Al teniente coronel se le metió
entre ceja y ceja acabar con la descentralización y con sus
figuras emblemáticas: gobernadores, alcaldes, consejos
legislativos estadales, consejos municipales y juntas
parroquiales. El punto clave reside en que al comandante la
descentralización le resulta incómoda, pues el bendito
proceso significa debate, negociación, acuerdos y
concertación con gobernantes regionales situados en
distintos niveles dentro de la estructura del Estado y,
algunos de ellos, con puntos de vista e ideologías
diferentes a las del jefe de Estado. A un Presidente que
sólo sabe gobernar como si administrase un cuartel, el
esquema de la democracia descentralizada no puede agradarle.
Una manifestación escandalosa
del grado de rechazo que siente Chávez por la
descentralización, y la pluralidad y tolerancia que ella
conlleva, fue su declaración según la cual él no les daría
recursos a los gobernadores de la oposición que resulten
electos el próximo 23-N para que ejecuten el “Programa de
Aceleración del Desarrollo Regional” (PADRE). ¿Le puso este
nombre porque es él, cual padre, quien pone y quita los
reales? ¿Desde cuándo los ingresos públicos son propiedad
privada del Presidente? ¿Acaso cada bolívar que ingresa al
Tesoro Público no es patrimonio nacional? ¿Con qué derecho
se atreve a amedrentar y chantajear a los venezolanos para
que no voten por los candidatos que no comparten sus
disparates? La lamentable actuación de Aristóbulo Istúriz y
de William Lara defendiendo semejante amenaza, muestra hasta
dónde son capaces de llegar los seres humanos que se someten
a un cacique.
El comandante Chávez Frías
arremete contra la descentralización por dos vías. El primer
flanco de ataque es el legislativo. Está tratando de
construir un cerco legal en torno de los organismos
descentralizados y, de paso, busca implantar la Nueva
Geometría del Poder esbozada en el artículo 16 del Proyecto
de Reforma Constitucional rechazado el 2-D. Con tal
propósito aprueba leyes e instrumentos jurídicos que
desconocen las instituciones constitucionales, al tiempo que
forman estructuras paralelas distintas a las contempladas en
la Carta Magna. Las herramientas fundamentales de la NGP son
la Ley Orgánica de la Administración Pública (aprobada en
primera discusión por la Asamblea Nacional, y, ahora,
diferida su nueva discusión) el Proyecto de Ley Orgánica
para la Ordenación y Gestión del Territorio, la Ley de los
Consejos Comunales y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.
En la Ley de la Administración
Pública, artículo 70, se faculta al Presidente a designar
autoridades regionales, concebidas para cumplir las mismas
funciones de “planificación, ejecución, seguimiento y
control de las políticas planes y proyectos de ordenación
del territorio” que la Ley Orgánica de Descentralización les
asigna a los gobernadores electos con el voto popular.
En el Proyecto de Ley de
Ordenación del Territorio se especifican de forma minuciosa
todas las competencias y funciones de esas autoridades
regionales, y se crean otras figuras como las autoridades
únicas de área, que deberán asumir el desarrollo del
territorio o programas regionales para una materia
específica. Se promueve, en tiempos de austeridad, una nueva
y frondosa burocracia que depende directamente del caudillo
y que marcha en un riel paralelo al de las gobernaciones y
alcaldías. Las actividades de todos estos organismos
dependen de la Comisión Central de Planificación, creada en
2007 y de la cual los gobernadores y alcaldes quedan
excluidos.
Otra Ley que afecta a la
descentralización es la de la Fuerza Armada Bolivariana, que
en su artículo 24 autoriza al teniente coronel Hugo Chávez a
crear la Región Estratégica de Defensa Integral,
desconociendo la realidad de los estados y municipios, y,
desde luego, relegando a las autoridades regionales y
locales.
En la Ley que regula los
Consejos Comunales se les confieren a estos organismos todas
las competencias que corresponden a las alcaldías y a los
consejos municipales. En esa ley se margina a las juntas
parroquiales. El afán de control por parte de Chávez es tan
insaciable que en sus artículos 31 y 32 se establecen,
respectivamente, la creación de la Comisión Regional
Presidencial del Poder Popular y la Comisión Local
Presidencial del Poder Popular, previa aprobación del
Presidente de la República. Es decir, Chávez tutela y
monitorea el “poder popular” diseñado para sustituir a los
concejos municipales y las juntas parroquiales.
En resumen: el autócrata no está acabando con la
descentralización a través de la destrucción o eliminación
de las estructuras institucionales existentes, sino mediante
la creación de organismos paralelos que dependen funcional y
financieramente de él. Deja a los gobernadores y alcaldes,
pero intenta despojarlos de todo poder real y de toda
capacidad financiera que permita que actúen con la libertad
que consagra la Carta Magna. Pretende convertir a los
gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales en
obedientes delfines del Poder Nacional.
La otra vía por la que Hugo
Chávez arremete contra la descentralización es mediante la
recentralización de los servicios y competencias que hasta
hace muy poco tiempo estuvieron en manos de los gobernadores
y alcaldes. El caso de la Alcaldía Metropolitana es
grotesco. El actual alcalde le transfirió al Gobierno
Nacional servicios en las áreas de salud, educación y
seguridad ciudadana, entre otros. Tan incompetentes son y
tan convencidos están de que perderán esa alcaldía, que
optaron por retornar sus atribuciones al Gobierno Nacional.
En la provincia venezolana se han recentralizado puertos y
aeropuertos, hospitales, se suspendió el pago de peajes,
todas importantes fuentes de ingreso para los escasos
ingresos propios de las gobernaciones, organismos con muy
pocas competencias fiscales.
A esos bravucones hay que
esperarlos el 23-N para ver si son capaces de acabar con la
descentralización.
tmarquez@cantv.net