la Exxon,
a pesar de sus alaridos y de los que emite Rafael Ramírez,
se ha tenido que dar cuenta, también a porrazo limpio, que
la globalización no es sólo un proceso que se da a través de
Internet, las telecomunicaciones, las transacciones
financieras y la moda, sino, igualmente, en el terreno
legal. La compleja red de negocios y la universalidad
creciente de las inversiones, ha obligado a la Humanidad a
crear instancias internacionales en las que se diriman los
conflictos entre las partes. Esas cortes o tribunales no
representan necesariamente los intereses del imperialismo o
de las cúpulas empresariales del mundo, sino que constituyen
espacios en los que magistrados de muy alto nivel tratan de
dirimir las discrepancias comerciales y económicas sin que
las diferencias terminen en conflictos armados o en
revueltas. A esos tribunales también tendría que acudir
PDVSA en el caso de que se presentase cualquier conflicto
con intereses particulares en los países donde invierte. ¿O
es que acaso los abogados de PDVSA son tan insensatos que no
contemplan en los contratos que firman ninguna cláusula con
una instancia arbitral imparcial?
La visión simplista y
esquemática que el comandante posee de la sociedad, lo lleva
a pensar que todo lo que ocurre en la Tierra se resuelve en
cenáculos, y que por detrás de cualquier decisión judicial,
por ajustada a derecho que esta sea, siempre está oculta una
mano negra que busca perjudicar la revolución bolivariana.
No es capaz de percibir que el mundo es mucho más complejo
de lo que él se imagina, y que la trama de relaciones entre
los gobiernos y los conglomerados industriales y financieros
se hace cada vez más entramada.
En Venezuela desde 1883, cuando
se establece la primera empresa petrolera en el estado
Táchira, las relaciones con las grandes transnacionales del
petróleo han sido difíciles e, incluso, traumáticas. Esos
consorcios han tratado de aprovecharse de la inmensa riqueza
del país, al tiempo que la nación ha construido defensas
para impedir que se aprovechen indebidamente de ella. Ha
sido una dialéctica intrincada. Sin embargo, los gobiernos
han sabido lidiar con esas diferencias. La Ley de
Hidrocarburos aprobada en 1943, frente a la cual las
empresas petroleras levantaron toda clase de resistencias,
fue aprobada en medio de enromes tensiones. Lo mismo había
ocurrido años antes con la huelga de 1936, cuando los
trabajadores, después de 40 días de paro, obtuvieron 1
bolívar de aumento diario. La nacionalización, en 1976, se
produjo también en medio de amenazas y chantajes de las
petroleras. Con ellas siempre ha habido tensiones. Sin
embargo, los gobiernos a partir de 1936 entendieron que las
discrepancias forman parte de las relaciones en el marco de
un negocio que es tan lucrativo como exigente. A ningún
mandatario se le ocurrió la peregrina idea de pelearse con
las multinacionales. Siempre actuaron con prudencia y
sensatez.
Pensaron en los intereses del
país, más que en ideologías vetustas o proyectos personales.
Ahora, al igual que con las relaciones con Colombia, el
comandante Chávez considera que la actitud de la Exxon Mobil
constituye una agresión personal. Un insulto a la majestad
de su cargo. Como siempre, se encierra en su propio grupo.
No le explica al país qué es lo está pasando, dónde residen
los errores (si es que los hubo) del Congreso de 1997, ni
cuáles podrían ser las consecuencias de la medida dictada
por los tribunales internacionales. Se restringe a proferir
insultos y descalificaciones insustanciales. Amenaza a
Estados Unido con no suministrarle crudo, cuando sabe muy
bien que de concretarse este ultimátum el único perjudicado
sería nuestro propio país. Como siempre actúa de forma
impulsiva e irresponsable. Esta vez no le funcionó el método
Chaaz.
marquez@cantv.net